lunes, 30 de abril de 2007

El desafío del largo plazo



El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (GICC), creado en 1988 por Naciones Unidas, hará público esta semana en Bangkok un informe que precisará los medios que pueden emplearse para mitigar el efecto invernadero.
Esta reunión es la tercera del año. De las dos primeras emergieron las siguientes conclusiones : en primer lugar, está prácticamente establecido (con una probabilidad de 90% contra 66% en el informe de 2001) que el ser humano está directamente en el origen del recalentamiento del planeta; en segundo lugar, esta evolución podría generar hambrunas, sequías, olas de calor y aumento del nivel del mar (entre 18 y 59 centímetros de aquí a fin de siglo).
La previsión es alarmante, según los científicos, que advierten que un aumento por encima de los 2 grados llevará a la desaparición de aproximadamente el 30% de las especies. De aquí a 2080, hasta 3,2 mil millones de personas estarán expuestas a la escasez de agua severa y 600 millones al hambre en razón de las sequías y de la degradación y salinización de los suelos. Cada año, de dos a siete millones de personas adicionales podrían verse expuestas a inundaciones en las costas y en los grandes deltas de Africa del Oeste, de Asia o del Mississipi. En nuestro país, disminuiría el régimen de lluvias y cambiarían fuertemente nuestra agricultura y nuestros bosques del sur.
Si no se toman medidas de control, las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta habrán aumentado entre un 25% y un 90% en 2030 respecto al nivel de 2000. El sector energético, el agrícola y los bosques destacan como idóneos para tomar medidas, mientras que el transporte presenta más dificultades.
Según algunos escenarios, el crecimiento del PIB mundial podría beneficiarse con el manejo de las emisiones, pues se trata de una actividad que podría tener un fuerte potencial económico en las próximas décadas. El economista británico Nicholas Stern, afirmaba en un estudio de 2006 que actuar desde ya tendría un costo de 1% del PIB mundial. El informe Stern compara los costos de no actuar contra el cambio climático a los asociados con las dos grandes guerras y la crisis económica del 29 y los cuantifica en una reducción del bienestar equivalente a una rebaja del consumo medio por persona de entre el 5% y el 20%.
Una gran lección del informe Stern es que, por un lado, la lucha contra el cambio climático puede derivar en grandes oportunidades económicas y que, por otro lado, es factible descarbonizar la economía mundial para hacerla compatible con la estabilización del clima, manteniendo el crecimiento. En el caso del cambio climático, Stern recomienda: (1) el establecimiento de un precio al carbono para que los agentes se enfrenten a los costos sociales totales de sus acciones; (2) la puesta en marcha de políticas de apoyo al desarrollo urgente de tecnologías bajas en carbono; (3) la eliminación de barreras a los cambios, motivando a todos para que aprovechen las oportunidades en el marco de la eficiencia energética y, (4) la puesta en marcha de políticas de adaptación para aquellos impactos que no podrán ser evitados. Finalmente, ofrece una valoración económica de la actuación pública, elemento crucial para saber si es mejor el remedio que la enfermedad. Y aquí está otro de los grandes mensajes de Stern: los beneficios de la toma de fuertes y urgentes medidas contra el cambio climático superan ampliamente los costos de no hacerlo.
Nuestro país debe mirar más al largo plazo. Los debates del día a día, las restricciones del aquí y ahora y la ausencia de instituciones que se ocupen del futuro, no han permitido elaborar una agenda del 2020 y del 2050 que aborde los desafíos, entre tantos otros, energéticos y ambientales. La excepción ha sido el tema previsional, que aborda por definición el largo plazo y considera el dramático cambio demográfico que estamos viviendo en Chile y nos obligará a un esfuerzo mucho mayor que el previsto si queremos permitirle una vida decente a los adultos mayores en este siglo 21. Llegó tal vez el momento de volver a preocuparse también de la prospectiva, de la planificación y del legado que dejaremos a nuestros hijos, incluyendo nuestra contribución como chilenos a la contención del cambio climático.
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Ilustración: Vitral de Cecilia Martner

jueves, 5 de abril de 2007

Un regalo innecesario



El tercer paquete de medidas del actual Ministro de Hacienda incluye la depreciación instantánea de activos por dos años. Esta modificación resultará en una menor recaudación tributaria durante los años 2008-2010 de 540 millones de dólares. En comparación, el costo del reajuste de las pensiones más bajas realizado en 2006 fue de 181 millones de dólares al año y el gasto previsto en el proyecto de ley de reforma previsional es de 81 millones en 2008, 302 millones en 2009 y 492 millones de dólares en 2010, mientras el de la ley de subvención preferencial es de 305 millones al año. Este empujón tributario a las empresas que invierten es entonces de alto costo en el corto plazo en comparación a las principales iniciativas sociales del gobierno. Las presiones para la mantención del mecanismo más allá de lo previsto serán probablemente muy altas.
El efecto de la depreciación instantánea dependerá de cuánto incida el menor pago de tributos en la rentabilidad global de los proyectos de inversión de las empresas. Si incide poco, como es lo más probable, las empresas seguirán con el cronograma inicial y con un incremento de rentabilidad en el corto plazo. Una observación somera a las utilidades de las sociedades anónimas en 2005 y 2006 revela que este no es precisamente un problema para la economía chilena.
El problema que enfrenta la autoridad económica es una brusca desaceleración de la inversión en 2006, la que venía sosteniendo tasas de crecimiento especialmente elevadas y contribuyendo al crecimiento agregado de modo decisivo en 2004 y 2005. A la inversa, el freno brusco de la inversión –pasando de tasas de dos dígitos a tasas de un dígito- incidió en el débil crecimiento de 2006. Lo más probable es que ese proceso se haya debido a una renovación generalizada de maquinarias y capital fijo por el grueso de las actividades productivas, luego de un largo período de recuperación de sus ventas y producción. La inversión tiene un ciclo que le es propio y que no se verá alterado de modo importante por la mecánica de la depreciación inmediata.
El argumento de un eventual efecto multiplicador de la aceleración de las inversiones en la economía (que se argumenta en este caso compensaría entre 70% y 80% de su efecto neto), se parece mucho al de los adeptos de la llamada “curva de Laffer” (las rebajas de impuestos reactivan la economía permitiendo recaudar más impuestos) que ha inspirado a diversas administraciones conservadoras en EE.UU. Su resultado ha sido un estruendoso fracaso y el más alto déficit fiscal de la historia.
Será la inversión minera y energética la principal beneficiada por este mecanismo fiscal. Esto se ve refrendado por la información sobre los principales proyectos de inversión en curso: los proyectos mineros El Morro (US$ 1.380 MM); Pascua (US$ 1.301 MM); Desarrollo Los Bronces (US$ 761); Proyecto Gaby (US$ 706 MM) y Mina Esperanza (US$ 695 MM); las centrales hidroeléctricas Energía Austral (US$ 700MM) y Río Puelo (US$ 650 MM); las líneas de transmisión de XI región a la Zona Central (US$ 614 MM), entre los más importantes.
En el caso de la actividad minera, lo más probable es que no se modifiquen mucho los calendarios de inversión, pues están sujetos a restricciones técnicas, y que la depreciación instantánea constituya un regalo en el corto plazo a unas pocas grandes empresas y en el largo un crédito subsidiado sin justificación económica. Este beneficio fiscal va directamente en la orientación contraria a la aplicación del royalty desde el punto de vista recaudatorio. En el caso energético, es también muy poco probable que haya modificaciones en el calendario de inversiones.
Se trata de un regalo tributario que apunta a apurar los proyectos en carpeta para 2007 y 2008, con poca probabilidad de lograrlo, y no a mejorar el desempeño de la inversión en el largo plazo, dada la duración de la medida, ni pretende transformar en rentables proyectos que no lo eran. Se trata de una medida muy cara e inútil, que contrasta con la ausencia de financiamiento de tantas otras prioridades.
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Ilustración: Trabajo en vidrio de Cecilia Martner