martes, 17 de agosto de 2010

¿Es necesario que Chile siga regalando su riqueza minera?

El Mostrador

Chile es un país que prácticamente regala a terceros su riqueza minera. Y para los que nos gobiernan la idea parece ser que esto siga ocurriendo. El jueves 12 de agosto, el Ministro de Hacienda, Felipe Larraín ha declarado: “Lo importante es cerrar una discusión en un tema importante para un sector que tiene cerca de US$ 50 mil millones de inversión proyectada”. He aquí develado, y se agradece la franqueza, el fondo del tema: cerrar la discusión.
Chile tiene la más competitiva industria del cobre del mundo gracias a sus minerales de alta calidad. Y al mismo tiempo tiene una de las menores tributaciones mineras. Y si el país ha estado anestesiado en este tema, es probable que no lo siga eternamente: de ahí, probablemente, la premura del Ministro Larraín.
En los años 1950-1970, es decir antes de la nacionalización, la tributación representó del orden de 60% de las utilidades brutas de la gran minería del cobre, según Patricio Meller en su texto Un siglo de economía política chilena (1890-1990). En 2008-2009, los impuestos (a la renta y especial) de las 15 mayores compañías mineras privadas promediaron apenas un 13% de las ventas. El costo medio de la minería del cobre es del orden de 1,3 centavos de dólar la libra. La principal consultora en materia de precios del cobre (CRU) prevé un precio superior a tres dólares la libra en los próximos cuatro a cinco años. Con ese precio, el margen operacional de Escondida y el del conjunto de las empresas del Consejo Minero, excluida Codelco, superaría el 60% en el primer caso y el 40% en el segundo. Si se considera una utilidad más que razonable de 30% sobre las ventas, que justifica desde luego cualquier decisión de inversión, entonces con el cobre a tres centavos de dólar la utilidad de la gran minería privada no explicada por capacidades empresariales sino por el valor del recurso minero que pertenece a todos los chilenos, sería de nada menos que 4.700 millones de dólares. Esa es una cifra astronómica, que bien utilizada permitiría sacar a Chile del subdesarrollo en plazos breves. Como se observa, no es poco lo que está en juego.
Frente a semejante perspectiva, el gobierno de Sebastián Piñera propuso, como parte del financiamiento de la reconstrucción, un pequeño incremento temporal del impuesto especial a la minería vigente desde 2005 con una nueva tasa para dos años sobre las utilidades operacionales de entre 4%y 9%.
Como las empresas mineras están acogidas a una invariabilidad del tributo de 4% de las utilidades operacionales hasta 2017, la moneda de cambio era ampliar esa invariabilidad hasta 2025, de modo que las empresas acepten pagos voluntarios por unos 600 millones de dólares durante 2011 y 2012. Claro, a partir de ahí el gobierno actual y los próximos tres gobiernos democráticamente elegidos nada tendrían ya que decir en la materia.
La invariabilidad tributaria no existe en ningún país maduro. En Chile no hemos logrado (¿no hemos querido? ¿tan capturado está nuestro sistema político por la gran minería privada?¿tan graves siguen siendo las secuelas del golpe de 1973?) evitar sustraer del gobierno y del parlamento, depositarios de la soberanía popular, la potestad de cambiar normas en la materia, lo que es una anomalía democrática manifiesta. La Concertación se opuso a su ampliación y la votó en contra en julio, pero en su seno hoy se la discute de nuevo. ¿Qué pasó entre medio? Recordemos que se prevé una década de altos precios del cobre, que podría llevar a una monumental transferencia de utilidades al exterior.
En algunos países desarrollados se grava el valor de las ventas mineras, lo que lleva con el resto de mecanismos normales la tributación a las utilidades a niveles de 40-60% en el sector. ¿Por qué no pensar para la minería chilena de gran escala un régimen como el noruego, que grava la explotación privada del petróleo con una regalía (“royalty”) de entre 8 y 16% de las ventas, además de un impuesto a las ganancias de hasta 78%?
Adicionalmente, no existen razones valederas para mantener el carácter indefinido de las concesiones mineras, que al ser tales no son sino una transferencia gratuita ilegítima de derechos de propiedad que pertenecen a la Nación.
Si se plantea un problema jurídico con la invariabilidad tributaria otorgada, ello no impide que se establezcan desde ya reglas más exigentes para las nuevas inversiones y para las actuales a partir de 2018, con un premio en tasas menores para las compañías que se acojan desde ya a ellas. Lo que no cabe desde el punto de vista del interés nacional es ampliar la invariabilidad a cambio de una recaudación temporal de poca monta.
Cualquier combinación de mecanismos que llegara a gravar, por ejemplo, solo un 45% de las utilidades extraordinarias (llevando del 13% al 30% la tributación total sobre ventas) permitiría recaudar más de dos mil millones de dólares al año. Esa sería una batalla digna de grandes chilenos como Radomiro Tomic y Salvador Allende. En contraste con los poco dignos arreglos menores a los que estamos asistiendo.

miércoles, 11 de agosto de 2010

El toro por las astas en la minería



http://blog.latercera.com/blog/gmartner/entry/el_toro_por_las_astas

Sebastián Piñera propuso, como parte del financiamiento de la reconstrucción, un pequeño incremento del impuesto especial a la minería vigente desde 2005. Eso sí, a cambio de una todavía mayor invariabilidad tributaria que la que existe, de modo que las empresas mineras acepten nuevos pagos voluntarios durante 2011 y 2012. Esta invariabilidad se proponía fuera ampliada hasta 2025, ocho años más que la que la derecha le había arrancado al gobierno de Ricardo Lagos, es decir hasta el 2017, cuando éste propuso modificar la ley de concesiones y establecer una regalía de hasta 3 % de las ventas, dependiendo la tasa del margen operacional, que podría haber llevado la tributación efectiva hasta  cerca de un 50% de las utilidades. Recordemos de paso que “regalía” es la expresión castellana equivalente de “royalty“, la que en propiedad lingüística debiéramos utilizar. Regalía o royalty, el hecho es que fue rechazada la propuesta en el parlamento en  julio y agosto de 2004. Devino en junio de 2005 en un pequeño avance respecto a la cuasi ausencia de tributación minera previa mediante una  nueva ley pero ahora de impuesto especial en base a las utilidades imponibles operacionales del explotador minero. Por encima de 50 mil toneladas y con un margen operacional de al menos un 8%, la tasa es de 5%. Para montos inferiores la tasa es de 0,5% a 4%. Este pago es adicional al impuesto normal aplicable a todas las empresas (primera categoría) e incluyó una rebaja del llamado impuesto adicional, que se aplica a la repatriación de utilidades, de 42% a 35% para que las empresas acogidas a inavariabilidad tributaria aceptaran la nueva fórmula. Su recaudación entre 2006 y 2009 ha sido del orden de 3 mil millones de dólares, incluyendo Codelco. En 2009 fue de 315 millones de dólares en la minería privada.
Lo grave de la imposición de la derecha, sin la cual no hubiera habido legislación ni recurso adicional alguno por el alto precio del cobre en la etapa de bonanza que hemos vivido, fue consagrar una invariabilidad tributaria, figura existente desde los años setenta para la inversión extranjera, que supone sustraer del parlamento, depositario de la soberanía popular, la posibilidad de cambiar normas en la materia. Y esto precisamentge cuando se producían cambios tan relevantes en la industria del cobre que  podrían cambiar el destino de Chile, si empre que el país actúe con inteligencia. La invariabilidad congela una situación en extremo favorable para la minería privada y representa un privilegio exorbitante para las empresas que explotan un recurso no renovable que pertenece a todos y una anomalía democrática manifiesta. La Concertación y el MAS votaron en contra de la propuesta de incrementar la tasa de tributación a cambio de aumentar la invariabilidad hasta cuatro gobiernos más por considerarla lesiva al interés nacional. Hicieron bien,. Pero hoy se reactiva la posibilidad de un acuerdo Concertación-gobierno. ¿Qué cambió en pocos días entre los actuales directivos de la Concertación? Aparentemente un diagnóstico de encuestología primaria: la mala valoración actual de la Concertación debería poder corregirse con una actitud más colaborativa con el gobierno... Es como para no creer la levedad del argumento frente al peso de lo que está en juego.
El país viene cometiendo error tras error en este tema.  Primero José Piñera en la dictadura de Pinochet vació de contenido la nacionalización lograda por Salvador Allende en 1971, al establecer las concesiones indefinidas de las pertenencias mineras que incluso la constitución de 1980 señala como de exclusiva propiedad pública. Luego, en democracia, pese a las advertencias de Radomiro Tomic, mantuvimos el abuso del carácter indefinido de las concesiones y no controvertimos suficientemente la equivocada idea de los neoliberales de que se debía favorecer con urgencia la explotación privada de cobre porque este recurso perdería valor en breves plazos por la emergencia de sustitutos como la fibra óptica. Sabemos hoy que el consumo ha seguido en expansión y que las economías emergentes son grandes demandantes de cobre hoy y en el futuro, con su respectivo impacto en los precios. ¿Bien para Chile entonces? Si, en el caso de las mayores utilidades para la proporción menor al 30% de la producción de CODELCO, y para la recaudación del impuesto minero que logró Ricardo Lagos. Y espectacularmente bien para los accionistas de las compañías del sector, que están beneficiándose de una renta no originada en la actividad empresarial sino en la apropiación de un recurso del subsuelo no renovable, es decir de un bien natural escaso que pertenece a otros, en este caso a la Nación chilena.
Hagamos un paréntesis. La primera ministra de Australia, Julia Gillard, anunció a principios de julio de 2010 un acuerdo con los representantes de las compañías mineras BHP, Rio Tinto y Xstrata sobre un nuevo impuesto a los recursos naturales, poniendo fin así a una agria disputa que duró dos meses después que su antecesor, Kevin Rudd, antes de ser desestabilizado, había propuesto un cambio audaz a la legislación tributaria con un nuevo impuesto a las ganancias mineras extraordinarias de 40%. El acuerdo logrado establece una tasa para la extracción de petróleo y gas del mencionado 40%, y para el mineral de hierro y el carbón una tasa de 30% a partir de julio de 2012. El impuesto se aplicará a las utilidades que excedan a un equivalente a un retorno de 12% sobre las inversiones, en lugar de 6%. Con los cambios, el gobierno recaudará unos US$ 1.360 millones menos que los US $ 10.900 millones del plan original.  No obstante, no parece del todo un mal acuerdo para el gobierno, mientras las mineras lo aceptaron pues hace tributar solo las ganancias extraordinarias. Una regalía propiamente tal, es decir un tributo basado en el pago por el valor del volumen físico extraído, es una primera opción válida y recomendada por los libros de texto. En algunos países se grava con hasta un 18% de las ventas. Pero este mecanismo pudiera seguir menos de cerca las realidades de la inversión privada, especialmente en los períodos de precios bajos, inversión que eventualmente podría verse afectada, lo que es discutible, pero argumentable. La tributación a las sobreganancias, en cambio, nunca va a afectar a inversión minera alguna, salvo que compita con las tasas de retorno del narcotráfico o la venta clandestina de armas.
¿Porqué no aplicar un esquema semejante en Chile, donde están presentes las mismas compañías mineras? Sería una primera opción. Australia posee los mejores yacimientos de hierro, Chile los de cobre. El que puede allá podrá acá, indica el sentido común. Incluso compartimos pertenencia a la OCDE, el club de los países pudientes. Pero no: como se sabe en Chile es el menos común de los sentidos.  Acordemos mejor modificaciones no sustantivas a la propuesta piñerista. Grave error, que esperamos no se concrete.
En efecto, la principal consultora en materia de precios del cobre (CRU) prevé un precio superior a tres dólares la libra en los próximos cuatro a cinco años.  Con ese precio del cobre, el margen operacional de Escondida y el del conjunto de las empresas del Consejo Minero, excluida Codelco, superaría el 60% en el primer caso y el 40% en el segundo. Estas son cifras astronómicas.
De esos datos se infiere que una propuesta rigurosa y justificada es la de un impuesto como el que prevaleció durante un tiempo en Zambia para las ganancias extraordinarias derivadas de los altos precios del cobre, que en su momento recibió el apoyo del Banco Mundial: una tasa sobre utilidades de 25% para un precio entre 2,5 y 3 dólares la libra; de 50% para un precio de más de 3 y hasta 3,5 dólares la libra y de 75% para un precio superior a 3,5 dólares la libra.
Pero la opción australiana, que debe ser refrendada aún por un nuevo parlamento,  y la  de Zambia, que no logró perdurar, chocan en Chile con la oposición empresarial, a la que sabemos es bastante sensible el actual gobierno, y con el problema jurídico de la invariabilidad tributaria, que puede ser invocada en tribunales internacionales.
Por ello es una opción válida la propuesta que ha planteado Juan Villarzú. Si se trata de recaudar en el corto plazo, entonces obviemos el tema de la invariabilidad del impuesto especial a la minería ya vigente. Simplemente deroguémoslo  y establezcamos un impuesto a las utilidades extraordinarias de todas las empresas no pymes (a las utilidades operacionales que  excedan el 30% de los ingresos por venta), fijando una tasa marginal del 30% cuando las utilidades extraordinarias se sitúen entre más del 30%  y el 40% de las ventas; una tasa del 40% cuando las utilidades extraordinarias se sitúen entre más del 40% y el 50% de las ventas y una tasa de 50% con utilidades por encima del 50% de los ingresos por ventas.  Con un precio del cobre de tres dólares la libra las mineras privadas quedarían con este esquema afectas a sobretasas de 50% en Escondida, y de 30% y 40% en el resto de las compañías. Tributarían unos dos mil millones de dólares anuales que no le vendrían mal a Chile para financiar la reconstrucción y mucho más, frente a los 600 millones por dos años de la propuesta de Piñera, con una tasa sobre utilidades operacionales entre 4%y 9%, sin paralizar la inversión privada dada la naturaleza de lo gravado: las utilidades extraordinarias.  ¿No habrá llegado la hora de tomar el toro por las astas en vez de concordar con el gobierno de Piñera condiciones inaceptables para el bien de Chile y su futuro?