miércoles, 27 de enero de 2016

Democracia y socialismo en el siglo XXI

Publicado en Voces La Tercera
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Durante el último fin de semana de enero se llevará a cabo un Congreso del Partido Socialista que no ha suscitado mayores expectativas. Esto tal vez ocurre porque este partido ha usado de un modo que hoy ya no tiene credibilidad  una cierta retórica radical en sus congresos y eventos, que luego se contradice palmariamente con una práctica política que privilegia la permanencia en el poder gubernamental y parlamentario por sobre cualquier idea o proyecto político transformador. Esto se ha expresado en la tibieza del apoyo socialista a las reformas sociales del actual gobierno y en mantener alianzas privilegiadas con la DC, en un curioso rol de articulación sin contenidos que se ha autosignado desde hace una década, más precisamente desde las elecciones municipales de 2008. Cabe recalcar que esta alianza no tiene nada de “histórica”,  pues desde 1989 hasta esa fecha el PS siempre privilegió dentro de la alianza de centro e izquierda un pacto con el PPD en materia municipal y parlamentaria, además de presidencial, en la perspectiva de fortalecer al mundo progresista. Desde entonces, la política de sus sectores dominantes (si no en sus intenciones declaradas, en todo caso en sus resultados) ha sido la de dividir al campo progresista. Esto no se avizora que se vaya a modificar, especialmente  luego del reciente acuerdo cuasi unánime de establecer una alianza con la DC en el preciso momento en que este partido arrecia en sus críticas a las reformas de la presidenta Bachelet. Entienda el que pueda.

Tal vez tenga sentido recordar que la acción política del socialismo chileno desde sus orígenes estuvo en el campo de la transformación y no en el de la gestión conservadora de posiciones de poder.  Y con todos los errores que se quiera, pero nunca abandonando un vocación de representar al mundo del trabajo y de la cultura para un proyecto de cambios estructurales, el que Eugenio González  llamaba “democrático en sus métodos” y “revolucionario en sus fines” y que luego Salvador Allende denominó la “vía chilena al socialismo”.

En el mundo de hoy, frente a la expansión histórica de la desigualdad en las sociedades dominadas por el capitalismo global,  la agenda política del socialismo en su sentido más amplio –crear las condiciones para extender normas de igualdad y comunidad, con reducción de la brecha de ingresos y de condiciones de vida entre las posiciones sociales, en que todos gocen de derechos fundamentales y de las mismas oportunidades de prosperar,  con la condición de que contribuyan según su capacidad a que los demás prosperen reduciendo el principio del mercado basado en la codicia y el temor- ha acrecentado antes que disminuido su vigencia. Esto contrasta con mucha fuerza con el viraje hacia el centro del socialismo chileno que ya dura una década.

En efecto, la crisis del capitalismo global abierta en 2008-2009 ha puesto todavía más en evidencia que las sociedades económicamente polarizadas que genera y reproduce el capitalismo -y que desde esta condición enfrentan las crisis que no son sólo económicas sino también sociales, ecológicas y de representación política- destruyen los factores de cohesión social e incrementan los males públicos. Existe una probada correlación entre desigualdad de ingresos y problemas sociales y de salud, así como entre desigualdad y confianza mutua, participación comunitaria y niveles de violencia. La actitud frente a la desigualdad de posiciones en las instituciones económicas, de  ingreso, de trato, de condición, de oportunidades y de derechos de unos y otros miembros o clases de miembros de la sociedad sigue estructurando en una medida importante el campo político y diferenciando a izquierdas y derechas. Y la igualdad sigue siendo la “estrella polar” de la izquierda, en la expresión consagrada de Norberto Bobbio (1989).

Por su parte, la agenda democrática –la del autogobierno del pueblo- pugna por seguir avanzando hacia nuevos espacios, aunque los regímenes autoritarios siguen gobernando buena parte de la humanidad y la política “postmoderna” en el mundo occidental dificulta la operatoria que, de acuerdo a Habermas (2009), ensambla los tres elementos que constituyen el núcleo normativo de los Estados democráticos de derecho: “la autonomía privada de los ciudadanos, que tienen derecho a llevar una vida autodeterminada; la ciudadanía democrática, esto es, la inclusión de ciudadanos libres e iguales en la comunidad política; y una esfera pública independiente que, operando como la esfera de la libre formación de la opinión y de la voluntad, vincula entre sí al Estado y la sociedad civil”.

La tarea del socialismo moderno es precisamente esa: seguir bregando incansablemente por la convergencia de la agenda democrática con la agenda igualitaria. Se debe en este sentido reemplazar progresivamente el predominio del impulso ilimitado de acumulación por una economía plural gobernada por la democracia y orientada a satisfacer las necesidades humanas y preservar los bienes comunes. Esto no se podrá lograr sin una cooperación acentuada en el espacio mundial con nuevas regulaciones políticas, económicas, sociales y ambientales. Pero es en los Estados-Nación y en el espacio local donde los procesos de cambio deben arraigarse en primer lugar, donde tiene sentido promover  una nueva economía mixta con mercados pero no de mercado, con Estado fuerte pero no estatizada, que integre cuatro lógicas económicas:

- la de la planificación de la provisión pública de bienes y servicios de consumo colectivo (seguridad, infraestructura y equipamientos sociales, conocimiento), o con fuertes externalidades (educación, cultura, salud, innovación), que deben ser objeto de acceso gratuito o parcialmente subsidiado en tanto sean útiles a la sociedad  y que el mercado no provee o provee en magnitudes insuficientes,  mediante empresas y administraciones estatales (con participación  local y comunitaria cuando sea posible y eventualmente producción privada licitada cuando minimice costos a la colectividad); su financiamiento debe provenir de impuestos progresivos al ingreso, a la propiedad y al consumo e impuestos al “ingreso tecnológico” , al patrimonio hiperconcentrado   y a las rentas provenientes de la actividad financiera y la explotación de recursos naturales de propiedad de naturaleza colectiva cuya apropiación privada no tiene justificación;

- la de la institucionalización de ingresos de reemplazo frente al desempleo, la enfermedad, la vejez (financiados por aportes progresivos basados en las rentas del trabajo y el capital), y de distribución universal de ingresos básicos disponibles para todos (financiados con impuestos generales), especialmente frente a la perspectiva de una caída tendencial de la creación de empleo asalariado –desde donde la mayoría de la población obtiene sus ingresos y el vínculo con la protección social- en las economías de mercado intensivas en capital, dados los cambios tecnológicos en curso, y que da lugar a un proceso inevitable de, en palabras de Paul Jorion (2013), “gran transformación” del empleo tradicional;

- la de laproducción programada de bienes y servicios  por una economía social y solidaria de carácter cooperativo y de interés colectivo, inserta en redes locales de reciprocidad, con acceso al crédito provisto por entidades públicas subsidiada en tanto tenga capacidad de producir integración social a través del empleo y la actividad de prestación de servicios a las personas más vulnerables y en tanto esté asociada a los circuitos cortos de producción-consumo que dinamicen las economías locales;

- la de la producción descentralizada de bienes y servicios por empresas privadas competitivas con fines de lucro pero capaces de producir con eficiencia en gran escala  insertas en y para los mercados domésticos y globales, pero con utilidades que pagan impuestos y una actividad sujeta a la negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo, a reglas antimonopólicas y de responsabilidad social y ambiental, y con participaciones accionarias de fondos de los trabajadores que den  lugar a incidencia en la gestión, en un contexto de estrecha regulación financiera.

Una redistribución de ingresos y activos económicos mediante criterios de igualdad justa de oportunidades y en base al principio de comunidad, que sea democrática, estable y que mantenga dinámicas de crecimiento-decrecimiento, no supone dejar de apoyarse en mercados descentralizados, pero si regularlos sistemáticamente y restringir desde el Estado democrático el derecho absoluto de propiedad de los activos económicos. Esta restricción es indispensable para limitar la concentración y monopolización de la oferta, permitir el control de las fallas de mercado y de los “males públicos” que emanan de esos derechos de propiedad  -entre los cuales se encuentran las diferencias de ingresos no legítimas- y distribuir socialmente parte de los beneficios de las empresas más allá de la retribución de mercado.   

Para aminorar sustancialmente las desigualdades de ingreso cabe entonces estructurar acciones regulatorias  y subsidios ex ante, que incluyen a) la “gran transformación del trabajo”  (con derecho a la sindicalización y negociación colectiva generalizada, salarios mínimos y despido compensado, participación salarial en las utilidades en la empresa tradicional, junto a la formación permanente de la fuerza de trabajo en oficios y especializaciones, subsidios de acceso al trabajo formal para jóvenes, desempleados de larga duración y personas con capacidades diferentes y sobre todo crecientes  programas de empleo y actividad en la economía social financiados en base al incremento de productividad del empleo tradicional); b) establecer un derecho de acceso sin costo a la educación, con escuelas y universidades efectivas, intervenir el acceso a los activos productivos mediante una política de fomento a la innovación, ampliando el acceso al crédito y las transferencias tecnológicas,  ampliando el alcance de la economía social y solidaria sin fines de lucro y el rol de las empresas y servicios públicos en la provisión de servicios básicos y bienes públicos; c) establecer políticas antimonopolio efectivas y reformar los gobiernos corporativos asegurando la participación diversificada de intereses en las empresas de mayor escala, incluyendo la de los asalariados en la propiedad.
Las acciones de corrección ex post deben constatar que la desigualdad será mayor o menor según la magnitud y estructura de los impuestos, ya sea directos (progresivos a la renta, a la propiedad, a las herencias,  al acceso a los recursos naturales, minimizando los efectos distorsionadores) o indirectos, es decir diferenciados al valor agregado y a las importaciones, especiales al consumo de males, como el daño a la salud, la contaminación local y la huella de carbono que incide en el calentamiento global. La estructura y nivel de gasto público tendrán la misma consecuencia, incluyendo el gasto en bienes públicos y en externalidades positivas que mejoran el bienestar de la mayoría y/o de los peor situados; gastos universales en bienes asegurables de protección social y gastos redistributivos directos en especie y en dinero para asegurar un cierto grado de bienestar básico universal acorde con la capacidad de la economía.

Del congreso socialista no saldrá ninguna afirmación en este sentido, porque por el momento allí los proyectos políticos ya no son relevantes. Solo lo son las candidaturas a unas u otras posiciones en el gobierno y las instancias de representación. Por supuesto, el pesimismo de este diagnóstico de corto plazo no impide en nuestro caso el optimismo histórico, pues existe en el seno del PS una energía transformadora que viene de su historia y de nuevas expresiones que van poco a poco resurgiendo, pero que son hoy minoritarias. Y lo serán al menos hasta que no se produzca una nueva convergencia entre mayores demandas transformadoras en la sociedad y la reemergencia de expresiones con convicciones socialistas desde ese partido y desde fuera de él.

martes, 26 de enero de 2016

La reforma de la educación: fines y medios

Publicado en El Mostrador

Como señala con pertinencia el filósofo italiano Salvatore Veca en un texto de 2014, "hemos simplemente perdido de vista el espacio de los fines”. Nos concentramos en los medios y en la mera practicidad de las cosas. Y agrega Veca: “Pero es en ese espacio (de los fines) en el que se definen los lineamientos esenciales, los rasgos de los modos de convivir, el lugar de las instituciones, de las prácticas sociales que coinciden con un proyecto, con diversos proyectos. Y que responden a la demanda esencial: ¿qué idea del futuro es meritoria y por qué?”.

Estamos en Chile en un proceso de reformas de la educación y el tema de los medios de acceso a ella prácticamente ha monopolizado la discusión en la esfera pública. Ha quedado a un lado el tema de los fines del sistema educativo y de los méritos respectivos de las alternativas para alcanzarlos. Lo más probable es que esto haya terminado ocurriendo porque para el sentido común dominante la respuesta es evidente y no admite más disquisiciones: la educación formal es una inversión rentable para los individuos. Se trata de acceder a ella en las mejores condiciones posibles, ojalá gratuitamente. Y punto. Es el utilitarismo en acción. Pero en  algún momento habrá de ser abordado el tema del sentido de la educación en nuestra sociedad.

¿Es pertinente, en primer lugar, preguntarse sobre por qué es tan importante el avance en la educación inicial?

En abril de 2015  se creó la Subsecretaría de Educación Parvularia, estableciéndose la obligatoriedad de contar con la autorización del Ministerio de Educación para que salas cunas y jardines infantiles puedan funcionar. Se agrupa en una sola institución a funcionarios de la Subsecretaría de Educación y la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Esta  nueva institucionalidad apoyará la ampliación de la cobertura preescolar, hoy sustancialmente inferior a la de la escuela, y el control de las entidades privadas que funcionan en esta área. La meta del Ministerio de Educación para la educación parvularia –niños y niñas de cero a seis años– es avanzar a los estándares de la OCDE (en torno al 60%) con un aumento de 140 mil plazas. El salto más fuerte se espera en el nivel de salas cuna de cero a dos años, pasando de la cobertura actual cercana al 17% a un 30%. En el nivel medio –jardín infantil– la meta es subir de un 43% a un 50% de cobertura, mientras que en prekínder y kínder se proyecta pasar del 90% al 95% en 2018.

Ahora bien, avanzar en estas coberturas no es un fin en sí mismo, sino que se vincula al hecho de que la primera prioridad de la política educacional debe estar en la infancia temprana.

Según recalca la literatura especializada, las capacidades no cognitivas, como el control de sí mismo, la aptitud a cooperar con otros y a evolucionar en la sociedad, se determinan antes del ingreso a la escuela básica. Estas aptitudes no cognitivas afectan significativamente, a su vez, las de tipo cognitivo, que se traducen en posteriores resultados escolares, en la probabilidad de avanzar hasta estudios de nivel universitario y en el desempeño en ellos (Heckman, J.J.;  Moon, S.H.; Pinto, R.; Savelyev, P.A.& Yavitz, A. “The rate of return to the Highscope  Perry Preschool Program”, Journal of Public Economics, 94-1-2, 2010).

Evidencia reciente obtenida mediante resonancias magnéticas de individuos de 4 a 22 años sugiere que la situación económica parental opera sobre el rendimiento de los niños a través de un mecanismo neurobiológico, con estructuras específicas del cerebro vinculadas al funcionamiento del aprendizaje y de la educación (atención sostenida, planificación y flexibilidad cognitiva) que son vulnerables al entorno de la pobreza, como el estrés, la estimulación limitada y la nutrición.

El potencial de los niños para el éxito académico se reduce a edades tempranas por estos factores. Un 20% de la brecha en los test de desempeño podría explicarse por retrasos de maduración en los lóbulos frontal y temporal. Mientras más tiempo viven los niños en la pobreza, mayores son sus déficits académicos. Estos patrones persisten hasta la adultez (Hair, N.L.; Hanson, J.L.; Wolfe, B.L.; Pollak, S.D. “Association of Child Poverty, Brain Development, and Academic Achievement”, JAMA Pediatr. Julio 20, 2015). Además de las políticas contra la exclusión social propiamente tales, son indispensables las intervenciones que mejoren los entornos y cuidados de los niños para alterar positivamente el vínculo entre pobreza infantil y los déficits cognitivos y de rendimiento académico que tan pesadamente observamos en Chile vinculados al nivel de ingreso familiar y tipo de establecimiento escolar.

¿Es pertinente, por otro lado, preguntarse por qué la escuela es obligatoria y, por tanto, el Estado se obliga a financiarla? ¿Cuál es su función? En el proceso de reforma no se ha enfatizado lo suficiente la necesaria rediscusión de los fines de la escuela. El punto de partida debe ser atribuirle a la escuela obligatoria el deber de “formar ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos”, en palabras de la filósofa norteamericana Martha Nussbaum.

¿No habrá llegado el momento en que la sociedad chilena formalice su propósito colectivo de que todos sus miembros cuenten con los medios para adquirir un núcleo común de conocimientos, de capacidades y de cultura que permita su integración en la vida en común mediante la continuidad de estudios que mejore su futuro personal y profesional y refuerce el ejercicio de la ciudadanía? Para este fin, parece pertinente que la escuela se proponga formar  siete competencias básicas: a) el dominio de la lengua materna, la comprensión y redacción de textos y la expresión escrita y oral; b) la práctica de otras lenguas; c) el dominio de los principales elementos de las matemáticas y de la cultura científica y tecnológica; d) el dominio de las técnicas de la información y la comunicación; e) el dominio de la cultura humanista, de la historia, la geografía, la literatura y las artes; f)  la práctica de las reglas cívicas; g) la práctica de la autonomía y la iniciativa para concebir, crear y realizar.

En las condiciones de desigualdad prevalecientes en Chile, un desafío adicional es que los niños que viven en condiciones de pobreza y marginalidad puedan ser parte del proceso de integración a la sociedad a través de la escuela mediante un trabajo persistente de los equipos docentes y los padres y apoderados que permita la adquisición efectiva del tipo de competencias mencionadas.

La llamada Ley de Inclusión, publicada el 8 de junio de 2015, asegura que a fines de 2017 todos los sostenedores de colegios que deseen permanecer en el sistema subvencionado deberán estar organizados como entidades sin fines de lucro y que todos los recursos destinados a la educación deberán ser usados en los proyectos educativos.

A partir de 2016, los colegios que hoy son gratuitos y sin fines de lucro –todos los públicos y muchos particulares subvencionados– y aquellos particulares subvencionados que se transformen en corporaciones sin fines de lucro y vayan abandonando el financiamiento compartido, comenzarán a recibir el nuevo Aporte de Gratuidad y la nueva Subvención Escolar Preferencial para estudiantes preferentes.

Además, aquellos colegios con convenio SEP verán reajustada esta subvención en un 20%. Como efecto de estos nuevos aportes, en los dos primeros años de vigencia de la ley más de 730 mil estudiantes podrán acceder a una educación gratuita. Se espera que en 2018 el 93% de los estudiantes  que asistan a escuelas que reciben aportes públicos lo hagan gratuitamente. El mayor gasto público alcanzará 1130 millones de dólares anuales.

A partir de 2017 todos los colegios que reciben aportes del Estado deberán aceptar a todos los postulantes en tanto dispongan de vacantes. Si la demanda excede las vacantes existentes, deberán usar un sistema de selección aleatoria, aunque con preferencia a los hermanos de alumnos que ya estudian en el establecimiento e hijos de los trabajadores del mismo. Este procedimiento va a asegurar una mayor integración social en las escuelas, pero no considera a los colegios particulares pagados (un 8% de la matrícula de hijos e hijas de las familias de más altos ingresos), ni asegura la continuidad de la educación pública.

Los establecimientos con proyectos educativos artísticos, deportivos y/o de alta exigencia académica podrán –previa acreditación ante el Ministerio de Educación y aprobación del Consejo Nacional de Educación– establecer procesos de selección de hasta un 30% de su matrícula en función de las características particulares de cada proyecto, exceptuando cualquier tipo de selección académica. El proceso de readecuación de los actuales establecimientos que practican procedimientos de selección por rendimiento tomará cinco años. La ley impide la cancelación de matrícula por rendimiento y permite repetir un curso en la enseñanza básica y otro en la enseñanza media.

Este proceso de reforma tiene una gran significación. Pero falta un paso decisivo: la escuela pública debe desmunicipalizarse porque la desigualdad y fragilidad de la administración comunal reproducen y amplifican la polarización educativa existente, donde la clase social y el lugar en que se nace siguen marcando los destinos y proyectos de vida. Y no parece una buena idea crear un centenar de nuevas administraciones educativas autónomas complejas de diseñar, y difíciles y lentas de poner en marcha.
Este proceso de reforma tiene una gran significación. Pero falta un paso decisivo: la escuela pública debe desmunicipalizarse porque la desigualdad y fragilidad de la administración comunal reproducen y amplifican la polarización educativa existente, donde la clase social y el lugar en que se nace siguen marcando los destinos y proyectos de vida. Y no parece una buena idea crear un centenar de nuevas administraciones educativas autónomas complejas de diseñar, y difíciles y lentas de poner en marcha.

¿Por qué no transferir progresivamente las escuelas municipales a servicios de educación con base regional? La fragmentación y carencia de adscripción a un escalón administrativo constituido y formal puede hacer fracasar, por ausencia de responsables claros y pertinentes, la reforma de la escuela pública y llevarla a su definitiva marginalización en entidades de las que nadie se hace cargo, frente a un sistema escolar particular subvencionado fortalecido, aunque en adelante sin fines de lucro.

Un sistema escolar público que solo se hace cargo de los niños con más problemas formativos y que nadie más recibe está condenado al fracaso y a la consagración de la discriminación social en la escuela, incapaz de formar las competencias para las que el sistema escolar debe existir en las sociedades modernas. Para evitar que la educación escolar sea en Chile un sistema de guetos separados, la educación pública no debe ser financiada por subsidio a la demanda, sino por subsidio a la oferta, es decir, a los gastos de inversión y funcionamiento de establecimientos bien equipados, situados en todo el territorio y en los lugares de mejor acceso, con docentes suficientemente formados y remunerados, para permitir la integración social y la formación de competencias para todos.

Si en el corto plazo esto tiene como consecuencia muchos menos alumnos por profesor en las escuelas públicas, bienvenido sea para aumentar la “calidad” del proceso educativo, si es que esta noción tiene algún sentido, pues lo pertinente es fortalecer los insumos del proceso docente y mejorar los climas escolares con proyectos de establecimiento pertinentes basados en conductas cooperativas y dirigidos por equipos de gestión motivados.

La nueva escuela pública debe construirse con equipamiento de excelencia y una  carrera docente que cuente con el compromiso de los profesores y su voluntad de ser evaluados por sus pares y por la sociedad mediante procedimientos objetivos, del mismo modo que ellos deben evaluar a sus alumnos. La escuela es por esencia una cultura de la evaluación permanente para procurar con tenacidad alcanzar el logro de las competencias mencionadas más arriba.

Y, finalmente, ¿no habrá llegado la hora, a semanas de que se presente el proyecto de ley respectivo, de debatir acerca del sentido de la educación superior en nuestro país?

La educación superior no es obligatoria, contrariamente a la escuela, y se dirige a personas adultas. La finalidad básica de la educación superior es permitir a las personas insertarse activa y creativamente en la sociedad y permitir su creciente desarrollo.

Pero la educación superior no es solo la universidad. Cuatro de cada diez jóvenes egresan de la enseñanza media desde la educación técnico profesional y más de la mitad de quienes ingresan a la educación superior optan por  planteles técnico-profesionales. Mejorar el desempeño de la educación superior técnica será central para invertir la pirámide educativa basada en el privilegio de la universidad  en el imaginario social.

En los nuevos 15 Centros de Formación Técnica estatales, bajo tuición de universidades públicas, y en las entidades privadas sin fines de lucro selectivamente acreditadas, debe llegarse a la brevedad a la gratuidad completa en la mayoría de las carreras. Los CFT estatales permitirán crear una red con capacidad de articularse con los liceos técnicos profesionales y, es de esperar, con una inexplicablemente postergada redefinición del sistema de formación continua, que permita a quienes debieron insertarse tempranamente en una actividad laboral seguir estudios, incluso superiores.

La universidad, por su parte, no debe seguir siendo una mera plataforma de oferta de estudios para una demanda desinformada de estudiantes-consumidores que buscan primordialmente obtener buenos ingresos futuros. Su finalidad debe definirse como la de conservar, acrecentar y transmitir los saberes y la herencia cultural con espíritu crítico y creativo y fomentar la agregación de conocimiento y la libre expresión de ideas y de la creatividad humana, excluyendo toda forma de discriminación arbitraria.

Ninguna universidad propiamente tal puede ser solo docente. Toda universidad, para ser calificada como tal (“acreditada”), debe realizar investigación en las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías promoviendo el pluralismo y la libertad de pensamiento, con lealtad a los principios democráticos y a los derechos fundamentales de los ciudadanos; solo en ese contexto es posible formar humanistas, científicos, profesionales y técnicos de alta capacidad académica con respeto a la libertad de cátedra y de acuerdo con las necesidades del desarrollo sustentable del país, consolidando los valores éticos y cívicos y las actitudes de responsabilidad y solidaridad social; finalmente, la universidad debe extender sus servicios a la comunidad.

Para que esto pueda ocurrir, debe en primer lugar otorgarse expresamente roles públicos como los mencionados a las universidades estatales, hoy carentes paradójicamente de toda misión por una supuesta autonomía malentendida, y financiarlas en función de esos roles.

Un nuevo mecanismo debe incluir una dotación de investigación, una de extensión y una de docencia por alumno por tipo de carreras que asegure a la brevedad posible una amplia gratuidad en  pregrado –no completa, en ausencia de un sistema tributario que asegure una mayor progresividad en el impuesto a la renta, es decir, con un arancel graduado por ingresos familiares–, con una duración de carreras que en muchos casos debe disminuir a cuatro años y con un límite de tiempo para terminar la carrera con subsidio, con una combinación de becas y crédito subsidiado en los postgrados.

Estas dotaciones deben fijarse –al menos en sus pisos– en convenios de programación de al menos tres años concordados por cada universidad estatal con la nueva Subsecretaría de Educación Superior que el Gobierno ha planteado crear. Estos convenios deben incluir objetivos de matrícula por área del conocimiento y tipo de formación profesional y prioridades de investigación.

Las universidades estatales regionales deben ser dotadas de roles específicos en conexión con las estrategias regionales de desarrollo. La acreditación de las universidades estatales debe ser parte de los convenios de programación, en los que el Estado asuma una responsabilidad con sus universidades y estas con el servicio público educativo, de generación de conocimiento y de extensión de este a las comunidades sobre la base de objetivos transparentes, explícitos y periódicamente evaluados. Las universidades estatales y sus facultades y centros de investigación y extensión no deben ser feudos y subfeudos apropiados para fines privados por sus miembros y responsables directos, como en algunos casos ocurre en la actualidad, sino que deben actuar de acuerdo a las directrices de quien les da origen y las financia, la comunidad nacional. Su autonomía debe situarse en la esfera de la puesta en aplicación de esas directrices y orientaciones. Deben contar, en sus Juntas Directivas, con representantes de las entidades especializadas de gobierno encargados de velar por los fines públicos establecidos en los convenios de programación, y no ser, como hoy, parte de la repartición clientelar de granjerías, con nombramiento de personas que nada tienen que ver con la educación.

Una segunda categoría debe ser la de universidades de propiedad no estatal con fines públicos, acreditadas en materia de docencia (incluyendo la exigencia de pluralismo de la enseñanza y no discriminación arbitraria), investigación (sin limitaciones extracientíficas financiadas con recursos públicos) y extensión (sin proselitismo de credo o ideología). La gratuidad debe asegurarse en este espacio para los estudiantes de menos ingresos y complementarse con créditos subsidiados para el resto, hasta que no se establezca una progresividad tributaria que haría justificable la extensión a todos, con regulación de los aranceles máximos y con fondos concursables de investigación y extensión.

Una tercera categoría, la de universidades privadas sin fines públicos, debe ser también regulada con estricta acreditación periódica. Estas universidades deben transparentar sus fines, no recibir subsidios públicos ni tener fines de lucro, y ser obligatoriamente propietarias de los inmuebles que usan, junto con prohibir la terciarización de servicios pedagógicos o de cualquier servicio orientado a sustraer utilidades encubiertas o desviar recursos a fines distintos de los educativos.

La gratuidad completa sin redefiniciones institucionales y sin marco regulatorio puede abrir la puerta a un despilfarro gigantesco de recursos públicos y a más subsidios regresivos sin contrapartida que terminen beneficiando a intereses privados y aumentando la desigualdad de oportunidades. El Estado no debe dilapidar recursos transfiriéndolos a entidades privadas sin finalidad pública o a entidades públicas sin control que presten un servicio mediocre y desvíen recursos para sus propios fines. Ni menos debe financiar con recursos de todos los chilenos a familias de altos ingresos que pagan pocos impuestos, dada la estructura regresiva del sistema tributario, al menos hasta que este llegue a tener un carácter progresivo, en el que los más ricos paguen proporcionalmente a sus ingresos más impuestos que los más pobres. Hoy día esto no ocurre.

La presión por más transferencias a entidades educativas privadas sin fines públicos o a entidades públicas feudalizadas no contribuye a la adecuada asignación de los recursos escasos de todos los chilenos que administra el Estado ni es equitativa, aunque se haga falazmente en nombre de los más pobres.

jueves, 14 de enero de 2016

Nueva Mayoría: incoherencias y problemas de fondo

Publicado en El Mostrador

Chile enfrenta hoy un problema creciente de incoherencia de la coalición de gobierno, en un trasfondo de crisis larvada de las instituciones políticas y de desestabilizadora desigualdad de ingresos y patrimonios que el funcionamiento económico vigente reproduce y amplía, con una fuerte captura del poder político por el poder económico.

Las reformas impulsadas por la presidenta Bachelet son objeto de una controversia frontal de los poderes económicos y sus representantes que mantienen el extendido argumento introducido en Chile con gran éxito por los seguidores de Milton Friedman desde los años cincuenta del siglo pasado, según el cual serían antieconómicos tanto un sistema tributario progresivo (en el que los más ricos sostengan el gasto público con sus impuestos proporcionalmente más que los más pobres) como una negociación colectiva equilibrada de los salarios y las condiciones de trabajo en las empresas. Argumento que es además contrario a una seguridad social que proteja del riesgo de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos básicos y a un sistema de ingresos básicos universales para enfrentar la pobreza y la exclusión social.

La argumentación contra el Estado Social no tiene fundamento analítico y empírico alguno que no sea la ideología libremercadista. Frente al modelo de capitalismo salvaje norteamericano –que en todo caso incluye elementos de regulación de mercados y de redistribución del ingreso y seguridad social más importantes que los existentes en el Chile de hoy– existen en el mundo múltiples modelos de economía de mercado con altos niveles de PIB por habitante y –todavía más importante– elevados niveles de bienestar, libertades y democracia, que introducen acciones públicas sustanciales en favor de la disminución de la desigualdad.

En efecto, los niveles de corrección de las desigualdades de los ingresos de mercado –salarios brutos, ingresos por autoempleo, ingresos de capital y retorno sobre ahorros– mediante impuestos y gasto público siguen siendo muy elevados allí donde los Estados de bienestar se mantienen fuertes. Más aún, a pesar de la crisis, en la mayoría de los países de la OCDE la extensión de la redistribución de ingresos se ha incrementado en el último quinquenio. Las transferencias monetarias públicas, la tributación sobre los ingresos y las cotizaciones obligatorias, que configuran el ingreso disponible de las familias, disminuyen en conjunto las desigualdades en la población activa en un promedio de 25%. A esto se agregan los servicios públicos gratuitos o subsidiados. Este efecto es más amplio en los países nórdicos, Bélgica y Alemania, y más limitado en Suiza, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. En Chile es casi nulo.

Si se trata de mirar modelos dignos de inspiración, sigue destacando el “modelo escandinavo”, que se adaptó a las nuevas circunstancias económicas globales para mantener un Estado de bienestar que logra, en medio de las turbulencias de la globalización y de la precarización salarial generalizada, las más altas capacidades redistributivas, aunque menores que en el pasado reciente.

Recientes críticas al actual gobierno desde supuestos partidarios suyos le atribuyen una supuesta preferencia por el “Estado por sobre los organismos intermedios y las personas” y privilegiar “expandir el rol del Estado sobre la solución efectiva de los problemas que se enfrentan y de gestionar solo desde la cúpula burocrática”. Esa no es sino la misma vieja idea según la cual el impacto de las políticas públicas debe ser de baja escala y solo proponerse en cada área de actividad asegurar un mínimo para que todos compitan en una supuesta cancha económica igualada, idea que desconoce cómo funcionan las sociedades contemporáneas y que, en el mejor de los casos, está construida por la obsesión miope con la eficiencia abstracta en la asignación de recursos. Igualar el gallinero para que compitan el zorro con las gallinas conduce a un solo resultado: el zorro se come sistemáticamente a las gallinas.

Los mercados globalizados en los que se desenvuelven la economía y la sociedad chilenas no son la abstracción del modelo de la competencia perfecta sino construcciones dominadas por grandes empresas que evolucionan en estructuras de poder que les permiten producir economías de escala, sustraerse con frecuencia de toda competencia y concentrar los ingresos en el proceso económico. Esto es lo que se constata en Chile de manera generalizada frente a la escasa relevancia de los poderes públicos para atacar los abusos del poder económico y el cada vez menor profesionalismo y eficiencia de la administración pública.

Para que el capital concentrado no domine irremediablemente a la sociedad, los poderes públicos globales (cuasiinexistentes) y los gobiernos nacionales no disponen de opciones muy distintas –excluyendo la solución estatizadora autoritaria que no produce ni democracia ni prosperidad– que la de hacer funcionar economías mixtas con: a) un sector de bienes públicos al margen de los mercados que provea infraestructura, ciencia y tecnología, educación, salud y urbanismo integrador; b) un sector de economía mercantil con empresas privadas que se desenvuelvan con regulaciones que minimicen las rentas monopólicas, que maximicen las externalidades positivas (con una fuerte política industrial), minimicen las externalidades negativas locales y globales (con una fuerte política ambiental) y con reglas laborales que creen empleos y cautelen la dignidad, creatividad y cooperación en el trabajo (con una fuerte política laboral y de formación continua) y que provea las condiciones de financiamiento de ingresos básicos y educación para todos los miembros de la sociedad y la cobertura del riesgo de desempleo, enfermedad y vejez sin ingresos (seguridad y protección social); c) un sector de empresas públicas selectivas y estratégicas; y d) un sector de empresas sin fines de lucro de economía social que produzca integración y actividad económica al margen del mercado, especialmente de servicio a las personas vulnerables.

Lo que no tiene ningún sentido es incorporar a fuerzas políticas al gabinete que después condicionan, ya sea desde el Parlamento o desde el propio gobierno –como hemos visto en el tiempo reciente– lo comprometido ante los electores. Una lógica de este tipo implica que los que se oponen al gobierno en el Parlamento no estén al mismo tiempo en la administración central en cargos de confianza.
Se trata de construir un proyecto de democracia social responsable de incluir a todos y de legar una economía sustentable a las nuevas generaciones, que debe sustraerse tanto de la adoración al mercado como de idolatrar a las burocracias, sometiendo a ambos a un control democrático y social. Es el proyecto de hacer prevalecer un principio de comunidad, un principio de responsabilidad con las nuevas generaciones y un principio de igualdad justa de oportunidades, proyecto que es efectivamente alternativo al de la sociedad de mercado. Salir de la democracia protegida y del libremercadismo que concentra el poder y la riqueza requiere reformar y transformar el orden existente en Chile y establecer una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad que fortalezca al primero para hacer posible un mejor funcionamiento de los segundos, con más equidad, eficiencia y humanización de la vida colectiva.

Así, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet enfrenta un problema político cada vez mayor con una parte de su coalición que no quiere enfrentar la insuficiencia democrática de las instituciones, la reproducción de las desigualdades y la carencia de una estrategia de crecimiento social y ambientalmente sustentable. Esto se expresa en la renuencia a una asamblea constituyente, en la defensa de los subsidios a la demanda en las políticas sociales o en la negativa a fortalecer la capacidad negociadora del mundo del trabajo y se mezcla con muy concretos intereses instalados en la “provisión privada de bienes públicos” establecida por la dictadura militar y solo parcialmente revertida desde 1990.

La gran duda en materia de escenarios políticos es saber si en el futuro próximo podrá seguir habiendo configuraciones de gobierno como la actual Nueva Mayoría. En mi opinión eso es posible, pero de una manera radicalmente diferente que la actual, si es que se quiere evitar la incoherencia de la gestión gubernamental en curso, con un programa comprometido ante la opinión pública pero al mismo tiempo con fuerzas de la coalición que lo “mejoran” en sentido contrario a sus fundamentos. Lo sensato parece ser no seguir conformando coaliciones que no comparten casi nada en lo programático y mucho en el mero interés de ocupar posiciones burocráticas en el Estado, formato que es parte de la creciente crisis de legitimidad del sistema político.

El cambio al sistema binominal debiera permitir que las fuerzas políticas se agrupen de acuerdo a sus posiciones de principios y programáticas y las ofrezcan al electorado, junto a un candidato presidencial que las exprese en primera vuelta. De esa manera, los electores podrán tener a la vista un debate transparente sobre las opciones que el país enfrenta y votar de modo informado en un contexto deliberativo. Las elecciones no debieran ser un mercado en el que cada candidato se vende como producto. Hay de por medio opciones de sociedad que merecen ser enunciadas, transparentadas y debatidas.

El sistema de segunda vuelta vigente permite, aunque en plazos muy breves, concordar eventualmente el apoyo de las fuerzas que no obtuvieron los votos suficientes en primera vuelta a alguno de los dos candidatos en la segunda. Esto debiera ocurrir previo acuerdo formal para toda la legislatura respecto a las tareas de gobierno, incluyendo los contenidos específicos de las leyes a aprobar para cuatro años, y de ese modo estabilizar una gestión con mayoría parlamentaria que a su vez se refleje en el gabinete. Esto supone, también, salir del cesarismo presidencial que desconfía de los partidos y del Parlamento, para no hablar de la sociedad civil organizada.

Lo que no tiene ningún sentido es incorporar a fuerzas políticas al gabinete que después condicionan, ya sea desde el Parlamento o desde el propio gobierno –como hemos visto en el tiempo reciente– lo comprometido ante los electores. Una lógica de este tipo implica que los que se oponen al gobierno en el Parlamento no estén al mismo tiempo en la administración central en cargos de confianza. Los ciudadanos tienen toda la razón en considerar que es una suerte de fraude que se les ofrezca una visión y una serie de medidas que derivan de ella en la elección presidencial que luego no se concretan o se diluyen sin que nadie se haga responsable. En vez de un sistema político que dirime democrática y periódicamente opciones de sociedad y de políticas públicas que determinan la vida cotidiana de los ciudadanos, terminamos con que estos perciben que solo eligen a tales o cuales miembros de una “clase política” indiferenciada, que defiende intereses propios al margen de las mayorías, y además suelen estar coludidos con el poder económico que financia sus campañas.

Una lógica alternativa es, entonces, la de la competencia con ideas perfiladas en una primera vuelta presidencial y de conformación de coaliciones en segunda vuelta (en caso de que no se produzca una mayoría en primera vuelta), pero con un programa de acción común pactado con transparencia y con validez para cuatro años. Este esquema es factible de ser utilizado en el sistema vigente, pero a mediano plazo debiera consagrarse en una nueva Constitución que establezca un sistema semipresidencial. Es decir, una configuración del poder político en que el presidente se apoya en un gobierno encabezado por un primer ministro que responde ante el Parlamento, con parlamentarios sujetos a disciplina partidaria para evitar la incoherencia actual de las coaliciones y con una administración profesionalizada que evite el actual clientelismo, junto a un control severo de la corrupción y del financiamiento empresarial y de grupos de interés de las campañas electorales.

Y que además establezca con claridad las fronteras de la administración central y de la administración territorial descentralizada para permitir una mayor participación de los ciudadanos en la resolución de los problemas que pueden ser enfrentados desde la esfera pública. Difícil tarea, pero indispensable si lo que se quiere es volver a prestigiar el sistema democrático en Chile.

jueves, 7 de enero de 2016

Pasiones e incongruencias en la política chilena

En Voces La Tercera

Algo está  pasando en la política chilena que está llevando la racionalidad en la esfera pública a niveles insospechadamente bajos. Los diputados de la UDI Hasbún, Ulloa y Urrutia han presentado un proyecto de ley el 5 de enero que pretende sancionar al que”públicamente niegue, enaltezca o minimice los hechos de gobiernos que a lo largo de la historia hayan trasgredido la constitución política y las leyes (…) con la pena de presidio menor en su grado mínimo y una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales”. Tal extraña propuesta de restricción a libertades básicas como la de opinión y expresión podría pensarse que se refiere a regímenes como la dictadura de Pinochet, que como es bien sabido tomó el poder a sangre y fuego, violó expresamente la Constitución de 1925 al punto de derogarla mediante un acto de fuerza pura y simple, se arrogó por sí y ante sí el poder constituyente, declaró enemigos a los partidarios de un gobierno electo en la urnas que respetó escrupulosamente todas y cada una de las libertades básicas de los ciudadanos, dictadura que por 17 años torturó, vejó, violentó y asesinó con escarnio, impunidad e inhumanidad inusitados a miles de compatriotas, e incluso llegó al extremo de hacer desaparecer masivamente sus cuerpos, para no hablar de las decenas de miles de encarcelados y exiliados.

Pero, fíjense ustedes, los señores diputados de la UDI se refieren a los partidarios del Presidente Salvador Allende, para supuestamente empatar otro proyecto de ley, también discutible, pero que en todo caso busca sancionar la apología del crimen. Francamente insólito, sobre todo por parte de diputados de un partido que  apoyó, y sigue apoyando según se lee en su declaración de principios, a un gobierno basado en el crimen y que incluyó entre sus mandamases a criminales, por lo demás a la postre perseguidos y algunos condenados por la justicia. Y cuyos líderes históricos están actualmente dando cuenta ante los tribunales, aunque lo justifiquen de nuevo sin sonrojarse, del masivo, sustancial y sistemático financiamiento ilegal de sus campañas políticas por grandes grupos financieros con el objeto de defender sus intereses en las instituciones legislativas y gubernamentales, en tanto agentes activos y directos de la subordinación del poder político al poder económico.

En el terreno político-institucional, se ha llegado muy lejos en la ausencia de congruencia en las conductas. Después de décadas de haber usado trampas antidemocráticas como senadores designados, un sistema electoral que distorsionaba la voluntad popular y vetos de minoría en la formación de las leyes, la oposición se atrinchera ahora sin tapujos en una mayoría recientemente lograda en el Tribunal Constitucional como si se tratara de un centro de alumnos, con mucho respeto por los centros de alumnos. Sigue la lógica políticamente explosiva e irracional de contradecir la soberanía popular y a los representantes electos por el pueblo impugnando una decisión del parlamento en la aplicación de criterios de selectividad en una política pública en nombre del principio de “no discriminación arbitraria”. Nótese que este principio no tiene que ver con la espurea constitución del 80, pues toda Constitución democrática debe consagrar ese principio. Pero ese principio no consiste en prohibir toda discriminación positiva en las políticas públicas, pues muy pocas de ellas dejan de tener uno u otro criterio de selectividad que cabe determinar al legislador. Sostener lo contrario, como acaba de hacer la mayoría de este tribunal, es de una enorme gravedad, pues se trata de una mayoría que ha abandonado todo criterio jurídico elementalmente razonable por un criterio militante en favor de una oposición que es minoritaria en la sociedad, en las urnas y en la distribución de escaños parlamentarios. Llegó la hora de señalar con toda claridad que el Tribunal Constitucional mantiene, a pesar de la reforma de 2005, una composición contraria a los principios democrático-representativos -la Corte Suprema, que no es un órgano de representación, nada tiene que hacer en influir decisivamente en su composición- y que ha pasado a comportarse como un mero órgano partidista de sustitución al servicio de una fuerza política minoritaria que ha maniobrado en la Corte Suprema para obtener nominaciones militantes que obstruyen las decisiones legislativas. Oponerse a las políticas de gobierno y proponerse cambiarlas es enteramente legítimo, pero en las urnas y mediante la elección de representantes populares, no a través de órganos no democráticos.  

En un plano distinto, pero no menos significativo, hemos conocido el 4 de enero que la ex ministra de Educación, Mariana Aylwin, acusó al Ejecutivo de tener un estilo “totalitario y sectario”. Se puede decir muchas cosas del actual gobierno respecto a sus orientaciones y a su gestión, y es normal y saludable que así ocurra en democracia, incluso entre sus partidarios, pero acusarlo de tener un estilo totalitario excede toda racionalidad y sentido común. Se trata de una acusación gratuita y grave. Ningún gobierno desde 1990, y menos el actual,  ha tenido ese estilo y sostener lo contrario es simplemente un despropósito. La Democracia Cristiana, o una parte de ella, parece estar viviendo un proceso de descomposición que no le hace bien a nadie y que debiera incluir algún tipo de autolimitación en sus expresiones públicas.
Bienvenido sea el debate rudo y franco, que para eso es la democracia. Pero, ¿no habrá llegado el momento, al hacer votos por un buen año 2016, de poner un poco más de racionalidad y de resguardo del interés general y un poco menos de pasión y parcialidad particularista en las conductas de los actores políticos?