martes, 27 de junio de 2017

Mayol, o el intelectual comprometido

En La Tercera

La figura del intelectual comprometido con la acción política ha sido siempre controversial. La acción política se inclina con frecuencia hacia simplificaciones que repugnan al analista de la vida social, que, si es riguroso, suele poner en duda relaciones esquemáticas de causa a efecto, y señalar las eventuales consecuencias no buscadas de las acciones colectivas. Cuando las sociedades se hacen más complejas, el trabajo de comprensión de su dinámica adquiere mayor autonomía, primero de la religión y luego de la política, y reside en espacios como las universidades, centros de pensamiento o medios de comunicación. Pero en las sociedades latinoamericanas ese espacio de autonomía existe apenas, lo que incita a algunos intelectuales a intervenir en política, ya sea para controvertir a los que adecúan sus razonamientos a meros intereses o bien para procurar que los actores políticos mejoren la adecuación entre los fines declarados y los medios disponibles para alcanzarlos con mayores dosis de racionalidad estratégica.

Algo de eso hay en la decisión de Alberto Mayol de pasar desde el análisis de la realidad social chilena a la tribuna pública y, finalmente, a la condición de candidato a la candidatura presidencial del Frente Amplio. Ningún intelectual que sea mínimamente sensible a, por ejemplo, el hecho de que Chile sea una de las sociedades más desiguales del mundo, puede solo investigar sin experimentar algún grado de indignación moral que lo empuja a la acción.

No comparto todo de los diagnósticos de Mayol sobre un “derrumbe del modelo” o sobre la “autopsia de la muerte de la elite chilena”, ni algunos de sus juicios políticos, como el que emitió sobre Allende como conductor político o sobre los actores de la transición calificados como homogéneamente cuasimaldadosos, sin considerar suficientemente las circunstancias históricas en las que estos actores se desenvolvieron, y en especial el conflicto político que ha vivido Chile por décadas al enfrentar la mayoría social -y sus fragmentadas representaciones políticas- el concentrado poder que las oligarquías económicas han tenido históricamente.

Muchas de sus propuestas son, además, bastante discutibles. Como la de los trenes de alta velocidad, que requieren de un análisis costo-beneficio más preciso. O como la expropiación de El Mercurio, dado el financiamiento público recibido en el pasado, pues la batalla contra las ideas autoritarias y neoliberales se gana ampliando el derecho a la información y no cerrando medios, por mucho que su línea editorial sea desde siempre la de la tergiversación interesada. O como la idea de socializar de manera imprecisa los fondos de las AFP, cuando la prioridad debe ser establecer un pilar de pensiones de reparto. Y así sucesivamente.

Pero existe un mérito incuestionable en Alberto Mayol: la voluntad de pensar un futuro para Chile en “base cero”, sin las ataduras del mediocre pensamiento convencional que hoy prevalece, subordinado a los intereses dominantes. Y generar debates desde el análisis de las realidades que enfrentan las mayorías, con la voluntad de reconstruir una izquierda que se diluyó en los recovecos de la transición y cuya incidencia constructiva tanta falta le hace a Chile.

lunes, 5 de junio de 2017

Las opciones frente al futuro


Frente a los desafíos actuales de Chile, en un contexto internacional incierto, con nuevas demandas y movilizaciones sociales y en medio de una severa y creciente pérdida de prestigio de las instituciones políticas, hay diversas respuestas posibles.

La primera de ellas es suficientemente conocida en el país desde su aplicación a partir de 1974: se trata de la de tipo neoliberal de Estado mínimo y “soluciones de mercado”, que termina concentrando fuertemente la economía y disminuyendo la competencia en los mercados, abandonando a su suerte a los sectores sociales con inserción económica precaria, no financiando suficientemente a las empresas y personas que innovan y descuidando los efectos externos de la acción pública sobre las capacidades humanas, el patrimonio tecnológico, el medioambiente y la cohesión social. Su paradigma de desarrollo es la maximización del bienestar medido como PIB por habitante, mediante las “soluciones privadas a los problemas públicos”.

La segunda respuesta, que se ha constituido en la opción preferida de las élites empresariales, tecnocráticas y políticas conservadoras en Chile, no es alternativa a la anterior sino que se propone temperarla, las más de las veces con pocos resultados, por desconfianza en la acción pública. Se trata de la de un reformismo adaptativo de baja intensidad. Se autodefine como un enfoque pragmático, que defiende la neutralidad de las políticas económicas (son “buenas” o “malas”, sin que estén cruzadas por intereses de clases o grupos sociales), promueve programas públicos dirigidos a individuos autonomizados en relaciones de mercado, pero sin diálogo social por considerarlo “corporativista”, sin reformas fiscales progresivas por considerarlas antieconómicas y, por tanto, sin un Estado de bienestar activo que garantice derechos básicos sino uno de dimensiones menores.

La imposibilidad de llevar a cabo la estrategia de “crecimiento con equidad” enunciada a inicios de la década de 1990, por falta de mayorías parlamentarias y a la postre por falta de convicción de la mayoría crecientemente conservadora de la coalición gobernante, se tradujo en Chile en la prolongación de un “modelo híbrido” entre neoliberalismo y desarrollo equitativo y sustentable, capaz de producir más crecimiento que en el pasado, pero centrado en la expansión de la explotación depredadora de los recursos naturales, y con capacidades de crear empleo y mejorar servicios públicos y las condiciones de vivienda, educación y salud de los más pobres –como se refleja en los avances de Chile en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD–, pero no de reducir la desigualdad en escala significativa.

Estos resultados satisfacen a los partidarios del reformismo de baja intensidad por ausencia de convicción sobre diseños distintos del Estado mínimo, la renuencia a emplear capital político en políticas redistributivas y la apuesta por el crecimiento promovido por el supuesto libre mercado, al que se le atribuyen virtudes de cohesión social que no ha demostrado en ninguna parte.

Este enfoque limita sus ambiciones, en materia distributiva, a "avanzar en la igualdad de oportunidades". Esta es una idea típicamente liberal, traducida vulgarmente como aquella de "emparejar la cancha": la igualdad de oportunidades es una de las inspiraciones de actuación minimalista contra la desigualdad. Esta idea contrasta con las que son propias, con diversos matices y diferencias, del socialcristianismo, de la socialdemocracia y del socialismo democrático, en sus versiones internacionales y chilenas: la necesidad de consagrar la igualdad de resultados en determinadas áreas de la vida social, pues ciertas cosas deben ser iguales para todos y traducirse en "derechos del hombre y del ciudadano", más allá del “rayado de la cancha” y del rendimiento diferenciado que en la cancha del mercado puedan lograr “eficientes” e “ineficientes”, en una supuesta sociedad de desigualdades justas, de ganadores y perdedores por sus propias decisiones y conductas, basada en la ilusión liberal de que la pertenencia a clases y grupos sociales y el condicionamiento de la inserción social, económica y cultural que conlleva, no existen, sino solo individuos que interactúan entre sí a través del mercado.

Sin embargo, la frustración colectiva y la emergencia y reemergencia de movimientos sociales ante la mantención de brechas distributivas y el carácter poco representativo de las instituciones en Chile son crecientes. Pueden llegar a ser un caldo de cultivo para eventuales respuestas “caudillistas y paternalistas” que pudieran ser ofrecidas a los ciudadanos por liderazgos mesiánicos, con variantes retóricas de derecha o de izquierda, incluyendo la tradicional de la izquierda ortodoxa estatalista, hoy poco influyente en Chile.

Finalmente, aunque la lista de respuestas posibles ante la situación actual nunca será exhaustiva, como no lineal es cualquier evolución histórica, existe la de tipo “reformista radical”. Esta respuesta propugna un proyecto de creciente autogobierno y autonomía ciudadana, acompañado por un Estado democrático y social de derecho activo en la promoción del crecimiento endógeno, la protección del ambiente, la cobertura de riesgos, la provisión de mínimos sociales y la igualdad justa de oportunidades. Esta alternativa asume rasgos de la socialdemocracia europea (y especialmente nórdica, que logró construir en el siglo XX sociedades con importantes componentes igualitarios en condiciones iniciales no radicalmente diferentes de las nuestras), pero asumiendo que la estructura económica heterogénea y desigual y la estructura laboral precaria e inestable de Chile y América Latina requieren de una organización más directamente política y estatal de la redistribución y de la protección del ambiente y de una más activa interacción con una sociedad civil constituida por agentes diversificados. El Estado de Bienestar meramente asegurador y pasivo no puede ser objeto de traslación mecánica a América Latina.

El enfoque de “reformismo radical” procura mantener un sentido práctico capaz de construir perspectivas estratégicas de articulación de intereses diversos y las tareas del corto con las del largo plazo, pero cuestiona el pragmatismo que gestiona el día a día sin norte y sin cambiar nada sustancial. En este sentido, no esquiva “abordar la raíz” (en ese sentido es “radical”) de los problemas de la sociedad actual, pero con una estrategia que privilegia la movilización mayoritaria de la sociedad y una “gradualidad persistente” en los cambios a realizar. Aunque la historia suele tener momentos de aceleración y en ocasiones produce cambios súbitos de rumbo en un sentido u otro que deben ser considerados, ojalá anticipados y en todo caso conducidos desde la esfera política, se trata de un enfoque distinto del de la utopía del gran día revolucionario, a partir del cual todo se transforma en manos de una vanguardia esclarecida, la que con frecuencia, si se hace del poder, suele devenir en burocracia dominante, termina gobernando de modo autoritario y sin representar a los que declara representar, sino primordialmente a sí misma y sus propios intereses minoritarios.

El enfoque “reformista radical” postula que la democracia es el espacio y límite de su acción, sistema político en el que debe prevalecer la libertad como uno de sus componentes irrenunciables. Pero se inscribe en la tradición republicana y considera que es una visión limitada de la libertad aquella que se entiende únicamente como “no interferencia” sobre los individuos y que el enfoque liberal promueve, especialmente en la esfera económica exclusivamente circunscrita a la “libertad de emprender”. Debe también considerarse la libertad como “no dominación”, siguiendo a Philip Pettit. Existe una razón fundamental para esta distinción: el Estado debe estructurarse con un principio constitucional-democrático, según el cual el poder público no sea arbitrario y oprima a los ciudadanos, pero también con un segundo principio, según el cual el Estado debe plantearse como objetivo la reducción de la dominación que conlleva el poder privado. La concepción cívica republicana traslada dichos principios a diseños institucionales específicos que faciliten el control por los ciudadanos del poder público, y también a políticas públicas que persigan el establecimiento de un orden social en el que los ciudadanos comunes puedan no estar a merced del poder privado en los ámbitos básicos de la decisión humana.

El enfoque reformista radical tiene, además, como horizonte producir una metamorfosis de la sociedad mediante una “política de civilización” que invierta progresivamente la hegemonía de lo cuantitativo sobre lo cualitativo, procure pasar del “siempre más” al “siempre mejor” y sea contraria a plantear a la sociedad el logro del objetivo unívoco del crecimiento del PIB (“llegaremos en tantos o cuantos años al desarrollo si alcanzamos tal o cual cifra de PIB por habitante”) que comparten neoliberales y pragmáticos. El crecimiento definitivamente no es el desarrollo, pues no considera los crecientes costos ambientales ni la destrucción de las dimensiones cualitativas de la vida humana, ni el efecto colateral de una sociedad desarticulada y conflictuada sometida a la desigualdad, al mal vivir y a la desconfianza. Tampoco el desarrollo es un fin en sí mismo si no es puesto al servicio de la calidad de vida de la sociedad en su conjunto, del mejoramiento de las condiciones de inserción política, económica y social de todos, incluyendo a las mayorías que viven de su trabajo y los grupos sociales precarizados o marginados, así como la preservación del planeta en condiciones dignas para las futuras generaciones.

La “calidad de vida responsable”, es decir, con perspectiva de sustentabilidad, como meta última del desarrollo, depende no solo de las condiciones de vida material (ingreso, consumo y riqueza) sino de la salud y de la educación, de las condiciones de vida cotidiana (como el derecho a un empleo y a una vivienda decentes), de la participación en los procesos políticos, del medio ambiente social y natural y de los factores que definen la seguridad personal y económica, como indican Stiglitz, Sen y Fitoussi en su reflexión sobre nuevos indicadores del desarrollo.

El desarrollo así concebido incluye el crecimiento de los instrumentos de productividad en la producción de bienes materiales, pero pasando del despilfarro a la “economía circular” que utiliza, desmonta y recicla los recursos, y también el crecimiento de la redistribución, de la educación y de la cultura, del urbanismo integrador y de la vida saludable. Pero el desarrollo deber ser también decrecimiento del parasitismo financiero y comercial, de las energías fósiles, de la economía de lo superfluo, del urbanismo destructor, de las contaminaciones depredadoras. Construir nuevas estrategias de desarrollo con la meta de una transformación profunda de la manera de producir, consumir y compartir la vida de la comunidad para aumentar la calidad de vida, supone, y conduce a reforzar, la interacción de la sociedad civil en sus diversas expresiones con un Estado democrático fortalecido, sobre la base de principios como los siguientes:

-Un Estado de derecho democrático basado en la decisión ciudadana periódica, que además de garantizar las libertades y derechos fundamentales hace del respeto de la ley legítima y de la participación y el control colectivo su fundamento, administrado con la exigencia perentoria de la eficiencia y la transparencia, y que combate frontalmente la corrupción, el clientelismo y la depredación de la administración pública por intereses particulares y especialmente por el poder económico concentrado.

-Un Estado inversor y garante del contrato social, que contribuye al bienestar y el bienvivir en sociedad mediante políticas públicas activas, que define mínimos sociales, que interviene frente a los riesgos de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos, que actúa para integrar en la vida social a los grupos sociales excluidos y sometidos a la precariedad, que prioriza la disminución de las desigualdades y es catalizador de la cooperación socioeconómica, que promueve la economía social y de pequeña y mediana escala para alcanzar el pleno empleo y que dota al gobierno de los medios efectivos mediante una tributación suficiente para llevar a cabo políticas y regulaciones eficientes y justas.

-Un Estado estratégico que ejerce soberanía sobre los recursos naturales y sobre los bienes comunes en nombre de los intereses colectivos presentes y de las futuras generaciones, que hace crecer aquella parte de la economía que satisface necesidades fundamentales, sin subsidiar las actividades y modos de organización obsoletos ni las actividades rentistas, y no se subordina al mercado sino que lo gobierna, y que, por tanto, hace decrecer las actividades destructoras del tejido económico y ambiental, que entiende que la dinámica de desarrollo no solo permite acumulación sino también reasignación productiva y cambio técnico, aprovechamiento de las externalidades y mejoras en la coordinación para superar las indivisibilidades y las complementariedades de la inversión y del tejido productivo.

Pero la transformación que persigue el reformismo radical no se remite al Estado, sino sobre todo a la sociedad y su cultura y a una ética colectiva solidaria. Siguiendo a Edgar Morin: “Para un espíritu laico, las fuentes de la moral son antropo-sociológicas. Sociológicas, en el sentido en que la comunidad y la solidaridad son a la vez fuentes de la ética y las condiciones del bien-vivir en sociedad. Antropológicas, en el sentido en que todo sujeto humano lleva en sí una doble lógica: una lógica egocéntrica, que lo pone literalmente en el centro de su mundo, y que conduce al ‘yo primero’; una lógica del 'nosotros’, es decir, de la necesidad de amor y de comunidad que aparece en el recién nacido y se desarrollará en la familia, los grupos de pertenencia, los partidos, la patria. Estamos en una civilización en que se han degradado las antiguas solidaridades, en donde la lógica egocéntrica se ha sobredesarrollado y en donde la lógica del ‘nosotros’ colectivo se ha ‘subdesarrollado’. Es por ello que, además de la educación, una gran política de solidaridad debiera ser desarrollada, incluyendo el servicio cívico de solidaridad de la juventud, muchachas y muchachos, y la instauración de casas de solidaridad dedicadas a socorrer los desamparos y las soledades. Así, podemos ver que uno de los imperativos políticos es el de hacer todo lo posible para desarrollar conjuntamente lo que aparece como antagónico a los espíritus binarios: la autonomía individual y la inserción comunitaria”.

jueves, 1 de junio de 2017

La última cuenta


La Cuenta a la Nación emitida este 1 de junio de 2017 por la presidenta Michelle Bachelet fue un buen y convincente recuento de sus logros, en un contexto de recuperación de su popularidad personal a cifras superiores al 30%. Muchos programas específicos muestran resultados, incluyendo una leve disminución de la desigualdad en 2015 respecto a 2013, la gratuidad en educación superior para el 50% de menos ingresos, un aumento de 10% en la pensión básica solidaria, la creación de más de 300 mil empleos en tres años, el incremento a 17% de la generación eléctrica por energías renovables no convencionales y los 4,5 millones de hectáreas que se integran a los parques nacionales fruto del acuerdo con la familia Tompkins, sin olvidar la unión civil, todo lo cual es muy positivo. También lo es el cambio del sistema binominal por uno proporcional que inauguraremos este año y ojalá la elección de gobernadores regionales, así como los cambios a la ley electoral que ilegalizaron los aportes empresariales a las campañas e introdujeron la pena de pérdida del escaño en caso de violación de esta norma.

No obstante, de las tres promesas principales de su campaña, una no avanzó en absoluto, la nueva constitución, y dos –la reforma tributaria y la reforma a la educación- tuvieron avances y tropiezos.

La reforma tributaria, cuyo diseño inicial terminó recortado en el Senado, estableció un positivo impuesto a las emisiones de carbono y aumentó la tributación al consumo de tabaco y alcohol, importante para la salud pública, pero que hizo inmediatamente impopular la reforma. Se llegó a un sistema excesivamente gradual y complejo, en base a cuatro sistemas distintos, de tributación de las utilidades de las empresas, con una desintegración parcial y no total con la tributación de las personas –que Piñera de todas maneras quiere deshacer porque incrementa, aunque menos de lo necesario, la tributación del 10% más rico de Chile-, un aumento excesivo de la exención tributaria para las empresas de menos ventas y una falta de avance en la tributación por renta presunta. Sobre todo, la reforma no incluyó un ápice en materia de royalty minero, que sigue sin pagarse por el volumen de recursos extraídos, con lo que la tributación de la minería privada sufrió un cuasi colapso en 2016. Ni tampoco nada en materia de rediscusión de la tributación pesquera, luego de que se descubriera la profundidad del cohecho en la legislación aprobada en el gobierno de Sebastián Piñera. El hecho es que entre 2013 y 2016 los ingresos tributarios respecto del PIB pasaron de representar un 16,7% en 2013 a 17,5% en 2016, cifra inferior al 17,6% de 2012. Es decir, los tres puntos de producto que se suponía iba a rendir la reforma tributaria a fines del actual gobierno resultaron casi simbólicos, lo que le quitó márgenes de maniobra. 

Si a eso se agrega la política de disminución del déficit fiscal estructural más allá de lo necesario para la estabilidad fiscal, con consecuencias –junto a una tardía acción reactivadora de la política monetaria del Banco Central-  sobre un menor crecimiento y la propia recaudación tributaria, nos encontramos con un cuadro en el que las realizaciones prometidas que implicaban mayor gasto resultaron de menor alcance.

Este es el caso de la gratuidad en educación superior, que llegó en 2017 a cubrir a los estudiantes del 50% de familias de menos ingresos y alcanzará a 60% en 2018, en vez del 70% comprometido. Y de la ausencia de toda reforma a la educación superior hasta ahora -se supone que habrá un proyecto que regula a las universidades públicas en las próximas semanas- con arreglos presupuestarios y acuerdos particulares con la Universidad Católica, que negocia –con recursos judiciales incluidos- apoyos públicos indebidos pues no respeta ni la libertad de cátedra ni la libertad de investigación, condiciones razonablemente mínimas para recibir apoyos estatales en la educación privada. La llamada ley de inclusión tuvo el gran mérito de iniciar un tránsito hacia el fin del lucro en el sistema escolar públicamente financiado, pero la reforma de la escuela pública se dejó para el final, sin que aún haya ley ni apoyos presupuestarios importantes, mientras sigue perdiendo matrícula, prestigio y capacidad de inclusión.

Aunque no era un compromiso programático, la reforma al sistema de pensiones también sufrió de la falta de resultados de la reforma tributaria y de la persistencia de la falta de voluntad de reformar en un sentido progresista del equipo económico encabezado por Rodrigo Valdés. Se dejó atrás incrementos más sustanciales en la pensión básica y se plantea a última hora, y sin viabilidad legislativa, un proyecto que aumenta la contribución de los trabajadores sin tocar el sistema de AFP, y con resultados inciertos en tiempos futuros en materia de mayores pensiones. Incorporar de inmediato un pilar de reparto que aumente las actuales pensiones, por ejemplo con la mitad de la cotización obligatoria actual, habría mejorado la situación miserable de muchos pensionados y disminuido el rol de la capitalización individual, que ha resultado un fracaso, salvo para contribuir a la impresionante concentración económica que sufre Chile. Se argumenta por los que son contrarios a los intereses de la mayoría social, coro del que desgraciadamente forman parte las autoridades económicas actuales, con la supuesta contribución a la inversión de un sistema de seguridad social privatizada como en ninguna parte del mundo y que no asegura pensiones mínimamente proporcionales a los ingresos en la vida activa reciente.

Pero donde el balance es paupérrimo es en el tema de la nueva Constitución. La Presidenta Michelle Bachelet enviará, según volvió a señalar, un proyecto en la materia al Congreso a pocos meses de terminar su gobierno. Es decir, se perdió un gobierno completo para de una vez llevar adelante la tarea de reconstruir una institucionalidad que emane por primera vez en nuestra historia de representantes del pueblo convocados para el efecto, salir del quiebre histórico entre los chilenos y darle legitimidad a las instituciones que nos deben permitir sentar las bases de una prosperidad compartida y respetuosa del ambiente en el futuro.

También es el caso de legislaciones variadas, que se enviarán para su tramitación, en la práctica, por un próximo gobierno y un próximo Parlamento, y que constituyen acciones sin consecuencias que no corresponden a decisiones que el actual gobierno pueda concretar (como nuevas líneas de metro, fundiciones y otras yerbas), contribuyendo al desprestigio de un sistema democrático que debe siempre velar por -antes de sumirse en la retórica y la promesa que no se cumplirá-  la producción de resultados para el ciudadano común y especialmente para los que, en una de las sociedades más desiguales del mundo, menos tienen acceso a oportunidades y recursos.