miércoles, 24 de diciembre de 2014

Un inicio consistente


Publicado en Voces La Tercera

La presidenta Bachelet ha actuado con consistencia en sus primeros meses de gobierno. Dos de las tres reformas principales comprometidas por ella, y se suponía que por toda su coalición, en estos tiempos de cambios necesarios e impostergables para el futuro de la sociedad chilena han marcado la agenda política desde el 11 marzo de 2014.

La reforma tributaria concluyó su tramitación parlamentaria en septiembre, aunque por ausencia de apoyo de los conservadores de la Nueva Mayoría terminó complejizando al extremo la tributación de las utilidades de las empresas, abrió interrogantes sobre su capacidad recaudatoria y, sobre todo, incomprensiblemente no abordó la tributación minera, lo que permanecerá pendiente para una próxima etapa.

La reforma educacional avanza, a su vez, con un primer proyecto de ley que aspira a disminuir la inaceptable segregación escolar y regular la educación privada subsidiada que está próximo a aprobarse en el Senado, y cuyos otros aspectos tomarán legislativamente al menos los dos primeros años de gobierno. Existe un cierto atraso en la desmunicipalización y la creación de un nuevo servicio público educativo moderno e integrador, financiado desde una lógica de planificación territorial de su oferta y no en base al subsidio a la demanda como ahora, que vendrá hacia el segundo semestre 2015, junto a la modificación del sistema universitario que dé un rol vinculado al desarrollo nacional a las universidades estatales, que no se entiende para qué existen en el actual ordenamiento de mercado.

Y se echa de menos la discusión sobre el fondo del tema, más allá de los instrumentos: la misión de la educación, y en especial de la escuela. Como en el siglo XX, su misión no ha cambiado, sólo que fue arrasada en Chile por la dictadura y puesta bajo inspiración estrechamente privatista y hasta ahora no ha sido restablecida: ayudar a nuestras niñas y niños a caminar hacia la condición de adultos capaces de mejorar el mundo. Aprender no es un fin en sí mismo, es tan sólo un medio para crear sociedades mejores, para lo cual debe enseñárseles a los niños/as a vivir y actuar en sociedad con igual dignidad y respeto por el otro y a pensar eficazmente recurriendo a las ciencias y a las humanidades.

Se trata de proveer de manera universal y gratuita una base común de valores de convivencia, conocimientos, competencias y cultura a los niños/as y jóvenes que les permita construir su autonomía, su futuro personal y profesional y el ejercicio libre de la ciudadanía.

Los fines de la escuela deben ser discutidos en los próximos meses y consagrados solemnemente fruto de un proceso de amplia participación. ¿No habrá llegado el momento de discutir en toda y con toda la sociedad si acaso la recurrida libertad de enseñanza no debe estar por definición puesta en el contexto de los fines públicos de la escuela, que no nos olvidemos es, precisamente por tenerlos, de carácter obligatorio y no voluntario? Salvo que se sostenga que no debe cumplir ninguno, extremando la autonomía de los establecimientos, lo que haría superfluo ese carácter obligatorio, y simplemente situaría la provisión educativa en el contexto de la más amplia libertad de iniciativa económica en un contexto de mercado, a lo Hayek.

Pero no olvidemos que las instituciones cuyo fin exclusivo es proveer educación obligatoria tienden a ser las que mejor resultado obtienen en la materia en la experiencia de los países OCDE. Otras instituciones, pero sin fines de lucro y disposición a respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos y de los niños/as, deben poder recibir el encargo de cumplir de la manera que mejor les parezca (“libertad de enseñanza”) el fin público de la escuela. Pero más como excepción que como regla, pues no se debe olvidar que al menos existe un potencial conflicto de interés (el público versus el privado de distinta índole, que tiende a desviar recursos públicos para otros propósitos, lucrativos, religiosos o de cualquier otra naturaleza) que puede terminar por inviabilizar la misión que la sociedad le encomienda a la escuela obligatoria, como de hecho ocurre hoy en Chile, con un sistema escolar que es un fracaso integral.

Además de la reforma tributaria y la educacional, diversos otros hechos han influido en el escenario político, como la seguridad pública y el estancamiento económico, aunque se sigue creando empleos (105 mil en doce meses, especialmente femeninos y por cuenta propia) y el desempleo apenas ha aumentado. A lo anterior se une la discusión sobre el financiamiento de la política y las revelaciones sobre aportes ilegales a campañas, con la puesta en evidencia definitiva de la “Pentapolítica” que corroe nuestro sistema de representación y que alcanza desde la UDI hasta el candidato Velasco y el ministro Undurraga. Hacia fin de año, en el mundo político y social se ha agudizado un clima de tensión y puesto en evidencia la falta de defensa eficaz de las reformas, con caídas de la popularidad de la presidenta y sobre todo del gobierno… y también de las coaliciones políticas, incluyendo una oposición que no crece y se atrinchera en su lógica ultramontana y defensora sin matices de los intereses de los privilegiados.

La agresividad de la derecha política y empresarial ha aumentado artificialmente la conflictividad. Diversos empresarios y sus gremios agitan la idea de la incertidumbre. El tono crecientemente confrontacional ha estado marcado por el rechazo a las reformas, destacando la ex candidata Matthei y sus excesos bastante poco elegantes: “la principal falencia de Chile hoy día es la Presidenta Bachelet”, “su incapacidad” y su agenda que va a “reventar el país”. Este lenguaje no es digno de nuestra democracia y recuerda muy malos momentos de la historia de Chile, en los que los que se creen dueños del país se exasperan frente al resto de la sociedad y actúan de manera violenta e irracional.

En el oficialismo, las críticas cruzadas desde los partidos de la coalición, especialmente desde sectores de la Democracia Cristiana por los contenidos y el manejo de algunas reformas, especialmente la de la educación, han contribuido a su modo a generar una cierta confusión en el debate público.

El clima social también se ha visto crispado, en parte por diversas movilizaciones de un sector de los colegios privados subsidiados contra la reforma educacional y en parte por sectores del gremio de profesores por reivindicaciones salariales que decidieron, contra la opinión de la directiva nacional y de manera inédita, ir a movilización hacia fin de año, lo que ha implicado que más de 1200 colegios hayan realizado un paro, con las dificultades que ello implica en momentos en que se cierra el ciclo escolar 2014. El acuerdo sobre el reajuste salarial del sector público se hizo con la CUT y no con la ANEF, que terminó realizando movilizaciones contra un acuerdo que apenas recupera el poder adquisitivo perdido en el año. El déficit del gobierno en la relación respetuosa con el mundo social parece requerir de enmiendas.

A esto se ha agregado la acumulación de fallas sucesivas del metro de Santiago, lo que ha generado molestias en los miles de usuarios del transporte público en la capital de seis millones de habitantes revelando la subinversión en la empresa –como suele ocurrir en las empresas públicas de las que desconfían los tecnócratas “antiestatistas”-, así como el aumento de la inflación fruto de una devaluación que por otro lado va a favorecer el empleo, con un encarecimiento importante en bienes de consumo básico y alimentos.

El gobierno ha enfrentado así un fin de año poco favorable y dificultades en el apoyo político y social a sus reformas, mientras la oposición no logra encontrar el tono para capitalizar la menor popularidad de la presidenta a través de sus críticas ni obtener adhesión a partir de un cierto malestar ciudadano.

Lo importante es que la presidenta Bachelet ha decidido mantener el rumbo y reafirmó el 5 de diciembre ante una asamblea de empresarios- en las que éstos se expresan no siempre de manera muy educada- que “hacer las reformas necesarias hoy es la única forma de hacernos cargo de los desafíos que no pueden seguir esperando”, que las reformas son ambiciosas “porque alteran grandes inercias, por lo que es natural que generen incertidumbre” y que “el enfriamiento en la realidad económica es una realidad, pero no es argumento para detener reformas. Debemos emprender reformas con urgencia”. Nunca mejor dicho.

jueves, 4 de diciembre de 2014

Día de encuestas

Publicado en Voces La Tercera

El miércoles 3 de diciembre fue día de encuestas. Como se ha subrayado en todos los medios de comunicación, la noticia principal es la baja de la popularidad de la presidenta Bachelet y de su gobierno.

En el caso de la encuesta CEP -que reconoce una tasa de no respuesta de 28%, lo que es muy alto y quita representatividad del universo de mayores de 18 años que pretende representar la muestra aleatoria de hogares y personas con la que se realiza la estimación de las tendencias de la opinión pública por este centro empresarial- la caída de aprobación de 50% en julio a 38% en noviembre es brusca. Además, la sitúa un punto porcentual más abajo que su peor evaluación, alcanzada en diciembre de 2007, en su primer gobierno, cuando llegó a 39%.

La encuesta Gfk-Adimark -que desde que los datos sobre la popularidad del Presidente Piñera empezaron a ser recurrentemente negativos, ya no se basa en una, sino en dos muestras distintas que se mezclan no se indica cómo (una de teléfonos de hogares y otra de celulares de individuos), lo que no resiste ningún test de consistencia de construcción de una muestra aleatoria representativa del universo de mayores de 18 años- también registra una caída sistemática de la aprobación de la labor de la Presidenta, desde un 58% en junio hasta el 42% de noviembre de 2014.

Por tanto, sin perjuicio de que se puede considerar urgente regular en Chile la publicación de unas encuestas que hoy se realizan sobre la base de muestras, métodos de recolección de datos y formulación de las preguntas a los encuestados que no permiten considerarlas suficientemente rigurosas ni alcanzan los estándares internacionales, los sondeos muestran una incuestionable tendencia a la baja de la popularidad de la jefa de Estado y de su gobierno. La encuesta CEP muestra, además, una importante caída en atributos como los de firmeza, destreza y cercanía de la presidenta.

Ambas encuestas registran una espiral interconectada a la baja en los distintos componentes de la apreciación de la gestión de gobierno y de la situación del país.

Se puede conjeturar razonablemente que esta espiral de mal humor y desencanto con el gobierno, que se extiende a todas las instituciones políticas, está fuertemente correlacionada –en proporciones difíciles de estimar con precisión- con dos factores principales.

En primer lugar, con la lenta actividad económica que empezó a manifestarse en el segundo semestre de 2013 y que aún no han revertido (y no lo harán hasta por lo menos un semestre más a partir de la política monetaria y fiscal reactivadora en aplicación, aunque las cifras del INE no revelan hasta octubre un alza importante del desempleo). Esta pérdida de dinamismo, con causas coyunturales y otras estructurales, ha permitido a los empresarios de derecha y a los partidos de oposición difundir todo tipo de fantasías sobre un derrumbe económico y un clima antiempresarial que sólo existe en su imaginación.

En segundo lugar, con la falta de horizonte tangible de una política gubernamental bien inspirada y con unas reformas que los ciudadanos valoran positivamente en sus rasgos principales, pero cuya presentación y puesta en marcha ha abierto flancos de fondo y forma para levantar inquietudes infundadas y generar percepciones de amenaza inexistentes.

Y el problema parece ser muy práctico: contrariamente a la reforma previsional de 2008, por ejemplo, las reformas en curso no rendirán frutos observables en la vida cotidiana ni mejorarán la condición de casi nadie en los próximos años sino en un horizonte mucho más largo, mientras permanecen -y en algunos casos se agravan- las carencias de algunos servicios públicos cruciales, como el transporte y la salud.

Estas carencias se arrastran por años y el gobierno de derecha no las mejoró. Junto a esta dificultad de mostrar resultados y un curioso diseño de temporalidad de las reformas, con una administración pública que además ha ido perdiendo profesionalismo y eficiencia, no se ha querido tampoco introducir la dimensión épica que la puesta en marcha de un proceso constituyente en materia institucional hubiera permitido, sin que hasta hoy existan definiciones, sino más bien la percepción de dilaciones.

Todo esto genera en las encuestas la impresión de un país estancado y de expectativas frustradas, pero nada de esto parece cambiar hasta ahora los datos básicos del escenario político.

En efecto, en la encuesta CEP la identificación con la Alianza alcanza sólo un 10% y con la derecha y centroderecha sólo un 12%. La encuesta Gfk-Adimark viene mostrando mes a mes, por su parte, ante la pregunta más dura sobre identificación con el gobierno o con la oposición, que más allá del enojo y la molestia actual con la acción gubernamental, la distribución de esa identificación es casi igual al resultado de la elección presidencial de hace un año: en noviembre un 64% se identificó con el gobierno y un 36% con la oposición, descontando a los que no se identifican ni con el uno ni con la otra (un 48% y un 27% del total, con el 25% restante que no se pronuncia).

La sistemática y creciente mala fe del discurso de la UDI, y la sorprendente violencia verbal y afán descalificador de la presidenta por parte de la señora Matthei sólo parecen producir un único resultado: mantener a la oposición de derecha muy lejos de la mayoría ciudadana. 
Y al gobierno se le plantea el desafío de explicar mejor su tarea y los alcances positivos para los chilenos de las reformas comprometidas y sostenidas coherentemente por una presidenta que ha demostrado saber resistir a las presiones y mantener el rumbo principal, lo que a la larga será apreciado y valorado por la mayoría. Sobre todo si ese rumbo principal se define como el de la lucha consistente contra las desigualdades, al menos en el largo plazo, en momentos en que la encuesta CEP de noviembre registra un alza a 57% de la identificación con la afirmación de que “en ninguna circunstancia se pueden aceptar altas desigualdades en los ingresos” y que es el centro del programa y de la promesa de la Presidenta en ejercicio.