viernes, 28 de agosto de 2015

Comedia de equivocaciones


¿Por qué destituyó el gobierno a Francisco Huenchumilla?¿Para dar una señal desde la autoridad a los dueños de camiones y terratenientes de que se actuaría con “mano dura” frente a las acciones de violencia contra propiedades y medios de transporte atribuidas a grupos mapuche en La Araucanía? Si esa fuera la interpretación adecuada, no sirvió de mucho. Escuchar a los dirigentes “multigremiales”de La Araucanía y ver los tuits de Andrés Allamand y las declaraciones de Hernán Larraín nos terminaron trasladando igual, por momentos, al pasado conflictivo del Chile de décadas atrás.

La historia de la República es, contrariamente a la leyenda, una historia con muchos componentes de violencia, incluyendo guerras civiles sangrientas y guerras étnicas aún más sangrientas. Las clases terratenientes tradicionales se constituyeron en base a la ocupación por la fuerza de territorios que no les pertenecían, ya sea por ser parte ancestral de los espacios en que evolucionaron por siglos las etnias originarias o bien por haber sido reconocidos como tierras indígenas mediante títulos otorgados por el Estado de Chile en el siglo XIX, y luego desconocidos o expoliados. Ese es el origen de la violencia actual en La Araucanía: la extrema violencia fundacional del Estado de Chile al servicio de minorías privilegiadas que ocuparon y recibieron tierras para una explotación económica en propio beneficio. Que algunos aún pretendan que la actual violencia atribuida a grupos mapuche -centrada en provocar perjuicios económicos antes que personales, aunque algunos episodios han afectado a personas de un modo que sólo merece una inequívoca condena- se origina en las políticas de restitución de tierras aplicadas desde 1990, es una grave ceguera intelectual y una actitud racista de violencia pura y simple contra los pueblos originarios.

Cuando la Presidenta Bachelet nombró intendente a Francisco Huenchumilla no estaba simplemente nombrando a un “agente natural e inmediato” del gobierno central, como señala la Constitución. Estaba también nombrando a un líder regional representativo, controvertido como todo líder. Al cabo de un año y medio, el gobierno y el nuevo ministro del Interior prefirieron, al parecer, volver a nombrar a un intendente que sea exclusivamente un agente del gobierno central. Es evidente que la destitución de Huenchumilla va a enervar todavía más a aquel segmento juvenil radicalizado del pueblo mapuche que reivindica la creación de una nación que los represente. En suma, un error político de la dupla Burgos-Aleuy.

Ahora bien, no resultó muy edificante la tragicomedia gubernamental de ayer, con un gobierno que amanece con gran dureza contra trece camiones en vez de garantizar su derecho de manifestación pacífica de manera racional, pero que termina diluida en un retroceso total en la noche. ¿Será mucho pedir al Ministerio del Interior un poco de equilibrio entre la mantención del orden público y el derecho a manifestarse, que se podría haber traducido simplemente en autorizar desde el inicio el paso de los famosos 13 camiones, y atenerse a esa regulación legítima en vez de idas y venidas que no ayudan mucho a prestigiar al gobierno? La esperanza es lo último que se pierde.

lunes, 17 de agosto de 2015

Un presidencialismo que no funciona

En Voces La Tercera

La discusión sobre el régimen político que nos rige gira alrededor de un equívoco sobre lo que sería su antítesis, el régimen parlamentario. En nuestra historia se conoce como tal a aquel régimen que funcionó entre la guerra civil de 1891 y la puesta en vigencia de la constitución de 1925, que daba al Congreso facultades para aprobar “leyes periódicas” y censurar ministros, en un juego de influencias de los caciques oligárquicos y sus intereses particulares, condicionando el voto de cada ley en el parlamento. Se trataba más bien de un presidencialismo clientelizado antes que un verdadero régimen parlamentario, que terminó en una crisis política y sucesivos golpes de Estado.

Este modelo tiene poco que ver con los regímenes parlamentarios propiamente tales. En ellos, más allá de sus diversas variantes, cuando un partido tiene mayoría en el parlamento, nombra al primer ministro y debe sostener sus proyectos de ley, especialmente el presupuesto,  bajo pena de que el gobierno caiga en caso de indisciplina de voto y se deba llamar a nuevas elecciones. Es lo que está ocurriendo con Syriza en Grecia en la actualidad, partido que probablemente se dividirá y pondrá al primer ministro Tsipras en minoría en el parlamento griego, que deberá llamar a nuevas elecciones. Cuando se trata de coaliciones, pactan su programa de acción y el contenido específico de los cambios legales que promoverán en la legislatura que es objeto de pacto de gobierno. Si el ejecutivo no reúne mayorías para aprobar las legislaciones pactadas, el gobierno cae, con eventual recomposición de la anterior coalición, la configuración de una nueva o bien la realización de elecciones anticipadas. El parlamentarismo (o el semi-parlamentarismo, con un presidente que puede o no tener mayoría en el parlamento, pero en este segundo caso debe nombrar un primer ministro del partido o coalición mayoritaria en el parlamento, aunque no sea la suya) no es sinónimo de inestabilidad política o de ingobernabilidad. Todo lo contrario.

El régimen presidencial fue criticado hace algunas décadas desde la ciencia política (Linz y otros) como potencial factor de crisis cuando difieren las orientaciones del presidente y del congreso. Hoy se puede mencionar que ese funcionamiento no necesariamente produce crisis sistémicas, pero si crecientemente parálisis gubernamental, especialmente cuando se amplía la distancia en las orientaciones de política del presidente y de la oposición mayoritaria en el congreso, como es el caso de Estados Unidos hoy, que produce frecuentes crisis presupuestarias y parálisis de políticas sectoriales de diversa índole.

En el Chile de hoy la presidenta Bachelet en la práctica no cuenta con una mayoría en el congreso para sus políticas. Una parte de la Democracia Cristiana no comparte ni la filosofía general ni las políticas específicas que la presidenta comprometió realizar en su segundo gobierno. Este grupo ha girado hacia una defensa de enfoques conservadores en la agenda pública y de aproximaciones sistemáticas con la derecha, que producen muy malos resultados de política pública. El ejemplo paradigmático ha sido la reforma tributaria aprobada en el parlamento prácticamente por unanimidad en septiembre pasado, y que hoy no recibe la defensa de nadie, por lo incongruente de la combinación de cuatro sistemas de impuestos a la renta de las empresas y su insuficiente recaudación.

El grupo DC conservador, que entre otras cosas le encuentra grandes méritos a la constitución de 1980, parece tener  la pretensión, como en el seudo parlamentarismo oligárquico de antaño, de determinar con un puñado de parlamentarios la orientación del gobierno y someter a sus socios de coalición y a la institución presidencial a una suerte de interdicción. Esto obligó a la presidenta a señalar en su entrevista del domingo pasado en La Tercera nada menos que “si la lectura hubiera sido que los nuevos ministros llegaron para cambiar el rumbo que la Presidenta defina, hubiera sido una lectura equivocada” y “yo creo que decir que aquí había un giro al centro del gobierno era lo más parecido a un wishful thinking”. Fuertes palabras.

Se ha desatado así una suerte de mini crisis que pudiera escalar, pues se trata de una situación insostenible: o los DC antireformistas se pliegan a lo definido en el pacto original de 2013 o la presidenta renuncia a concretar sus compromisos, con una ruptura más o menos lenta o rápida de su coalición, pero ciertamente con una irritación adicional hacia la dirigencia política de la Nueva Mayoría y de paso hacia el sistema de representación en su conjunto, ya deslegitimado lo suficiente por el financiamiento ilegal de campañas y la pérdida de popularidad de la presidenta.

Hace un año escribíamos aquí que la Nueva Mayoría era una coalición “en el gobierno” pero no “de gobierno”, pues no tiene reglas de funcionamiento que aseguren la estabilidad y coherencia de la acción gubernamental. Es una coalición con pequeñas y grandes discrepancias no zanjadas y acuerdos que no se sabe hasta dónde llegan y si son o no de verdad. En estas semanas hemos visto que ahora incluso se tolera que haya ministros que maniobran día a día contra las orientaciones de la presidenta a vista y paciencia de todo el mundo. Pero este método de gestión política sigue siendo inevitablemente fuente de anomia social y de explosiones disruptivas.

La gran reforma de la política chilena debe de una vez tener como prioridad terminar con el ejercicio de aprobar programas sin intención de cumplirlos porque son inviables, porque no se cree en ellos o porque se declina la voluntad política de llevarlos a cabo en nombre de la resignación seudo realista. El presidencialismo chileno sin un pacto preciso y detallado de gobierno ya no funciona. En vez de cónclaves que no resuelven nada, el gobierno y su coalición debieran abocarse a construir un nuevo pacto hasta 2018 antes de que crezca todavía más el deterioro del sistema político. Porque el nuestro no tiene las válvulas regulatorias propias de los regímenes parlamentarios, como la conformación de una nueva coalición mayoritaria en el parlamento o la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas. Mecanismos que una nueva constitución debiera incorporar para una mejor gestión de los asuntos públicos.

miércoles, 5 de agosto de 2015

El milagro del liberalismo subsidiado

Leemos en la prensa que ninguna empresa del Transantiago -entiéndase bien, ni siquiera una- “alcanza el nivel mínimo de calidad exigido por el gobierno”,  y que se constatan caídas en los índices de frecuencia (cantidad real de buses dispuestos por cada empresa en sus recorridos) y regularidad (cumplimiento del intervalo entre buses de un mismo recorrido). Este es un servicio público regulado por el Estado y profusamente financiado por éste, además del pago de una elevada tarifa por el usuario, pero que no cumple con un nivel mínimo de calidad.

El necesario cambio que debía hacerse al sistema de transportes de Santiago se diseñó sobre la base de dos dogmas: no debía subsidiarse y el transporte de superficie debía dejarse en manos de privados. El primer dogma murió de muerte natural a breve plazo, pero el segundo persiste. Y es un ejemplo emblemático del milagro del  “liberalismo subsidiado”.

¿No tenía acaso más sentido reformar el sistema de transporte público fortaleciendo el Metro (empresa estatal) y ampliando su sistema de Metro-Bus, primero en los grandes ejes viales, y luego en la capilaridad de la ciudad, evitando los sufrimientos del cambio de un día para otro, y el inmenso y creciente costo del sistema para las arcas fiscales sin asegurar calidad? El propio ex coordinador de Transantiago de Piñera, Raimundo Cruzat, declara que el último cambio de contratos, realizado en 2012, pudo influir en el empeoramiento: “los indicadores que teníamos en los contratos antiguos eran mejores que los que rigen hoy -más estrictos- y tenían a las empresas de cabeza para funcionar mejor. Se trató de relajar las multas y penas a la frecuencia y regularidad de buena fe, porque si no quebraban los concesionarios, pero se hace necesario mejorarlos”. Más claro echarle agua. A propósito, ¿se publica rigurosamente las cifras de rentabilidad de las empresas del Transantiago? Porque en el liberalismo subsidiado las empresas están siempre al borde de la quiebra, se fija usted. No vaya a ser cosa que se deje de ganar dinero con semejante sacrificio de servicio a los más pobres.

Un sistema de buses enteramente estatal de calidad, y que prepara su transición a motores eléctricos no contaminantes en plazos breves, existe, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Pongo este ejemplo para que nadie piense que el suscrito es partidario de lo que se hace en Pyongyang. O que su criterio se basa sólo en la experiencia de Paris, Madrid o Berlín, es decir, de ciudades de la “decadente y estatista Europa”  en la visión de los neoliberales chilenos, pero con notables sistemas de transporte público al servicio de los ciudadanos, claro está.

Una situación del mismo orden se presenta en el caso de la actividad privada minera y pesquera. Los recursos que explota no le pertenecen (o al menos eso dice la Constitución vigente, y además lo hace el análisis razonado) y lo obtiene con un pago muy inferior a su valor. Con ello se embolsa lo que la teoría económica denomina una “renta de escasez” y las subsecuentes inmensas utilidades ilegítimas. Bien elaborados “royalties” debieran minimizarlas -o regalías en castellano, pero esto no suena moderno, aplicadas a la extracción de las viejas materias primas, hoy “commodities”-, por ejemplo por encima de márgenes de explotación superiores al 15%.

Pero en Chile recuperar la inversión en un par de años a partir del uso de un recurso escaso que pertenece a todos los ciudadanos no le llama la atención a nadie mayormente. Por ejemplo, en el Congreso, que acaba de votar la mantención de la invariabilidad tributaria a la inversión extranjera, que entre otras cosas garantiza que no se cobre regalías a la altura del valor de los minerales. A propósito, ¿cómo avanza en el Congreso la “agenda de probidad” que debiera prohibir el aporte de empresas privadas a las campañas electorales? No se escucha mucho al respecto.

Y ni hablemos de AFP e isapres, con sobreutilidades permanentes obtenidas al recoger cotizaciones obligatorias impuestas por el Estado (la totalidad en el primer caso, y aquella parte que proviene de ingresos altos, y de jóvenes y sanos en el segundo, si no quieren ir a hospitales públicos subfinanciados). El suscrito defiende desde hace mucho tiempo en esta materia un liberalismo a secas: que AFP e isapres se ganen los porotos compitiendo en el mercado para ofrecer prestaciones complementarias a los usuarios, pero sin recoger cotizaciones obligatorias que debieran alimentar servicios públicos solidarios de pensiones y salud.

¿Es esto Corea del Norte? No, es lo que ocurre en los estados de bienestar occidentales, que se proponen cubrir con sistemas públicos, y lo logran razonablemente, los principales riesgos individuales. Y una palabrita para los bancos: en este sector abundantemente regulado, las utilidades en Chile son muy superiores a las del grueso de los sectores a los que prestan dinero. Las filiales de bancos extranjeros en Chile tienen utilidades muy superiores a las de las casas matrices en los países capitalistas maduros de origen. Curioso. Pero que en todo caso contribuye a explicar el interés de grandes bancos internacionales de comprar entidades financieras en Chile, incluidas AFP.

Ahora se propone extender el liberalismo subsidiado a más universidades privadas. Muchas de ellas presentan una combinación que parece las hace merecedoras de generosos recursos públicos: mala formación, nula investigación y utilidades a través de mecanismos que desvirtúan la ley. Es que atienden a los más pobres, ¿ve usted? Como si los pobres no se merecieran una buena educación.

¿No es francamente más razonable, antes de avanzar a la gratuidad universitaria ampliada, expandir la matrícula estatal, que recibe una fuerte preferencia de los postulantes, empezando por los más pobres? ¿Y establecer con las universidades privadas que deseen recibir más subsidios de todos los chilenos un compromiso de servicio público que asegure pertinencia, pluralismo y excelencia en la enseñanza e investigación? Pero sin limitaciones dogmáticas impuestas, como es el caso, por algún Estado extranjero, porque no nos olvidemos que el Vaticano es un Estado extranjero y las universidades pontificias dependen directamente de él. Lo que no les impide pedir todo tipo de subsidios del Estado laico, pero sin renunciar a cercenar la libertad de enseñanza e investigación y negar el respeto por el pluralismo de las ideas. Es que deben ser “autónomas”, no para financiarse, claro está, sino para hacer lo que quieran, incluida la represión de la libertad de expresión y de cátedra -que es la esencia de las universidades-, con recursos de todos los chilenos.

El punto es que se paga caro servicios públicos incompletos y de baja calidad producidos por privados que obtienen altas utilidades con dineros de todos los chilenos, o que los desvían para otros fines. Y que el Estado se financia sobre todo con el IVA que pagan pobres y sectores medios, con impuestos a la renta que no son suficientemente progresivos (la tasa marginal a la renta ha pasado desde 50% en 1990 a 35% en la actualidad) ni con pago suficiente de los privados por acceder a recursos naturales que no les pertenecen.

Esta es la tendencia creciente en el Chile de hoy: privados que no cumplen con requisitos mínimos de calidad de servicio, pero que se aseguran altas rentabilidades mediante ingentes subsidios fiscales en la actividad de producir servicios públicos que nunca debieran haber salido del dominio gubernamental. Se trata del “capitalismo subsidiado”, o si se prefiere, del “liberalismo subsidiado”. O sea del “modelo chileno”. Ese que además de garantizar una de las mayores desigualdades del mundo, crece en los últimos diez años menos que el promedio de América del Sur. Un verdadero milagro.