domingo, 18 de diciembre de 2016

“No creemos en la igualdad”

Columna en El Mostrador


La nueva presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe –imputada por la justicia, pero así y todo elegida en una votación del partido de derecha en que participaron unos siete mil miembros- se va constituyendo en emblema, junto a Sebastián Piñera, de la representación directa del poder económico en el sistema político y del uso de dinero ilegal en campañas. Pero además nos acaba de notificar con toda claridad el 16 de diciembre que entre los valores que inspiran su acción política no está la igualdad y que, más aún, “no creemos en la igualdad”.

No obstante, la igualdad es un valor esencial en la vida social y democrática moderna, empezando por la igualdad ante la ley, que es el fundamento de la acción contra toda discriminación arbitraria. También lo es la promoción de la igualdad justa de oportunidades en determinadas esferas (como en el acceso a la educación que no debe depender del dinero ni de las desventajas iniciales sino del mérito) y la de la igualdad de resultados en otras esferas (como las atenciones de salud, cuyo acceso no debe limitarse por nada que no sea pertenecer al género humano). El mundo de las discriminaciones arbitrarias, que se alimenta de múltiples factores pero sobre todo del predominio del poder económico, es el de las actitudes y de los intereses que representa la derecha. Ahora parece querer defenderlas ideológicamente de manera abierta, empezando por su condena de la idea de igualdad, aunque para ser justos esta condena se extiende mucho más allá de la derecha dura. Es compartida por el sentido común neoliberal que se ha extendido en la sociedad chilena.

La idea de igualdad ante la ley y de oportunidades y de resultados merece ser defendida en la sociedad chilena.

Un proyecto progresista transformador no incluye naturalmente sólo el valor de la igualdad. Pero es uno de sus componentes principales. Este proyecto y sus lineamientos programáticos para el próximo período político (que requerirán de amplios desarrollos participativos para su definición –todos ellos necesitan de discusiones en profundidad- y para la elaboración de la secuencia de puesta en aplicación, incluidos cronogramas y costos presupuestarios) se inspiran en una visión que es a la vez democrática, igualitaria y ecologista y sin duda se planteará terminar con el Estado subsidiario y establecer en plazos breves un Estado inversor, activo frente a los riesgos y solidario para disminuir las brechas sociales y territoriales que fracturan a Chile.

Frente a la expansión histórica de la desigualdad en las sociedades dominadas por el capitalismo global,  la agenda igualitaria  consiste en crear las condiciones para extender normas de igualdad de oportunidades justas y de comunidad, con reducción de la brecha de ingresos y de condiciones de vida entre las posiciones sociales, en que todos gozan de derechos fundamentales y de las mismas oportunidades de prosperar,  con la condición de que contribuyan según su capacidad a que los demás prosperen reduciendo el principio del mercado basado en la codicia y el temor- acrecienta su vigencia, junto a la agenda de sustentabilidad ambiental. Para ello debe establecer límites y deberes colectivos contrarios al mero libre mercado que ha defendido la UDI con tanto éxito en Chile, consagrando por el contrario derechos civiles y políticos extendidos y el mandato al sistema político para hacer realidad derechos  económicos, sociales, culturales y ambientales de todos los ciudadanos.

“No creer en la igualdad” no es sino la defensa de la prolongación y reproducción de la concentración de la riqueza y del poder. Esto es lo que se propone la nueva presidenta de la UDI. Y en especial el que las políticas públicas no persigan un orden social en el que los ciudadanos comunes puedan no estar a merced del poder privado en los ámbitos básicos de la decisión humana.  Ya lo decía Rousseau en un pasaje de su Contrato Social: la participación democrática exige que “ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”.

Siguiendo a Gerald A. Cohen (2009), uno de los principales pensadores igualitarios modernos, ya fallecido, todo mercado, aunque sea necesario para asignar recursos descentralizadamente en diversas esferas,  es un sistema depredador en tanto está basado en la codicia de los participantes y en el temor (los demás son una amenaza al propio éxito). La genialidad del mercado según Cohen “reside en que 1) recluta motivaciones bajas para 2) fines deseables; pero 3) también produce efectos no deseados, incluida una significativa e injusta desigualdad”.  Para superar estos efectos, este pensador igualitario moderno propone  concebir a la sociedad como una red de provisión mutua y la aspiración igualitaria como la extensión de lo que llama el  principio de comunidad, es decir el de la reciprocidad comunitaria en tanto “principio antimercado según el cual yo le sirvo a usted no debido a lo que pueda obtener a cambio por hacerlo, sino porque usted necesita o requiere de mis servicios, y usted me sirve a mí por la misma razón”.

Propone Cohen que este principio prevalezca sobre la simple igualdad de oportunidades. Distingue tres tipos de igualdad de oportunidades: la burguesa, que procura eliminar las restricciones de estatus socialmente construidas, como las del feudalismo o el racismo, causadas por asignaciones de derechos y/o prejuicios sociales intolerantes; la liberal de izquierda, que apunta a remover las restricciones provenientes de la cuna y de la educación, que implican desventajas de condiciones de trabajo y de vida, de modo que solo el talento natural y las opciones personales determinen la suerte de cada cual;  finalmente, la igualdad de oportunidades socialista, busca corregir todas las desventajas no elegidas, de las que razonablemente no se puede responsabilizar al agente mismo, ya sea de tipo social o natural: las diferencias en el resultado solo deben reflejar diferencias de elección (por ejemplo en los gustos de consumo o entre trabajo y ocio), es decir las preferencias individuales, y de elecciones entre estilos de vida cuando su satisfacción lleva a un comparable disfrute agregado de la vida. Estas diferencias no constituyen desigualdades condenables desde el punto de vista de la justicia.

Pero para Cohen debe prevalecer el principio de comunidad en una organización social justa. Este incluye que a las personas les importen los demás y que siempre que sea necesario y posible cuiden de ellos, y que además se preocupen de que a los unos les importen los otros. Así, ciertas desigualdades que no pueden restringirse o prohibirse en nombre de la igualdad socialista de oportunidades si debieran serlo en nombre del principio de comunidad, como la acumulación de unos en presencia de la deprivación de otros, aunque la primera no sea necesariamente injusta en tanto haya respetado la igualdad socialista de oportunidades. Para Cohen, hacer realidad estos principios choca con el poder capitalista establecido y con la propensión egoísta (postula que en casi todos la hay junto a la propensión a la generosidad) y requiere de la acción política, aunque según Cohen “ahora no sabemos cómo hacerlo”.

Pero afirma, lo que compartimos, que es necesario mantener el horizonte de estos principios como un ideal a alcanzar, mientras “en un sistema económico en el que la elección motivada por el propio interés de todas maneras sigue en vigor -aunque ahora con un alcance restringido- hay formas de introducir elementos fuertes de los conceptos de comunidad e igualdad. Una manera posible de hacerlo que nos resulta conocida es mediante la institución de un Estado de bienestar, que saca del sistema de mercado muchos bienes para satisfacer necesidades.”

Michael Walzer (2001), otro de los principales pensadores igualitarios modernos, sostiene con pertinencia que existen diversas “esferas de justicia”. Defiende una concepción de igualdad compleja que supone se preserve la separación de las diversas esferas de la vida social y la inconvertibilidad de las categorías de bienes constitutivas de cada una de esas esferas. Así, el peso igual de cada ciudadano en el proceso de decisión política, el derecho igual de cada trabajador a participar en las decisiones de su empresa, el acceso al éxito escolar según el solo criterio del mérito o el acceso a las atenciones de salud en función solo de las necesidades y no del ingreso de cada cual, son diversos criterios de igualdad relevantes en su esfera pero irreductibles el uno al otro. Siguiendo el criterio de Walzer, en la configuración global de una situación de igualdad compleja el criterio de igualdad de resultados y de reducción de la brecha de posiciones puede ser pertinente si se aplica a determinados dominios específicos, como la seguridad  humana, la atención de salud o el derecho a ingresos básicos, y el de igualdad de oportunidades a otros dominios, como el de la actividad económica lucrativa. Este enfoque de diversas esferas permite discutir sobre los criterios igualitarios pertinentes para unas y otras políticas públicas susceptibles de ser aplicadas por los organismos internacionales, los gobiernos y las entidades administrativas sub-nacionales.

De estas argumentaciones podemos retener en términos de acción política que avanzar a una sociedad justa “implica tanto una condena de la explotación capitalista -por basarse en una injusta desigualdad en la distribución de los medios de producción-, como un apoyo al Estado de bienestar” (Roemer, 1995) para redistribuir recursos al margen del mercado y disminuir las brechas en los activos, los ingresos y las posiciones sociales.

Nada que pueda gustarle a la presidenta de la UDI. Pero tal vez iniciar un debate político en profundidad en la materia pudiera cambiar la actual mediocridad de la deliberación pública, hoy inmersa sólo en discusiones sobre medios parciales para resolver problemas inmediatos, abandonando la indispensable discusión sobre los fines de la acción política y los proyectos de sociedad posibles y sus méritos respectivos.

viernes, 2 de diciembre de 2016

Perspectivas presidenciales a un año de la elección

La más reciente encuesta Gfk-Adimark revela que la cuestión presidencial permanece abierta como nunca antes a un año del evento electoral principal del proceso democrático en Chile.

Dado el alto desgaste del gobierno de Michelle Bachelet (24% de aprobación y 70% de rechazo en noviembre para la Presidenta y 18% y 79% respectivamente para su gobierno) y la incoherencia programática y política persistente de la coalición Nueva Mayoría (un 19% la apoya, mientras un 22% apoya a la derecha), el ex presidente Sebastián Piñera recoge por el momento la mayor intención espontánea de voto. Éste marca un 24% de preferencias y, lo que es más importante, un 45% cree que el ex presidente, que combina su acción política -incluso cuando ejerció el más alto cargo del Estado- con la de exitoso especulador bursátil desde paraísos fiscales, será otra vez presidente.

Primera digresión: las encuestas tienen un creciente problema de respuesta no veraz –el fenómeno del “voto oculto” de distinto signo ha crecido en todas partes- mientras en Chile las muestras son cualquier cosa menos representativas del universo de votantes. Para que lo fueran debieran ser aleatorias, o bien cuidadosamente construidas mediante la aplicación de cuotas por género, edad, nivel de ingreso y ubicación geográfica, método empírico eficaz pero que no permite calcular márgenes de error. Estos sólo se pueden establecer para muestreos aleatorios, cómo lo enseña cualquier curso de estadísticas que incluya teoría de muestreo, lo que impropiamente se nos presenta en las encuestas con muestras no aleatorias en Chile. Además, muchas de éstas usan métodos de recolección de las preferencias de los entrevistados que incrementan los sesgos y que llegan incluso a mezclar consultas a teléfonos fijos y móviles, como la de Gfk-Adimark, lo que no pasaría test metodológico alguno en aquellas partes del mundo en las que las encuestas están bien reguladas.

En la coyuntura, el apoyo constatado al líder de la derecha, más allá de las mencionadas deficiencias de las encuestas, no es de extrañar, sobre todo si se considera que es natural que la oposición recoja parte del descontento con el gobierno en ejercicio, en el contexto más amplio de desprestigio global del sistema de representación. Este ha decepcionado y alejado, en Chile y muchas partes del mundo, a quienes –trabajadores, jóvenes, grupos discriminados- mantenían esperanzas en su capacidad de producir resultados favorables a la mayoría social.

Segunda digresión: personalmente prefiero la expresión “gobierno en ejercicio” a la bastante despectiva de “gobierno de turno” que suele utilizarse en el debate político chileno; a mis interlocutores que la emplean siempre les digo que menos mal que los gobiernos son de turno en Chile, porque sería dramático que no lo fueran, como ya fue el caso durante 17 años en el siglo pasado.

Lo importante a recalcar es que, además del mucho tiempo que falta para la elección presidencial y la aún retardada emergencia de figuras que seguramente participarán en una primaria de un Frente Amplio alternativo a los dos bloques tradicionales, la suma de adhesiones a Piñera, Ossandón y Kast no les asegura, en la mejor de las circunstancias generales para su opción, una mayoría clara. Los candidatos de derecha suman sólo un 29% de preferencias, contra un 30% de preferencias que van a alguno de los cuatro candidatos de la Nueva Mayoría con más de 1% de mención espontánea, es decir Guillier (21%), Lagos (7%), Insulza (1%) y Goic (1%). Nada está dicho aún en materia presidencial, pues no hay hoy mayorías contundentes, como había solido ocurrir a estas alturas del calendario político desde 1990.  

Por otro lado, los que no marcan preferencia presidencial alguna en la encuesta Gfk-Adimark de noviembre suman sólo un 31% del electorado potencial, lo que permite conjeturar, con toda la prudencia que corresponde, que la elección de 2017 tendrá probablemente una participación mayor que la registrada en la elección municipal de 2016, que marcó un trágico nivel de abstención que es de esperar no vuelva a repetirse en nuestro país, para bien de la salud democrática de Chile.

sábado, 19 de noviembre de 2016

Una falta política y un error económico

La más reciente encuesta Gfk-Adimark revela que la cuestión presidencial permanece abierta como nunca antes a un año del evento electoral principal del proceso democrático en Chile.

Dado el alto desgaste del gobierno de Michelle Bachelet (24% de aprobación y 70% de rechazo en noviembre para la Presidenta y 18% y 79% respectivamente para su gobierno) y la incoherencia programática y política persistente de la coalición Nueva Mayoría (un 19% la apoya, mientras un 22% apoya a la derecha), el ex presidente Sebastián Piñera recoge por el momento la mayor intención espontánea de voto. Éste marca un 24% de preferencias y, lo que es más importante, un 45% cree que el ex presidente, que combina su acción política -incluso cuando ejerció el más alto cargo del Estado- con la de exitoso especulador bursátil desde paraísos fiscales, será otra vez presidente.

Primera digresión: las encuestas tienen un creciente problema de respuesta no veraz –el fenómeno del “voto oculto” de distinto signo ha crecido en todas partes- mientras en Chile las muestras son cualquier cosa menos representativas del universo de votantes. Para que lo fueran debieran ser aleatorias, o bien cuidadosamente construidas mediante la aplicación de cuotas por género, edad, nivel de ingreso y ubicación geográfica, método empírico eficaz pero que no permite calcular márgenes de error. Estos sólo se pueden establecer para muestreos aleatorios, cómo lo enseña cualquier curso de estadísticas que incluya teoría de muestreo, lo que impropiamente se nos presenta en las encuestas con muestras no aleatorias en Chile. Además, muchas de éstas usan métodos de recolección de las preferencias de los entrevistados que incrementan los sesgos y que llegan incluso a mezclar consultas a teléfonos fijos y móviles, como la de Gfk-Adimark, lo que no pasaría test metodológico alguno en aquellas partes del mundo en las que las encuestas están bien reguladas.

En la coyuntura, el apoyo constatado al líder de la derecha, más allá de las mencionadas deficiencias de las encuestas, no es de extrañar, sobre todo si se considera que es natural que la oposición recoja parte del descontento con el gobierno en ejercicio, en el contexto más amplio de desprestigio global del sistema de representación. Este ha decepcionado y alejado, en Chile y muchas partes del mundo, a quienes –trabajadores, jóvenes, grupos discriminados- mantenían esperanzas en su capacidad de producir resultados favorables a la mayoría social.

Segunda digresión: personalmente prefiero la expresión “gobierno en ejercicio” a la bastante despectiva de “gobierno de turno” que suele utilizarse en el debate político chileno; a mis interlocutores que la emplean siempre les digo que menos mal que los gobiernos son de turno en Chile, porque sería dramático que no lo fueran, como ya fue el caso durante 17 años en el siglo pasado.

Lo importante a recalcar es que, además del mucho tiempo que falta para la elección presidencial y la aún retardada emergencia de figuras que seguramente participarán en una primaria de un Frente Amplio alternativo a los dos bloques tradicionales, la suma de adhesiones a Piñera, Ossandón y Kast no les asegura, en la mejor de las circunstancias generales para su opción, una mayoría clara. Los candidatos de derecha suman sólo un 29% de preferencias, contra un 30% de preferencias que van a alguno de los cuatro candidatos de la Nueva Mayoría con más de 1% de mención espontánea, es decir Guillier (21%), Lagos (7%), Insulza (1%) y Goic (1%). Nada está dicho aún en materia presidencial, pues no hay hoy mayorías contundentes, como había solido ocurrir a estas alturas del calendario político desde 1990.  

Por otro lado, los que no marcan preferencia presidencial alguna en la encuesta Gfk-Adimark de noviembre suman sólo un 31% del electorado potencial, lo que permite conjeturar, con toda la prudencia que corresponde, que la elección de 2017 tendrá probablemente una participación mayor que la registrada en la elección municipal de 2016, que marcó un trágico nivel de abstención que es de esperar no vuelva a repetirse en nuestro país, para bien de la salud democrática de Chile.

domingo, 13 de noviembre de 2016

Y ahora: ¿hacia dónde queremos que vaya Chile?

Columna en El Mostrador
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Parte del problema de la crisis del sistema de representación, cuyas expresiones más nítidas son el aumento de la abstención en las elecciones y la dificultad creciente de hacer funcionar de manera coherente al gobierno y su coalición, es la ausencia de hojas de ruta consistentes en la acción pública. La acción pública – la que realizan los órganos del Estado, los partidos políticos que gobiernan o se oponen al gobierno, las organizaciones sociales y de la sociedad civil que promueven intereses particulares o más o menos generales- es la única que permite incidir en el devenir de la sociedad para los que no poseen un poder autónomo, económico o de otra índole.

Cuando no existe diferenciación de las opciones  en la arena pública y la función de representación en las instituciones deviene en mera lucha por el acceso a la “clase política”, percibida por el mundo popular como grupo privilegiado sólo preocupado de sus propios intereses de casta, entonces no hay agenda pública creíble y decae la acción pública en manos de la expansión del mercado y de la ley del más fuerte, es decir del poder económico oligárquico. Termina por romperse el vínculo entre la esfera pública y la condición individual de ciudadano y/o la pertenencia a un grupo social capaz de realizar acciones colectivas. La mayoría de los individuos se retraen a la esfera privada y al discurso descalificador de toda élite. Es lo que ha pasado progresivamente en Chile y se ha acelerado en al menos los tres últimos gobiernos.

Superar esta dinámica no es ni será fácil, pero al menos requiere reanimar el debate deliberativo sobre hacia dónde debe dirigirse la sociedad y qué dilemas debe resolver. Este debate, a pesar de la proximidad de la elección presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales, está bastante poco presente.

Esto tiene una explicación. La derecha no hace sino defender los intereses de las minorías económicamente privilegiadas, mientras la que se supone debía ser una alternativa a la derecha, antes la Concertación y hoy la Nueva Mayoría en el gobierno, mantiene una retórica de reformas en un contexto de vetos y bloqueos que termina por no cambiar nada sustancial en materia de estructuras políticas, económicas, sociales y de género, más allá de las intenciones de sus sectores proclives al cambio. Estas coaliciones han terminado invariablemente siendo subordinadas a los intereses económicos oligárquicos o bien adaptándose a su poder y a sus reglas y límites. Los arbitrajes se han realizado, en lo fundamental, en favor de la mantención del orden de cosas vigente, en el mejor de los casos con algunos retoques (ha ocurrido desgraciadamente en materia constituyente, tributaria, educacional, laboral, en pensiones, salud y desarrollo de las ciudades) y en el peor con un fortalecimiento de los subsidios públicos a prestadores privados.

Es por ello que algunos hemos terminado por formarnos la convicción -otros lo hicieron mucho antes- que el desafío de lograr una democracia legítima, prosperidad compartida, igualdad de oportunidades y consagración de derechos, y más respeto de la naturaleza y compromiso con las futuras generaciones, no puede descansar en las fuerzas que hoy dominan el sistema de representación.
Se requiere de nuevas fuerzas políticas que se constituyan en alternativa de gobierno que no renuncien, en nombre de la amplitud de su convocatoria y de la necesidad abstracta de acuerdos,  a luchar por los valores de la libertad real, de la igualdad de oportunidades sin discriminaciones y de la igualdad de resultados en materia de derechos y mínimos sociales compartidos a los que todos los miembros de la sociedad accedan. En el contexto de esos valores, una nueva alternativa política debe discutir una plataforma programática para el período 2018-2022, la que debe admitir de modo pluralista en su seno diversas inspiraciones ideológicas e incluir un cierto número de definiciones fundamentales en al menos cinco grandes temas.

En primer lugar, la necesidad de persistir en la voluntad de dotar a Chile de una nueva Constitución, la que para que sea tanto suficientemente legítima como institucional debe realizarse recurriendo a una asamblea constituyente elegida y que sesione en 2019, aprobada por el pueblo a través de un plebiscito convocado por el gobierno y el parlamento en 2018. La nueva Constitución no debe consagrar ningún modelo económico-social particular –que debe ser materia de deliberación periódica y ser definido en el ámbito de la ley y de la gestión pública- y en cambio debe consagrar un Estado democrático y social de derecho, en el que los derechos básicos y las libertades fundamentales sean considerados inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, en concordancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”, en el contexto en que “todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” y en que “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación”). La nueva constitución debe consagrar  la igualdad de género y el derecho de todas las personas a la intimidad sin coerción, la elección de la pareja y la orientación sexual, así como a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos e hijas. Se debe avanzar de una vez al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, incluyendo su autonomía política. La nueva Constitución también debe consagrar el derecho a trabajar, a la educación y a la salud públicas, y demás derechos económicos, sociales y culturales contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile, con reconocimiento del derecho a la libre iniciativa económica y a disfrutar de la propiedad de los bienes que se hayan adquirido legalmente, pero con límite en el interés general y con  indemnizaciones en caso de expropiación, junto a la creación de empresas públicas por ley y el derecho a la propiedad social y cooperativa. Se debe consagrar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección de la biodiversidad, reafirmar la propiedad pública de los recursos del subsuelo y el pleno cobro del valor del eventual acceso privado a su uso sustentable, junto a la consagración del carácter público del agua, de los recursos del mar y del espectro radioeléctrico. Debe reconocer la libertad de cátedra y de investigación y establecer límites a la concentración de los medios de comunicación para asegurar la promoción de la cultura y el pluralismo de las ideas. Estos derechos y deberes fundamentales deben tener mayor estabilidad en su vigencia con la ratificación de eventuales modificaciones  de sus normas por dos legislaturas sucesivas, pero sin reglas supra-mayoritarias de aprobación.

La nueva Constitución debe establecer, a su vez, la representación proporcional en todas las instituciones electivas y el fin a los quórum que dan derecho a veto a la minoría. Debe reformar las instituciones con un régimen semi-presidencial, una convocatoria no restrictiva a referéndums en la definición de las políticas públicas, la iniciativa popular de ley y la obligación de consulta social en su elaboración. Debe consagrar la autonomía regional y comunal en el ejercicio de todas las competencias públicas que no requieran ser ejercidas por órganos nacionales.

En segundo lugar, una nueva coalición debe, frente al ya largo estancamiento desde el fin del ciclo del boom minero, poner en práctica una nueva estrategia de desarrollo basada en la diversificación productiva sustentable. Esto requerirá un fuerte impulso a la innovación y a la investigación y desarrollo (al punto de alcanzar un 1,5% del PIB hacia 2022 desde el 0,4% actual) en los programas productivos estratégicos, incluyendo la universalización de la banda ancha y del acceso a las nuevas tecnologías de la información. La banca pública debe fomentar sistemáticamente el ahorro de las familias y ampliar el acceso al financiamiento de las pymes y de los proyectos innovadores sin historia, acompañada de una regulación prudencial que asegure el cese de los abusos crediticios a los consumidores y la estabilidad financiera. Más ampliamente, políticas antimonopólicas enérgicas deberán proteger a los consumidores en todos los mercados, incluyendo la banca, mientras la tarificación de los servicios básicos debe eliminar las rentas monopólicas indebidas hoy frecuentes.

Las políticas fiscales deben ser activamente contracíclicas y pro-crecimiento sustentable, con un horizonte de déficit fiscal estructural no superior a -1% del PIB en 2022 (desde el -1,7% actual). La tributación de los ingresos personales debe volverse más progresiva, volviendo a la tasa marginal de 50% vigente hasta 1994 –cuando se inició una injustificada rebaja de esa tasa en cada reforma tributaria, primero al 45% en la de 1993, luego al 40% en la de 2001 y al 35% en la de 2014, reflejando la creciente captura del parlamento y el gobierno por los más ricos en Chile- para los tramos de ingresos más altos. Pero a la vez debe terminarse con la extrema complejidad de la tributación a las utilidades de las empresas de la reforma de 2014 e incluir mayores incentivos a la reinversión sustentable y al gasto en capacitación. Un programa de disminución de las desigualdades hace imprescindible establecer, además, un impuesto patrimonial (como el de 1967) en este caso focalizado en la extrema riqueza y que contribuya a financiar un esquema de ingresos básicos garantizados, junto a un sustancial aumento de las regalías mineras, pesqueras y forestales que contribuyan a financiar la diversificación productiva territorial y un impulso a la expansión de Codelco y la creación de una Empresa Nacional del Litio.

Un especial énfasis debe ser puesto en el impulso a la transición a un nuevo modelo energético. Las fuentes renovables no convencionales deben constituirse en la base del crecimiento de la generación eléctrica –junto a un decrecimiento de las energías fósiles- para introducir una fuerte restricción a la huella de carbono, con la meta de alcanzar un 50% de energía limpia en 2022. La ENAP debe transformarse en la Empresa Nacional de Energía y ser parte de la diversificación. Complementariamente debe impulsarse una decidida protección de los ecosistemas y de la biodiversidad, que distinga a Chile en el mundo y valorice su territorio sobre una base distinta a la depredación de sus recursos, con una nueva planificación de la especialización territorial que incluya una ampliación del sistema de áreas silvestres protegidas y el incentivo a las donaciones privadas en ellas.

La nueva estrategia debe incluir un amplio plan cuatrienal de inversiones adecuadamente evaluadas en infraestructuras productivas y sociales, incluyendo nuevos sistemas de transporte público, el desarrollo del transporte ferroviario y un plan de urbanismo integrador que dote a los 200 barrios más desfavorecidos con equipamiento urbano, social y cultural y avances efectivos en la seguridad ciudadana. Los pueblos originarios deberán poder desarrollar sus territorios con capacidades propias en un nuevo acuerdo con el Estado nacional, que incluya en primer lugar un plan especial de inversiones indígenas para 2018-2020.

En tercer lugar, se debe establecer una legislación laboral que haga efectiva la negociación colectiva más allá de la empresa con titularidad sindical, junto a una reforma del despido colectivo con planes de reinserción bajo responsabilidad de la empresa y una extensión hasta un año del seguro de desempleo, acoplado a capacitación  obligatoria y a  programas de empleo temporal. Hacia 2022, el salario mínimo debe alcanzar al menos 400 mil pesos en un programa de incremento progresivo. En la administración pública, un nuevo estatuto debe consagrar el ingreso y desarrollo de carrera mediante concurso anónimo y en igualdad de condiciones para terminar con el clientelismo mediante una carrera funcionaria profesional que detenga el deterioro de la eficiencia pública y elimine la arbitrariedad en los despidos y el sistema de honorarios sin derechos para funciones permanentes en el sector público.

En cuarto lugar, se debe reorientar la reforma educacional hacia un desarrollo decidido de la educación pública, avanzando con rapidez a la gratuidad en el acceso a ella, con efectiva prohibición del lucro en todos los niveles así como de la selección socialmente sesgada. Se requiere fortalecer con urgencia la atención de la infancia vulnerable y separar en instituciones distintas el cuidado de la infancia vulnerada y los jóvenes infractores de ley, La desmunicipalización de la educación escolar pública debe asociarse a nuevas entidades regionales de educación articuladas con el Ministerio de Educación, con un sistema de financiamiento basado en el subsidio a la oferta que fortalezca el desarrollo de los establecimientos y sus proyectos educativos.

Se debe avanzar en 2018-2022 a la creación de un sistema de formación técnica estatal gratuita (incluyendo articular Inacap y nuevos Centros de Formación Técnica estatales en todas las provincias), sin subsidios a las entidades con fines de lucro, y al fortalecimiento de la educación superior estatal, que debe ser totalmente gratuita, vincularse mediante convenios trianuales a objetivos de desarrollo y ampliar su matrícula al 40% hacia el año 2022, sacando del sistema a las universidades con fines de lucro y las que no cumplan con requisitos de excelencia establecidos por una Agencia Estatal de Acreditación.

En quinto lugar, se debe reestructurar el sistema de protección social y terminar con su administración privada parasitaria. Esto supone ampliar el pilar solidario de pensiones (aumentando la pensión básica a 350 mil pesos en un plan progresivo equivalente a un 2% del PIB, desde el 0,7% actual) y crear a partir de 2020 un nuevo pilar público de pensiones contributivas de reparto que dé certeza a las jubilaciones y asegure en el corto plazo mayores tasas de reemplazo del salario, sacando a las AFP del sistema de cotizaciones obligatorias de modo que compitan, como otras entidades financieras, por el ahorro de los chilenos y chilenas.  Se debe además crear un fondo solidario en salud con la cotización obligatoria desde 2020, hacer sólo optativos y complementarios los seguros privados y fortalecer la salud pública. Esta requiere de  inversiones hospitalarias estatales pero sin descuidar la primacía de la prevención y de un nivel primario de atención con mayor capacidad resolutiva y de seguimiento de las enfermedades crónicas, junto a un fuerte programa de contención de la obesidad infantil y de promoción de una alimentación sana con mayores grados de seguridad alimentaria.

En suma, una nueva alternativa de gobierno debe poner por delante un proyecto de sociedad que se proponga afianzar los derechos fundamentales garantizados por nuevas instituciones democráticas, reducir la brecha de ingresos y de condiciones de vida, realizar una  transformación de las relaciones del trabajo y conducir una vasta transición energética y del consumo. La alternativa a la mediocridad inconsistente y al centrismo blando en que devinieron la Concertación y luego la Nueva Mayoría y a la regresión neoliberal de la derecha no es menos que un nuevo proyecto de regeneración democrática y social de Chile.

viernes, 4 de noviembre de 2016

Decantamientos

Columna en El Mostrador

La suerte de pánico que invadió a la coalición gobernante  a partir del 23 de octubre por el incremento de la abstención y el mal resultado de muchos de sus candidatos a alcaldes (atribuibles en importante medida a las propias personas de los candidatos), no le permitió ver que mantenía una consistente mayoría relativa a nivel de voto por concejales, que es más político-partidario que de apreciación de atributos individuales. La derecha sumada obtuvo sólo un 41% del voto (a comparar con el 33% más el 8% del PRI de 2012, es decir lo mismo), las tres listas de la nueva mayoría un 47% (contra un 50% en 2012) y las otras expresiones  un 12% (contra un 9% en 2012). Lo que existió fue una impresionante abstención de 65% y un leve traslado porcentual de votos desde la Nueva Mayoría…pero no a la derecha sino a las expresiones que están fuera de los dos grandes bloques.

Este proceso se desplegó en medio de una crisis de cohesión en la coalición de gobierno, la que no tiene ahora acuerdo sobre lo que tiene que hacer en lo que le queda de administración, lo que ilustra bien la notable votación del 2 de noviembre en la Cámara en la que el ministro de Hacienda no logró un solo voto a favor del reajuste que propuso pues, por primera vez desde 1990, estanca las remuneraciones reales mientras el país crece, junto a dos años de caída de la inversión pública y ningún esfuerzo en I+D. ¿Es el país entero “populista” o no entiende el manejo de restricciones económicas, con excepción de la persona del ministro? Valdés está sobre ajustando la economía y eso es controvertido y controversial. Tampoco hay acuerdo sobre un candidato y programa presidencial  únicos en 2017.

No obstante, la derecha no debiera sacar cuentas alegres. La Nueva Mayoría cuenta con un candidato probado, como Ricardo Lagos (que seguramente logrará el apoyo de las directivas del PPD  y del PS luego del previsible retiro de Isabel Allende, aunque a  sus bases les gustaría tener algo que decir), y con un candidato emergente, como Alejandro Guillier. Pero también con un eventual candidato de la DC que llegue a la primera vuelta y que obligue a los dos primeros a medirse en primarias. Y existirán varias candidaturas de las fuerzas externas a los bloques tradicionales, con el eventual surgimiento de un Frente Amplio que exprese una refrescada vocación transformadora  y la hasta ahora persistente candidatura de Marco Enríquez-Ominami y Roxana Miranda, o equivalentes.  

Este espectro diverso bien puede, en la primera vuelta presidencial de 2017, dejar de nuevo a  la derecha en su 41% de 2016. Y en minoría en la segunda vuelta, especialmente si las fuerzas no derechistas concuerdan medidas programáticas serias de regeneración democrática, destinadas a ser efectivamente cumplidas. No está escrito que Sebastián Piñera volverá a ser presidente.

Lo que sí es abrumador es la carencia de debate programático. ¿Terminará éste por venir desde fueras de los bloques dominantes?

Promover debates ha sido siempre el rol de las fuerzas  críticas del  orden establecido. Frente al agotamiento de los partidos tradicionales, es posible que puedan emerger en los próximos meses nuevos consensos inesperados. Como, acaso, un nuevo consenso republicano más o menos en los términos de Andrés Rosler (en su libro Razones Públicas, 2016): “si usted está en contra de la dominación, no tolera la corrupción, desconfía de la unanimidad y de la apatía cívicas, piensa que la ley está por encima incluso de los líderes más encumbrados, se preocupa por su patria mas no soporta el chauvinismo, y cree, por consiguiente, que el cesarismo es el enemigo natural de la república, entonces usted es republicano, aunque usted no lo sepa”.

Ese republicanismo es   minoritario, pues sigue predominando el simple seguimiento a figuras empáticas o de gesto autoritario, el acomodo a lo existente, o bien la apatía individualista, y ciertamente el chauvinismo ramplón. Pero si llegara a conectar con las preocupaciones sociales, descentralizadoras y ecologistas que se expresan hoy de manera dispersa por el territorio, puede llegar a hacerse mayoritario a través de una plataforma electoral creíble en tanto sea programáticamente seria y autónoma de los poderes tradicionales.


Esos poderes están cada vez más cuestionados porque  mantienen un sistema de representación con un empate político caduco sometido en definitiva a los intereses de la gran empresa, una intolerable desigualdad social y de género, una centralización asfixiante, una discriminación étnica evidente y un gran deterioro de los ecosistemas. Nada de lo que regocijarse como para abstenerse de contribuir a nuevas alternativas republicanas de cambio “en vez de lo existente”.

jueves, 3 de noviembre de 2016

Reajuste y presupuesto: error tras error

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Notable votación del 2 de noviembre en la Cámara en la que el ministro de Hacienda no logró un solo voto a favor del reajuste. Tienen razón los diputados, pues Valdés propuso, por primera vez desde 1990, estancar las remuneraciones reales de los trabajadores fiscales, mientras el país crecerá a 2%. Esto no tiene justificación alguna.
El gasto público crecerá en 2017 muy poco más que el PIB (el gobierno proyecta un incremento de 2,25%... en la ley de presupuestos), lo que es un error, con un déficit fiscal efectivo previsto de -3,3% del PIB. La inversión pública va a caer en un -2,6% (ya lo hará en un -0,5% en 2016) y las transferencias de capital un -5%, lo que implica un sacrificio adicional del potencial de crecimiento, agravado por la ausencia de políticas significativas de incremento del producto potencial, especialmente mediante un mayor y mejor gasto en Investigación y Desarrollo.
Un aumento del déficit fiscal a 4% del PIB, dadas las reservas fiscales disponibles, no provocaría ningún problema macroeconómico, sino que, al revés, estimularía el crecimiento y mejoraría la relación deuda pública/PIB en el mediano plazo.
Hemos llegado a un límite de la arrogancia y, a estas alturas, mero mesianismo, de algunos economistas ortodoxos, que suelen equivocarse en sus diagnósticos y más aún en sus recetas de política económica, pero que se permiten descalificar desde su incompetencia y ausencia de visión los planteamientos fundados de los que no concuerdan con ellos, como si fueran poseedores únicos de la verdad. Sin ir más lejos, estos economistas precipitaron a Chile inútilmente en recesiones en 1999 y 2009 al no hacer operar políticas contracíclicas pertinentes y a tiempo por dogmatismo ramplón puro y simple.
¿Es el país entero “populista” o no entiende el manejo de restricciones económicas, con excepción de la persona del ministro de Hacienda y sus acólitos de la cada vez más irrisoria tecnocracia gubernamental?

viernes, 21 de octubre de 2016

Sobre el principio de responsabilidad política

Años atrás me llamó la atención la lectura de una noticia en la prensa internacional. El ministro del Interior alemán dimitía de su cargo luego de un grave error en un procedimiento policial.

Y su explicación fue que no era culpable del error policial, pero sí responsable del mismo, porque la actividad en cuestión estaba en su ámbito de competencia.

En la lógica democrática, la participación personal en un hecho grave que merezca el reproche público es una cosa. La responsabilidad política cuando ese hecho reprochable se produce en el área de acción de una autoridad, aunque realizado por terceros subordinados, es otra, y debe tener como consecuencia la dimisión del cargo si es de suficiente relevancia.

El cambio de gabinete del miércoles 19 de octubre ha sido inédito, por cuanto se produjo a pocos días de una elección. Los ministros son secretarios de Estado, tanto en los regímenes presidenciales como los parlamentarios, y por tanto son “fusibles” o “variables de ajuste” en función del interés general de largo plazo asociado a la gestión del presidente(a) o del jefe(a) de gobierno apoyado por una determinada coalición. No tiene nada de extraño que se produzcan cambios de ministros en los regímenes democráticos.

Pero es muy poco usual que ocurra a días de una elección. Como también era inédito que se pidiera a un parlamento en receso que legislase precipitadamente a días de unos comicios sobre un cambio de reglas del juego electoral. Y no es de extrañar  que se termine retirando un martes un proyecto de ley que se presentó un lunes, en medio de una gran confusión.

Al parecer la Presidenta decidió el miércoles 19, siguiendo lo que parece ser la adecuada doctrina en la materia antes aludida, hacer efectiva la responsabilidad política de la ministra de tutela de la entidad que parece estar en el origen del problema mencionado, el Registro Civil, que envió al Servel cambios de domicilio no autorizados para fines electorales. La removió del cargo, aparentemente para que los ciudadanos supiesen que, con rapidez y antes de la elección inminente del 23 de octubre, ha existido una reacción presidencial a la altura de la alarma provocada por cambios no autorizados del lugar de votación de un cierto número de ciudadanos.

Lo que se entiende menos es que el principio de responsabilidad política no se haya hecho extensivo a los ministros que evaluaron tan mal la necesidad de legislar a última hora, con un remedio que podía ser peor que la enfermedad. Y tampoco se entiende mucho el reemplazo en simultáneo de ministros que van a reforzar candidaturas presidenciales a más de un año de los comicios. ¿No era que estábamos en la peor crisis del siglo, situación que bien merecía seguir aportando a la gestión gubernamental? O bien el nombramiento de ministros parientes de parlamentarios, sin perjuicio de los méritos de los unos y los otros.

La doctrina del “cada día puede ser peor” parece estar en plena aplicación. Las buenas cosas que ha hecho esta administración, demuestran que se puede avanzar temas importantes, incluso con una coalición de apoyo no muy coherente y con una administración pública afectada en su eficiencia por el clientelismo y la partidización. Existe más de un año para seguir demostrándolo, pues no es bueno para nadie que el actual gobierno fracase en seguir avanzando en una agenda que apunte a resolver problemas que afectan a las mayorías que necesitan de buenas políticas públicas.

jueves, 13 de octubre de 2016

¿Se puede esperar resultados distintos haciendo lo mismo?


El 23 de octubre se realizarán las elecciones municipales e inmediatamente después comenzará a conformarse el escenario presidencial y parlamentario para las elecciones de 2017. El país va a definir un nuevo curso político, aunque la abstención masiva parece ser la tónica, luego de la crisis de legitimidad en que ha caído el sistema de representación con la puesta en evidencia de su captura por el poder económico, mediante –entre otros mecanismos– el financiamiento ilegal de campañas. Pero definición habrá, por amplia que llegue a ser la abstención este 2016 y el 2017.

Se puede discutir mucho sobre la transición iniciada en 1990, pero la alineación de fuerzas para salir de la dictadura y avanzar a la democracia en pasos sucesivos ya no tiene vigencia. Los desafíos de 1988 hace rato ya no son los mismos. Tampoco tienen ya vigencia, aunque hayan permitido avances parciales positivos para la sociedad chilena, gobiernos moderados encabezados por personalidades carismáticas de origen en la izquierda del espectro ideológico para volver a darle credibilidad gubernamental a este sector político.

Menos la puede tener una coalición como la Nueva Mayoría, convocada por la Presidenta Bachelet para dotar al país de una nueva Constitución y realizar reformas políticas, económicas y sociales que, entendía, debían ser profundas.

La mera suma de la ex Concertación más el Partido Comunista dio lugar a una coalición incoherente e ineficaz, en particular porque en su seno predominaron los conservadores activamente opuestos a toda reforma relevante y en especial a las reformas propuestas por el propio programa de Gobierno, junto a fuerzas políticas ocupadas primordialmente de la ocupación clientelística del aparato del Estado.

Una parte decisiva de la actual coalición de Gobierno no quiere una nueva Constitución –la vigente le acomoda perfectamente y combate con vehemencia una asamblea constituyente y toda descentralización efectiva del poder– y cree en “la teoría del derrame” en materia económica y social. En palabras de Jorge Burgos, entiende “el crecimiento como principal instrumento de mayor equidad”, lo que se saluda como clarificación, pero es una manifiesta falsedad: el principal instrumento de mayor equidad es un conjunto coherente de políticas redistributivas, que los conservadores combaten, políticas que de paso suelen contribuir al crecimiento si están bien concebidas y puestas en práctica. Para no hablar de las brutales consecuencias ambientales del crecimiento descontrolado que defienden los partidarios del actual modelo económico y a las que son indiferentes.

El dilema para 2017 es que habrá quienes reiterarán el propósito de dejar atrás el orden neoliberal y sus consecuencias directas, una de las más altas desigualdades del mundo y una depredación ambiental generalizada, y su soporte institucional en la Constitución de 1980. Y, por otro lado, habrá quienes querrán seguir conservando el orden existente o bien se acomodarán una vez más a él a cambio de granjerías burocráticas.

Chile requiere en la próxima etapa de una nueva democracia emanada de la soberanía popular, una economía que se expanda con mayor diversificación productiva e innovación para un mayor dinamismo con respeto al medio ambiente y disminución de la huella de carbono, junto a una reducción sustancial de la brecha distributiva, aquella que la encuesta CASEN 2015 muestra que persiste sin modificaciones significativas.

Decía Einstein que era una locura esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Cualquier fórmula de coalición sin coherencia programática transformadora no hará sino mantener los privilegios existentes sin tocar las estructuras políticas y económico-sociales vigentes que reproducen desigualdad, depredación y concentración del poder.

Estructurar otra vez las decisiones políticas con las actuales coaliciones de Gobierno y oposición será evidentemente garantía de que nada cambie en Chile en materia de democracia, de innovación económica y ambiental y de equidad social y territorial. Las dos coaliciones predominantes mantendrán a Chile en un empate crecientemente catastrófico y profundizarán la peligrosa anomia social que avanza cotidianamente en nuestro país, en buena medida alimentada por la incoherencia entre dichos y hechos de demasiadas autoridades del Estado y del sistema de representación.

El desafío de los que queremos cambios será agruparse con amplitud, generosidad y sobre todo coherencia entre discurso y práctica, de modo de terminar con la actitud de señalizar para un lado y virar para el contrario. Acaso una nueva alternativa de cambio coherente y consistente, y por tanto diferente de la derecha y la Nueva Mayoría, contribuirá a disminuir el actual desprestigio generalizado de las instituciones políticas, sin cuyo fortalecimiento en todo caso no podrá haber mayor prosperidad compartida ni mayor bienestar para todos.

viernes, 26 de agosto de 2016

Foto en la Ciudad de México, en la tumba de Trotsky,

En la Ciudad de México, en la tumba de Trotsky, en la casa en que fue asesinado en 1940 por los estalinistas, con emoción por su legado de resistencia.

martes, 23 de agosto de 2016

Tablero vacío

Columna en Voces La Tercera


La encuesta del CEP recientemente dada a conocer revela un distanciamiento generalizado entre los que responden la encuesta (un 76% de los encuestados, lo que aumenta bastante el margen de error de +- 3% que resultaría, por el tipo y tamaño de la muestra, si la tasa de respuesta fuera completa) con la esfera política, que sufre globalmente de un desprestigio creciente. Se constata una fuerte impopularidad del gobierno y de su coalición, pero también de la oposición, que no recoge en absoluto para sus propósitos el descontento con los primeros. Pocos creen, además, que el país esté progresando.
Estamos sin duda frente a la mayor expresión de mal humor frente a las instituciones políticas de la historia democrática reciente, lo que tiene una causa que parece ser clara e inequívoca: el fuerte rechazo a la corrupción y la percepción de que es generalizada entre la dirigencia política y también entre los funcionarios.
No obstante,  sólo una minoría ha escuchado hablar de coimas en su entorno. Una amplia mayoría se encuentra satisfecha con su vida, aunque exprese preocupación en materia de delincuencia, salud, educación y sueldos (curiosamente la encuesta no pregunta sobre las pensiones  que reciben los jubilados). Además,  una mayoría, aunque menos amplia, expresa satisfacción con la gestión de su alcalde. Esto indica, semanas antes de una nueva elección municipal, que esta dimensión de la vida pública, la administración pública local, no sufre el mismo grado de desprestigio que el parlamento y los partidos políticos.
¿Podrá pensarse en un nuevo comienzo y en el inicio de una recuperación del prestigio de los actores principales de la esfera pública  con la próxima elección presidencial y parlamentaria? Por el momento, a poco más de un año de esa elección, se observa un impresionante vacío. El expresidente Piñera encabeza la lista de preferencias presidenciales, pero reúne sólo un 14%, sólo la mitad que en la misma época en la etapa previa de su elección en 2009. El ex presidente Lagos reúne sólo un 5% de preferencias. Y Marco Enríquez-Ominami iguala al repartidor de banderitas, granjerías y billetes Farkas, con apenas un 3%.
No se había visto en la historia política reciente de Chile una tal desconfiguración del escenario político electoral en una fecha tan próxima a la definición presidencial. Como nunca las opciones presidenciales para 2017 se encuentran abiertas, pues no aparecen aún los candidatos que satisfagan el atributo de honestidad y confiabilidad que hoy privilegian los ciudadanos por sobre todas las cosas, incluso por sobre la preocupación por los problemas del país. Es el precio que se está pagando por la generalizada mercantilización de la sociedad y específicamente la captura, en buena hora puesta en evidencia, del poder político por el poder económico, como nunca concentrado en tan pocas manos. Costará mucho tiempo, esfuerzo y signos de renovación, y desde luego generacional,  para que los dirigentes políticos vuelvan a ser percibidos como personas que no están sometidas a la tentación o al poder del dinero y que se proponen defender intereses colectivos.

viernes, 19 de agosto de 2016

PIB,¿recesión a la vista?

Columna en El Mostrador

Al conocerse las cuentas nacionales del segundo trimestre del año 2016, muchos  medios titularon “PIB acumula un alza de 1,6% en 2016”. Pero entre líneas se lee en la información que “en términos desestacionalizados, el producto interno bruto anotó una caída trimestral de 0,4%”. El lector se preguntará ¿cómo es la cosa?, ¿este ascensor sube o baja?

La serie desestacionalizada del Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central y la serie desestacionalizada del PIB trimestral (que es la información a retener en definitiva), ayudan de manera importante a los analistas a evaluar la coyuntura, pues permiten una apreciación de la evolución de la economía respecto del mes (o trimestre) inmediatamente anterior, pero descontando los efectos estacionales en la actividad. Estos son especialmente notorios en la agricultura y la construcción.

Esto no quiere decir que no tenga sentido comparar el Imacec mensual o el PIB trimestral con su valor de un año atrás para una apreciación de tendencia más larga. Pero esa tendencia puede ser al alza, mientras en el corto plazo la situación puede ir a la baja. Por esta razón es que convencionalmente en las evaluaciones internacionales de coyuntura económica se suele tomar el indicador trimestral desestacionalizado (y además anualizado) del PIB como indicador fundamental, a la vez que se define que una economía está en recesión cuando se constatan dos trimestres consecutivos de caída respecto del trimestre anterior.

El hecho es que cabe hacer notar que el PIB trimestral desestacionalizado de abril-junio muestra una caída del PIB de -0,4% (-1,6% en ritmo anualizado). Esto no ocurría desde marzo de 2010, luego del gran terremoto de febrero de ese año, y desde los dos últimos trimestres de 2008 y el primer trimestre de 2009, que fue cuando arreció la recesión internacional más grande desde la crisis de 1929.

Las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de la época esperaron dos trimestres de caída antes de hacer nada y finalmente lanzaron su plan de estímulo fiscal y monetario, que tuvo buenos resultados, pero tardíos. Ya había ocurrido otro enorme error en la gestión macroeconómica en 1999, cuando el Banco Central, frente a la llamada “crisis asiática”, subió fuertemente la tasa de interés y el Ministerio de Hacienda hizo tres ajustes a la baja del gasto público, consiguiendo un cóctel recesivo que puso en serias dificultades injustificadas al Gobierno de la época.

En suma, en 1999 y en 2009, Chile experimentó caídas anuales de -1% del PIB, con el consiguiente efecto negativo en el empleo y enormes secuelas económicas y sociales posteriores, contrariamente a nuestros vecinos, que no sufrieron recesión. Se trató de errores manifiestos de los conductores de la política económica en Chile, respecto de lo cual, por lo demás, nunca han dado mayor cuenta. Más bien suelen seguir pontificando alegremente acerca de su supuesta idoneidad técnica puesta a prueba por los hechos que sus equivocaciones provocaron.

Desgraciadamente, se puede temer ahora que esté por producirse lo mismo. Tendremos, con una alta probabilidad, una nueva recesión en el futuro cercano si no se reorienta la política económica.

Los factores de riesgo en los meses próximos están vinculados a la eventual acentuación del decaimiento del consumo –influido por una menor creación de empleo y un estancamiento de las remuneraciones reales– y mayores deterioros de la economía internacional. Veamos los temas del contexto internacional: existen incertidumbres en Europa y China y un cierto dinamismo en Estados Unidos. Francia e Italia, las mayores economías de la zona euro tras Alemania, que mantiene una buena salud y sigue creciendo, tuvieron un crecimiento cero entre abril y junio. El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que las perspectivas de crecimiento de China a corto plazo han mejorado gracias a las políticas de estímulo, tanto en materia fiscal como monetaria, pero emitió el 12 de agosto una nueva alerta sobre el rápido ascenso de la deuda, especialmente la corporativa. China, nuestro principal destino exportador, está inmersa en una transición estructural basada en aumentar el peso del sector servicios en detrimento de la industria, reducir la importancia de la inversión pública para dar más protagonismo al consumo interno y bajar la dependencia del crecimiento basado en el crédito.

Si el entorno externo es de incertidumbres pero con crecimiento (las exportaciones crecieron de hecho en 1,2% en ritmo anual en el segundo trimestre, más que en el primer trimestre), estamos en cambio en presencia de una fuerte debilidad de la demanda interna, que creció un 0,9% en términos desestacionalizados respecto del trimestre anterior y en 1,4% en ritmo anual en el segundo trimestre. Pero lo grave es que el consumo de los hogares, que constituye la parte principal de la demanda interna, cayó en -0,4% en términos desestacionalizados en el segundo trimestre, mientras la inversión cayó en -0,8%. Las remuneraciones reales disminuyeron un -0,1% en junio y registraron un crecimiento nulo en el primer semestre.

Con el empleo creciendo cada vez más lentamente (especialmente en la construcción y con pérdidas sustanciales de empleo industrial y minero), junto a remuneraciones reales estancadas, el consumo de los hogares cae. Es el principal componente de la demanda agregada, mientras sus otros componentes, la inversión y las exportaciones netas, no muestran capacidad endógena de compensar esa caída. La probabilidad, en este contexto, de que la economía entre en recesión en los próximos meses es alta. En todo caso, si crece lo hará a un nivel muy por debajo de su potencial oficial (3,7% anual, según el panel de expertos convocados por el Ministerio de Hacienda en 2015 para un horizonte de cinco años, fuertemente ajustado a la baja respecto de años anteriores) y la economía chilena completará tres años creciendo por debajo de su nivel de tendencia.

El Banco Central debiera bajar a la brevedad la tasa de interés de referencia  y el Gobierno debiera estimular el crecimiento de las remuneraciones reales, aumentar el consumo gubernamental y la inversión pública, que inexplicablemente está programada para caer un -5% en 2016. Un aumento en un punto de PIB del déficit nominal no debiera provocar problemas mayores en la calificación del riesgo país y, si los hubiera, parcialmente deben contrastarse con un sustancial aumento del desempleo si se sigue con la política ortodoxa de no utilizar reservas fiscales que se acumularon para eso, para usarlas en los momentos de dificultad.

Entonces, hoy por hoy, los problemas no vienen desde fuera sino desde dentro, en buena medida provocados por la religión de la política fiscal y de remuneraciones (recuérdese el marginal incremento reciente del salario mínimo) restrictiva antes que contracíclica. El ministro de Hacienda argumenta que, si no se mantiene una política fiscal restrictiva, en vez de hacer operar una lógica contracíclica que no se ajusta a sus convicciones ideológicas ortodoxas, podríamos caer en una situación recesiva como la de Brasil. Pero ocurre que es exactamente lo que está haciendo.

Si el error técnico de Eyzaguirre-Valdés es evidente, no mencionemos la magnitud del error político que significa someter al Gobierno y a la Presidenta a una recesión evitable en el preciso momento en que enfrenta importantes dificultades en su gestión.

miércoles, 10 de agosto de 2016

Burgos y el éxito de los boicoteadores

Columna en El Mostrador

En un panel de televisión nocturno en el que se discutió sobre las declaraciones de Jorge Burgos, manifesté que ya se perfila una "coalición chica" que, bajo la tesis del "país descarrilado", buscará  paralizar no solo hoy sino también en el futuro toda reforma política o social de envergadura como las planteadas en el programa de Michelle Bachelet. El diseño de esta coalición supone la participación protagónica de los que han venido trabajando en esa parálisis desde dentro del actual Gobierno, con bastante éxito, pero con el resultado de desestabilizar a tal Gobierno, y de partidos cómplices activa o pasivamente en tanto se les asegure cuotas de poder y privilegios burocráticos.

Los conservadores de la actual coalición gobernante, empezando por Jorge Burgos, confiesan con desparpajo su éxito en impedir que el país se dote de nuevas instituciones a través de una asamblea constituyente y, en tono más bajo, su éxito en morigerar la reforma tributaria o en lograr que la reforma de la educación superior se traduzca en consagrar más y más subsidios públicos a universidades privadas y en mantener en un contexto de mercado a las universidades públicas, es decir, las estatales y pocas más que expresan a comunidades universitarias auténticas.

La propia Presidenta no colabora mucho en recoger las legítimas demandas ciudadanas de dejar atrás las pesadas herencias neoliberales (como el “no al lucro en educación” y “no más AFP”) en nuestra sociedad con varias de sus decisiones, como la de nombrar a neoliberales, cuando no a personas directamente vinculadas al poder económico, en los puestos clave de su Gobierno, y recientemente con su afirmación de que nunca habrá de nuevo un sistema de reparto en Chile.

Esto no se condice con el hecho de que ya existe reparto en Chile a través de la pensión básica y el sistema de pensiones de las FF.AA. y de Orden, aunque contengan privilegios inaceptables, mientras en la propia comisión que ella convocó se consideraron propuestas que incluyen elementos de reparto. A la par, países como Estados Unidos y muchos europeos no tienen en absoluto contemplado otro horizonte que el de consolidar sus sistemas de reparto reformados como alternativa a la incertidumbre e inestabilidad de la capitalización individual, en un contexto de un necesario mayor esfuerzo de ahorro frente al cambio demográfico.

Pero parece que hoy todo vale para satisfacer la amenaza de los poderes fácticos frente a las reformas políticas y sociales bien diseñadas y bien implementadas que la sociedad demanda. Los que no debieran, porque fueron elegidos para expresar una voluntad de reforma, retroceden todos los días ante el discurso conservador y ante los intereses del poder económico concentrado, hoy fuertemente cuestionado por su grotesca intervención en el sistema político a través del financiamiento ilegal de campañas, al que por fin se ha puesto legalmente término a partir de la próxima elección.

Soy de los que ha llegado, después de mucho resistirse pero rendido ante la evidencia de los hechos, a la convicción de que dentro de la actual coalición ya no hay cambios posibles. Los partidos que debieran impulsar el cambio político y social ya no están interesados en realizarlo. Solo están interesados en permanecer en el Gobierno, por sobre cualquier otra consideración, salvo la de ampliar como sea su influencia en los espacios burocráticos. Es, por ejemplo, el caso del PS, el PPD y el Partido Radical, el otrora “polo progresista” (¿alguien se acuerda?), que sociológicamente son ya partidos mayoritariamente de funcionarios,  o bien de aspirantes a serlo, a pesar de los nobles intentos de algunas de sus minorías internas que mantienen determinados valores y principios.

El diseño de Burgos –con rasgos bastante burdos– es que Ricardo Lagos se imponga en la DC con ayuda de su sector conservador, en el PS con ayuda de Camilo Escalona, y en el PPD con la bendición de todos, como restaurador del orden frente a una supuesta crisis de las instituciones y descarrilamiento del país que requiere de un salvador de la patria por encima de los partidos.

Yo trabajé, a mucha honra, con un Ricardo Lagos que tenía un programa transformador a la cabeza de una coalición de partidos y fuerzas sociales que se planteaban ser alternativa a la derecha en un contexto muy difícil, en un Gobierno con sombras pero también con importantes luces. La actual proyección de Lagos en la versión de Burgos, como un nuevo Portales, a muchos no nos identifica en nada.

Nos identifican, en cambio, las nuevas expresiones de izquierda, socialcristianas, regionalistas, ecologistas, feministas, humanistas y progresistas que nacieron en los últimos tiempos como alternativa a la centroizquierda anquilosada y en descomposición. Con todas sus insuficiencias y divisiones, ahí hay al menos voluntad de cambio y de actuar al margen del condicionamiento del gran empresariado y a favor de las mayorías.

Creo que es un deber de los que ya no tenemos roles de primer plano que jugar, pero sí convicciones firmes que sostener, el de apoyar a estas nuevas generaciones y ponerse a su disposición. Vienen realizándose prometedoras articulaciones de un arco de fuerzas que pudiera dar lugar a un frente amplio alternativo a la derecha y la Nueva Mayoría.

En mi caso personal, creo que comprometerse con una alternativa así ya no es compatible, como dije en el panel televisivo, con militar en el Partido Socialista, partido al que pertenezco desde 1985, que hoy es solo un partido más del poder constituido y no un agente de la transformación de la sociedad, aunque muchos de sus militantes desde siempre han trabajado lealmente, y con los mayores sacrificios, por esa transformación. Socialista seguiré siendo siempre, por convicción y en homenaje a los que dieron su vida, aunque alguno de estos días iré a borrarme de los registros de un partido que me cuesta mucho dejar, pero con cuya práctica actual ya no comparto casi nada desde hace mucho tiempo.

En todo caso, no se trata de hacer de decisiones personales materia de discusión, porque lo que hay que discutir son las opciones para el futuro frente a la decadencia y subordinación al poder económico que hoy día definen, con apenas matices, a las dos coaliciones tradicionales que se disputan el poder, y construir una nueva alternativa con lo mejor de las experiencias pasadas y lo mejor de las energías y sueños de las nuevas generaciones.

lunes, 1 de agosto de 2016

¿Los sistemas de reparto están quebrados?

Columna en Voces La Tercera

Hay quienes opinan con gran alarde que los sistemas de reparto están universalmente quebrados y otros con gran propiedad indican que ningún sistema de capitalización individual ha sido revertido. Nada de esto es cierto.
La reversión ha ocurrido en Argentina (sin que el actual gobierno de derecha se manifieste a favor de volver a un sistema de capitalización individual), Hungría y Eslovaquia, mientras Estonia, Letonia y Polonia han reducido su proporción al interior de sistemas mixtos, que usualmente incluyen un pilar solidario de reparto, uno de cotizaciones laborales obligatorias y uno de incentivos fiscales al ahorro. Estos sistemas mixtos son la tendencia más frecuente en la actualidad.
Los sistemas basados en la capitalización individual, especialmente en estructuras laborales heterogéneas y con contratos de trabajo volátiles, garantizan bajas coberturas y escasas tasas de reemplazo respecto a la remuneración en la vida activa reciente de las personas que se retiran, especialmente en el caso de las mujeres.
El envejecimiento demográfico provoca una mayor dificultad de financiar las pensiones bajo el sistema de reparto, bajo el sistema de capitalización o bajo cualquier otro sistema que pueda imaginarse. No obstante, existen sistemas de reparto perfectamente compatibles con este proceso en tanto la carga financiera del pago de pensiones se vaya adaptando a las disponibilidades presupuestarias definidas. El sistema de reparto puede absorber el cambio demográfico: a) ajustando los parámetros (tasa de cotización, años de cotización, edad de retiro, tasa de reemplazo), lo que han hecho casi todos los países que mantienen este tipo de sistema, entre los que se cuenta Estados Unidos y la mayoría de los europeos, o b) estableciendo “cuentas individuales no financieras”, es decir una contabilidad de derechos según cotizaciones acumuladas a lo largo de la vida activa, indexadas por la evolución de la masa salarial (Suecia) o el PIB (Italia). Este sistema da lugar a  derechos pensionales según la trayectoria laboral completa de cada cual y se impiden los tristes e indignantes incrementos de salario de última hora para obtener ventajas a costa de los demás que hemos conocido en estos días, o los que se impusieron para las fuerzas armadas en la etapa de la dictadura militar, o cualquiera otra maniobra que suele presentarse en los sistemas políticos permeables a los intereses particulares mediante el financiamiento privado de la política. Esos derechos son convertidos en renta con un coeficiente que depende de la esperanza de vida de cada generación y del esquema de revalorización de pensiones escogido, prohibiendo la discriminación hombres-mujeres en las tablas de longevidad, o c) estableciendo una pensión uniforme universal a la neozelandesa o canadiense, financiada por reparto a través de impuestos, establecida en este caso como un porcentaje del salario medio. Ninguno de estos sistemas está “quebrado” en absoluto.
En el caso de Chile, un mejor sistema a adoptar sería uno de reparto sustentado en una pensión uniforme universal establecida como un porcentaje del sueldo medio y concebida como un derecho para todos los ciudadanos mayores de 65 años, única manera de lograr una cobertura adecuada en una estructura laboral tan heterogénea y discriminadora contra las mujeres, financiada por impuestos progresivos que amplíen sustancialmente y reemplacen la actual Pensión Básica Solidaria (que cuesta menos de un 1% del PIB, es decir, menos que las pensiones militares), a la neozelandesa, y manteniendo el fondo fiscal de reserva de pensiones para asegurar su sustentabilidad en el tiempo.
Un esquema de este tipo que asegure un 40% del salario promedio actual sería 2,6 veces superior a la Pensión Básica, costaría un 3% del PIB, en circunstancias que por décadas las finanzas públicas debieron absorber hasta un 6% del PIB de gasto fiscal anual en la transición del sistema antiguo al nuevo de AFPs. Por tanto no estamos hablando de nada inusual. Junto a esta pensión universal, se debe estimular pensiones complementarias basadas en cuentas individuales que registren cotizaciones voluntarias -descontadas por planilla al momento del pago por el salario- con aportes equivalentes (con topes) del empleador y subsidios públicos para los pequeños ahorrantes.
En el futuro, las AFP debieran transformarse en entidades que operen en el mercado privado de capitales para obtener los favores de los ahorrantes, sin ya mantener el inusitado y absurdo privilegio de recibir cotizaciones obligatorias. Debiera además permitirse el retiro anticipado de fondos de esas cuentas –en adelante voluntarias– para fines como la adquisición de una primera vivienda, enfrentar dificultades financieras o enfermedades graves, aumentando de ese modo la seguridad económica de las personas que viven de su trabajo.
La idea de que la solución a la baja tasa de reemplazo del sistema actual sea subir la cotización a ser entregada obligatoriamente a las AFP, haría poco por aumentar las pensiones de los chilenos y chilenas, salvo que sea sustancial, con la consecuencia de encarecer todavía más el sistema, y mucho por aumentar aún más las sobreutilidades ilegítimas de las AFP, que simplemente deben terminar, pues existen mediante coerción a costa de los ingresos presentes y futuros de la gran mayoría de los chilenos.
Un nuevo enfoque debe asegurar a toda persona con más de 65 años el derecho a un ingreso igualitario del que vivir –necesariamente modesto pero digno, basado en la capacidad productiva de la sociedad y en las rentas colectivas que genera- por el sólo hecho de ser ciudadano (o residente de larga duración), junto a una atención de salud fuertemente subsidiada y un acceso a bajo costo al transporte, la cultura y la recreación para los mayores.
Debatir la magnitud de ese subsidio financiado por impuestos progresivos, transparentes, sin privilegios de ningún tipo, con montos materialmente viables -para lo que necesitamos una economía de alta productividad e innovación con una base social y ecológicamente sustentable- es fundamental para la sociedad de mayor edad promedio, con relativamente muchos menos jóvenes, que tendremos como horizonte futuro.