martes, 28 de julio de 2015

La paradoja de las reformas

En una encuesta sobre valores sociales que realizamos a principios de año en la Universidad de Santiago se constató que existía una amplia proporción de respuestas afirmativas a la pregunta de si  es necesaria una reforma tributaria (67% de la muestra se mostró a favor), una reforma educacional (86% a favor) y una reforma laboral (80% a favor). Sin embargo, simultáneamente un 43% le puso una nota muy baja (1 a 3 sobre 7) a la reforma tributaria aprobada. Un 45% hizo lo mismo con la reforma educacional en proceso y un 40% con la reforma laboral presentada por el gobierno.
¿Por qué esta paradoja? Por nuestra parte enunciaremos tres tipos de hipótesis para procurar interpretar lo que reflejan estos datos.

La primera apunta a que en la sociedad chilena se estaría manifestando una aspiración mayoritaria genérica a ser un país más igualitario, en la que opera un “principio de satisfacción” orientado a que los procesos distributivos se articulen de una manera en la que la gran empresa y los sectores de altos ingresos paguen más impuestos, los trabajadores puedan negociar en condiciones más equilibradas el reparto de los ingresos que genera el proceso económico, y al mismo tiempo sea posible un acceso más extendido tanto a los sistemas de seguridad social para enfrentar los grandes riesgos como a la educación y al emprendimiento para alcanzar una mayor movilidad social. Este tipo de preferencias son efectivamente registradas en la encuesta USACH y en diversas otras que han realizado preguntas semejantes. Pero cuando la aspiración genérica a una sociedad más satisfactoria es contrastada con procesos de cambio específicos que generan inevitablemente dosis de conflicto, la percepción tiende a cambiar en una parte importante de la sociedad. Esto parece ser especialmente el caso cuando los partidarios de mantener el statu quo y los que defienden intereses creados emiten mensajes de generación de temor que logran su objetivo. La voluntad de cambio -y su sustrato, el “principio de satisfacción”- se transforma en ambivalencia frente a incertidumbres difíciles de sobrellevar y procesar para muchas personas, lo que provoca a la postre la emergencia de impulsos de autoconservación propios del “principio de realidad”. Esto también se evidencia en la mencionada encuesta y en otras cuando se registra una baja apreciación de las reformas que efectivamente se ponen en marcha, aun cuando se siguen deseando en abstracto.

La conclusión es aquí que debe reconocerse la ambivalencia y mantener la voluntad reformadora subrayando sus potenciales beneficios una vez que estén en funcionamiento los nuevos mecanismos.

Una segunda hipótesis, en un plano de interpretación más inmediato, es  que aparentemente una proporción mayoritaria de  la opinión pública considera que las reformas deben hacerse, pero castiga simultáneamente el modo específico en que se han desarrollado, es decir los procedimientos de elaboración en los ministerios respectivos, el tipo de diálogo previo con los interlocutores sociales, la tramitación y debate en el Congreso, así como el tipo de defensa que ha hecho de las reformas el gobierno en los medios de comunicación. La conclusión es aquí que debe mejorarse la gestión política y técnica.

Una tercera hipótesis alternativa es que la impopularidad creciente del gobierno desde el segundo semestre de 2014 terminó provocando un rechazo genérico a sus iniciativas controvertidas, en una especie de saturación de la opinión frente al gobierno –y desde hace bastante tiempo al sistema político en su conjunto, incluyendo al parlamento- que no le permite valorar ninguna de sus acciones específicas, aunque de modo abstracto las considere positivas. La conclusión es aquí que debe reconocerse el rechazo y emitir mensajes de autoridad y de referencia al mandato de origen y a los beneficios futuros en una lógica de “sangre, sudor y lágrimas”.

Cualquiera sea la interpretación que se privilegie, el hecho es que el   gobierno de Michelle Bachelet no ha logrado suscitar una adhesión mayoritaria a la  reforma tributaria (que convengamos difícilmente puede terminar siendo popular ni en éste ni en ningún país del mundo, especialmente cuando su expresión tangible e inmediata fue el aumento del valor de las bebidas, los alcoholes y el tabaco), a la reforma de la escuela –de la reforma universitaria todavía no se sabe mucho- y a la reforma de la negociación colectiva.

Y parece ser que en definitiva el gobierno está optando por replegar la voluntad reformadora, incluyendo ahora aquella referida a la elaboración de una nueva constitución. Se da a entender, con ese estilo tan curioso que cultiva el equívoco por parte de diversas autoridades gubernamentales,  que se quiere postergar para el próximo período de gobierno este tema. Parece ser que ante las dificultades –que recordemos provienen principalmente de la crisis de confianza y legitimidad del sistema político por las revelaciones de sistemático financiamiento ilegal de campañas por grandes grupos económicos, revelando su influencia indebida- las reformas se considerarían  ahora “irrealistas”, cuando no vinculadas al mismísimo pecado, es decir serían “refundacionales”. ¡Como si correr las fronteras de lo posible no fuera la tarea esencial y permanente de la izquierda y también de los partidarios de transformaciones de diverso horizonte que componen la actual coalición de gobierno! Ya lo decía un tal Miguel de Cervantes: “la peor locura es ver la vida tal como es y no como debiera ser”.

Pero, además, no hay nada que sea políticamente más ineficiente y provoque más caídas de adhesión –lo que es válido para todas las organizaciones en general- que la pérdida de credibilidad de los líderes cuando no asumen sus propios compromisos o no explican con claridad, apelando a la inteligencia de los interlocutores, en este caso los ciudadanos, qué circunstancias sobrevinientes impedirían hacerlo. Y por favor, que no se aluda la situación económica que, siendo difícil y desafiante, está lejos de ser catastrófica como la quieren pintar los que nunca han estado de acuerdo con las reformas, ya sea que estén fuera o dentro de la actual coalición de gobierno. Ni menos como para impedir reformas sociales e institucionales razonables y democráticamente puestas en práctica. Si de pretextos se trata, más vale buscar uno mejor, pues pintar de negro la economía más allá de lo razonable no es francamente el mejor método que tienen las autoridades gubernamentales para contribuir a reactivar el consumo y la inversión.      

Esperemos que nada de esto se confirme y sea sólo un mal momento invernal. Si se consagra un giro conservador, sería una triste constatación, pues gobernar no es seguir los estados de ánimo que registran  las encuestas. Gobernar es hacer avanzar el país hacia nuevas etapas, de acuerdo a ciertos valores y convicciones para los que se ha buscado, y en este caso obtenido con claridad, un determinado mandato ciudadano para un período de gobierno y mediante los procedimientos de la democracia. En este caso, el mandato de realizar reformas económico-sociales contra la desigualdad y la elaboración de una nueva constitución que emane de la voluntad de los ciudadanos y no de las armas. De esas armas que en su momento impusieron –el avance del juicio a los militares que quemaron vivos a dos jóvenes indefensos está ahí para recordarnos de qué estamos hablando- el prolongado veto y predominio ilegítimo de los intereses de una minoría oligárquica poderosa. Si una parte de la coalición de gobierno nunca estuvo de acuerdo con el programa comprometido, parece que sí estuvo dispuesta a ocupar altos cargos en el Estado, y de paso impedir, en la medida de lo posible, que se concretasen los objetivos gubernamentales iniciales.

Los que toman decisiones tendrán que considerar que lo que está en juego no es poco: ni más ni menos que mantener o remover anacronismos sociales e institucionales que nos impiden aspirar a ser un país moderno y democrático.

jueves, 23 de julio de 2015

¿Crisis en la economía o ministro de Hacienda contra las reformas?


El crecimiento del PIB perdió fuerza desde el segundo semestre de 2013, en un contexto internacional desfavorable y de exportaciones netas estancadas, Al declinar el ciclo de inversión minera (que pasó de representar un1% del PIB en 2000 a 8% en 2013) y al agotarse simultáneamente los efectos del impulso fiscal de 2009 y el originado por el terremoto de 2010, perdieron dinamismo tanto la creación de empleo como el incremento de las remuneraciones reales. Esto provocó un menor crecimiento del consumo de los hogares en bienes no durables y servicios, mientras el consumo de bienes durables cayó todavía más en virtud de su mayor  volatilidad. Se produjo el fin de un ciclo de adquisición de estos bienes por sectores medios emergentes,  en buena medida en base al endeudamiento, quitando dinamismo a la economía. El principal componente de la demanda agregada en Chile es el consumo de los hogares, lo que suele olvidarse por muchos analistas que sólo consideran las variables externas.
La lógica de espiral recesiva que se anudó pudo ser revertida parcialmente por la política monetaria de abaratamiento del crédito aplicada desde fines de 2013 y por la política fiscal expansiva desde el último trimestre de 2014, junto a un tipo de cambio más competitivo que aumenta las exportaciones netas, pero que al mismo tiempo incrementa temporalmente la inflación e impacta negativamente sobre las remuneraciones reales, manteniendo la desaceleración.
La serie desestacionalizada del Imacec, que permite una apreciación de la evolución coyuntural respecto del mes inmediatamente anterior descontando los efectos estacionales en la actividad, mostró que ésta no mostró variación en abril y también en mayo, luego de caídas de -0,6% en febrero y -0,5% en marzo que habían anulado el incremento del índice de 0,9% del mes de enero. El segundo trimestre terminará con estancamiento o una leve caída. Dos trimestres seguidos de caída  de la actividad configuran una recesión. No estamos aún en esa situación. Así, el Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec) fue un 1,9% más alto en los primeros cinco meses de 2015 respecto de ese mismo período de 2014, es decir se mantiene la cifra de crecimiento del PIB de 2014.
Mientras no se recupere sustancialmente el consumo de los hogares  y la inversión (en construcción y maquinaria y equipos), la economía seguirá languideciendo, salvo que las exportaciones se constituyan en el motor del crecimiento, lo que no ha ocurrido en el último quinquenio (con exportaciones que han crecido menos que el PIB). El precio del cobre ha bajado sustancialmente, y no se espera que se recupere por sobre los tres dólares lalibra antes de 2017. El décit en cuenta corriente, que en los años de mayor expansión de Piñera (2010-2012) se había ampliado peligrosamente hasta cerca de -5% del PIB, ha vuelto al equilibrio a inicios de 2015 como fruto de la menor actividad y del encarecimiento de las importaciones, que entre otras cosas ha contribuido a la caída de la inversión y a que el consumo de los hogares crezca más lentamente.

Crecimiento anual de PIB, remuneraciones reales, empleo, consumo de hogares, inversión (FBCF) y exportaciones, en porcentajes
Año
PIB
Remuneraciones reales
Empleo
Consumo hogares
FBCF
Exportaciones
2010
5,8
2,2
6,6
10,8
11,6
2,3
2011
5,8
2,5
2,9
8,9
15,0
5,5
2012
5,4
3,3
1,8
6,0
11,6
0,1
2013
4,1
3,9
2,7
5,6
2,1
3,4
2014
1,9
2,4
1,4
2,2
-6,1
0,7
2015 (*)
1,9
2,1
1,2
1,6
-1,7
1,4
Fuentes: INE y Banco Central de Chile.  (*) Mayo respecto del mismo período del año anterior para PIB (Imacec) y remuneraciones, trimestre móvil marzo-mayo para empleo y trimestre enero-marzo para consumo, formación bruta de capital fijo y exportaciones.

La política fiscal ha mantenido  hasta hora una lógica contracíclica, pero esto parece hoy estar inexplicablemente en discusión. El balance del gobierno central registró en 2014 un déficit efectivo de -1,6% del PIB, mientras fue de un -0,6% en 2013 y hubo un superávit de 0,6 en 2012.  El presupuesto de 2015 se ha programado con un déficit efectivo de -2% del PIB, que el nuevo ministro de Hacienda actualizó el 6 de julio a  -3% (provocando una importante alarma pública, en circunstancias que hasta mayo la ejecución presupuestaria muestra un superávit) y un déficit estructural de -1,1% del PIB, cuya proyección se mantiene y es en definitiva lo relevante para la política macroeconómica reactivadora. El gobierno iniciado en marzo de 2014 reiteró la orientación contracíclica de la política fiscal, pero el nuevo ministro Rodrigo Valdés, nombrado en mayo, ha sido ambiguo al respecto, aparentemente en base a una visión más pesimista del crecimiento potencial que la establecida hasta aquí por el comité de expertos convocado todos años para el efecto por el Ministerio de Hacienda y por el Banco Central, que en septiembre pasado pronosticó un crecimiento de mediano plazo de entre 4 y 4,5% anual.
En cualquier caso, probablemente operarán en el resto del año mecanismos de “estabilización automática” con caídas de ingresos tributarios que lleven al déficit fiscal efectivo en 2015 más allá del 2% del PIB, empujando la demanda agregada. La pregunta que subyace es, sin embargo, si este proceso será suficiente para reanimar la economía y si no será necesario un mayor impulso fiscal combinado con una rebaja adicional de la tasa de interés de referencia. Recordemos que la crisis global y el terremoto de 2010 indujeron mayores gastos que los previstos (con incrementos del gasto público de 16,5% en 2009 y de 6,6% en 2010) y un sensato déficit estructural fuera de regla, ante la magnitud de la amenaza de recesión, de -3,1% del PIB en 2009 y de -2,1% en 2010. Este déficit se fue reduciendo a -1% en 2011, a  -0,4% en 2012 y a -0,6% en 2013 y 2014.
La situación fiscal chilena es una de las más sólidas del mundo para abordar un nuevo impulso fiscal. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) acumulaba en mayo US$14.487,4 millones, mientras que el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) acumulaba US$7.847 millones. Los Otros Activos del Tesoro Público y el Fondo para la Educación (FpE), registraron saldos de US$2.962,7 millones y US$3.699,2 millones, respectivamente. Los activos del Tesoro Público totalizaron así un 11,6% del PIB. La deuda bruta del gobierno central es de sólo 15,1% del PIB, mientras la deuda neta, gracias a las reservas fiscales acumuladas por la política de balance estructural, es en realidad una acreencia neta de 4,4% del PIB a diciembre 2014. Los activos netos del gobierno central/PIB son hoy mucho mayores que en 1990-2005. La deuda pública/PIB es la segunda más baja de la OCDE después de Estonia. Sería un grave error para el crecimiento y el empleo que el gobierno abandone la política fiscal contracíclica. El gasto público debe seguir determinándose por los ingresos a 5 años (PIB) y 10 años (cobre) y no por los del año presupuestario. No hay razones para que en un año baje sustancialmente la estimación de crecimiento de 4,3% del PIB Tendencial para el próximo quinquenio o de US$ 3,07 del cobre para la próxima década.
La política monetaria debiera volver a activarse, luego de los ajustes por el Banco Central de la tasa de referencia desde octubre 2013 a octubre 2014, cuando dejó la tasa de referencia en 3%, dado el deterioro de la coyuntura desde el segundo semestre de 2013 que no previó,y mantuvo desde entonces una actitud de no innovación. La política del Banco Central ha ayudado a devaluar el peso y mejorado la competitividad del sector exportador y el sustituidor de importaciones, pero debiera ahora contribuir algo más a aumentar la inversión y el consumo en tanto no se avizora que la inflación se acelere en exceso por efecto de la devaluación del peso.

La economía chilena no está en crisis, pero bajó a menos de la mitad su ritmo de crecimiento y languidece en torno al 2% anual en el último año y medio. Si el crecimiento potencial es superior a esa cifra, y nadie ha aventurado que sea menor al 4% en el mediano plazo, entonces la política económica debe actuar para volver al menos a esa senda de crecimiento, con autoridades que sean activas en señalar y sostener un camino de recuperación en vez de ensombrecer inútilmente el panorama. Salvo que su intención sea directamente política, y que la actual autoridad económica haya decidido sumarse a los que buscan, en la oposición y en la coalición de gobierno, detener las reformas, especialmente la laboral,  que la presidenta comprometió ante el pueblo chileno, tal vez porque nunca las ha compartido. Pero el principio de transparencia debiera llevar esta postura antireformista al dominio de la política democrática, en la que se evalúe su pertinencia y legitimidad, y no procurar mantenerla en el dominio de la gestión técnica de la economía, a la que simplemente no pertenece. 

martes, 21 de julio de 2015

Reforma de la educación: la hora de las definiciones




El cambio de ministro de fines de junio dio cuenta de un problema en la gestión gubernamental de la reforma de la educación, sector puesto en una muy alta posición en la agenda pública desde 2011 y marcado como prioritario en el programa de gobierno de Michelle Bachelet. Hoy el gobierno está en medio de conflictos con buena parte de los actores de la educación, lo que parece deberse en buena medida a la ausencia generalizada de definiciones en los fines, medios y plazos del proceso de reforma.
Este proceso, a pesar de las turbulencias y confusiones, no debe -de lo que apenas se habla- perder la prioridad en la infancia temprana, según recalca la literatura especializada. Esto implica la visibilización y proyección del programa de ampliación de la cobertura de salas cunas y jardines infantiles y su reorganización institucional en un solo servicio público que coordine la gestión descentralizada de los establecimientos estatales y la asignación de recursos y control de las entidades privadas sin fines de lucro a las que se encarga participar en esta tarea de interés público.
La escuela pública, por su parte, debe desmunicipalizarse porque la desigualdad y fragilidad de la administración comunal reproducen y amplifican la impactante polarización educativa existente, donde la clase social y el lugar en que se nace siguen marcando los destinos y proyectos de vida. Pero no parece una buena idea crear un centenar de nuevas administraciones educativas autónomas complejas de diseñar, y difíciles y lentas de poner en marcha. Parece más sensato que se transfiera las escuelas municipales a servicios de educación con base regional, con algunas excepciones, de modo semejante a los servicios funcionalmente descentralizados de Vivienda y Urbanismo (15), o a lo sumo de Salud (29).
La fragmentación y carencia de adscripción a un escalón administrativo constituido y formal puede hacer fracasar la reforma de la escuela pública y llevarla a su definitiva marginalización en entidades de las que nadie se hace cargo, frente a un sistema escolar particular subvencionado fortalecido, aunque en adelante sin fines de lucro. Un sistema escolar público que sólo se hace cargo de los niños con más problemas formativos y que nadie más recibe está condenado al fracaso y a la consagración de la discriminación social en la escuela.
Para que esto no ocurra, la educación pública no debe ser financiada por subsidio a la demanda, sino por subsidio a la oferta, es decir asumiendo los gastos de inversión y funcionamiento de establecimientos bien equipados, situados en todo el territorio, y con docentes bien formados y remunerados. Si en el corto plazo esto tiene como consecuencia muchos menos alumnos por profesor en las escuelas públicas, bienvenido sea para aumentar la “calidad” del proceso educativo, si es que esta noción tiene algún sentido, pues lo pertinente es fortalecer los insumos del proceso docente y mejorar los climas escolares con proyectos de establecimiento pertinentes basados en conductas cooperativas y dirigidos por equipos de gestión motivados.
La nueva escuela pública debe construirse con equipamiento de excelencia y una carrera docente que cuente con el compromiso del profesorado, hoy bloqueado por una manifiesta ausencia de voluntad de construir acuerdos por la anterior autoridad educacional y la ausencia de un proyecto movilizador de construcción de una nueva educación escolar pública, lo que ha terminado radicalizando al extremo las posiciones como nunca desde 1990 y fortaleciendo desdenes elitistas y defensas corporativas que se retroalimentan en vez de construir un proyecto común. El estilo dialogante de la nueva ministra parece avanzar por mejor camino.
Por su parte, no debe olvidarse que el sector de educación superior técnica será central para invertir la pirámide educativa basada en el privilegio de la universidad tradicional en el imaginario social. En los nuevos Centros de Formación Técnica estatales, bajo tuición de las universidades públicas, y en las entidades privadas sin fines de lucro acreditadas, muchas de ellas con amplia experiencia, debe llegarse a la brevedad a la gratuidad completa para la matrícula y aranceles de carreras acreditadas. Las entidades y carreras no acreditadas y con fines de lucro no deben recibir subsidios. Aunque en el corto plazo esto aparezca como un enfoque discriminatorio de los sectores de bajos ingresos que allí estudian, el objetivo debe ser salir del caos educativo prevaleciente en el que se la ha otorgado el rol de formar a los jóvenes desaventajados que salen de la escuela a entidades dedicadas al lucro y no a la educación, con competencias institucionales más que frágiles y sin regulación de la pertinencia de las formaciones que ofrecen.
El subsector debe articularse con la educación escolar técnica y con una inexplicablemente postergada redefinición del sistema de capacitación laboral, donde se juega la pertinencia de la formación continua de capacidades humanas en el país y que debe financiarse con una mezcla de subsidio parcial directo a las empresas y una participación privada sectorial a través de un sistema de premios y castigos tributarios ligados al gasto efectivo y con resultados medibles en la formación continua.
En materia de educación superior universitaria no se debe poner la carreta delante de los bueyes, es decir, la gratuidad antes de definir los fines de los distintos tipos de universidades. Se trata de evitar un potencial gigantesco despilfarro de recursos, pues la educación universitaria es cara. La mera antigüedad de las instituciones universitarias no es criterio suficiente para avanzar hacia una gratuidad en el acceso a formaciones de alto nivel. Lo que cabe definir es que la educación superior deje de ser un mercado.
En primer lugar, debe otorgarse roles públicos a las universidades estatales, hoy carentes paradojalmente de toda misión por una supuesta autonomía malentendida, que es en realidad un desinterés gubernamental prolongado hacia este sector estratégico, y financiarlas en función de esos roles. Un nuevo mecanismo debe incluir una dotación de docencia por alumno por tipo de carreras que asegure a la brevedad posible una amplia gratuidad en pregrado –no completa, en ausencia de un sistema tributario que asegure una mayor progresividad en el impuesto a la renta, es decir con un arancel diferenciado por ingresos familiares-, con una duración de carreras que en la mayoría de los casos debe disminuir a cuatro años y con un límite de tiempo excedible para terminar la carrera con subsidio (no más de 30%) y una combinación de becas y crédito subsidiado en los postgrados, así como una dotación para investigación y extensión fijadas en convenios de programación de al menos tres años concordados con el Ministerio de Educación (o mejor aún con un nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación Superior).
Estos convenios deben incluir objetivos de matrícula por área del conocimiento y tipo de formación profesional, es decir con una planificación indicativa de la oferta de carreras. Las universidades estatales regionales deben ser además dotadas de roles específicos en conexión con las estrategias regionales de desarrollo en convenios regionales de programación. El sistema de acreditación de las Universidades Estatales debe reemplazarse por estos nuevos convenios de programación, en los que el Estado asuma una responsabilidad explícita con la mejoría constante de sus universidades en base a objetivos claros periódicamente evaluados.
Una segunda categoría debe ser la de universidades de propiedad no estatal con fines públicos, acreditadas en materia de docencia (incluyendo la exigencia de pluralismo de la enseñanza), investigación (sin limitaciones extra científicas financiadas con recursos públicos) y extensión (sin proselitismo de credo o ideología). La gratuidad debe asegurarse en este espacio para los estudiantes de menos ingresos y complementarse con créditos subsidiados para el resto hasta que no se establezca una progresividad tributaria que haría justificable la extensión a todos, con regulación de los aranceles máximos y con fondos concursables de investigación y extensión.
Una tercera categoría, la de universidades privadas sin fines públicos, debe ser también regulada con acreditación periódica, no recibir subsidios públicos, obligarlas a ser propietarias de los inmuebles que usan y prohibir la terciarización de servicios pedagógicos para evitar transgresiones a la prohibición del lucro vigente en la ley.
La mera idea de gratuidad completa sin redefiniciones institucionales puede, paradojalmente, sólo abrir la puerta a más subsidios regresivos sin contrapartida que beneficien a intereses privados y aumenten la desigualdad de oportunidades, lo que no tiene nada de progresista y contribuye muy poco a una adecuada asignación de los siempre escasos recursos de todos los chilenos que administra el Estado.
Los estudiantes más pobres tienen derecho a recibir una educación gratuita y de calidad en carreras que tengan destino laboral cierto en entidades de educación superior estatales (para lo cual éstas deben aumentar sustancialmente una oferta pertinente de matrícula) o privadas sin fines de lucro que el Estado acredite con estrictez para cumplir fines públicos. Y el Estado tiene el deber de no dilapidar sus recursos transfiriéndolos a privados que se enriquecen con ellos y a estudiantes cuyas familias no pagan impuestos a la altura de su nivel de ingresos. La afirmación de que se debe permitir a los más pobres el acceso a la educación mediante subsidio a entidades con fines de lucro y escasos cuando no nulos fines educativos (porque las becas a los más pobres no son en definitiva sino transferencias a entidades educativas concretas) no es sino demagogia interesada.

miércoles, 8 de julio de 2015

Partidos al servicio de la democracia


A principios de los años noventa, un militante del Partido Socialista con vínculos con el gran empresariado, siendo yo a la sazón secretario general de aquel partido, me preguntó a cuánto ascendía el presupuesto mensual de la organización. Escuchada la respuesta, se sorprendió grandemente por la modestia de la cifra, obtenida básicamente de cotizaciones de los parlamentarios y funcionarios de gobierno, y yo todavía más con su posterior comentario: “con ese presupuesto a este partido, si estuviera  a la venta, se lo podría comprar cualquiera”. Con el correr del tiempo, he recordado más de una vez sus palabras.

Hacia fines de los años noventa, en el PS pudimos construir un sistema de relativa autonomía presupuestaria. Al recuperarse, -después de un largo y tortuoso proceso legislativo- los bienes acumulados por décadas de existencia legal, pero expropiados por la dictadura de Pinochet (que defendía la propiedad privada, con excepción de la de sus opositores), en el PS tomamos una decisión fuerte. No dedicaríamos -sino parcialmente- esos recursos a recomprar locales, por justo que fuese, sino a constituir un fondo cuyos excedentes se utilizaran por mitades a financiar los gastos corrientes del partido y el resto se acumulara para financiar las campañas electorales institucionales.

Esto le ha permitido al PS tener las condiciones para mantener su independencia de los poderes fácticos, lo que es una excepción en el sistema de partidos, y ha ocurrido desgraciadamente sólo hasta cierto punto por la falta de transparencia de la gestión del fondo, el peso creciente del financiamiento individual de las campañas parlamentarias por empresas, y por otras razones, como la tendencia a privilegiar el acceso a la administración del Estado a toda costa, dejando de lado todo proyecto de transformación de la sociedad, aunque esa es harina de otro costal.

Cuando hoy se discute en el parlamento sobre cambios a las normas legales que rigen a los partidos, vale la pena reflexionar sobre los fines del asunto (dicho sea de paso, hace tiempo que se discute cada vez menos en materia de políticas públicas sobre sus fines, a los que deben subordinarse los medios legítimos para alcanzarlos y no ser el centro de la discusión).

La clave es establecer principios orientadores, normas e incentivos en la ley para que los partidos políticos sean cada vez más espacios de asociación voluntaria de ciudadanos alrededor de a) valores sociales; b) ideas sobre la organización de la política, la sociedad, la cultura, la economía y la inserción internacional de la nación; c) la representación de intereses colectivos, y d) programas que expresen lo anterior a través de medidas de política pública formuladas con la mayor pertinencia y coherencia posibles, con las debidas capacidades para elaborarlas y sustentarlas.

Para perseguir estos fines, se necesita un financiamiento que no los condicione o transforme en lirismo irrelevante por ausencia de voluntad de concretarlos. Este financiamiento -como medio para alcanzar los mencionados fines inevitablemente- sólo puede estar constituido por un subsidio estatal de base para todos los partidos legales (que las indicaciones recientes del gobierno proponen establecer), más un componente según votación en la última elección, complementado por aportes de personas (empezando por los militantes, que debieran tener la obligación de hacerlo para ejercer derechos al interior del partido), pero por montos individualmente limitados, de modo que ninguna persona o entidad que exprese intereses particulares –o peor aun, la infiltración del crimen organizado en las instituciones, como se ha producido en partes de Europa, Estados Unidos y diversos países de nuestro continente-construya espacios de poder partidario porque dispone de dinero.

Así se podrá evitar, o al menos morigerar seriamente, la corrupción en los partidos políticos, junto al establecimiento -a cambio de recibir recursos públicos- de una absoluta y detallada obligación de transparencia en sus cuentas y en sus compromisos con grupos de interés. A su vez, para evitar el tráfico de influencias a través de los partidos políticos, cabe consagrar la extensión de las normas de penalización del cohecho y soborno a estas entidades.

Otro objetivo es combatir el clientelismo y el nepotismo caudillista. Uno de los medios para obtenerlo es establecer en los partidos la readhesión periódica obligatoria de sus miembros (en Europa suele ser anual), mediante mecanismos simples hoy facilitados por las redes sociales e Internet, junto al cumplimiento de requisitos de participación en el debate de ideas y los procesos de formación de militantes para ejercer derechos internos como la elección de autoridades partidarias o candidatos a instituciones públicas representativas.

Nunca más debe haber militantes que en realidad no lo son, sino  que se inscriben o son inscritos para votar por caciques locales a cambio de granjerías, en el mejor de los casos al club deportivo, centro de madres o junta de vecinos a las que pertenecen; o peor aun, a cambio de la promesa de beneficios individuales a través de subsidios estatales o simplemente  a cambio de la clásica entrega de bienes o pago de favores. Todo esto no es -en mi caso- análisis abstracto, sino referencia a hechos observados, y en su momento denunciados, y debe ser erradicado mediante prohibición expresa y sanción, tanto en el caso del que entrega como del que recibe dinero, especies o promesa de posiciones o favores a cambio de votos en las elecciones internas de los partidos políticos.

La política partidaria transcurre en la sociedad y sobre todo en la esfera del poder público, y por tanto se ejerce con frecuencia más que como adhesión y lucha por un proyecto de sociedad, como debiera ser, sino como constante búsqueda de acceso individual o grupal a la administración estatal y sus recursos. La lucha por el poder en general, y por el poder político en particular, suele desencadenar las partes más oscuras de la condición humana, siendo el nazismo y el estalinismo europeos, las dictaduras militares latinoamericanas y de otras latitudes, y las dictaduras teocráticas o ideológicas, su expresión moderna más palpable y en diversas dimensiones expresión intolerable de tiranía y horror.

Se requiere, en la esfera del poder político más que en otras, de controles, división de poderes y  regulaciones fuertes y claras que entre otras cosas tipifiquen y castiguen los delitos políticos y electorales -en lo que el proyecto de ley en discusión se queda corto- como condición de construcción de una sociedad civilizada y democrática. Y de modo contingente, para iniciar la recuperación de la legitimidad perdida de la membrecía a partidos políticos y de la representación ciudadana a través de ellos.

Se podrá trabajar así en mejores condiciones para recuperar la función esencial de los partidos políticos, la de organizar, canalizar y ejercer la participación democrática y la deliberación racional sobre los asuntos públicos. La ausencia de sistemas de partidos políticos o su desprestigio social y descomposición progresiva por la influencia del dinero y del clientelismo, termina siempre por consagrar el individualismo negativo generalizado, la personalización caudillista de la política, la degradación y oligarquización de la democracia, y finalmente la decadencia y conflictividad aguda de las sociedades.

martes, 7 de julio de 2015