jueves, 25 de octubre de 2007

Intervención Universidad Santo Tomás

FORO SOCIAL, SEMINARIO “CRISIS NACIONALES EN LA HISTORIA DE CHILE”


Universidad Santo Tomás
Centro Innovación Pública
14 de julio 2007


Panel sobre Aspectos Políticos e Institucionales
- Carlos Larraín P., Presidente Renovación Nacional.
- Gonzalo Martner F., Ex Presidente Partido Socialista de Chile
- Joaquín Lavín I., Ex Candidato a la Presidencia de Chile.
- Adolfo Zaldivar L., Senador PDC Undécima Región.



Presentación de Gonzalo Martner (transcripción corregida)

Me interesó y acepté participar en este panel porque la invitación es a debatir acerca de algo que me parece esencial: no sólo los temas que podríamos llamar propios de “la razón instrumental”, que más o menos están en el debate político cotidiano, sino acerca de si hay o no en el país situaciones de crisis en los valores, en aquello que da lugar a la convivencia colectiva. Creo que las otras intervenciones nos han efectivamente incitado a un debate sobre la pregunta de si estamos o no en situación de construir en Chile unos mínimos valores compartidos.

Y quiero entonces hacer unos comentarios muy breves respecto a las intervenciones que escuché. Respecto al profesor Villalobos, debo decir que no comparto prácticamente nada de lo que dijo pero me encanta su interpelación honesta como un republicano auténtico, de ideas más bien conservadoras, desde mi punto de vista por lo menos; pero me parece estimulante el recorrido que hace de las situaciones que considera que deben ser dignas de alerta y de debate.

Quiero hacer dos defensas. Primero del fútbol, que creo que fue injustamente, por parte del profesor, calificado de manera un poco dura. En un artículo algo antiguo, Vargas Llosa se preguntaba: ¿por qué el fútbol suscita estas pasiones tan fuertes? Y contestaba que probablemente para las personas comunes y corrientes el poder identificarse con una parcialidad sometida a contraste, con unos que juegan para un equipo y otros que juegan para otro y que quieren vencerse, pero en el marco de un conjunto de reglas establecidas, y de arbitrajes, es lo que genera esta adhesión. Se trata de una forma de juego y de competencia humana sujeta a reglas claras, que contrasta con la ley del más fuerte y el abuso que prevalece en muchos aspectos de la vida en nuestras sociedades. Creo que hay allí, más allá de la pasión, más allá de la dimensión subjetiva, una apreciación positiva a la que adhiero de esto que el profesor Villalobos llamó opio moderno.

Pero, además, quiero hacer una defensa que me parece muy necesaria de la figura de la Presidenta de la República. Yo he leído cartas a los diarios previas de parte del profesor Villalobos: su postura no es de ahora, era de la campaña presidencial, y la respeto. Pero creo que hay una equivocación profunda en considerar que la actual Presidenta de la República no tendría la autoridad, la prestancia para ejercer el cargo. Yo quiero decir todo lo contrario, dicho sea de paso desde la posición de no tener vínculos de ninguna especie que no sean los de adhesión política y personal de mi parte con el gobierno. Yo no ocupo cargo gubernamental alguno. Lo que pasa es que la Presidenta tiene un estilo, una prestancia, una autoridad distinta, y que debemos – creo - saber apreciar en lo que vale. Es cierto que posee un modo de gobernar que presenta un cierto contraste respecto de aquel del Presidente Lagos, por ejemplo. Pero convengamos que hay algo allí de crítica conservadora, en el sentido de una cierta resistencia a lo nuevo. Hay un nuevo estilo de representar la política, que de algún modo también promovió en su momento Joaquín Lavín. Yo tengo muchas discrepancias con él pero comparto la búsqueda de innovar que él ha tenido, entre otras cosas porque desafió a mi propio campo político a hacer las cosas mejor.

Pero la Presidenta Bachelet es mucho más que un nuevo estilo, al que hay que estar abiertos. Hay que recalcar lo que créanme existe en nuestra Presidenta de la República, que es su muy fuerte carácter. Una mujer que ha sido capaz de sobrellevar tan positivamente y tan abiertamente las difíciles circunstancias que le tocó vivir le permite hoy día ser alguien que, creo, logra unir a Chile frente a sus heridas profundas antes que desunirlo como nadie ha podido hacerlo, y al mismo tiempo desarrolla un programa de gobierno que rendirá sus frutos. Este es un logro muy importante, y así lo recogerá la historia de Chile, más allá de la relevante cuestión de que esta nación se atrevió por primera vez a confiarle su destino a una mujer, dando un ejemplo en nuestro continente y abriendo el camino a las nuevas generaciones de mujeres, y de hombres, para vivir en un país más igualitario.

Dicho lo cual quisiera referirme también a las otras intervenciones. Decía el profesor Frontaura que había que buscar un diálogo republicano, pero agregaba, si no entendí mal, que con la búsqueda de la verdad objetiva y de la distinción entre lo bueno y lo justo. Desde un terreno cultural y político que no es el que él representa, acepto el desafío. Sólo que con una afirmación: no existe una sola verdad y menos la "verdad objetiva" en los asuntos humanos. Quien así lo pretende es porque, y así lo demuestra la historia con tan abundantes ejemplos, considera necesario dominar y sojuzgar a otros en función de su particular visión de mundo, a los distintos de cualquier índole, que por supuesto le resistirán.

No es este el momento y lugar para hacer un debate de epistemología, pero convengamos que la completa separación entre sujeto y objeto, más o menos factible en ciencias lógico-matemáticas y naturales, no es posible en ciencias humanas, y menos aún en las visiones de mundo y las culturas. Esta separación solo puede ser relativa en este campo, en el que existen distintas verdades, todas ellas muy respetables en tanto y cuanto, y ahí hacemos la conexión con el desafío propuesto, se reconozcan ciertos valores compartidos, sin los cuales dejan de ser tan respetables. Cuando escucho la intervención del catedrático Fermandois, que sigue justificando la dictadura y la persona de Pinochet, y extiende la justificación hacia la dictadura militar brasileña (afirmando algo así como que hubo cosas que no fueron muy simpáticas, pero sin importancia frente al tema de fondo que habría sido sacar al país de una crisis), yo sigo diciendo: aquí hay una barrera ética profunda, que ningún discurso con ropaje académico puede soslayar. Si de algo sirve el que podamos compartir estas reflexiones, es para hacer distinciones pertinentes acerca del bien y el mal, acerca de lo justo y lo injusto. Habrá siempre distintas interpretaciones de la historia, habrá respetables verdades y enfoques de cada cual, pero hay ciertas mínimas verdades que debemos proponernos construir en conjunto en función de valores que nos sean comunes y podamos transmitir como tales a las nuevas generaciones. Ejemplo: los problemas de la democracia -ya lo decía Lincoln- se solucionan con más democracia y las violaciones de los derechos humanos son inaceptables e injustificables en cualquier tiempo y lugar, pues siempre los seres humanos tenemos la posibilidad de optar por respetar y proteger la humanidad de los que piensan distinto de nosotros o incluso de los que actúan contra nosotros. Este es uno de los fundamentos éticos de la democracia moderna. Compartámoslo. Estos son procesos, es un trabajo lento, y yo tomo este diálogo como parte de algo que, me doy cuenta, hay que seguir todavía construyendo con paciencia en el largo camino de la modernidad al servicio de los derechos, las libertades y el bienestar del hombre que, en mi caso, entiendo han ido abriendo las sociedades con avances y retrocesos desde la Ilustración y que debe seguir su curso.

Hablemos ahora de las crisis. Si uno toma la palabra crisis como una cierta acumulación de circunstancias de ruptura e inestabilidad, o en el extremo como una situación en donde lo que existe está cerca de derrumbarse, yo diría que es bastante difícil caracterizar la situación chilena como una situación de crisis. Y creo que ese es el mérito de todas las fuerzas políticas chilenas, incluidas las que han puesto trabas de todo tipo a la construcción de una democracia digna de ese nombre pero al final se han ido resignando a la inevitabilidad de la recuperación democrática como el necesario destino de Chile. Creo hemos sabido conducir al país desde una crisis profunda y rotunda en sus bases morales de convivencia, instalado en la violencia y el abuso desde el vértice del Estado, hacia un Estado de derecho, imperfecto; una democracia, imperfecta; un tipo de convivencia social, imperfecta. Pero con todas las imperfecciones incluidas, la recuperación democrática que hemos protagonizado nos permite decir con la frente en alto: “estamos legando un país en el cual no hay desapariciones, no hay exilios, no hay torturas, hay libertades, progreso social y económico, elecciones periódicas, instituciones funcionando y perfeccionándose, legítimos debates, como este, y eso es un inmenso progreso que, lejos de ser una crisis, habla bien de la capacidad reciente de Chile de evolucionar frente a sus problemas".

Pero para que las cosas evolucionen bien, no hay que perder nunca el espíritu crítico, nunca. Jamás hay que perder la capacidad de indignarse frente a lo injusto. Quien tenga legítimas indignaciones frente a cualquier acto gubernamental, o de cualquier entidad con significación social, de corrupción, de mala gestión, de lenidad, de caminos equivocados, de políticas erróneas, de situaciones inadmisibles, expréselo y dígalo. Y mientras más, mejor, como más o menos ocurre en Chile, menos de lo que debiera en mi opinión. Pero eso no es sinónimo de crisis.

Uno no puede actualmente avizorar una situación de crisis política: hay tensiones políticas, hay escaramuzas naturales propias de la vida política, mi impresión es que lo que tenemos es una evolución en los dos campos principales con unos debates interesantes, positivos, de los cuales muchos de los que estamos acá somos partícipes, pero no una situación de crisis. No hay crisis política en Chile, aunque algunos en la derecha de irreductible espíritu más o menos faccioso quisieran que hubiera. Sabemos los chilenos lo que es una crisis política, y no es el caso en la actualidad.

No hay crisis económica tampoco, estamos creciendo a una tasa este año del orden del 6%. Se están creando 200.000 empleos al año, lo que es una cifra muy importante. En una mirada más larga, recalquemos que hemos logrado crecer desde 1990 a una tasa por habitante de 4% al año, que duplica la del régimen militar y del período democrático previo. Se dispone ahora como país más del doble de bienes y servicios que en 1990. El esfuerzo actual es acelerar ese ritmo. Así y todo, si no se lograse, con las tasas de crecimiento por habitante del 4% al año Chile va a tener el nivel de vida de la España de hoy hacia el 2025. Si aceleramos, será antes. Eso no es una crisis.

Si creo que hay una crisis social y una crisis cultural, eso sí en otra acepción de crisis, de crisis como aquella situación en la cual lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En ese sentido tenemos una crisis social, se ha descrito en varias de las intervenciones. Yo digo, con mi propio énfasis, una crisis de desigualdad intolerable. El espacio en que convivimos, o convivimos cada vez menos, se fractura. Tenemos unas ciudades - porque Chile ya es un país urbano con más de 20 ciudades con más de 80.000 habitantes - que crecientemente se polarizan territorialmente como expresión de la disparidad entre grupos sociales y de ingresos, en las que se generan problemas severos de convivencia e integración, con una cierta decadencia individualista de las normas sociales y también con violencias urbanas. Tenemos grados mayores de delincuencia, probablemente provocados entre otros factores por el consumo de drogas profundamente destructivas; y podemos seguir armando una lista relativamente larga y preocupante de temas en la materia.

Creo que tenemos, además, una cierta crisis cultural, con factores nacionales y globales, con un culto al presentismo, a lo inmediato, fácil y simple, con miedos al otro, con prejuicios clasistas y racistas, y con algunas formas de lumpenpolítica (el todo vale para razguñar parcelas de poder al margen de toda idea del interés general) y de videopolítica, como diría Giovanni Sartori, en la que solo se transmiten emociones del momento, todo lo cual no permite construir como debiéramos un proyecto nacional o un debate sobre sus componentes que sea a la vez ilustrado y abierto a todos, temas sobre los que el tiempo disponible no nos permite extendernos hoy.

Por mi parte quiero, respetando las verdades de otros, sugerir - en todo caso está ampliamente desarrollado en un libro que está en circulación - lo que pudieran ser algunos de los planteamientos desde el campo de la izquierda en Chile al que con todas sus luces y sus sombras yo pertenezco - a mucha honra - y que pudieran ser parte de los valores compartidos de nuestra sociedad, mientras otros temas y opciones sean parte del legítimo debate democrático y se diriman en virtud del principio de mayoría.

Primero, hagamos un cierto intento y digamos entre todos: “el tema de los Derechos Humanos no debe ser un asunto de polémica política contingente”, sino que debe presidir nuestra convivencia con el compromiso de todos, tal como está formulado en la declaración universal del año 1947 y los pactos posteriores de derechos económicos, sociales y culturales que Chile ha suscrito. Pongamos sus principios formalmente en una nueva Constitución, porque en la actual tan remendada -lo que ya es un mérito si nos fijamos en su insólitamente antidemocrática versión original- no lo están sino en forma indirecta, y solo gracias a la reforma de 1989 que hace alusión a los tratados suscritos por Chile. Hagamos de esos derechos el fundamento de los valores esenciales compartidos por todos en un proceso de refundación republicana. Hagamos un esfuerzo colectivo de pedagogía política que consagre un país pacificado. Y lo digo sin ánimo de polémica, sino para que todos podamos decirles a nuestros hijos: “Chile tuvo crisis muy importantes, muchos fuimos actores y responsables de esas crisis (aunque no es mi caso en lo personal por razones de edad), unos bastante más que otros, pero aprendimos la lección y queremos legar unos valores civilizados de convivencia colectiva”. Nadie debiera por tanto oponerse a que tengamos un día nacional que celebre los derechos humanos, como acaba de ocurrir con la derecha, que parece tener pocas aptitudes para aprender y mirar al futuro…

Segundo, establezcamos solemnemente que la democracia es la expresión institucional de la posibilidad de que esos derechos constitucionalmente establecidos tengan la capacidad de sobrevivir a los conflictos políticos y que sean respetados en toda circunstancia. Hagamos un compromiso colectivo, de todo el espectro político, para que cualquier situación de confrontación, por aguda que fuese, sea resuelta por las vías de la democracia y no con Golpes de Estado en alianza con poderes imperiales, como el promovido contra el Presidente Salvador Allende; ni que la lucha contra las desigualdades incluya inclinaciones insurreccionales como las que equivocadamente nosotros promovimos, más de palabra que de hecho, en los años 1960 y como parte de nuestra voluntad -que mantenemos- de luchar por cambios radicales frente a las injusticias sociales intolerables existentes en nuestro país. A la larga, no ha estado en el alma auténticamente republicana de la izquierda chilena realizar su proyecto libertario y de igualdad social al margen de la democracia.

Tercero, establezcamos defensas comunes de conceptos esenciales para la legitimidad de las instituciones y de la convivencia democrática, y que cada cual lo haga de acuerdo a los criterios que les resulten propios, como en particular: la soberanía popular como base del sistema político y de la representación democrática; la igualdad ante la ley y la ausencia de discriminación arbitraria; la primacía del mérito ante todo privilegio ilegítimo; la igualdad de oportunidades de acceso a los puestos públicos y a las distintas posiciones sociales, complementada por el deber de asistencia a las personas y grupos en estado de necesidad, especialmente cuando se originan en condicionantes sociales que no les son atribuibles, y también complementada por el deber de aminorar las desigualdades ilegítimas; la neutralidad de la función pública; la equitativa repartición de las cargas públicas, incluidos los impuestos; la protección organizada frente a los grandes riesgos.

Cuarto, pongámonos todos de acuerdo para tener un Estado probo y castigar severamente el tráfico de influencias, el clientelismo y la corrupción. A la señora que está diciendo "aquí se están robando esto o aquello", le digo: créame que a mi señora me provoca como el que más un dolor profundo el que haya corrupción en cualquier ámbito de la vida pública, y así lo he dicho con anterioridad. Pero convengamos que no es posible garantizar la conducta de cada uno de los 450.000 funcionarios públicos; sería mentiroso por parte de una autoridad política decir “yo voy a asegurar que no exista ningún acto de corrupción”, o decir "yo voy a asegurar que no habrá ningún acto de delincuencia" porque eso no es posible. Más aún, cuando un Estado logra que no se hable, que no se conozcan hechos de corrupción, que desgraciadamente son consustanciales a las conductas humanas históricamente verificables, es porque se están escondiendo, o porque están institucionalizados. Pongámonos todos de acuerdo para decir, no que vamos a impedir la corrupción, pero sí que la vamos a combatir implacablemente y que en ninguna circunstancia la vamos a justificar. Eso sí podemos hacerlo y debemos hacerlo.

Quinto, también propongo, en el contexto del esfuerzo de construcción de valores mínimos que podamos compartir, que tratemos en la vida pública de no lanzarnos descalificaciones, y reemplacémoslos por juicios y opiniones a lo mejor fuertes, pero que siempre estén razonablemente fundados. Rechacemos la lógica televisiva del debate político actual, en que se busca la fórmula, la cuña (hay a mi lado un maestro en la materia -Joaquín Lavín- se lo digo respetuosamente) que tiende a disminuir la capacidad de realizar diálogos inteligentes e ilustrados, que son esenciales para que la vida democrática se cultive, se profundice y sea efectiva. La cuña que no explica, que no invita a razonar sino que busca manipular la emoción del momento, termina por empobrecer, irritar y alejar a los ciudadanos de la esfera pública.

Y creo que hay algo que debemos proponernos entre todos cultivar, y por eso me gustó la intervención del profesor Villalobos, que es el compromiso con la consideración hacia los demás. En definitiva, muchas de las cosas que él planteó se resumen en este concepto: pérdida de la consideración hacia los demás. Cuando esto ocurre en la televisión, en la calle, en la actitud de unos y otros actores en la vida colectiva, entonces se va perdiendo ese cimiento que nos permite vivir en común.

Poder vivir en común supone, además, mantener y defender convicciones. Desde que se inició la transición, se ha utilizado de vez en cuando la distinción que hizo el gran sociólogo alemán Max Weber a principios del siglo XX entre lo que el llamaba “la ética de la responsabilidad” y la “ética de la convicción”. El sostenía en 1919 que ambas eran dimensiones que consideraba legítimas pero en definitiva señalaba que había que optar por la ética de la responsabilidad, y relegar la ética de la convicción a un segundo plano. Esto se ha escuchado desde 1990 en personas de mi campo político frente a diversas controversias. Yo quiero invertir esa proposición y decir que hay que actuar con la ética de la convicción, porque la responsabilidad efectiva puede nacer sólo de la convicción. La apelación a la responsabilidad que aparentemente busca relegar los desbordes de las convicciones, en realidad no es sino un modo de actuar en política que busca imponer convicciones bien concretas: la defensa del statu quo.

Cuando se dice “usted debe actuar como yo le digo, porque usted tiene que tener un comportamiento responsable y basarse en la ética de la responsabilidad” entonces se está destruyendo aquello que es esencial: en la vida democrática no hay verdades absolutas, hay deliberación sobre posiciones basadas en convicciones e intereses. Reivindiquemos entonces a estas alturas la ética de la convicción: discutamos unos y otros en la sociedad de acuerdo a las convicciones de cada cual, develemos los intereses de cada cual, proceso del que surgirán con mayor probabilidad las conductas responsables que son indispensables para la convivencia social. La ausencia de deliberación en nombre de la responsabilidad no hace sino esconder la voluntad de imponer a los demás las convicciones propias. Eso no es aceptable para la vida democrática. Así, podremos concluir que, si esbozos de crisis pudieran haber en nuestra convivencia en algunos ámbitos, estaremos en mucho mejor situación de darles una solución con la voluntad colectiva de abordarlos que nace de la deliberación democrática y de la expresión de las convicciones. Muchas Gracias.

martes, 9 de octubre de 2007

Entrevista en El Mostrador

8 de Octubre de 2007
Presupuestos 2007 y 2008: ''Hay que ver para creer''
por Carlos Alvarez
"Creo que hay ideólogos neoliberales en posiciones importantes en el gobierno que buscan cualquier pretexto para, por un lado, no hacer crecer el gasto de acuerdo a los mayores ingresos permanentes, o bien que lo restringen arbitrariamente en su ejecución. Así es que hay que en esto ver para creer", afirma el economista Gonzalo Martner. Gonzalo Martner dice que aunque los presupuestos- como el del 2007 y 2008- contengan una importante expansión del gasto público, en esta materia hay que aplicar el "ver para creer" de santo Tomás, porque los supuestos establecidos hay que confrontarlos con los desembolsos efectivos.
- ¿La importante expansión de estos dos últimos años podría generar que la tendencia declinante o al menos de estabilidad, que se observaba del gasto público en relación al PIB entre 1990-2006 se revirtiera con el nivel de gasto del 2007-2008?
- Indudablemente, la política fiscal de la Presidenta Bachelet ha sido la de incrementar el gasto público a tasas superiores al crecimiento del PIB, dada la existencia de ingresos permanentes adicionales (por un mayor precio del cobre de largo plazo) y para 2008 en adelante, en virtud de la disminución decidida por la Presidenta del nivel del superávit estructural desde un 1% del PIB a un 0,5% del mismo. A los que la critican por que supuestamente no tomaría decisiones recordémosles ésta, que muchos consideraban "peligrosa", pero que en realidad se justificaba plenamente al desaparecer las causas que la originaron. Ahora, me gustaría ver la ejecución presupuestaria real de 2007 antes de sacar conclusiones, pues creo que hay ideólogos neoliberales en posiciones importantes en el gobierno que buscan cualquier pretexto para, por un lado, no hacer crecer el gasto de acuerdo a los mayores ingresos permanentes, o bien que lo restringen arbitrariamente en su ejecución. Así es que hay que "ver para creer".
-¿El hecho de que el gasto fiscal se haya mantenido e incluso bajado en relación al PIB en los últimos años implica una política deliberada de reducción, en definitiva, del tamaño del Estado de la economía?
- No quiero juzgar intenciones. Mientras fui subsecretario de la Presidencia con el Presidente Lagos no observé esa actitud, pero hay que constatar que en 2003-2005 se produjo un crecimiento del gasto público inferior al PIB, lo que nada justificaba desde el punto de vista económico y es lamentable desde el punto de vista de las necesidades sociales y productivas que el gobierno debe cubrir atendido nuestro actual nivel de desarrollo. Por ejemplo, con un buen financiamiento inicial al Transantiago y sus infraestructuras, otro gallo hubiera cantado para una política pública tan importante como la del transporte público. Pero los ortodoxos del libre mercado a ultranza y sus medios hubieran puesto el grito en el cielo. Una vez más, los ideólogos neoliberales -los que antes estaban al servicio de la dictadura y los que hoy, aunque distintos, forman parte del arco iris de la Concertación- le han hecho daño al país.
-La política actual de "gastar los ingresos permanentes y ahorrar los transitorios" es consistente con esa tendencia, o dado los altos recursos fiscales y la reducción de la meta de superávit estructural al 0,5%, puede producirse un cierto quiebre en la tendencia antes descrita?
-Creo muy importante subrayar la distinción entre ingresos permanentes y efectivos. El nivel permanente o estructural (o promedio en el tiempo, si se quiere) de los ingresos públicos, que es el que se considera para la formulación prespuestaria en Chile desde 2001, permite mantener o hacer crecer el gasto público en períodos de bajos ingresos en base al ahorro de los ingresos extraordinarios previos. Los ingresos efectivos de cada año, en cambio, fluctúan según sea la actividad económica o el precio del cobre: con la regla actual, si son bajos, pueden dar lugar a un déficit fiscal temporal, compensado más adelante con superávits fiscales, cuando llegan las vacas gordas de nuevo. Con esta política fiscal anticíclica, que distingue ingresos permanentes de ingresos corrientes, se puede tener un Estado muy grande o muy chico. Eso depende del nivel promedio permanente de ingresos públicos (básicamente impuestos) que la sociedad decide tener para financiar los bienes públicos a los que desea acceder. Si queremos una buena salud, educación, pensiones y transporte público, por ejemplo, entonces tenemos que tener impuestos suficientes que los financien establemente. En economía no hay milagros. No se puede querer servicios públicos suecos con impuestos haitianos o sin financiamiento y por tanto, inflaciones elevadas que penalizan a todo el mundo y preferentemente a los más pobres. Esa discusión sobre el nivel y estructura permanentes del gasto público no tiene nada que ver con la regla fiscal actual. Eso no obsta a que deba seguir siendo perfeccionada en el aspecto del superávit estructural que, insisto, pudo tener una justificación en el 2000 cuando teníamos un déficit fiscal efectivo y había que darle credibilidad a la política fiscal anticíclica ante los mercados internacionales, pero que hoy no tiene ninguna, cuando el Estado ha pasado a ser un acreedor neto y no tiene ninguna necesidad de acumular más excedentes fiscales.
-¿Qué debiera hacerse con la regla de superávit estructural?
- El 0,5% de superávit estructural debiera eliminarse para 2009 y mantenerse una política de largo plazo de balance estructural, como se practica en la Unión Europea. De más está subrayar que grandes déficits fiscales permanentes no son aconsejables, pues hacen recaer su financiamiento sobre las generaciones siguientes o bien, como en el caso del enorme y persistente déficit fiscal norteamericano, financiado con los excedentes comerciales asiáticos y no sujeto a ninguna regla, se constituyen en un factor de perturbación de la economía mundial.
- ¿La reducción del peso del gasto público en la económica que usted cita tiene que ver con el tipo de estructura tributaria que se ha ido desarrollando en Chile, que como dice Mario Marcel, también ha implicado algunas perforaciones tributarias importantes, más los efectos de los TLC, de las franquicias tributarias?
- En efecto. Y no olvidemos la equivocada rebaja tributaria a los tramos más altos del impuesto a la renta promovida por el entonces senador Foxley y aceptada por el entonces ministro Eyzaguirre, como si no tuviéramos en Chile un enorme problema de desigualdad. Todas esas perforaciones, sin embargo, tuvieron en la disminución de la evasión promovida por el Presidente Lagos y más tarde en el royalty promovido por los partidos de la Concertación y luego por el gobierno (por mucho que su versión final, luego del rechazo de la primera versión por la derecha, haya salido bastante descafeinada) un contrapeso importante, aunque no suficiente.
- Al finalizar el artículo usted postula una relación gasto publico PIB de un 35%. ¿Esto implica necesariamente una reforma tributaria y qué sentido debería tener? ¿Aumento a las empresas y reducción a las personas?
- La tarea es ahora eliminar la mayor parte de las franquicias tributarias manteniendo la progresividad del impuesto a la renta -que algunos quieren eliminar a título de la simplificación del sistema, con la grave consecuencia de incrementar aún más las desigualdades respecto de los que tienen menos ingresos. Las personas en Chile, especialmente las más ricas, pero también las de ingresos medios altos, pagan comparativamente muy pocos impuestos, aunque siempre, claro, todo el mundo considera que los impuestos que paga son enormes y la aspiración de muchos es recibir bienes públicos de todo tipo sin pagar por ellos. No me parece justo ni eficiente disminuir los impuestos a las personas, sino que se debe hacer que todos los paguen en efectiva proporción a sus ingresos, con el tope de 40% actual para el tramo más alto. Mantengo esta postura aunque suene políticamente atractivo ir a un "flat tax", un impuesto parejo a las empresas y a las personas, para terminar con los mecanismos de elusión que persisten en utilizar muchos (vía sociedades de papel y otras yerbas). Una sociedad más segura, próspera e igualitaria tiene un precio: impuestos progresivos que todos debemos pagar. Lo otro es sumarse a los mecanismos de impuesto bajo y plano que han adoptado algunos países ex-comunistas, hoy reconvertidos al capitalismo salvaje (con muchos ex comunistas o asociados incluidos en esa reconversión, como a veces vemos también en Chile). Por otro lado, se debe aumentar el royalty de inmediato -como lo han hecho diversos países recientemente para beneficiarse como corresponde del incremento de los precios de las materias primas-, pues las utilidades de las empresas mineras privadas son escandalosas, habida cuenta que no se originan en su actividad, sino en el uso de un recurso que se ha encarecido gracias a China e India, que pertenece a todos los chilenos y que estamos regalando a los accionistas de las empresas mineras transnacionales. En 2006, estas estuvieron entre las empresas más rentables del mundo, con tasas de utilidad increíbles. Yo personalmente no entiendo la ausencia de debate público en Chile en la materia. Cuando uno plantea estos temas, propios del intercambio democrático, con frecuencia es descalificado con argumentos inverosímiles y emocionales. Y las desigualdades de las que tanto se habla y respecto de las que poco o nada se avanza -en Chile somos expertos en dobles discursos- siguen tranquilamente reproduciéndose día a día.

lunes, 8 de octubre de 2007

La reducción de la desigualdad

En La Nación de hoy se encuentra artículo "La reducción de la desigualdad".


TRIBUNA

La reducción de la desigualdad

Si nada se quiere hacer, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad.


Desde la reciente campaña presidencial se ha hablado mucho sobre la necesidad de redistribuir los ingresos. Incluso un ex candidato perdedor forma hoy parte de la comisión que fue creada por la Presidenta Michelle Bachelet para hacer proposiciones en esta materia. Venimos arrastrando una persistente desigualdad de ingresos desde que en la década de 1970 se produjeron gigantescas transferencias de activos (contrarreforma agraria, privatizaciones) en beneficio de una minoría poderosa vinculada con la dictadura militar. La globalización de los mercados y varias crisis hicieron lo suyo, más tarde, para acentuar la concentración del capital productivo y financiero.
La más reciente encuesta Casen, cuya presentación oficial resulta algo confusa en sus criterios, revela una mejoría en la desmedrada situación chilena que es digna de destacarse. La distribución del ingreso autónomo por habitante entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, medida sin las transferencias públicas distintas de las pensiones- era de 19,7 veces en 1990 y de 21,3 veces en 2003. Se reflejó a esa fecha un deterioro en la distribución del ingreso primario (el que emana de la actividad económica) fruto del mal manejo de la crisis asiática y de sus efectos prolongados en el desempleo en nuestro país. Pero la buena noticia es que esta relación disminuyó a 19,3 veces en 2006.
La distribución del ingreso monetario o disponible entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, el ingreso que en definitiva está en manos de los chilenos- era de 18,4 veces en 1990 y de 18,9 veces en 2003. Estas cifras muy similares contrastaron con las del ingreso autónomo y reflejaron el buen impacto de una cierta focalización y expansión de los programas de transferencias monetarias. Aquí, de nuevo, la buena noticia es que esta relación disminuyó de manera importante a 16,5 veces en 2006, reflejando, probablemente, la mejoría en el empleo y en las transferencias a los más desfavorecidos.
No obstante, esta cifra sigue dejando al desnudo la enorme brecha de ingresos que todavía persiste (para no hablar de aquella en la posesión de activos productivos, que es aún mucho mayor). Cuando las cifras oficiales morigeran este dato sin considerar los ingresos por habitante (que es la variable pertinente, pues las familias más pobres son más numerosas y el mismo ingreso tiene que alimentar más bocas) o bien introduciendo de modo sólo parcial algunos gastos y recaudaciones públicas, equivocan el camino. La realidad hay que enfrentarla desnuda para poder actuar sobre ella y modificarla.
Hagamos un ejercicio simple con los datos de la Casen 2006: si por la vía tributaria y mediante subsidio directo se redistribuyera adicionalmente 5% del ingreso monetario disponible por habitante de los que pertenecen al 20% más rico hacia los que pertenecen al 20% más pobre, la relación entre sus ingresos promedio pasaría de las 16,5 veces mencionadas a 8,6 veces, es decir una cifra como la de EEUU (aunque este país no es de los más igualitarios si consideramos las 3,8 veces de Finlandia y Japón y las cuatro veces de Noruega y de Suecia).
En dinámica, este tipo de redistribución (que debiera organizarse desde los muy ricos a los que no tienen capacidad de ganarse la vida -niños, ancianos, discapacitados- o posibilidades de hacerlo debido a que están desempleados o enfermos) según los liberales plantearía un problema de incentivos que disminuiría el crecimiento. Esto no está probado en absoluto más que en sus dogmas, y debe dejar de ser un obstáculo mental, que es el que básicamente nos impide avanzar a una sociedad más igualitaria. La resignación es el mal nacional por excelencia de esta época de pragmatismos y dogmatismos mediocres.
Lo que nadie objetaría, pues no admite ningún problema de incentivos, es crear un fondo de redistribución de una parte de los excedentes del cobre que gastara sus intereses sólo para este fin, simplemente porque se declara prioridad nacional atacar directamente la desigualdad. A los fondos de estabilización y de reservas de pensiones ya creados por la Ley de Responsabilidad Fiscal, se podría agregar este fondo de redistribución en una ley de responsabilidad social, voluntad política mediante. El precio del cobre todavía más alto a lo previsto podría alimentarlo de modo significativo, en especial si se modifica el royalty que resultó ínfimo ante las increíbles ganancias que acumulan las mineras privadas con un recurso que es de todos los chilenos.
Si nada se quiere hacer en esta materia, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Y, en ese caso, terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad frente a la oportunidad histórica que se nos presenta con la prolongación de la bonanza del cobre.