martes, 15 de diciembre de 2015

El legado de Douglas Tompkins


No todos los dueños de empresas se guían exclusivamente por el afán de lucro, o en todo caso algunos de ellos están dispuestos a canalizar sus ganancias o su patrimonio hacia fines distintos que la mera acumulación indefinida de capital. Por ejemplo, en estos días nos hemos informado que el joven dueño de Facebook, Mark Zuckerberg, donará el 99% de sus acciones a una fundación cuya finalidad será “avanzar en el potencial humano y promover la igualdad del ser humano”. Sin perjuicio de la tarea de largo plazo de terminar con la insostenible concentración global del capital de la que somos testigos en la actualidad, tan bien descrita por Thomas Piketty en su libro “El Capital de Siglo XXI”, hay actores de esa concentración que actúan individualmente redistribuyendo su patrimonio para fines colectivos. Uno de los precursores de este enfoque fue Douglas Tompkins, fallecido recientemente en un accidente en el magnífico lago General Carrera.

En una reunión privada con funcionarios territoriales a fines de los años noventa, expresé lo que siempre ha sido mi opinión: no cabía sino saludar que un inversionista extranjero, como Douglas Tompkins, viniera a Chile no a depredar nuestros recursos naturales sino a conservarlos. Grande fue mi sorpresa cuando se produjo una reacción contraria bastante virulenta de algunos de los presentes, que yo pensaba compartían un enfoque que consideraba de sentido común, que la vida se encarga de enseñarnos que es el menos común de los sentidos. Eran autoridades de las regiones de Los Lagos y Aysén. Su argumento era que para Chile tenía poco sentido conservar el bosque nativo para placer estético de extranjeros ecologistas en vez de promover el empleo para los habitantes de las regiones involucradas. A las personas de que se trata les tengo aprecio y consideración, pero les argumenté que el suyo era un punto de vista respetable, aunque en mi opinión errado. Y así lo sigo pensando.

Que una persona ocupe su fortuna obtenida en una exitosa actividad comercial transnacional para proteger nuestros bosques nativos del sur, luego de haberse enamorado en su juventud de estos impresionantes parajes naturales, de los pocos cuasi impolutos que quedan el planeta tierra, y tenga la convicción de que deben conservarse para las nuevas generaciones, me parece encomiable. Y ciertamente mucho más respetable que destruir el bosque nativo y los paisajes naturales, y en general nuestros recursos naturales, por afán descarnado de lucro, oponiéndose en nombre de la sacrosanta inversión privada a aceptar siquiera una contrapartida tributaria razonable.

Tuve ocasión de conocer a Tompkins cuando el presidente Ricardo Lagos me encargó, siendo subsecretario de la presidencia, hacer avanzar la creación del Parque Nacional Corcovado. Lo recibí entonces en mi oficina de La Moneda con otras autoridades. Venía vestido informalmente con una mochila al hombro con sus materiales y mapas a defender sin pelos en la lengua (lo que seguramente irritaba a más de algún burócrata público) una donación al Estado que al Presidente Lagos le parecía digna de ser atendida. La discusión partió con gran rudeza, pues Tompkins se quejó de lo absurdo de las múltiples trabas de diversas autoridades administrativas, pensando que iba a encontrar una defensa de ellas. Se sorprendió al encontrarse con lo contrario, es decir la opinión formal del gobierno de buscar destrabar racionalmente los obstáculos para que se concretara la donación y se conformara el Parque Nacional Corcovado. Como seguía argumentando en contra de la hostilidad de la que había sido objeto, le relaté el encuentro en el que años atrás se había hablado negativamente de él y le señalé mi interpretación: un país que se construyó desde la etapa colonial en base a la depredación humana y ambiental iba a encontrar múltiples  resistencias a un enfoque de desarrollo sustentable y a la conservación del patrimonio natural. Y que se necesitaba un cambio cultural, pero que estos son siempre lentos. Le recalqué que si él quería persistir en su enfoque de proteger los ecosistemas asociados al bosque templado chileno, iba a tener que resignarse a encontrar muchos escollos y prejuicios. Pero no, en todo caso, en la cúpula del gobierno de la época.

Tompkins finalmente donó 84.363 hectáreas al Estado de Chile para, en combinación con otro inversionista ambiental estadounidense y con tierras fiscales y del Ejército, establecer en 2005 un parque público de acceso gratuito de una superficie de 209.623,84 hectáreas, en uno de los parajes más hermosos del planeta, el que quedará por su iniciativa y tenacidad -y la decisión del presidente Lagos- resguardado para las futuras generaciones.

Tiene razón el actual director de la Corporación Nacional Forestal, Aarón Cavieres, cuando señaló a raíz de la muerte de Douglas Tompkins que fue “una de las personas que más colaboró en los últimos años a aumentar la superficie destinada a la protección de la biodiversidad en Chile”, resaltando “que junto a las iniciativas privadas que tuvo, como el Parque Pumalín, se debe destacar su aporte a la creación, a través de donaciones de tierras, de dos parques nacionales del Estado, como son los Parques Nacionales Corcovado y Yendegaia”, pues “ambos parques nacionales son reservorios de biodiversidad de enorme valor, con especies de flora y fauna que están con problemas de conservación”. El Parque Nacional Yendegaia, en la Región de Magallanes se concretó también más tarde por la donación de la fundación de Tompkins de 38.780 hectáreas, lo que permitió conformar un espacio protegido total de 149.747 hectáreas.

En opinión de Tompkins, “los parques nacionales representan la cúspide de las áreas protegidas, entregando la garantía más sólida de una conservación a largo plazo. Ofrecen un conjunto incomparable de atributos ecológicos, valor cultural y beneficios económicos a las comunidades locales. Los parques son una de las herramientas de conservación más antiguas y duraderas, y definitivamente las más conocidas y queridas”.

Se criticó a Tompkins por supuestamente “atentar contra la soberanía”. Simplemente nunca fue cierto, pues su plan fue adquirir tierras, gestionar la creación de parques con primero modalidades privadas o a través de fundaciones sin fines de lucro, pero siempre con el objetivo final de entregarlas al Estado bajo el esquema de Parques Nacionales, en combinación con aportes de tierras fiscales por parte del gobierno. Se le criticó hostilizar a los pobladores locales o impedir la construcción de caminos, cuando en realidad buscaba comprar tierras para  proteger zonas lo más amplias posibles, lo que en su opinión era la única manera de proteger la biodiversidad que se despliega en superficies naturales extensas, procurando minimizar razonablemente la intervención humana. Recorrí hace dos años a título privado en vacaciones –con Tompkins sólo estuve en la ocasión relatada, pues mantengo la opción personal de no vincularme para ningún efecto que no sea institucional con grandes empresarios- el Parque Pumalín y el Valle de Chacabuco y me consta que él, Kristine McDivitt y su fundación han sostenido la reorientación del empleo de los habitantes originales hacia labores de conservación y no su desplazamiento.

CONAF, junto a otras entidades de Gobierno, estaba trabajando en la actualidad con Douglas Tompkins y su fundación para futuras donaciones de terrenos que permitieran la creación de nuevos parques nacionales que se integren al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. En el corto plazo es posible que nuestro país no sepa reconocer su aporte decisivo a la preservación del patrimonio natural. Pero con seguridad lo harán las futuras generaciones.

jueves, 12 de noviembre de 2015

Coalición y presupuesto

Publicado en voces.latercera.com

El presupuesto es la expresión práctica de las opciones y prioridades de la política gubernamental. El síntoma más nítido de que una coalición de gobierno no está funcionando adecuadamente es cuando los parlamentarios oficialistas no aprueban el presupuesto o partes sustanciales del presupuesto que presenta el gobierno al que pertenecen al parlamento, y más aún cuando esta conducta responde a la actitud oficial de algún partido y no sólo a las relativamente inevitables indisciplinas individuales.

Las dificultades en la aprobación de los no poco importantes presupuestos de salud y de educación superior que se evidencian en la actualidad tienen dos orígenes.

El primero parece ser el excesivo peso del enfoque tecnocrático que se ha adueñado del ministerio de Hacienda en la elaboración del presupuesto y la pretensión de extender su campo de acción a la definición de la totalidad de las políticas públicas. Le corresponde al ministerio de Hacienda establecer los límites del gasto público global (aunque el monto definido para 2016 sea discutible, pues debiera ser mayor dada la debilidad de la actividad económica de modo de ampliar y no inexplicablemente restringir su carácter contra-cíclico) y de las grandes líneas de su composición (aunque, por ejemplo, la decisión de Hacienda de hacer caer el gasto en inversión pública en 2016 no parece la más adecuada cuando la inversión privada se mantiene débil). Aunque todo presupuesto es en este aspecto y en todos los aspectos debatible –por eso se discute anualmente en el parlamento- es razonable que el poder ejecutivo, como es el caso en Chile desde los años treinta del siglo pasado, tenga la exclusividad en la determinación de los topes de gasto para asegurar una política económica coherente.

Otra cosa bastante menos razonable es que el ministro de Hacienda ostente una voluntad mesiánica de determinar por su cuenta y riesgo de manera restrictiva el gasto global por razones ideológicas, provocándole al gobierno perjuicios políticos y un daño a la recuperación económica. Y tampoco es razonable que además pretenda determinar en el detalle las opciones de política de cada ministerio y programa público. Hoy en Chile muchos ministros son solo voceros de políticas que se deciden en Teatinos 120, cuyos habitantes no están tocados por ninguna varita mágica que los haga portadores de la eficiencia en la asignación de recursos, pues suelen remitirse más al statu quo que a innovar, lo que es un problema para un gobierno que se declara reformista. El problema en salud no parece ser tanto de montos como la intención del ministro de Hacienda de imponer la discutible modalidad de concesión de hospitales antes que su administración directa, que es con buenas razones la opción de las autoridades sectoriales de salud. A varias de ellas parece no haberles quedado otra opción que renunciar frente a la pretensión de imponerles una política que no comparten, entre otras cosas porque saben que incendiaría el sector. El problema parece estar signado por el tema de a quien responden los actores de la política pública (su “constituency” como dirían los anglosajones): en este caso los unos a los usuarios de los sistemas de salud pública, es decir los ciudadanos, el segundo a los dogmas de los organismos de los que proviene y a los que seguramente se reintegrará una vez terminado su paso por el gobierno.

El segundo origen del actual problema de aprobación parlamentaria es la verdadera compulsión de una parte del PDC, y en ocasiones de otros partidos, por hacer notar lo que denominan su “aporte”, que suele tener que ver en algunos casos con intereses corporativos empresariales. La defensa a ultranza de los subsidios a la demanda en las políticas sociales o la negativa a fortalecer la capacidad negociadora del mundo del trabajo, que recordemos es la esencia del enfoque neoliberal en la materia, no es sólo una opción intelectual: se mezcla con muy concretos intereses instalados en la “provisión privada de bienes públicos” o en los directorios de los que forman parte sus cercanos. Si esos intereses privados logran transformarse en política oficial de un partido, entonces no es de extrañar que surja un problema severo para el gobierno. El PDC representa no más de un cuarto de la actual coalición de gobierno, y hay entre sus representantes quienes quisieran hacer valer esa proporción como si fuera mayoritaria y establecer un poder de veto sobre el gobierno. Y algunos llegaron a hablar imprudentemente de “liderazgo ministerial”, aludiendo al ministro del Interior, alternativo al liderazgo presidencial.

Así, el tema se origina tanto en el interior del gobierno -y en la falta de aptitud de algunos de sus principales miembros para el diálogo constructivo conducente a acuerdos sociales y parlamentarios- como en la pretensión de un sector minoritario de la coalición de imponer sus puntos de vista al resto. Como no existen los mecanismos propios de los sistemas parlamentarios que resuelven estas crisis disolviendo el parlamento y convocando nuevas elecciones, entonces sólo cabe para salir del embrollo el ejercicio legítimo de la autoridad presidencial.  Esta debe poner tanto límites a las pretensiones de su tecnocracia de reemplazar al gobierno y cercenar sus capacidades de construir gobernabilidad a los procesos de gestión pública, como al mismo tiempo indicar al sector minoritario de su coalición que no tiene un poder de veto y que en el extremo esa pretensión puede inevitablemente y por la fuerza de las cosas conducir a su salida de los cargos del ejecutivo, pues no se puede querer estar simultáneamente dentro del gobierno y votar en contra de sus legislaciones principales comprometidas ante la opinión pública y además en contra de su presupuesto.

jueves, 29 de octubre de 2015

El precio de la inacción

Publicado en El Mostrador

La actual orientación ortodoxa de la política económica plantea dos problemas con el crecimiento.

En primer lugar, deja de poner énfasis en el esfuerzo de inversión pública. Esto disminuirá el crecimiento de corto plazo y el crecimiento potencial. En economía hay muchos debates, pero nadie sostiene que la expansión de la infraestructura no sea un factor importante en el crecimiento –incluso economistas muy conservadores como Robert Barro presentan cálculos favorables de esta variable sobre el crecimiento en el largo plazo–. El esfuerzo público en investigación y desarrollo sigue además languideciendo, en un contexto en que el gasto en I+D total apenas alcanza el 0,4% del PIB –contra un 3% en Japón, por ejemplo–, concentrado pasivamente en una I+D pública frecuentemente alejada de la innovación en procesos y productos y de la diversificación productiva, ni se prevén cambios a la facilidad tributaria que permite a las empresas descontar impuestos por este concepto en una modalidad que no hace sino sustituir gasto privado por público.

La literatura económica reciente subraya –como Mariana Mazzucato en su texto El Estado emprendedor de 2014–que las nuevas tecnologías de mayor impacto en diferentes sectores –desde Internet hasta el sector farmacéutico– tienen su origen en una inversión de un Estado activo y que asume riesgos. Nada de esto se escucha en el discurso de las actuales autoridades económicas y, sin embargo, es decisivo para estimular el crecimiento en las nuevas condiciones de un tipo de cambio competitivo para exportaciones y actividades sustituidoras de importaciones. Nada se escucha, por ejemplo, sobre un fuerte plan que acelere la transición energética hacia energías renovables no convencionales competitivas, que tienen en Chile un reconocido potencial, salvo referencias genéricas para el 2050. Para el consenso económico ortodoxo actual en Chile, el Estado debe ser “realista”, es decir, pasivo y punto.

Las grandes inversiones innovadoras requieren tiempo y paciencia, y no miradas centradas en el corto plazo y en temores infundados, que llevan a la ceguera de la política económica unidimensional consistente en “bajar las expectativas”. Con este enfoque, no nos extrañemos de que el crecimiento sea crecientemente mediocre en Chile, poco diversificado y ambientalmente poco sustentable. Sin políticas activas, seguirá, sin más, sujeto al ciclo del cobre.

En segundo lugar, incluso con “expectativas rebajadas”, la economía crece en el corto plazo actualmente menos que su potencial –definido por el Banco Central como el crecimiento compatible con la ausencia de presiones inflacionarias– y que su nivel de tendencia, que a su vez ha sido recientemente recalculado a la baja. El Banco Central revisó en su Informe de Política Monetaria de septiembre de 2015 su estimación de crecimiento del PIB de mediano plazo de la economía chilena (cinco años) a 3,5%, inferior al 4-4,5%% de hace un año y al 5% en los años previos. El panel de expertos del Ministerio de Hacienda también revisó bruscamente a la baja el producto tendencial para los próximos cinco años –de 5,0% en el presupuesto de 2013 a 4,8% en el de 2014, 4,3% en el de 2015 y 3,7% en el de 2016–, aunque las diferencias varían entre 0,9% y 1,4%, según los años entre el valor menor y el mayor proyectado por los 16 economistas consultados. Los valores extremos son a su vez desechados. No parece ser este un procedimiento demasiado científico, pero es sabido que tanto la meteorología como las proyecciones económicas no son una ciencia muy exacta. La economía no lo será nunca porque evalúa fenómenos de alta complejidad que no admiten modelaciones simplificadoras.

El hecho es que la economía chilena ha estado creciendo en los últimos dos años por debajo del nivel de tendencia, lo que no es precisamente una constatación de pericia de los conductores económicos, a los que al menos les es exigible no hundir a la economía en una larga secuencia de crecimiento inferior al que permiten los recursos disponibles. Así, dado el crecimiento proyectado de 2,25% para este año y si se considera el nuevo PIB tendencial, la brecha de producto de 2015 sería de 2,0%, en vez de la 4,1% que se obtenía al utilizar el PIB Tendencial estimado por el Comité reunido en 2014. Una brecha de ineficiencia de la política económica reducida a la mitad mediante bastante artilugio estadístico, pero de todos modos demasiado alta para un país que necesita crecer, y además hacerlo en condiciones de redistribución del ingreso y de sustentabilidad ambiental.

Las grandes inversiones innovadoras requieren tiempo y paciencia, y no miradas centradas en el corto plazo y en temores infundados, que llevan a la ceguera de la política económica unidimensional consistente en “bajar las expectativas”. Con este enfoque, no nos extrañemos de que el crecimiento sea crecientemente mediocre en Chile, poco diversificado y ambientalmente poco sustentable. Sin políticas activas, seguirá, sin más, sujeto al ciclo del cobre.
Dada la profunda integración de la economía chilena a la economía mundial en el plano comercial, financiero y de inversiones, el sector externo, y especialmente las exportaciones de cobre, seguirá impactando negativamente en dos de las tres fuentes de dinamización de la economía por el lado de la demanda, es decir, la inversión –por la relevancia de la inversión minera, que representa directamente un tercio de la inversión total– y las exportaciones, siendo la tercera el consumo público y el de los hogares. En efecto, la situación internacional mantiene fuertes elementos de incertidumbre y son más débiles las compras de cobre por China, mientras el consumo interno viene cayendo en los últimos dos años. Reactivar la inversión y el consumo es una tarea crucial de la política económica.

Pero los datos coyunturales no repuntan. El segundo y tercer trimestre de 2015 han sido de estancamiento económico. La serie desestacionalizada del Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec) del Banco Central, mostró una caída de -1% en agosto, luego de un flojo 0,1 % en julio. Los dos trimestres finales de 2014 y el primer trimestre de 2015 habían presentado una tendencia a la recuperación de la economía que dio pie a una percepción de que la política monetaria de rebaja de tasas hasta 3%, la devaluación que favorece al sector exportador y sustituidor de importaciones y la política fiscal expansiva estaban logrando un manejo del ciclo y detener la desaceleración. Los resultados del Imacec desestacionalizado en el segundo y tercer trimestre –hasta agosto, último dato disponible– muestran un deterioro de la actividad productiva, empujada a la baja por la industria manufacturera y la minería. El consumo interno tiende a su vez a estancarse y la inversión no repunta. Esta evolución aún no registra efectos en el empleo, aunque sí en los salarios reales, lo que contribuye adicionalmente a enfriar la demanda interna.

La tendencia que marca la coyuntura es entonces una demanda interna sin dinamismo, con una paridad peso/dólar al alza que ha encarecido la inversión, impactado en la inflación y en los salarios reales, a lo que se suma una caída de las exportaciones que aún no reaccionan ante el aumento de la competitividad cambiaria en un contexto internacional incierto.

Entre enero y septiembre, el peso se ha depreciado en relación con el valor promedio del dólar en 2014 en 12,2%. Respecto al año 2011, el año de mayor sobrevaluación del peso por el alto precio del cobre, la caída es de 32,2%. El impacto de la devaluación sobre los precios ha sido importante pero parece atenuarse. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó en 0,5% en septiembre, menos que el 0,7% de agosto, y en 4,5% en ritmo anual, medio punto porcentual menos que el ritmo anual de agosto. El menor ritmo de actividad ha actuado como moderador del traslado a precios internos del aumento de los precios de los bienes importados en pesos. La baja de la inflación anual debiera inducir al Banco Central a no endurecer su política monetaria en los próximos meses, lo que comprometería la recuperación de la actividad económica. Esperemos que la ortodoxia no cometa nuevas insensateces en materia monetaria.

El Presupuesto 2016 presentado el 30 de septiembre por el Gobierno al Congreso está inspirado en la idea de generación de confianza empresarial sin mantención del impulso fiscal. El Gobierno optó por no utilizar más intensamente las reservas fiscales de que dispone y por disminuir la intensidad de la política contracíclica, mientras el Banco Central aumentó en 0,25% la tasa de interés de referencia en octubre. El gasto público crecerá en 2016 un 4,4% respecto a lo que se estima será el gasto en 2015, cerca de la mitad del incremento de 2015 y menos que el crecimiento previsto de los ingresos (4,8%). El Gobierno prevé que el déficit efectivo será de un -3,2% del PIB –con un componente cíclico de -2% del PIB– y el déficit estructural de un -1,3% del PIB en 2016.

El crecimiento del gasto público debe ser congruente con un déficit estructural del presupuesto razonablemente sostenible para mantener la estabilidad fiscal de largo plazo y permitir a la vez financiar un fuerte plan de inversiones en infraestructura. El ministro de Hacienda Rodrigo Valdés se propone bajar el déficit estructural en 0,25% por año en los próximos tres, para alcanzar hacia el final de la administración actual en 2018 un déficit estructural de 0,8% del PIB, lo que hace que el déficit efectivo compatible con una meta inferior de déficit estructural sea más bajo. El ministro Valdés cree que de esta manera da señales de austeridad que aumentan la confianza de los agentes económicos, con el costo de hacer operar con menos intensidad el rol contracíclico de la política fiscal y comprometer el esfuerzo de inversión del Gobierno.

El gasto en inversión va a caer en -4,7%. El presupuesto de 2016 no ayudará a mantener un fuerte programa de infraestructura que incida en la reactivación de la economía en el corto plazo y aumente el crecimiento potencial en el mediano y largo plazo. La gran preocupación de la actual autoridad económica no es alcanzar rápidamente el crecimiento potencial sino el deterioro eventual de los coeficientes de endeudamiento neto fiscal, que sin embargo tienen aún importantes holguras que se cuentan entre las mayores del mundo. Si esas holguras se usaran en mejorar el potencial de la economía, mediante inversión física y en capacidades humanas, no solo no generan un problema de estabilidad fiscal sino que permiten el estímulo sustentable del crecimiento. Este presupuesto no contribuye a ese fin al descuidar la inversión en infraestructura y al no impulsar el crecimiento del gasto en investigación y desarrollo.

viernes, 16 de octubre de 2015

Una triple inconsistencia democrática


En la propuesta constitucional de la presidenta Bachelet se advierte un acertado diagnóstico y una triple inconsistencia democrática. El acertado diagnóstico es que la actual constitución ”tuvo su origen en dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre una mayoría, por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía”.

Uno esperaría una respuesta acorde con el diagnóstico. Pero desgraciadamente se observan importantes inconsistencias democráticas.

Se advierte una primera inconsistencia democrática en el proceso propuesto de elaboración de una nueva Constitución. La Presidenta Bachelet plantea realizar entre marzo y octubre de 2016 diálogos ciudadanos en las comunas, pero no se sabe convocados por quién, ni para discutir qué ni decidir sobre qué asuntos constitucionales. Pero apliquemos al máximo el principio de la buena fe y supongamos que todo esto se resuelve y se realiza un rico proceso de debate en la base. Cabría entonces preguntarse: ¿cuál sería el paso siguiente? Respuesta de la Presidenta Bachelet: “partiremos por las comunas, seguiremos por las provincias y regiones, para terminar con una síntesis a nivel nacional. Y el resultado de estos diálogos serán las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución que me serán entregadas en Octubre del 2016”. ¿Quién va a hacer la síntesis y con qué criterios? ¿Aplicando el principio de mayoría, mayoría conformada de qué manera y dándole qué destino a las posiciones de minoría? En suma, ¿cómo se procesarán las diferencias? Al parecer eso lo determinará un Consejo Ciudadano de Observadores que “acompañe el proceso y dé garantías de transparencia y equidad”. Eso sí, nombrado por la Presidenta.

Se trata de un ejemplo de lo que el politólogo Pierre Rosanvallon llama “cesarismo presidencial”, contradictorio con lo que desde la Grecia antigua se ha inventado para hacer vivir la democracia y los principios del autogobierno, mediante los mecanismos de la democracia directa (en términos modernos, en ausencia de posibilidad práctica de reunir una asamblea de todos los ciudadanos,  con el pronunciamiento libre de cada ciudadano a través de referendum) o la democracia representativa (eligiendo representantes que merezcan confianza a los ciudadanos en condiciones de pluralidad), aplicando en ambos casos el principio de mayoría. Ninguno de estos probados mecanismos democráticos será empleado, de acuerdo a la propuesta de la presidenta Bachelet, sino un misterioso proceso aparentemente a cargo del mentado “Consejo Ciudadano de Observadores” compuesto por “un grupo de ciudadanos y ciudadanas de reconocido prestigio, que permita dar fe de la calidad del proceso”. Se nos propone que las bases de una nueva Constitución emanen de un procedimiento indefinido a cargo, no ya de un grupo elegido por los ciudadanos en virtud del libre pronunciamiento democrático, sino de personas de “reconocido prestigio” que aseguren “la calidad del proceso”. Por mucho que uno trate de encontrarle el sentido democrático a semejante fórmula, es difícil encontrárselo. Y es difícil no confirmar una percepción: sigue rondando el viejo elitismo oligárquico que desconfía de la capacidad de decisión del pueblo. Conclusión: se nos propone un mecanismo no democrático designado desde arriba para nada menos que elaborar las “Bases Ciudadanas” que se transformen “en un proyecto de nueva Constitución”.

Pero no nos equivoquemos: todo esto tendría unos límites, pues se plantea que el proyecto de nueva Constitución deberá recoger “lo mejor de la tradición constitucional chilena” y “estar acorde con las obligaciones jurídicas que Chile ha contraído con el mundo”. ¿Incluye “lo mejor de la tradición constitucional chilena” la defensa del derecho ilimitado de propiedad, como han insinuado los grandes empresarios que estuvieron con la Presidenta en el CEP?

En suma, la Presidenta va a presentar un proyecto de nueva Constitución al Congreso “a inicios del segundo semestre de 2017” con un mecanismo cesarista dirigido desde arriba que no incluye democracia directa ni democracia representativa. ¿No hubiera sido más simple, transparente y legítimo comunicar que la Presidenta, que proviene de la soberanía popular y de las urnas, luego de un amplio proceso de consulta sobre el que sin embargo mantiene la responsabilidad, le propondrá al Congreso una nueva Constitución? El Gobierno se haría, como corresponde, directamente responsable de un proyecto constitucional, en vez de convocar a un proceso supuestamente participativo a cargo de terceros nombrados desde arriba, es decir algo así como la externalización de la responsabilidad propia ante los ciudadanos.

La segunda inconsistencia democrática es que la Presidenta plantea, en vista que el Congreso no tiene previsto en su normativa la tramitación de una nueva Constitución, sino sólo reformas con un quórum de dos tercios,  enviar al Congreso a fines de 2016 (¿antes o después de la elección municipal?) un proyecto de reforma de la actual Constitución que modifique los procedimientos de reforma. Pero no para que el próximo Congreso, por primera vez electo sin sistema electoral binominal, decida qué hacer en materia constitucional, incluyendo el proyecto de nueva Constitución de la Presidenta Bachelet, sino para que decida sólo entre cuatro alternativas predefinidas. ¿Es consistente con los principios democráticos que una Presidenta y un Congreso que ya no van a estar en ejercicio condicionen una reforma constitucional que decida un parlamento recientemente emanado de las urnas? Claramente no lo es. No se observa por qué razón el próximo Congreso debiera decidir en base a criterios del ejecutivo y parlamento que ya no ejercen un mandato de los ciudadanos, que en democracia simplemente cesan al cumplirse sus períodos de vigencia.

Se ha instalado entre nosotros una curiosa idea: los gobiernos actuales deciden lo que tienen que hacer los gobiernos futuros (por ejemplo en materia tributaria o educacional), lo que ahora se quiere extender al parlamento. Es necesario controvertir esa idea incongruente y afirmar que es del todo razonable que el parlamento que entre en funciones en marzo de 2018 pondere qué decide en materia constitucional, sujeto a los quorum exigidos por la normativa que se encuentre vigente, la actual o bien ojalá una modificada que permita que se exprese el principio de mayoría, que es lo único que puede establecer el actual parlamento para las legislaturas que le siguen.

La tercera inconsistencia es proponer que las reformas constitucionales se realicen con tres quintos de los votos del futuro parlamento, lo que la Presidenta Bachelet considera una “razonable mayoría”. El problema es que esta proposición es contradictoria con un principio democrático que, sin ir más lejos, estuvo vigente en Chile hasta la Constitución de 1925: no debe entregarse en democracia un poder de veto a una minoría y no se debe mantener normas supramayoritarias al margen de la soberanía popular. Otra cosa es procurar el más amplio consenso posible en materia de reglas del juego comunes a los actores políticos y otra es entregar un expreso poder de veto a una minoría, lo que es la esencia del proyecto constitucional de Jaime Guzmán. ¿La idea no era salir del dominio oligárquico consagrado constitucionalmente para establecer una democracia en forma?

Al parecer seguimos errando el camino por ausencia de convicción democrática sostenida, y por sometimiento inconducente a los dictados de la “realpolitik”. Y si algún partido de la Nueva Mayoría sostiene que debe mantenerse el veto minoritario sobre las instituciones, es bueno que lo diga abiertamente y asuma las consecuencias ante los ciudadanos de esa posición.

Un camino institucional coherente para una nueva Constitución es que el poder ejecutivo solicite al parlamento, poniendo a los ciudadanos como testigos cuantas veces sea necesario, acompañado de las fuerzas políticas que estén dispuestas a hacerlo, que traslade el poder constituyente que actualmente detenta – con el candado de una mayoría de dos tercios para las reformas a la Constitución actual – directamente al pueblo. Y que el pueblo se pronuncie sobre si quiere mantener la actual Constitución y sus mecanismos de reforma o bien prefiere elegir una asamblea constituyente que redacte una nueva carta magna, que sea luego sometida a plebiscito, o cualquiera otra fórmula digna de ser sometida al parecer de los ciudadanos.

El punto central que no se puede seguir escabullendo es la definición básica: ¿pertenece o no a los ciudadanos el poder constituyente?

viernes, 25 de septiembre de 2015

Postura de Chile tras el fallo de La Haya

Hemos escuchado incansablemente, por parte de la mayoría de los analistas y juristas chilenos sobre los temas de las demandas peruana y boliviana contra Chile en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que la mayor instancia jurídica internacional debe fallar en derecho -lo que es una obviedad (¿qué tribunal no falla a sus ojos en derecho?)-, y que por tanto sólo le cabe aceptar la posición chilena, lo que los hechos han desmentido una y otra vez. Tanto en el caso peruano sobre límites marítimos, como en el caso boliviano sobre admisibilidad de la demanda sobre obligación de Chile de negociar una salida soberana al mar, la Corte no le ha dado la razón a la parte chilena.

Caben dos posibilidades: o la Corte no falla en derecho y mantiene una animadversión arbitraria hacia Chile –en cuyo caso hay que denunciar a la Corte Internacional y salirse del Pacto de Bogotá de 1949 que Chile suscribió y que compromete a los países suscriptores a que los diferendos de límites se diriman por la vía jurídica en la Corte Internacional de Justicia como alternativa a la guerra entre naciones- o los analistas y juristas chilenos de marras están equivocados.

El autor de estas líneas no es jurista, pero procura razonar más allá de lo que digan o  no las opiniones convencionales o las encuestas frente a los hechos de la esfera pública. Y el primer razonamiento que se le ocurre hacer es que el propio nombre de la Corte Internacional indica que está para impartir justicia, y no para aceptar sin más los argumentos de alguna parte demandada según la cual su posición sobre límites no admite controversia y es intangible, como ha sido invariablemente la posición chilena y que manifiestamente no convence a nadie. ¿Es menester recordar que este camino lleva sólo a una conclusión, la de terminar a la larga sustituyendo la diplomacia por la guerra? ¿Y que la Corte Internacional de Justicia procura establecer soluciones justas para las partes involucradas en controversias territoriales que eviten la solución de la guerra?

En el caso de los límites con Perú, Chile debe actuar -luego del fallo sobre límites marítimos- dando por cerrado el tema de la frontera norte, lo que Perú formalmente no cuestiona. Aparentemente sólo permanece una controversia sin resolver que involucra el llamado “triángulo terrestre” de 3,7 hectáreas de arena al borde del mar, aunque es posible que permanezca como trasfondo la conjetura según la cual la subyacente postura peruana es la de mantener conflictos de cualquier índole en vistas a procurar recuperar soberanía sobre Arica en algún momento en el futuro.

Esta postura no es expresamente formulada por la diplomacia peruana, aunque fue insinuada en su respuesta al acuerdo de Charaña de 1975 cuando puso como condición para aceptar un pacto entre Chile y Bolivia que permitiera a nuestro vecino acceder al mar en condiciones de soberanía en la frontera sur del Perú, que se estableciera un área territorial bajo soberanía compartida entre los tres países, aunque aceptaba la cesión de una franja desde la frontera boliviano-chilena hasta el tramo de la carretera Panamericana que une Tacna y Arica.

En el caso de Bolivia, lo sensato frente al reciente revés en la Corte, es tomar iniciativas unilaterales constructivas. En vez de denunciar el Tratado de Bogotá y poner todo tipo de dificultades, como les gustaría a los chauvinistas irredentos, nuestro país debe facilitar aceleradamente el libre tránsito establecido en los tratados entre Chile y Bolivia en todos los aspectos, lo que ayudaría grandemente a mejorar nuestra imagen internacional, hoy bajo la sospecha de ser un país militarista y obtuso.

Esa imagen que transmite Chile no predispone a juez o gobierno alguno a escuchar con benevolencia la posición chilena sobre intangibilidad eterna de los tratados emanados de guerras de conquista, y a poner el tema dónde debe estar: en la negativa de Perú de aceptar una presencia boliviana en su frontera sur. Recordemos lo señalado en el acuerdo de Charaña, en la versión del ex embajador Demetrio Infante: “la propuesta chilena era un corredor de aproximadamente siete kilómetros al sur del Punto de la Concordia y era un corredor que no solamente daba playa, costa, mar, sino que unía hasta Bolivia mismo. Además le entregábamos el aeropuerto de Arica, pues quedaba en la franja, pero bueno, se tasaba y se entregaba. También le entregábamos el ferrocarril Arica-La Paz, por lo que había que valorarlo y cobrar un justo precio por ello”. Esto se acompañaba de la construcción de un túnel para el tránsito de personas y mercancías entre Chile y Perú.

Si la dictadura de Pinochet estuvo dispuesta a hacer estas cesiones de territorios chilenos, con una  compensación equivalente de territorios bolivianos, la democracia chilena del siglo XXI debe estar dispuesta a entregar unilateralmente facilidades de libre tránsito mayores a las pactadas hasta ahora con Bolivia, aunque el tema de la soberanía quede en suspenso mientras el Perú se niegue a otorgársela a Bolivia por el único lugar por el cual es concebible una salida soberana al mar para este vecino país. Nadie debe tener dudas sobre el hecho que es impensable, y un eventual factor de permanente inestabilidad futura, cualquier partición del territorio chileno en dos a través del antiguo territorio boliviano, lo que seguramente Bolivia está en condiciones de admitir.

Chile no debe seguir en la ofuscación, la negación y el nacionalismo estrecho, sino manifestar claros signos y expresiones de voluntad de ayudar a Bolivia en todo lo que esté en sus manos para superar su situación de enclaustramiento y ser un factor de contribución a la integración latinoamericana, haciendo posible a la brevedad el más completo libre tránsito de los bolivianos, incluyendo nuevas facilidades de transporte y logística en la franja al sur de la línea de la Concordia.

Nuestros pueblos tienen muchos otros temas de los que preocuparse que de eternos conflictos de fronteras agitados por gobernantes preocupados de ganar popularidad interna antes que de avanzar en el desarrollo común, que es lo que debiera interesarnos como nación moderna con vocación de progreso.

viernes, 4 de septiembre de 2015

Lecciones del caso Rossi

En Voces La Tercera

El senador Fulvio Rossi decidió suspender su militancia en el PS luego que reconociera que pidió a SQM que financiara candidaturas municipales de su preferencia. Esto admite al menos dos reflexiones.



La primera es que avanza en el PS la doctrina según la cual cuando uno de sus miembros es objeto de investigación judicial fundada, cabe suspenderle la militancia. Y si se establece una verdad judicial que pruebe la existencia de acciones reñidas con la ética pública, se debe proceder a la expulsión del partido de la persona involucrada. Desgraciadamente el Tribunal Supremo del PS no esperó en el caso de Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos que se pronunciara la justicia y estableció un veredicto -sin publicidad- de expulsión del partido. En el caso de Rossi, el buen procedimiento debiera implicar ratificar la suspensión de militancia por el tribunal interno, sin pronunciarse sobre el asunto de fondo hasta que la justicia ordinaria dictamine si se ha cometido o no delitos o faltas contra la ética pública.



La segunda reflexión es de fondo. El senador ha declarado que pidió estos recursos a SQM porque esa era la regla del juego. Aunque la legalidad de la petición está siendo indagada por la fiscalía, la pregunta que los ciudadanos de a pie seguramente se hacen, porque es de sentido común, es si este tipo de financiamiento por empresas privadas (y en este sentido da lo mismo si se trata o no de un pariente de Pinochet, de empresas privatizadas durante Pinochet o de empresas nacionales o extranjeras sin ninguna de estas características) condiciona la conducta y el voto de parlamentarios o autoridades locales electos por el pueblo a la hora de tomar decisiones que involucren intereses de sus financistas.



La respuesta obvia es que se debe presumir que  nunca una empresa privada otorga donaciones por  amor al arte. O lo hace para influir en las decisiones públicas a su favor, o para mejorar su reputación frente a interlocutores críticos. Las empresas privadas no son la Cruz Roja. Y menos si la donación es a un parlamentario en particular, para fines particulares. Distinto es si un partido político pide financiamiento a empresas para financiar sus campañas, pero a la larga el partido en cuestión también puede quedar condicionado por intereses particulares, salvo que las donaciones sean muy diversificadas y provengan de entidades con intereses contradictorios. Pero esta puede ser una figura muy poco frecuente y difícil de establecer.



Para todos estos temas existe una solución: construir una muralla china entre el financiamiento de la política y el dinero empresarial. La legislación debe avanzar a la brevedad en este sentido, de modo que en 2016 ya esté plenamente vigente la prohibición absoluta del financiamiento de campañas electorales o de partidos por empresas y la pérdida inmediata del escaño por quien o quienes se hayan beneficiado de financiamientos de este tipo. La ley debe calificarlos como tramposos y contrarios al ordenamiento democrático, pues en las decisiones de los órganos públicos debe prevalecer el interés general por sobre el interés de toda corporación económica.


viernes, 28 de agosto de 2015

Comedia de equivocaciones


¿Por qué destituyó el gobierno a Francisco Huenchumilla?¿Para dar una señal desde la autoridad a los dueños de camiones y terratenientes de que se actuaría con “mano dura” frente a las acciones de violencia contra propiedades y medios de transporte atribuidas a grupos mapuche en La Araucanía? Si esa fuera la interpretación adecuada, no sirvió de mucho. Escuchar a los dirigentes “multigremiales”de La Araucanía y ver los tuits de Andrés Allamand y las declaraciones de Hernán Larraín nos terminaron trasladando igual, por momentos, al pasado conflictivo del Chile de décadas atrás.

La historia de la República es, contrariamente a la leyenda, una historia con muchos componentes de violencia, incluyendo guerras civiles sangrientas y guerras étnicas aún más sangrientas. Las clases terratenientes tradicionales se constituyeron en base a la ocupación por la fuerza de territorios que no les pertenecían, ya sea por ser parte ancestral de los espacios en que evolucionaron por siglos las etnias originarias o bien por haber sido reconocidos como tierras indígenas mediante títulos otorgados por el Estado de Chile en el siglo XIX, y luego desconocidos o expoliados. Ese es el origen de la violencia actual en La Araucanía: la extrema violencia fundacional del Estado de Chile al servicio de minorías privilegiadas que ocuparon y recibieron tierras para una explotación económica en propio beneficio. Que algunos aún pretendan que la actual violencia atribuida a grupos mapuche -centrada en provocar perjuicios económicos antes que personales, aunque algunos episodios han afectado a personas de un modo que sólo merece una inequívoca condena- se origina en las políticas de restitución de tierras aplicadas desde 1990, es una grave ceguera intelectual y una actitud racista de violencia pura y simple contra los pueblos originarios.

Cuando la Presidenta Bachelet nombró intendente a Francisco Huenchumilla no estaba simplemente nombrando a un “agente natural e inmediato” del gobierno central, como señala la Constitución. Estaba también nombrando a un líder regional representativo, controvertido como todo líder. Al cabo de un año y medio, el gobierno y el nuevo ministro del Interior prefirieron, al parecer, volver a nombrar a un intendente que sea exclusivamente un agente del gobierno central. Es evidente que la destitución de Huenchumilla va a enervar todavía más a aquel segmento juvenil radicalizado del pueblo mapuche que reivindica la creación de una nación que los represente. En suma, un error político de la dupla Burgos-Aleuy.

Ahora bien, no resultó muy edificante la tragicomedia gubernamental de ayer, con un gobierno que amanece con gran dureza contra trece camiones en vez de garantizar su derecho de manifestación pacífica de manera racional, pero que termina diluida en un retroceso total en la noche. ¿Será mucho pedir al Ministerio del Interior un poco de equilibrio entre la mantención del orden público y el derecho a manifestarse, que se podría haber traducido simplemente en autorizar desde el inicio el paso de los famosos 13 camiones, y atenerse a esa regulación legítima en vez de idas y venidas que no ayudan mucho a prestigiar al gobierno? La esperanza es lo último que se pierde.

lunes, 17 de agosto de 2015

Un presidencialismo que no funciona

En Voces La Tercera

La discusión sobre el régimen político que nos rige gira alrededor de un equívoco sobre lo que sería su antítesis, el régimen parlamentario. En nuestra historia se conoce como tal a aquel régimen que funcionó entre la guerra civil de 1891 y la puesta en vigencia de la constitución de 1925, que daba al Congreso facultades para aprobar “leyes periódicas” y censurar ministros, en un juego de influencias de los caciques oligárquicos y sus intereses particulares, condicionando el voto de cada ley en el parlamento. Se trataba más bien de un presidencialismo clientelizado antes que un verdadero régimen parlamentario, que terminó en una crisis política y sucesivos golpes de Estado.

Este modelo tiene poco que ver con los regímenes parlamentarios propiamente tales. En ellos, más allá de sus diversas variantes, cuando un partido tiene mayoría en el parlamento, nombra al primer ministro y debe sostener sus proyectos de ley, especialmente el presupuesto,  bajo pena de que el gobierno caiga en caso de indisciplina de voto y se deba llamar a nuevas elecciones. Es lo que está ocurriendo con Syriza en Grecia en la actualidad, partido que probablemente se dividirá y pondrá al primer ministro Tsipras en minoría en el parlamento griego, que deberá llamar a nuevas elecciones. Cuando se trata de coaliciones, pactan su programa de acción y el contenido específico de los cambios legales que promoverán en la legislatura que es objeto de pacto de gobierno. Si el ejecutivo no reúne mayorías para aprobar las legislaciones pactadas, el gobierno cae, con eventual recomposición de la anterior coalición, la configuración de una nueva o bien la realización de elecciones anticipadas. El parlamentarismo (o el semi-parlamentarismo, con un presidente que puede o no tener mayoría en el parlamento, pero en este segundo caso debe nombrar un primer ministro del partido o coalición mayoritaria en el parlamento, aunque no sea la suya) no es sinónimo de inestabilidad política o de ingobernabilidad. Todo lo contrario.

El régimen presidencial fue criticado hace algunas décadas desde la ciencia política (Linz y otros) como potencial factor de crisis cuando difieren las orientaciones del presidente y del congreso. Hoy se puede mencionar que ese funcionamiento no necesariamente produce crisis sistémicas, pero si crecientemente parálisis gubernamental, especialmente cuando se amplía la distancia en las orientaciones de política del presidente y de la oposición mayoritaria en el congreso, como es el caso de Estados Unidos hoy, que produce frecuentes crisis presupuestarias y parálisis de políticas sectoriales de diversa índole.

En el Chile de hoy la presidenta Bachelet en la práctica no cuenta con una mayoría en el congreso para sus políticas. Una parte de la Democracia Cristiana no comparte ni la filosofía general ni las políticas específicas que la presidenta comprometió realizar en su segundo gobierno. Este grupo ha girado hacia una defensa de enfoques conservadores en la agenda pública y de aproximaciones sistemáticas con la derecha, que producen muy malos resultados de política pública. El ejemplo paradigmático ha sido la reforma tributaria aprobada en el parlamento prácticamente por unanimidad en septiembre pasado, y que hoy no recibe la defensa de nadie, por lo incongruente de la combinación de cuatro sistemas de impuestos a la renta de las empresas y su insuficiente recaudación.

El grupo DC conservador, que entre otras cosas le encuentra grandes méritos a la constitución de 1980, parece tener  la pretensión, como en el seudo parlamentarismo oligárquico de antaño, de determinar con un puñado de parlamentarios la orientación del gobierno y someter a sus socios de coalición y a la institución presidencial a una suerte de interdicción. Esto obligó a la presidenta a señalar en su entrevista del domingo pasado en La Tercera nada menos que “si la lectura hubiera sido que los nuevos ministros llegaron para cambiar el rumbo que la Presidenta defina, hubiera sido una lectura equivocada” y “yo creo que decir que aquí había un giro al centro del gobierno era lo más parecido a un wishful thinking”. Fuertes palabras.

Se ha desatado así una suerte de mini crisis que pudiera escalar, pues se trata de una situación insostenible: o los DC antireformistas se pliegan a lo definido en el pacto original de 2013 o la presidenta renuncia a concretar sus compromisos, con una ruptura más o menos lenta o rápida de su coalición, pero ciertamente con una irritación adicional hacia la dirigencia política de la Nueva Mayoría y de paso hacia el sistema de representación en su conjunto, ya deslegitimado lo suficiente por el financiamiento ilegal de campañas y la pérdida de popularidad de la presidenta.

Hace un año escribíamos aquí que la Nueva Mayoría era una coalición “en el gobierno” pero no “de gobierno”, pues no tiene reglas de funcionamiento que aseguren la estabilidad y coherencia de la acción gubernamental. Es una coalición con pequeñas y grandes discrepancias no zanjadas y acuerdos que no se sabe hasta dónde llegan y si son o no de verdad. En estas semanas hemos visto que ahora incluso se tolera que haya ministros que maniobran día a día contra las orientaciones de la presidenta a vista y paciencia de todo el mundo. Pero este método de gestión política sigue siendo inevitablemente fuente de anomia social y de explosiones disruptivas.

La gran reforma de la política chilena debe de una vez tener como prioridad terminar con el ejercicio de aprobar programas sin intención de cumplirlos porque son inviables, porque no se cree en ellos o porque se declina la voluntad política de llevarlos a cabo en nombre de la resignación seudo realista. El presidencialismo chileno sin un pacto preciso y detallado de gobierno ya no funciona. En vez de cónclaves que no resuelven nada, el gobierno y su coalición debieran abocarse a construir un nuevo pacto hasta 2018 antes de que crezca todavía más el deterioro del sistema político. Porque el nuestro no tiene las válvulas regulatorias propias de los regímenes parlamentarios, como la conformación de una nueva coalición mayoritaria en el parlamento o la convocatoria a elecciones parlamentarias anticipadas. Mecanismos que una nueva constitución debiera incorporar para una mejor gestión de los asuntos públicos.

miércoles, 5 de agosto de 2015

El milagro del liberalismo subsidiado

Leemos en la prensa que ninguna empresa del Transantiago -entiéndase bien, ni siquiera una- “alcanza el nivel mínimo de calidad exigido por el gobierno”,  y que se constatan caídas en los índices de frecuencia (cantidad real de buses dispuestos por cada empresa en sus recorridos) y regularidad (cumplimiento del intervalo entre buses de un mismo recorrido). Este es un servicio público regulado por el Estado y profusamente financiado por éste, además del pago de una elevada tarifa por el usuario, pero que no cumple con un nivel mínimo de calidad.

El necesario cambio que debía hacerse al sistema de transportes de Santiago se diseñó sobre la base de dos dogmas: no debía subsidiarse y el transporte de superficie debía dejarse en manos de privados. El primer dogma murió de muerte natural a breve plazo, pero el segundo persiste. Y es un ejemplo emblemático del milagro del  “liberalismo subsidiado”.

¿No tenía acaso más sentido reformar el sistema de transporte público fortaleciendo el Metro (empresa estatal) y ampliando su sistema de Metro-Bus, primero en los grandes ejes viales, y luego en la capilaridad de la ciudad, evitando los sufrimientos del cambio de un día para otro, y el inmenso y creciente costo del sistema para las arcas fiscales sin asegurar calidad? El propio ex coordinador de Transantiago de Piñera, Raimundo Cruzat, declara que el último cambio de contratos, realizado en 2012, pudo influir en el empeoramiento: “los indicadores que teníamos en los contratos antiguos eran mejores que los que rigen hoy -más estrictos- y tenían a las empresas de cabeza para funcionar mejor. Se trató de relajar las multas y penas a la frecuencia y regularidad de buena fe, porque si no quebraban los concesionarios, pero se hace necesario mejorarlos”. Más claro echarle agua. A propósito, ¿se publica rigurosamente las cifras de rentabilidad de las empresas del Transantiago? Porque en el liberalismo subsidiado las empresas están siempre al borde de la quiebra, se fija usted. No vaya a ser cosa que se deje de ganar dinero con semejante sacrificio de servicio a los más pobres.

Un sistema de buses enteramente estatal de calidad, y que prepara su transición a motores eléctricos no contaminantes en plazos breves, existe, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York. Pongo este ejemplo para que nadie piense que el suscrito es partidario de lo que se hace en Pyongyang. O que su criterio se basa sólo en la experiencia de Paris, Madrid o Berlín, es decir, de ciudades de la “decadente y estatista Europa”  en la visión de los neoliberales chilenos, pero con notables sistemas de transporte público al servicio de los ciudadanos, claro está.

Una situación del mismo orden se presenta en el caso de la actividad privada minera y pesquera. Los recursos que explota no le pertenecen (o al menos eso dice la Constitución vigente, y además lo hace el análisis razonado) y lo obtiene con un pago muy inferior a su valor. Con ello se embolsa lo que la teoría económica denomina una “renta de escasez” y las subsecuentes inmensas utilidades ilegítimas. Bien elaborados “royalties” debieran minimizarlas -o regalías en castellano, pero esto no suena moderno, aplicadas a la extracción de las viejas materias primas, hoy “commodities”-, por ejemplo por encima de márgenes de explotación superiores al 15%.

Pero en Chile recuperar la inversión en un par de años a partir del uso de un recurso escaso que pertenece a todos los ciudadanos no le llama la atención a nadie mayormente. Por ejemplo, en el Congreso, que acaba de votar la mantención de la invariabilidad tributaria a la inversión extranjera, que entre otras cosas garantiza que no se cobre regalías a la altura del valor de los minerales. A propósito, ¿cómo avanza en el Congreso la “agenda de probidad” que debiera prohibir el aporte de empresas privadas a las campañas electorales? No se escucha mucho al respecto.

Y ni hablemos de AFP e isapres, con sobreutilidades permanentes obtenidas al recoger cotizaciones obligatorias impuestas por el Estado (la totalidad en el primer caso, y aquella parte que proviene de ingresos altos, y de jóvenes y sanos en el segundo, si no quieren ir a hospitales públicos subfinanciados). El suscrito defiende desde hace mucho tiempo en esta materia un liberalismo a secas: que AFP e isapres se ganen los porotos compitiendo en el mercado para ofrecer prestaciones complementarias a los usuarios, pero sin recoger cotizaciones obligatorias que debieran alimentar servicios públicos solidarios de pensiones y salud.

¿Es esto Corea del Norte? No, es lo que ocurre en los estados de bienestar occidentales, que se proponen cubrir con sistemas públicos, y lo logran razonablemente, los principales riesgos individuales. Y una palabrita para los bancos: en este sector abundantemente regulado, las utilidades en Chile son muy superiores a las del grueso de los sectores a los que prestan dinero. Las filiales de bancos extranjeros en Chile tienen utilidades muy superiores a las de las casas matrices en los países capitalistas maduros de origen. Curioso. Pero que en todo caso contribuye a explicar el interés de grandes bancos internacionales de comprar entidades financieras en Chile, incluidas AFP.

Ahora se propone extender el liberalismo subsidiado a más universidades privadas. Muchas de ellas presentan una combinación que parece las hace merecedoras de generosos recursos públicos: mala formación, nula investigación y utilidades a través de mecanismos que desvirtúan la ley. Es que atienden a los más pobres, ¿ve usted? Como si los pobres no se merecieran una buena educación.

¿No es francamente más razonable, antes de avanzar a la gratuidad universitaria ampliada, expandir la matrícula estatal, que recibe una fuerte preferencia de los postulantes, empezando por los más pobres? ¿Y establecer con las universidades privadas que deseen recibir más subsidios de todos los chilenos un compromiso de servicio público que asegure pertinencia, pluralismo y excelencia en la enseñanza e investigación? Pero sin limitaciones dogmáticas impuestas, como es el caso, por algún Estado extranjero, porque no nos olvidemos que el Vaticano es un Estado extranjero y las universidades pontificias dependen directamente de él. Lo que no les impide pedir todo tipo de subsidios del Estado laico, pero sin renunciar a cercenar la libertad de enseñanza e investigación y negar el respeto por el pluralismo de las ideas. Es que deben ser “autónomas”, no para financiarse, claro está, sino para hacer lo que quieran, incluida la represión de la libertad de expresión y de cátedra -que es la esencia de las universidades-, con recursos de todos los chilenos.

El punto es que se paga caro servicios públicos incompletos y de baja calidad producidos por privados que obtienen altas utilidades con dineros de todos los chilenos, o que los desvían para otros fines. Y que el Estado se financia sobre todo con el IVA que pagan pobres y sectores medios, con impuestos a la renta que no son suficientemente progresivos (la tasa marginal a la renta ha pasado desde 50% en 1990 a 35% en la actualidad) ni con pago suficiente de los privados por acceder a recursos naturales que no les pertenecen.

Esta es la tendencia creciente en el Chile de hoy: privados que no cumplen con requisitos mínimos de calidad de servicio, pero que se aseguran altas rentabilidades mediante ingentes subsidios fiscales en la actividad de producir servicios públicos que nunca debieran haber salido del dominio gubernamental. Se trata del “capitalismo subsidiado”, o si se prefiere, del “liberalismo subsidiado”. O sea del “modelo chileno”. Ese que además de garantizar una de las mayores desigualdades del mundo, crece en los últimos diez años menos que el promedio de América del Sur. Un verdadero milagro.

martes, 28 de julio de 2015

La paradoja de las reformas

En una encuesta sobre valores sociales que realizamos a principios de año en la Universidad de Santiago se constató que existía una amplia proporción de respuestas afirmativas a la pregunta de si  es necesaria una reforma tributaria (67% de la muestra se mostró a favor), una reforma educacional (86% a favor) y una reforma laboral (80% a favor). Sin embargo, simultáneamente un 43% le puso una nota muy baja (1 a 3 sobre 7) a la reforma tributaria aprobada. Un 45% hizo lo mismo con la reforma educacional en proceso y un 40% con la reforma laboral presentada por el gobierno.
¿Por qué esta paradoja? Por nuestra parte enunciaremos tres tipos de hipótesis para procurar interpretar lo que reflejan estos datos.

La primera apunta a que en la sociedad chilena se estaría manifestando una aspiración mayoritaria genérica a ser un país más igualitario, en la que opera un “principio de satisfacción” orientado a que los procesos distributivos se articulen de una manera en la que la gran empresa y los sectores de altos ingresos paguen más impuestos, los trabajadores puedan negociar en condiciones más equilibradas el reparto de los ingresos que genera el proceso económico, y al mismo tiempo sea posible un acceso más extendido tanto a los sistemas de seguridad social para enfrentar los grandes riesgos como a la educación y al emprendimiento para alcanzar una mayor movilidad social. Este tipo de preferencias son efectivamente registradas en la encuesta USACH y en diversas otras que han realizado preguntas semejantes. Pero cuando la aspiración genérica a una sociedad más satisfactoria es contrastada con procesos de cambio específicos que generan inevitablemente dosis de conflicto, la percepción tiende a cambiar en una parte importante de la sociedad. Esto parece ser especialmente el caso cuando los partidarios de mantener el statu quo y los que defienden intereses creados emiten mensajes de generación de temor que logran su objetivo. La voluntad de cambio -y su sustrato, el “principio de satisfacción”- se transforma en ambivalencia frente a incertidumbres difíciles de sobrellevar y procesar para muchas personas, lo que provoca a la postre la emergencia de impulsos de autoconservación propios del “principio de realidad”. Esto también se evidencia en la mencionada encuesta y en otras cuando se registra una baja apreciación de las reformas que efectivamente se ponen en marcha, aun cuando se siguen deseando en abstracto.

La conclusión es aquí que debe reconocerse la ambivalencia y mantener la voluntad reformadora subrayando sus potenciales beneficios una vez que estén en funcionamiento los nuevos mecanismos.

Una segunda hipótesis, en un plano de interpretación más inmediato, es  que aparentemente una proporción mayoritaria de  la opinión pública considera que las reformas deben hacerse, pero castiga simultáneamente el modo específico en que se han desarrollado, es decir los procedimientos de elaboración en los ministerios respectivos, el tipo de diálogo previo con los interlocutores sociales, la tramitación y debate en el Congreso, así como el tipo de defensa que ha hecho de las reformas el gobierno en los medios de comunicación. La conclusión es aquí que debe mejorarse la gestión política y técnica.

Una tercera hipótesis alternativa es que la impopularidad creciente del gobierno desde el segundo semestre de 2014 terminó provocando un rechazo genérico a sus iniciativas controvertidas, en una especie de saturación de la opinión frente al gobierno –y desde hace bastante tiempo al sistema político en su conjunto, incluyendo al parlamento- que no le permite valorar ninguna de sus acciones específicas, aunque de modo abstracto las considere positivas. La conclusión es aquí que debe reconocerse el rechazo y emitir mensajes de autoridad y de referencia al mandato de origen y a los beneficios futuros en una lógica de “sangre, sudor y lágrimas”.

Cualquiera sea la interpretación que se privilegie, el hecho es que el   gobierno de Michelle Bachelet no ha logrado suscitar una adhesión mayoritaria a la  reforma tributaria (que convengamos difícilmente puede terminar siendo popular ni en éste ni en ningún país del mundo, especialmente cuando su expresión tangible e inmediata fue el aumento del valor de las bebidas, los alcoholes y el tabaco), a la reforma de la escuela –de la reforma universitaria todavía no se sabe mucho- y a la reforma de la negociación colectiva.

Y parece ser que en definitiva el gobierno está optando por replegar la voluntad reformadora, incluyendo ahora aquella referida a la elaboración de una nueva constitución. Se da a entender, con ese estilo tan curioso que cultiva el equívoco por parte de diversas autoridades gubernamentales,  que se quiere postergar para el próximo período de gobierno este tema. Parece ser que ante las dificultades –que recordemos provienen principalmente de la crisis de confianza y legitimidad del sistema político por las revelaciones de sistemático financiamiento ilegal de campañas por grandes grupos económicos, revelando su influencia indebida- las reformas se considerarían  ahora “irrealistas”, cuando no vinculadas al mismísimo pecado, es decir serían “refundacionales”. ¡Como si correr las fronteras de lo posible no fuera la tarea esencial y permanente de la izquierda y también de los partidarios de transformaciones de diverso horizonte que componen la actual coalición de gobierno! Ya lo decía un tal Miguel de Cervantes: “la peor locura es ver la vida tal como es y no como debiera ser”.

Pero, además, no hay nada que sea políticamente más ineficiente y provoque más caídas de adhesión –lo que es válido para todas las organizaciones en general- que la pérdida de credibilidad de los líderes cuando no asumen sus propios compromisos o no explican con claridad, apelando a la inteligencia de los interlocutores, en este caso los ciudadanos, qué circunstancias sobrevinientes impedirían hacerlo. Y por favor, que no se aluda la situación económica que, siendo difícil y desafiante, está lejos de ser catastrófica como la quieren pintar los que nunca han estado de acuerdo con las reformas, ya sea que estén fuera o dentro de la actual coalición de gobierno. Ni menos como para impedir reformas sociales e institucionales razonables y democráticamente puestas en práctica. Si de pretextos se trata, más vale buscar uno mejor, pues pintar de negro la economía más allá de lo razonable no es francamente el mejor método que tienen las autoridades gubernamentales para contribuir a reactivar el consumo y la inversión.      

Esperemos que nada de esto se confirme y sea sólo un mal momento invernal. Si se consagra un giro conservador, sería una triste constatación, pues gobernar no es seguir los estados de ánimo que registran  las encuestas. Gobernar es hacer avanzar el país hacia nuevas etapas, de acuerdo a ciertos valores y convicciones para los que se ha buscado, y en este caso obtenido con claridad, un determinado mandato ciudadano para un período de gobierno y mediante los procedimientos de la democracia. En este caso, el mandato de realizar reformas económico-sociales contra la desigualdad y la elaboración de una nueva constitución que emane de la voluntad de los ciudadanos y no de las armas. De esas armas que en su momento impusieron –el avance del juicio a los militares que quemaron vivos a dos jóvenes indefensos está ahí para recordarnos de qué estamos hablando- el prolongado veto y predominio ilegítimo de los intereses de una minoría oligárquica poderosa. Si una parte de la coalición de gobierno nunca estuvo de acuerdo con el programa comprometido, parece que sí estuvo dispuesta a ocupar altos cargos en el Estado, y de paso impedir, en la medida de lo posible, que se concretasen los objetivos gubernamentales iniciales.

Los que toman decisiones tendrán que considerar que lo que está en juego no es poco: ni más ni menos que mantener o remover anacronismos sociales e institucionales que nos impiden aspirar a ser un país moderno y democrático.

jueves, 23 de julio de 2015

¿Crisis en la economía o ministro de Hacienda contra las reformas?


El crecimiento del PIB perdió fuerza desde el segundo semestre de 2013, en un contexto internacional desfavorable y de exportaciones netas estancadas, Al declinar el ciclo de inversión minera (que pasó de representar un1% del PIB en 2000 a 8% en 2013) y al agotarse simultáneamente los efectos del impulso fiscal de 2009 y el originado por el terremoto de 2010, perdieron dinamismo tanto la creación de empleo como el incremento de las remuneraciones reales. Esto provocó un menor crecimiento del consumo de los hogares en bienes no durables y servicios, mientras el consumo de bienes durables cayó todavía más en virtud de su mayor  volatilidad. Se produjo el fin de un ciclo de adquisición de estos bienes por sectores medios emergentes,  en buena medida en base al endeudamiento, quitando dinamismo a la economía. El principal componente de la demanda agregada en Chile es el consumo de los hogares, lo que suele olvidarse por muchos analistas que sólo consideran las variables externas.
La lógica de espiral recesiva que se anudó pudo ser revertida parcialmente por la política monetaria de abaratamiento del crédito aplicada desde fines de 2013 y por la política fiscal expansiva desde el último trimestre de 2014, junto a un tipo de cambio más competitivo que aumenta las exportaciones netas, pero que al mismo tiempo incrementa temporalmente la inflación e impacta negativamente sobre las remuneraciones reales, manteniendo la desaceleración.
La serie desestacionalizada del Imacec, que permite una apreciación de la evolución coyuntural respecto del mes inmediatamente anterior descontando los efectos estacionales en la actividad, mostró que ésta no mostró variación en abril y también en mayo, luego de caídas de -0,6% en febrero y -0,5% en marzo que habían anulado el incremento del índice de 0,9% del mes de enero. El segundo trimestre terminará con estancamiento o una leve caída. Dos trimestres seguidos de caída  de la actividad configuran una recesión. No estamos aún en esa situación. Así, el Indice Mensual de Actividad Económica (Imacec) fue un 1,9% más alto en los primeros cinco meses de 2015 respecto de ese mismo período de 2014, es decir se mantiene la cifra de crecimiento del PIB de 2014.
Mientras no se recupere sustancialmente el consumo de los hogares  y la inversión (en construcción y maquinaria y equipos), la economía seguirá languideciendo, salvo que las exportaciones se constituyan en el motor del crecimiento, lo que no ha ocurrido en el último quinquenio (con exportaciones que han crecido menos que el PIB). El precio del cobre ha bajado sustancialmente, y no se espera que se recupere por sobre los tres dólares lalibra antes de 2017. El décit en cuenta corriente, que en los años de mayor expansión de Piñera (2010-2012) se había ampliado peligrosamente hasta cerca de -5% del PIB, ha vuelto al equilibrio a inicios de 2015 como fruto de la menor actividad y del encarecimiento de las importaciones, que entre otras cosas ha contribuido a la caída de la inversión y a que el consumo de los hogares crezca más lentamente.

Crecimiento anual de PIB, remuneraciones reales, empleo, consumo de hogares, inversión (FBCF) y exportaciones, en porcentajes
Año
PIB
Remuneraciones reales
Empleo
Consumo hogares
FBCF
Exportaciones
2010
5,8
2,2
6,6
10,8
11,6
2,3
2011
5,8
2,5
2,9
8,9
15,0
5,5
2012
5,4
3,3
1,8
6,0
11,6
0,1
2013
4,1
3,9
2,7
5,6
2,1
3,4
2014
1,9
2,4
1,4
2,2
-6,1
0,7
2015 (*)
1,9
2,1
1,2
1,6
-1,7
1,4
Fuentes: INE y Banco Central de Chile.  (*) Mayo respecto del mismo período del año anterior para PIB (Imacec) y remuneraciones, trimestre móvil marzo-mayo para empleo y trimestre enero-marzo para consumo, formación bruta de capital fijo y exportaciones.

La política fiscal ha mantenido  hasta hora una lógica contracíclica, pero esto parece hoy estar inexplicablemente en discusión. El balance del gobierno central registró en 2014 un déficit efectivo de -1,6% del PIB, mientras fue de un -0,6% en 2013 y hubo un superávit de 0,6 en 2012.  El presupuesto de 2015 se ha programado con un déficit efectivo de -2% del PIB, que el nuevo ministro de Hacienda actualizó el 6 de julio a  -3% (provocando una importante alarma pública, en circunstancias que hasta mayo la ejecución presupuestaria muestra un superávit) y un déficit estructural de -1,1% del PIB, cuya proyección se mantiene y es en definitiva lo relevante para la política macroeconómica reactivadora. El gobierno iniciado en marzo de 2014 reiteró la orientación contracíclica de la política fiscal, pero el nuevo ministro Rodrigo Valdés, nombrado en mayo, ha sido ambiguo al respecto, aparentemente en base a una visión más pesimista del crecimiento potencial que la establecida hasta aquí por el comité de expertos convocado todos años para el efecto por el Ministerio de Hacienda y por el Banco Central, que en septiembre pasado pronosticó un crecimiento de mediano plazo de entre 4 y 4,5% anual.
En cualquier caso, probablemente operarán en el resto del año mecanismos de “estabilización automática” con caídas de ingresos tributarios que lleven al déficit fiscal efectivo en 2015 más allá del 2% del PIB, empujando la demanda agregada. La pregunta que subyace es, sin embargo, si este proceso será suficiente para reanimar la economía y si no será necesario un mayor impulso fiscal combinado con una rebaja adicional de la tasa de interés de referencia. Recordemos que la crisis global y el terremoto de 2010 indujeron mayores gastos que los previstos (con incrementos del gasto público de 16,5% en 2009 y de 6,6% en 2010) y un sensato déficit estructural fuera de regla, ante la magnitud de la amenaza de recesión, de -3,1% del PIB en 2009 y de -2,1% en 2010. Este déficit se fue reduciendo a -1% en 2011, a  -0,4% en 2012 y a -0,6% en 2013 y 2014.
La situación fiscal chilena es una de las más sólidas del mundo para abordar un nuevo impulso fiscal. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) acumulaba en mayo US$14.487,4 millones, mientras que el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) acumulaba US$7.847 millones. Los Otros Activos del Tesoro Público y el Fondo para la Educación (FpE), registraron saldos de US$2.962,7 millones y US$3.699,2 millones, respectivamente. Los activos del Tesoro Público totalizaron así un 11,6% del PIB. La deuda bruta del gobierno central es de sólo 15,1% del PIB, mientras la deuda neta, gracias a las reservas fiscales acumuladas por la política de balance estructural, es en realidad una acreencia neta de 4,4% del PIB a diciembre 2014. Los activos netos del gobierno central/PIB son hoy mucho mayores que en 1990-2005. La deuda pública/PIB es la segunda más baja de la OCDE después de Estonia. Sería un grave error para el crecimiento y el empleo que el gobierno abandone la política fiscal contracíclica. El gasto público debe seguir determinándose por los ingresos a 5 años (PIB) y 10 años (cobre) y no por los del año presupuestario. No hay razones para que en un año baje sustancialmente la estimación de crecimiento de 4,3% del PIB Tendencial para el próximo quinquenio o de US$ 3,07 del cobre para la próxima década.
La política monetaria debiera volver a activarse, luego de los ajustes por el Banco Central de la tasa de referencia desde octubre 2013 a octubre 2014, cuando dejó la tasa de referencia en 3%, dado el deterioro de la coyuntura desde el segundo semestre de 2013 que no previó,y mantuvo desde entonces una actitud de no innovación. La política del Banco Central ha ayudado a devaluar el peso y mejorado la competitividad del sector exportador y el sustituidor de importaciones, pero debiera ahora contribuir algo más a aumentar la inversión y el consumo en tanto no se avizora que la inflación se acelere en exceso por efecto de la devaluación del peso.

La economía chilena no está en crisis, pero bajó a menos de la mitad su ritmo de crecimiento y languidece en torno al 2% anual en el último año y medio. Si el crecimiento potencial es superior a esa cifra, y nadie ha aventurado que sea menor al 4% en el mediano plazo, entonces la política económica debe actuar para volver al menos a esa senda de crecimiento, con autoridades que sean activas en señalar y sostener un camino de recuperación en vez de ensombrecer inútilmente el panorama. Salvo que su intención sea directamente política, y que la actual autoridad económica haya decidido sumarse a los que buscan, en la oposición y en la coalición de gobierno, detener las reformas, especialmente la laboral,  que la presidenta comprometió ante el pueblo chileno, tal vez porque nunca las ha compartido. Pero el principio de transparencia debiera llevar esta postura antireformista al dominio de la política democrática, en la que se evalúe su pertinencia y legitimidad, y no procurar mantenerla en el dominio de la gestión técnica de la economía, a la que simplemente no pertenece.