La crisis de legitimidad democrática
Publicado en Voces La Tercera
No es aventurado afirmar que a
estas alturas estamos en presencia de una verdadera crisis de legitimidad del
sistema político. Los que deben gobernar y legislar aparecen para la mayoría de
los ciudadanos -mezclándose el antiguo sustrato autoritario pinochetista contra
los “políticos” con el contemporáneo rechazo al clientelismo y el oportunismo,
que incluye la subordinación a intereses privados de muchos representantes
políticos- como sólo sirviéndose a sí mismos.
Los hechos son contundentes para
extender este tipo de interpretación: se constatan mecanismos naturalizados de
especulación, abuso de usuarios y corrupción, junto al ahora visibilizado
financiamiento ilegal generalizado de campañas por grandes empresas, lo que
permite presumir un fuerte control del sistema político por intereses
económicos y corporativos. Es doloroso hacerlo, pero se debe constatar que
muchos de los que gobiernan y legislan están representando -en mayor o menor
medida- a poderes empresariales o sectoriales y no a quienes los eligieron para
defenderlos en el tratamiento en la esfera pública de los temas que les
preocupan cotidianamente: sus condiciones de empleo, salarios y sus pensiones,
atención de salud, condiciones del transporte, de la vivienda y del entorno
urbano, así como el presente y futuro de sus hijos a través de la educación y
la expansión de oportunidades económicas, como también el legado ambiental a
las nuevas generaciones.
La representación política se
encuentra hoy enturbiada en su sentido básico de canalización racional de las
aspiraciones y opciones mayoritarias. Se acentúa la reacción colectiva, que se
viene constatando -desde el punto de vista de la participación electoral- al
menos a partir de 1997, mediante un alejamiento generalizado de los ciudadanos
de la esfera pública. Probablemente no pasará en el corto plazo nada
catastrófico en la sociedad chilena –aunque la naturaleza está siempre
poniéndonos a prueba-, pero los síntomas de una descomposición de la vida en
común están a la vista: anomia y percepción generalizada de injusticia de la
situación personal y familiar, no respeto de la ley, repliegue en el interés
privado y en el individualismo negativo (cuando no en las adicciones),
violencia cotidiana, avance del narcotráfico y del gran delito. Sus
consecuencias serán severas en el mediano y largo plazo, y llevan hoy a
confusiones inaceptables, como cuando un subsecretario del Interior
-supuestamente de izquierda- plantea la receta del estado de sitio frente a la
violencia (lo que revela un carácter autoritario y su falta de idoneidad para
ejercer el cargo en un régimen de libertades democráticas, en mi opinión).
Frente a esta perspectiva
peligrosa de descomposición social, es tarea de la esfera política reaccionar
para relegitimar y fortalecer la democracia como forma de gobierno, aunque sea
a estas alturas sumamente tardía, dada la rigidez y miopía mostrada por la
derecha en la defensa de las oligarquías que representa y el oportunismo de
parte del centro y de la izquierda, que renunció a defender los intereses de
las mayorías y se acomoda a un sistema de privilegios. Lo que está en juego es
ampliar las bases de un régimen de libertades y de promoción de la igualdad de
derechos y oportunidades, en el que todos los sectores y grupos sociales sean
parte legítima y reconocida, y no sólo pequeñas oligarquías. Régimen a partir
del cual -en tanto alternativa a los autoritarismos de diverso signo- se
aborden las tareas del fortalecimiento de la productividad y de la eficiencia
económica, sin desligarlas de la sustentabilidad social y ambiental del
desarrollo, y que son las que permiten dar respuestas de largo plazo a las
preocupaciones cotidianas de los ciudadanos antes mencionadas.
Atacar una crisis de legitimidad
de esta envergadura no tiene muchas variantes. Sólo cabe recurrir a la fuente
primaria de la legitimidad democrática, que no es el sistema de partidos, no
son los parlamentarios ni representantes regionales y locales, menos aún es el
poder económico o el poder religioso; es el pueblo.
El problema del sistema político
actual tiene su origen en una dictadura que lo entendió como concesión
inevitable, pero sólo bajo la forma de una “democracia protegida” que
permitiera mantener el dominio del poder económico oligárquico reconstruido
entre 1973 y 1989. Las enmiendas parciales y sucesivas desde entonces,
valiosas, no han estado en condiciones de superar esa falta de legitimidad de
origen, y simplemente ya no lo harán. El gobierno debiera reaccionar, tomar la
iniciativa y someter al Congreso una reforma constitucional que permita la realización
-en 2015- de un plebiscito en el que los ciudadanos se pronuncien por mantener
la actual Constitución y sus mecanismos de reforma, o bien por la elección de
una asamblea constituyente, que en caso de ser aprobada por el pueblo y
elegidos nuevos representantes, redacte de manera pacífica y civilizada una
Constitución legítima que sea luego plebiscitada hacia fines de 2016.
Mientras, el gobierno y el
Congreso debieran avanzar en las reformas a la educación y a la negociación
colectiva que ha propuesto la Presidenta Bachelet, y preparar junto a diversos
otros temas del programa de gobierno, las reformas a los seguros privados de
salud y a las pensiones, que han sido o están siendo trabajadas por comisiones
asesoras. Y además debieran abordar los temas que están en juego para separar
la política del dinero y terminar con la clientelización del Estado, que son
los componentes inmediatos de la crisis del sistema político.
En materia de financiamiento de
la política, se debe legislar para, entre otras cosas, disminuir
sustancialmente los límites del gasto electoral; restringir la publicidad en la
vía pública; prohibir el aporte de personas jurídicas; limitar el aporte
privado y mantener el carácter anónimo sólo hasta 20 UF por demanda del donante
y publicidad a las de monto mayor a 20 UF, con límite; invalidación de la
eventual elección a cualquier cargo de elección popular si se infringen los
límites de gasto y llamado inmediato a una elección complementaria; ampliación
de la titularidad de los denunciantes y de la prescripción por transgresión a
la legislación electoral.
En materia de tráfico de
influencias, se debe reforzar la ley de lobby, publicitando detalladamente la
identidad y representación de intereses de los que concurren a audiencias o se
comunican por cualquier vía con autoridades, y su eventual aporte previo a
campañas electorales o partidos, e impedir de ese modo que la ley de lobby sea
eludible vía llamado telefónico y correo electrónico. Se debe prohibir la
militancia en partidos políticos de los lobistas. Se debe ampliar los sujetos
obligados de la ley de transparencia a todos aquellos que puedan incidir en las
decisiones públicas. Se debe realizar una ampliación sustancial del plazo de
prohibición (cinco años) para que ex funcionarios opten a un empleo en empresas
reguladas.
En materia de profesionalización
de la función pública, el legislador debe disminuir drásticamente los cargos de
exclusiva confianza, y distinguir los que requieren requisitos técnicos y
profesionales, y los que no los requieren, pues deben expresar por sobre todo
un compromiso con la realización de un programa comprometido ante los
ciudadanos (como ministros, subsecretarios y jefes de determinados servicios,
junto a restringidos equipos de asesores de confianza). Se debe fortalecer las
normas objetivas de acceso a la administración pública, privilegiando los
concursos anónimos de oposición, y llevar la carrera profesional hasta el nivel
de jefes de división y departamentos y equivalentes, mediante calificaciones
objetivas y concursos anónimos de oposición, creando un sistema de movilidad
horizontal entre las plantas de los diversos servicios públicos.
El actual Sistema de Alta
Dirección Pública debe remitirse a ser un procedimiento de certificación de
cumplimiento de requisitos y habilitación para el nombramiento de determinados
cargos. Se debe, además, establecer un procedimiento de justificación detallada
en la ley de presupuestos de los cargos a contrata que superen el 20% de la
planta funcionaria, junto con eliminar los honorarios como modalidad de
contratación de personal en la administración, que se presta tanto para el pago
de remuneraciones desmedidas a cercanos, es decir, el clientelismo puro para
algunos, y para la mayoría la precarización de sus derechos como trabajadores.
Como se observa, la agenda
pública está especialmente recargada. Razón adicional para no seguir
retardándola y rindiéndose frente al peso del conservadurismo.