miércoles, 12 de diciembre de 2007

El proyecto chileno

En La Nación del lunes 10 de diciembre se publicó el artículo "El proyecto chileno".

Chile es un país pequeño y alejado de los centros de decisión. Estamos acostumbrados a ver los fenómenos globales como ajenos. Sin embargo, tenemos una influencia que ganar, junto a otros, y que necesitamos precisamente porque somos pequeños y lejanos. Mientras más el mundo se rija por reglas racionales, mejor podremos enfrentar las consecuencias de los desordenes globales. Y la nuestra no puede ser sino una influencia amistosa basada en ideas y trayectorias.

Un ejemplo es el calentamiento global, que tendrá graves consecuencias, y desde luego en Chile. Se está justo a tiempo para impedir que supere el umbral fatal de los dos grados centígrados. Y nuestro país debe tener una voz en la materia, y un fuerte programa propio de reducción de emisiones de gases con efecto invernadero que nos dé autoridad para reclamarla, con otros, a los grandes países que provocan el problema. Al esfuerzo de alcanzar un acuerdo internacional fue convocado por la ONU el ex presidente Lagos. En Chile, en vez de congratularse, muchos no han hecho más que minimizar ese rol por razones de política interna, por mucho que en su gobierno se pudo haber hecho más en materia ambiental -siempre se puede hacer más- y deberá hacerse más en el futuro. Así se equivoca el camino y no se defiende el interés nacional.

La paz en el mundo está amenazada, por otro lado, por los reacomodos hegemónicos y la lucha por los recursos naturales. En octubre, Bush levantaba el espectro de un "holocausto nuclear" y el riesgo de una "tercera guerra mundial" por el programa de enriquecimiento de uranio de Irán. En estos días de diciembre nos informamos que los propios servicios de inteligencia de EE.UU. afirman que Teherán congeló su programa nuclear militar en 2003. Ya sabemos que las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein no eran más que quimeras para justificar la invasión norteamericana de Iraq y acceder a una zona rica en petróleo. Sabemos que la Rusia de Putin se recompone en base a su capacidad energética y reconstituye un poder fuerte con una democracia débil. Sabemos que Europa se amplía, pero debilitando su capacidad de acción. Sabemos que los países emergentes como China e India transformarán su creciente importancia en la economía mundial en influencia política. China ya es el principal mercado de exportación para Chile y lo será crecientemente para el resto de América del Sur, en una dinamización de los intercambios Sur-Sur inimaginable décadas atrás.

Chile necesita en este contexto que se fortalezcan las instituciones y el derecho internacional, y puedan regularse al menos en parte los grandes conflictos en desarrollo. El ejemplo dado por Chile al oponerse a la guerra en Iraq enfrentando las presiones de EE.UU. cuando firmaba un acuerdo comercial, generó admiración y respeto porque no se condecía con su tamaño. Y abrió puertas para una posición de mayor influencia. También Chile hizo lo adecuado al invitar a los países de América Latina a contribuir a la estabilización de Haití y al sumarse al nuevo esquema de Comunidad Sudamericana de Naciones.

Sin embargo, la integración está paralizada por los conflictos de intereses nacionales y una dosis de sobreideologización. Venir, como hizo el presidente Chávez a una cumbre a Chile a contradecir el proyecto de crecimiento con cohesión social representado por la presidenta Bachelet, y generar incidentes verbales mal respondidos, no ayuda a fortalecer un liderazgo de ideas y de proyecto capaz de influir en el contexto global. Para no "arar en el mar", se trata de darle un impulso moderno al proyecto de Simón Bolívar, al que la retórica confrontacional no ayuda. A la postre, el pueblo venezolano, mayoritariamente favorable al avance social promovido por el presidente Chávez, no aceptó validar la personalización del poder, como tampoco el resto del continente acepta el intento de Chávez de transformarlo en zona de influencia para fines de liderazgo personal.

Sería un grave error consagrar en nuestro continente, una vez fracasadas moral y políticamente las dictaduras militares de derecha y dejados de lado los modelos neoliberales del consenso de Washington por ineficaces y promotores de inaceptables desigualdades, la idea que los avances sociales solo son posibles con Estados autoritarios y caudillos a su cabeza. Tampoco hay un modelo chileno libremercadista que vender, como las derechas y algunos organismos internacionales quisieran, pues ese modelo del pasado no convoca a nadie sino a los pocos dueños de la riqueza en el continente. Si hay un proyecto chileno que defender, es el de la democratización con cohesión social basada en fuertes políticas públicas y en una eficacia económica regulada.

En nuestro debate político interno es esencial ver el vaso medio vacío y no dejar el terreno libre a la regresión neoliberal o a la lumpenpolítica dedicada a conquistar posiciones burocráticas en el Estado antes que a avanzar a mayores grados de cohesión social. Ni se debe aceptar la vuelta a la lógica de las "depuraciones", propias de la guerra fría en nuestros partidos políticos progresistas, que creíamos se habían reconstruido respetando la diversidad y la democracia interna para promover con legitimidad la democracia y la tolerancia en la sociedad. Y se debe terminar con la carencia, costosísima para Chile, de control nacional suficiente de nuestros recursos naturales

En la proyección externa de Chile, en cambio, es donde se debe subrayar la parte medio llena del vaso, que por supuesto también existe. La opción de sociedad que combina democracia, progreso social, sustentabilidad y eficacia económica puede y debe ser defendida como un camino en parte recorrido y que debe seguir recorriéndose con una mayor incidencia social y ecológica en la ecuación. La mejor opción no es la sujeción a la potencia dominante sino construir integradamente un mejor bienestar para los pueblos, con libertades y prosperidad compartida, subordinando a los poderes económicos minoritarios, gobernando el mercado desde la democracia. El desafío es hacer de la democracia progresista la gran bandera latinoamericana como la mejor base para la identidad, coordinación y proyección continental. Y decirlo con claridad.

domingo, 9 de diciembre de 2007

Hasta siempre, Francisco Mouat

Hay noticias que golpean, sobre cuando se reciben desde lejos. Acabo de enterarme del fallecimiento de Pancho Mouat. Finalmente descansó cuando no hubo más que hacer contra la enfermedad. Se me vienen a la memoria de inmediato tantas y tantas largas jornadas compartidas, en las que se podía siempre contar con la presencia y apoyo de Pancho. Su trayectoria viene de muy atrás en la juventud socialista, como sobreviviente de la clandestinidad que enfrentó con valentía, en el exilio, en el retorno. Pero Pancho es de los que encarnó desde 1990 la voluntad incansable de trabajar por reconstruir y fortalecer el Partido Socialista como el mejor homenaje a los caídos. Había en Pancho una tenacidad cotidiana, de las que son indispensables para todo proyecto de gran envergadura. En ese contexto lo conocí hace casi dos décadas. Había en él el caracter más bien silencioso de los que no necesitan vociferar sus convicciones, porque las tienen profundas yconsistentes, y un gran sentido de la amistad. Y había siempre en él, más allá del semblante a veces adusto, una actitud humana en el tratamiento de los asuntos cotidianos de la vida del partido, no siempre pacíficos.Tuve el privilegio de trabajar y convivir con Pancho en las más diversas circunstancias y la oportunidad de sostener largas conversaciones sobre esto y aquello. Tuve el privilegio de que aceptara ser mi colaborador directo como presidente del partido, hasta que luego fuera a acompañar a nuestra Presidenta en su campaña, colaborador al que siempre se podía pedir consejo desinteresado y con el cual se podía no solo trabajar dedicadamente en la tarea común, sino sobre todo compartir humanamente. Tuve el privilegio de haber sido su amigo, de esos que no confunden la amistad con los avatares políticos. No podré estar presente para despedirte, Pancho, pero vayan estas palabras para tu compañera, tus familiares, tus amigos, tus camaradas, para decirles que nos inunda la pena, pero que nos ha dejado un gran ser humano cuyo ejemplo nos compromete aún más a todos sus compañeros a seguir trabajando por el proyecto común de contruir una sociedad más justa.

martes, 13 de noviembre de 2007

Entre el enfriamiento y la recesión

Columna publicada en el diario La Nación el 13 de noviembre de 2007

Desde que estalló en agosto de 2007 la crisis del subprime, el crédito hipotecario de alto riesgo, se reveló no sólo la depresión del mercado inmobiliario residencial en EE.UU., sino también la fragilización de la economia mundial, que hasta aquí había podido absorber una tendencia impresionante de incremento del precio del petróleo. Hacia mediados de agosto, la Federal Reserve (FED, banco central de EE.UU.) constató los efectos negativos de la coyuntura financiera sobre su economía bajando sus tasas, en un contexto en que la actividad y los precios del petróleo y de los alimentos alimentaban un incremento de la inflación, demostrando una conducta pragmática. Esa misma conducta de la que carece nuestro banco central, que sufre del síndrome deflacionista y que va acentuando las diferencias entre las tasas de interés en Chile y en el mundo, presionando a la baja el tipo de cambio y agregando un nuevo factor de desaceleración de una economía chilena que podría crecer mucho más rápido.
Se consolida entonces una perspectiva de crecimiento en 2007 y 2008 solo del orden de 2% al año para EE.UU., la mitad de los desempeños habituales de los últimos años. Incluso los más optimistas admiten que una recesión -dos trimestres consecutivos de disminución del producto- no se puede excluir.
No obstante, los "factores de resiliencia" de la economía norteamericana siguen siendo fuertes. No escasean los argumentos que alimentan la tesis de un simple enfriamiento. El crecimiento de los salarios debiera mantener un ritmo sólido, mientras el poder de compra de los hogares debiera beneficiarse de una inflación más baja. Las instituciones financieras habían acumulado antes de la crisis utilidades sustanciales que debieran permitirles absorber el golpe. Las empresas norteamericanas presentan balances satisfactorios y la depreciación del dólar debiera ayudarles en su capacidad exportadora: el comercio exterior sostendría el crecimiento en un 0,7% en 2008. En fin, permanecen márgenes de maniobra presupuestarios y monetarios para enfrentar un eventual inicio de recesión.
En sentido inverso, la desaceleración del consumo y sobre todo la gravedad de la crisis inmobiliaria alimentan las inquietudes. Y según el Nacional Bureau of Economic Research, la economía norteamericana registró diez recesiones desde 1945 y diez de ellas fueron precedidas de una corrección de la actividad inmobiliaria. Probablemente en base a consideraciones de este tipo la Reserva Federal disminuyó nuevamente a fines de octubre la tasa de los Fed Funds.
La disminución de tasas en EE.UU. agravará la caída del dólar contribuyendo a su empuje comercial, pero afectará a Europa. La subida del petróleo tiene sus propios efectos colaterales sobre el crecimiento económico y sobre los precios. La inflación en los países de la eurozona experimentó un aumento interanual del 2,1% en septiembre, cuatro décimas más que en agosto. La inflación supera así el objetivo del 2% anual que se ha fijado el Banco Central Europeo. Las exportaciones europeas están respondiendo bien hasta ahora porque la industria ha hecho un gran esfuerzo de reconversión en los últimos años, pero el nivel actual del euro planteará problemas de competitividad en diversos mercados. Crece la preocupación por la elevada cotización del euro con respecto al dólar estadounidense, el yuan chino y el yen japonés y los europeos invitan a las autoridades estadounidenses a que sigan manteniendo que están a favor de un dólar fuerte; a las japonesas, para que el yen recoja los fundamentos de su economía; y a las chinas, para que fomenten el aumento del consumo interno y mejoren la flexibilidad del yuan, todos hechos que muy probablemente no ocurrirán.
Por su parte, el crecimiento de la economía china supera el 11% al año, contra poco más de 2% en los países desarrollados previsto para 2007-2008. Los ingresos de los hogares chinos se incrementan fuertemente, y la mayor parte de los nuevos recursos los invierten en la bolsa, generando una burbuja financiera que no debiera estallar antes de 2011 o 2002.
En suma, no debiera terminar aún en crisis el reciente quinquenio de oro, que se ha traducido en una aceleración del precio de las materias primas y en la irrupción de China e India como nuevos motores de la economía mundial, precisamente porque están en situación de compensar con su dinamismo en buena medida los resfríos de EE.UU y las dificultades de Europa.

jueves, 25 de octubre de 2007

Intervención Universidad Santo Tomás

FORO SOCIAL, SEMINARIO “CRISIS NACIONALES EN LA HISTORIA DE CHILE”


Universidad Santo Tomás
Centro Innovación Pública
14 de julio 2007


Panel sobre Aspectos Políticos e Institucionales
- Carlos Larraín P., Presidente Renovación Nacional.
- Gonzalo Martner F., Ex Presidente Partido Socialista de Chile
- Joaquín Lavín I., Ex Candidato a la Presidencia de Chile.
- Adolfo Zaldivar L., Senador PDC Undécima Región.



Presentación de Gonzalo Martner (transcripción corregida)

Me interesó y acepté participar en este panel porque la invitación es a debatir acerca de algo que me parece esencial: no sólo los temas que podríamos llamar propios de “la razón instrumental”, que más o menos están en el debate político cotidiano, sino acerca de si hay o no en el país situaciones de crisis en los valores, en aquello que da lugar a la convivencia colectiva. Creo que las otras intervenciones nos han efectivamente incitado a un debate sobre la pregunta de si estamos o no en situación de construir en Chile unos mínimos valores compartidos.

Y quiero entonces hacer unos comentarios muy breves respecto a las intervenciones que escuché. Respecto al profesor Villalobos, debo decir que no comparto prácticamente nada de lo que dijo pero me encanta su interpelación honesta como un republicano auténtico, de ideas más bien conservadoras, desde mi punto de vista por lo menos; pero me parece estimulante el recorrido que hace de las situaciones que considera que deben ser dignas de alerta y de debate.

Quiero hacer dos defensas. Primero del fútbol, que creo que fue injustamente, por parte del profesor, calificado de manera un poco dura. En un artículo algo antiguo, Vargas Llosa se preguntaba: ¿por qué el fútbol suscita estas pasiones tan fuertes? Y contestaba que probablemente para las personas comunes y corrientes el poder identificarse con una parcialidad sometida a contraste, con unos que juegan para un equipo y otros que juegan para otro y que quieren vencerse, pero en el marco de un conjunto de reglas establecidas, y de arbitrajes, es lo que genera esta adhesión. Se trata de una forma de juego y de competencia humana sujeta a reglas claras, que contrasta con la ley del más fuerte y el abuso que prevalece en muchos aspectos de la vida en nuestras sociedades. Creo que hay allí, más allá de la pasión, más allá de la dimensión subjetiva, una apreciación positiva a la que adhiero de esto que el profesor Villalobos llamó opio moderno.

Pero, además, quiero hacer una defensa que me parece muy necesaria de la figura de la Presidenta de la República. Yo he leído cartas a los diarios previas de parte del profesor Villalobos: su postura no es de ahora, era de la campaña presidencial, y la respeto. Pero creo que hay una equivocación profunda en considerar que la actual Presidenta de la República no tendría la autoridad, la prestancia para ejercer el cargo. Yo quiero decir todo lo contrario, dicho sea de paso desde la posición de no tener vínculos de ninguna especie que no sean los de adhesión política y personal de mi parte con el gobierno. Yo no ocupo cargo gubernamental alguno. Lo que pasa es que la Presidenta tiene un estilo, una prestancia, una autoridad distinta, y que debemos – creo - saber apreciar en lo que vale. Es cierto que posee un modo de gobernar que presenta un cierto contraste respecto de aquel del Presidente Lagos, por ejemplo. Pero convengamos que hay algo allí de crítica conservadora, en el sentido de una cierta resistencia a lo nuevo. Hay un nuevo estilo de representar la política, que de algún modo también promovió en su momento Joaquín Lavín. Yo tengo muchas discrepancias con él pero comparto la búsqueda de innovar que él ha tenido, entre otras cosas porque desafió a mi propio campo político a hacer las cosas mejor.

Pero la Presidenta Bachelet es mucho más que un nuevo estilo, al que hay que estar abiertos. Hay que recalcar lo que créanme existe en nuestra Presidenta de la República, que es su muy fuerte carácter. Una mujer que ha sido capaz de sobrellevar tan positivamente y tan abiertamente las difíciles circunstancias que le tocó vivir le permite hoy día ser alguien que, creo, logra unir a Chile frente a sus heridas profundas antes que desunirlo como nadie ha podido hacerlo, y al mismo tiempo desarrolla un programa de gobierno que rendirá sus frutos. Este es un logro muy importante, y así lo recogerá la historia de Chile, más allá de la relevante cuestión de que esta nación se atrevió por primera vez a confiarle su destino a una mujer, dando un ejemplo en nuestro continente y abriendo el camino a las nuevas generaciones de mujeres, y de hombres, para vivir en un país más igualitario.

Dicho lo cual quisiera referirme también a las otras intervenciones. Decía el profesor Frontaura que había que buscar un diálogo republicano, pero agregaba, si no entendí mal, que con la búsqueda de la verdad objetiva y de la distinción entre lo bueno y lo justo. Desde un terreno cultural y político que no es el que él representa, acepto el desafío. Sólo que con una afirmación: no existe una sola verdad y menos la "verdad objetiva" en los asuntos humanos. Quien así lo pretende es porque, y así lo demuestra la historia con tan abundantes ejemplos, considera necesario dominar y sojuzgar a otros en función de su particular visión de mundo, a los distintos de cualquier índole, que por supuesto le resistirán.

No es este el momento y lugar para hacer un debate de epistemología, pero convengamos que la completa separación entre sujeto y objeto, más o menos factible en ciencias lógico-matemáticas y naturales, no es posible en ciencias humanas, y menos aún en las visiones de mundo y las culturas. Esta separación solo puede ser relativa en este campo, en el que existen distintas verdades, todas ellas muy respetables en tanto y cuanto, y ahí hacemos la conexión con el desafío propuesto, se reconozcan ciertos valores compartidos, sin los cuales dejan de ser tan respetables. Cuando escucho la intervención del catedrático Fermandois, que sigue justificando la dictadura y la persona de Pinochet, y extiende la justificación hacia la dictadura militar brasileña (afirmando algo así como que hubo cosas que no fueron muy simpáticas, pero sin importancia frente al tema de fondo que habría sido sacar al país de una crisis), yo sigo diciendo: aquí hay una barrera ética profunda, que ningún discurso con ropaje académico puede soslayar. Si de algo sirve el que podamos compartir estas reflexiones, es para hacer distinciones pertinentes acerca del bien y el mal, acerca de lo justo y lo injusto. Habrá siempre distintas interpretaciones de la historia, habrá respetables verdades y enfoques de cada cual, pero hay ciertas mínimas verdades que debemos proponernos construir en conjunto en función de valores que nos sean comunes y podamos transmitir como tales a las nuevas generaciones. Ejemplo: los problemas de la democracia -ya lo decía Lincoln- se solucionan con más democracia y las violaciones de los derechos humanos son inaceptables e injustificables en cualquier tiempo y lugar, pues siempre los seres humanos tenemos la posibilidad de optar por respetar y proteger la humanidad de los que piensan distinto de nosotros o incluso de los que actúan contra nosotros. Este es uno de los fundamentos éticos de la democracia moderna. Compartámoslo. Estos son procesos, es un trabajo lento, y yo tomo este diálogo como parte de algo que, me doy cuenta, hay que seguir todavía construyendo con paciencia en el largo camino de la modernidad al servicio de los derechos, las libertades y el bienestar del hombre que, en mi caso, entiendo han ido abriendo las sociedades con avances y retrocesos desde la Ilustración y que debe seguir su curso.

Hablemos ahora de las crisis. Si uno toma la palabra crisis como una cierta acumulación de circunstancias de ruptura e inestabilidad, o en el extremo como una situación en donde lo que existe está cerca de derrumbarse, yo diría que es bastante difícil caracterizar la situación chilena como una situación de crisis. Y creo que ese es el mérito de todas las fuerzas políticas chilenas, incluidas las que han puesto trabas de todo tipo a la construcción de una democracia digna de ese nombre pero al final se han ido resignando a la inevitabilidad de la recuperación democrática como el necesario destino de Chile. Creo hemos sabido conducir al país desde una crisis profunda y rotunda en sus bases morales de convivencia, instalado en la violencia y el abuso desde el vértice del Estado, hacia un Estado de derecho, imperfecto; una democracia, imperfecta; un tipo de convivencia social, imperfecta. Pero con todas las imperfecciones incluidas, la recuperación democrática que hemos protagonizado nos permite decir con la frente en alto: “estamos legando un país en el cual no hay desapariciones, no hay exilios, no hay torturas, hay libertades, progreso social y económico, elecciones periódicas, instituciones funcionando y perfeccionándose, legítimos debates, como este, y eso es un inmenso progreso que, lejos de ser una crisis, habla bien de la capacidad reciente de Chile de evolucionar frente a sus problemas".

Pero para que las cosas evolucionen bien, no hay que perder nunca el espíritu crítico, nunca. Jamás hay que perder la capacidad de indignarse frente a lo injusto. Quien tenga legítimas indignaciones frente a cualquier acto gubernamental, o de cualquier entidad con significación social, de corrupción, de mala gestión, de lenidad, de caminos equivocados, de políticas erróneas, de situaciones inadmisibles, expréselo y dígalo. Y mientras más, mejor, como más o menos ocurre en Chile, menos de lo que debiera en mi opinión. Pero eso no es sinónimo de crisis.

Uno no puede actualmente avizorar una situación de crisis política: hay tensiones políticas, hay escaramuzas naturales propias de la vida política, mi impresión es que lo que tenemos es una evolución en los dos campos principales con unos debates interesantes, positivos, de los cuales muchos de los que estamos acá somos partícipes, pero no una situación de crisis. No hay crisis política en Chile, aunque algunos en la derecha de irreductible espíritu más o menos faccioso quisieran que hubiera. Sabemos los chilenos lo que es una crisis política, y no es el caso en la actualidad.

No hay crisis económica tampoco, estamos creciendo a una tasa este año del orden del 6%. Se están creando 200.000 empleos al año, lo que es una cifra muy importante. En una mirada más larga, recalquemos que hemos logrado crecer desde 1990 a una tasa por habitante de 4% al año, que duplica la del régimen militar y del período democrático previo. Se dispone ahora como país más del doble de bienes y servicios que en 1990. El esfuerzo actual es acelerar ese ritmo. Así y todo, si no se lograse, con las tasas de crecimiento por habitante del 4% al año Chile va a tener el nivel de vida de la España de hoy hacia el 2025. Si aceleramos, será antes. Eso no es una crisis.

Si creo que hay una crisis social y una crisis cultural, eso sí en otra acepción de crisis, de crisis como aquella situación en la cual lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. En ese sentido tenemos una crisis social, se ha descrito en varias de las intervenciones. Yo digo, con mi propio énfasis, una crisis de desigualdad intolerable. El espacio en que convivimos, o convivimos cada vez menos, se fractura. Tenemos unas ciudades - porque Chile ya es un país urbano con más de 20 ciudades con más de 80.000 habitantes - que crecientemente se polarizan territorialmente como expresión de la disparidad entre grupos sociales y de ingresos, en las que se generan problemas severos de convivencia e integración, con una cierta decadencia individualista de las normas sociales y también con violencias urbanas. Tenemos grados mayores de delincuencia, probablemente provocados entre otros factores por el consumo de drogas profundamente destructivas; y podemos seguir armando una lista relativamente larga y preocupante de temas en la materia.

Creo que tenemos, además, una cierta crisis cultural, con factores nacionales y globales, con un culto al presentismo, a lo inmediato, fácil y simple, con miedos al otro, con prejuicios clasistas y racistas, y con algunas formas de lumpenpolítica (el todo vale para razguñar parcelas de poder al margen de toda idea del interés general) y de videopolítica, como diría Giovanni Sartori, en la que solo se transmiten emociones del momento, todo lo cual no permite construir como debiéramos un proyecto nacional o un debate sobre sus componentes que sea a la vez ilustrado y abierto a todos, temas sobre los que el tiempo disponible no nos permite extendernos hoy.

Por mi parte quiero, respetando las verdades de otros, sugerir - en todo caso está ampliamente desarrollado en un libro que está en circulación - lo que pudieran ser algunos de los planteamientos desde el campo de la izquierda en Chile al que con todas sus luces y sus sombras yo pertenezco - a mucha honra - y que pudieran ser parte de los valores compartidos de nuestra sociedad, mientras otros temas y opciones sean parte del legítimo debate democrático y se diriman en virtud del principio de mayoría.

Primero, hagamos un cierto intento y digamos entre todos: “el tema de los Derechos Humanos no debe ser un asunto de polémica política contingente”, sino que debe presidir nuestra convivencia con el compromiso de todos, tal como está formulado en la declaración universal del año 1947 y los pactos posteriores de derechos económicos, sociales y culturales que Chile ha suscrito. Pongamos sus principios formalmente en una nueva Constitución, porque en la actual tan remendada -lo que ya es un mérito si nos fijamos en su insólitamente antidemocrática versión original- no lo están sino en forma indirecta, y solo gracias a la reforma de 1989 que hace alusión a los tratados suscritos por Chile. Hagamos de esos derechos el fundamento de los valores esenciales compartidos por todos en un proceso de refundación republicana. Hagamos un esfuerzo colectivo de pedagogía política que consagre un país pacificado. Y lo digo sin ánimo de polémica, sino para que todos podamos decirles a nuestros hijos: “Chile tuvo crisis muy importantes, muchos fuimos actores y responsables de esas crisis (aunque no es mi caso en lo personal por razones de edad), unos bastante más que otros, pero aprendimos la lección y queremos legar unos valores civilizados de convivencia colectiva”. Nadie debiera por tanto oponerse a que tengamos un día nacional que celebre los derechos humanos, como acaba de ocurrir con la derecha, que parece tener pocas aptitudes para aprender y mirar al futuro…

Segundo, establezcamos solemnemente que la democracia es la expresión institucional de la posibilidad de que esos derechos constitucionalmente establecidos tengan la capacidad de sobrevivir a los conflictos políticos y que sean respetados en toda circunstancia. Hagamos un compromiso colectivo, de todo el espectro político, para que cualquier situación de confrontación, por aguda que fuese, sea resuelta por las vías de la democracia y no con Golpes de Estado en alianza con poderes imperiales, como el promovido contra el Presidente Salvador Allende; ni que la lucha contra las desigualdades incluya inclinaciones insurreccionales como las que equivocadamente nosotros promovimos, más de palabra que de hecho, en los años 1960 y como parte de nuestra voluntad -que mantenemos- de luchar por cambios radicales frente a las injusticias sociales intolerables existentes en nuestro país. A la larga, no ha estado en el alma auténticamente republicana de la izquierda chilena realizar su proyecto libertario y de igualdad social al margen de la democracia.

Tercero, establezcamos defensas comunes de conceptos esenciales para la legitimidad de las instituciones y de la convivencia democrática, y que cada cual lo haga de acuerdo a los criterios que les resulten propios, como en particular: la soberanía popular como base del sistema político y de la representación democrática; la igualdad ante la ley y la ausencia de discriminación arbitraria; la primacía del mérito ante todo privilegio ilegítimo; la igualdad de oportunidades de acceso a los puestos públicos y a las distintas posiciones sociales, complementada por el deber de asistencia a las personas y grupos en estado de necesidad, especialmente cuando se originan en condicionantes sociales que no les son atribuibles, y también complementada por el deber de aminorar las desigualdades ilegítimas; la neutralidad de la función pública; la equitativa repartición de las cargas públicas, incluidos los impuestos; la protección organizada frente a los grandes riesgos.

Cuarto, pongámonos todos de acuerdo para tener un Estado probo y castigar severamente el tráfico de influencias, el clientelismo y la corrupción. A la señora que está diciendo "aquí se están robando esto o aquello", le digo: créame que a mi señora me provoca como el que más un dolor profundo el que haya corrupción en cualquier ámbito de la vida pública, y así lo he dicho con anterioridad. Pero convengamos que no es posible garantizar la conducta de cada uno de los 450.000 funcionarios públicos; sería mentiroso por parte de una autoridad política decir “yo voy a asegurar que no exista ningún acto de corrupción”, o decir "yo voy a asegurar que no habrá ningún acto de delincuencia" porque eso no es posible. Más aún, cuando un Estado logra que no se hable, que no se conozcan hechos de corrupción, que desgraciadamente son consustanciales a las conductas humanas históricamente verificables, es porque se están escondiendo, o porque están institucionalizados. Pongámonos todos de acuerdo para decir, no que vamos a impedir la corrupción, pero sí que la vamos a combatir implacablemente y que en ninguna circunstancia la vamos a justificar. Eso sí podemos hacerlo y debemos hacerlo.

Quinto, también propongo, en el contexto del esfuerzo de construcción de valores mínimos que podamos compartir, que tratemos en la vida pública de no lanzarnos descalificaciones, y reemplacémoslos por juicios y opiniones a lo mejor fuertes, pero que siempre estén razonablemente fundados. Rechacemos la lógica televisiva del debate político actual, en que se busca la fórmula, la cuña (hay a mi lado un maestro en la materia -Joaquín Lavín- se lo digo respetuosamente) que tiende a disminuir la capacidad de realizar diálogos inteligentes e ilustrados, que son esenciales para que la vida democrática se cultive, se profundice y sea efectiva. La cuña que no explica, que no invita a razonar sino que busca manipular la emoción del momento, termina por empobrecer, irritar y alejar a los ciudadanos de la esfera pública.

Y creo que hay algo que debemos proponernos entre todos cultivar, y por eso me gustó la intervención del profesor Villalobos, que es el compromiso con la consideración hacia los demás. En definitiva, muchas de las cosas que él planteó se resumen en este concepto: pérdida de la consideración hacia los demás. Cuando esto ocurre en la televisión, en la calle, en la actitud de unos y otros actores en la vida colectiva, entonces se va perdiendo ese cimiento que nos permite vivir en común.

Poder vivir en común supone, además, mantener y defender convicciones. Desde que se inició la transición, se ha utilizado de vez en cuando la distinción que hizo el gran sociólogo alemán Max Weber a principios del siglo XX entre lo que el llamaba “la ética de la responsabilidad” y la “ética de la convicción”. El sostenía en 1919 que ambas eran dimensiones que consideraba legítimas pero en definitiva señalaba que había que optar por la ética de la responsabilidad, y relegar la ética de la convicción a un segundo plano. Esto se ha escuchado desde 1990 en personas de mi campo político frente a diversas controversias. Yo quiero invertir esa proposición y decir que hay que actuar con la ética de la convicción, porque la responsabilidad efectiva puede nacer sólo de la convicción. La apelación a la responsabilidad que aparentemente busca relegar los desbordes de las convicciones, en realidad no es sino un modo de actuar en política que busca imponer convicciones bien concretas: la defensa del statu quo.

Cuando se dice “usted debe actuar como yo le digo, porque usted tiene que tener un comportamiento responsable y basarse en la ética de la responsabilidad” entonces se está destruyendo aquello que es esencial: en la vida democrática no hay verdades absolutas, hay deliberación sobre posiciones basadas en convicciones e intereses. Reivindiquemos entonces a estas alturas la ética de la convicción: discutamos unos y otros en la sociedad de acuerdo a las convicciones de cada cual, develemos los intereses de cada cual, proceso del que surgirán con mayor probabilidad las conductas responsables que son indispensables para la convivencia social. La ausencia de deliberación en nombre de la responsabilidad no hace sino esconder la voluntad de imponer a los demás las convicciones propias. Eso no es aceptable para la vida democrática. Así, podremos concluir que, si esbozos de crisis pudieran haber en nuestra convivencia en algunos ámbitos, estaremos en mucho mejor situación de darles una solución con la voluntad colectiva de abordarlos que nace de la deliberación democrática y de la expresión de las convicciones. Muchas Gracias.

martes, 9 de octubre de 2007

Entrevista en El Mostrador

8 de Octubre de 2007
Presupuestos 2007 y 2008: ''Hay que ver para creer''
por Carlos Alvarez
"Creo que hay ideólogos neoliberales en posiciones importantes en el gobierno que buscan cualquier pretexto para, por un lado, no hacer crecer el gasto de acuerdo a los mayores ingresos permanentes, o bien que lo restringen arbitrariamente en su ejecución. Así es que hay que en esto ver para creer", afirma el economista Gonzalo Martner. Gonzalo Martner dice que aunque los presupuestos- como el del 2007 y 2008- contengan una importante expansión del gasto público, en esta materia hay que aplicar el "ver para creer" de santo Tomás, porque los supuestos establecidos hay que confrontarlos con los desembolsos efectivos.
- ¿La importante expansión de estos dos últimos años podría generar que la tendencia declinante o al menos de estabilidad, que se observaba del gasto público en relación al PIB entre 1990-2006 se revirtiera con el nivel de gasto del 2007-2008?
- Indudablemente, la política fiscal de la Presidenta Bachelet ha sido la de incrementar el gasto público a tasas superiores al crecimiento del PIB, dada la existencia de ingresos permanentes adicionales (por un mayor precio del cobre de largo plazo) y para 2008 en adelante, en virtud de la disminución decidida por la Presidenta del nivel del superávit estructural desde un 1% del PIB a un 0,5% del mismo. A los que la critican por que supuestamente no tomaría decisiones recordémosles ésta, que muchos consideraban "peligrosa", pero que en realidad se justificaba plenamente al desaparecer las causas que la originaron. Ahora, me gustaría ver la ejecución presupuestaria real de 2007 antes de sacar conclusiones, pues creo que hay ideólogos neoliberales en posiciones importantes en el gobierno que buscan cualquier pretexto para, por un lado, no hacer crecer el gasto de acuerdo a los mayores ingresos permanentes, o bien que lo restringen arbitrariamente en su ejecución. Así es que hay que "ver para creer".
-¿El hecho de que el gasto fiscal se haya mantenido e incluso bajado en relación al PIB en los últimos años implica una política deliberada de reducción, en definitiva, del tamaño del Estado de la economía?
- No quiero juzgar intenciones. Mientras fui subsecretario de la Presidencia con el Presidente Lagos no observé esa actitud, pero hay que constatar que en 2003-2005 se produjo un crecimiento del gasto público inferior al PIB, lo que nada justificaba desde el punto de vista económico y es lamentable desde el punto de vista de las necesidades sociales y productivas que el gobierno debe cubrir atendido nuestro actual nivel de desarrollo. Por ejemplo, con un buen financiamiento inicial al Transantiago y sus infraestructuras, otro gallo hubiera cantado para una política pública tan importante como la del transporte público. Pero los ortodoxos del libre mercado a ultranza y sus medios hubieran puesto el grito en el cielo. Una vez más, los ideólogos neoliberales -los que antes estaban al servicio de la dictadura y los que hoy, aunque distintos, forman parte del arco iris de la Concertación- le han hecho daño al país.
-La política actual de "gastar los ingresos permanentes y ahorrar los transitorios" es consistente con esa tendencia, o dado los altos recursos fiscales y la reducción de la meta de superávit estructural al 0,5%, puede producirse un cierto quiebre en la tendencia antes descrita?
-Creo muy importante subrayar la distinción entre ingresos permanentes y efectivos. El nivel permanente o estructural (o promedio en el tiempo, si se quiere) de los ingresos públicos, que es el que se considera para la formulación prespuestaria en Chile desde 2001, permite mantener o hacer crecer el gasto público en períodos de bajos ingresos en base al ahorro de los ingresos extraordinarios previos. Los ingresos efectivos de cada año, en cambio, fluctúan según sea la actividad económica o el precio del cobre: con la regla actual, si son bajos, pueden dar lugar a un déficit fiscal temporal, compensado más adelante con superávits fiscales, cuando llegan las vacas gordas de nuevo. Con esta política fiscal anticíclica, que distingue ingresos permanentes de ingresos corrientes, se puede tener un Estado muy grande o muy chico. Eso depende del nivel promedio permanente de ingresos públicos (básicamente impuestos) que la sociedad decide tener para financiar los bienes públicos a los que desea acceder. Si queremos una buena salud, educación, pensiones y transporte público, por ejemplo, entonces tenemos que tener impuestos suficientes que los financien establemente. En economía no hay milagros. No se puede querer servicios públicos suecos con impuestos haitianos o sin financiamiento y por tanto, inflaciones elevadas que penalizan a todo el mundo y preferentemente a los más pobres. Esa discusión sobre el nivel y estructura permanentes del gasto público no tiene nada que ver con la regla fiscal actual. Eso no obsta a que deba seguir siendo perfeccionada en el aspecto del superávit estructural que, insisto, pudo tener una justificación en el 2000 cuando teníamos un déficit fiscal efectivo y había que darle credibilidad a la política fiscal anticíclica ante los mercados internacionales, pero que hoy no tiene ninguna, cuando el Estado ha pasado a ser un acreedor neto y no tiene ninguna necesidad de acumular más excedentes fiscales.
-¿Qué debiera hacerse con la regla de superávit estructural?
- El 0,5% de superávit estructural debiera eliminarse para 2009 y mantenerse una política de largo plazo de balance estructural, como se practica en la Unión Europea. De más está subrayar que grandes déficits fiscales permanentes no son aconsejables, pues hacen recaer su financiamiento sobre las generaciones siguientes o bien, como en el caso del enorme y persistente déficit fiscal norteamericano, financiado con los excedentes comerciales asiáticos y no sujeto a ninguna regla, se constituyen en un factor de perturbación de la economía mundial.
- ¿La reducción del peso del gasto público en la económica que usted cita tiene que ver con el tipo de estructura tributaria que se ha ido desarrollando en Chile, que como dice Mario Marcel, también ha implicado algunas perforaciones tributarias importantes, más los efectos de los TLC, de las franquicias tributarias?
- En efecto. Y no olvidemos la equivocada rebaja tributaria a los tramos más altos del impuesto a la renta promovida por el entonces senador Foxley y aceptada por el entonces ministro Eyzaguirre, como si no tuviéramos en Chile un enorme problema de desigualdad. Todas esas perforaciones, sin embargo, tuvieron en la disminución de la evasión promovida por el Presidente Lagos y más tarde en el royalty promovido por los partidos de la Concertación y luego por el gobierno (por mucho que su versión final, luego del rechazo de la primera versión por la derecha, haya salido bastante descafeinada) un contrapeso importante, aunque no suficiente.
- Al finalizar el artículo usted postula una relación gasto publico PIB de un 35%. ¿Esto implica necesariamente una reforma tributaria y qué sentido debería tener? ¿Aumento a las empresas y reducción a las personas?
- La tarea es ahora eliminar la mayor parte de las franquicias tributarias manteniendo la progresividad del impuesto a la renta -que algunos quieren eliminar a título de la simplificación del sistema, con la grave consecuencia de incrementar aún más las desigualdades respecto de los que tienen menos ingresos. Las personas en Chile, especialmente las más ricas, pero también las de ingresos medios altos, pagan comparativamente muy pocos impuestos, aunque siempre, claro, todo el mundo considera que los impuestos que paga son enormes y la aspiración de muchos es recibir bienes públicos de todo tipo sin pagar por ellos. No me parece justo ni eficiente disminuir los impuestos a las personas, sino que se debe hacer que todos los paguen en efectiva proporción a sus ingresos, con el tope de 40% actual para el tramo más alto. Mantengo esta postura aunque suene políticamente atractivo ir a un "flat tax", un impuesto parejo a las empresas y a las personas, para terminar con los mecanismos de elusión que persisten en utilizar muchos (vía sociedades de papel y otras yerbas). Una sociedad más segura, próspera e igualitaria tiene un precio: impuestos progresivos que todos debemos pagar. Lo otro es sumarse a los mecanismos de impuesto bajo y plano que han adoptado algunos países ex-comunistas, hoy reconvertidos al capitalismo salvaje (con muchos ex comunistas o asociados incluidos en esa reconversión, como a veces vemos también en Chile). Por otro lado, se debe aumentar el royalty de inmediato -como lo han hecho diversos países recientemente para beneficiarse como corresponde del incremento de los precios de las materias primas-, pues las utilidades de las empresas mineras privadas son escandalosas, habida cuenta que no se originan en su actividad, sino en el uso de un recurso que se ha encarecido gracias a China e India, que pertenece a todos los chilenos y que estamos regalando a los accionistas de las empresas mineras transnacionales. En 2006, estas estuvieron entre las empresas más rentables del mundo, con tasas de utilidad increíbles. Yo personalmente no entiendo la ausencia de debate público en Chile en la materia. Cuando uno plantea estos temas, propios del intercambio democrático, con frecuencia es descalificado con argumentos inverosímiles y emocionales. Y las desigualdades de las que tanto se habla y respecto de las que poco o nada se avanza -en Chile somos expertos en dobles discursos- siguen tranquilamente reproduciéndose día a día.

lunes, 8 de octubre de 2007

La reducción de la desigualdad

En La Nación de hoy se encuentra artículo "La reducción de la desigualdad".


TRIBUNA

La reducción de la desigualdad

Si nada se quiere hacer, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad.


Desde la reciente campaña presidencial se ha hablado mucho sobre la necesidad de redistribuir los ingresos. Incluso un ex candidato perdedor forma hoy parte de la comisión que fue creada por la Presidenta Michelle Bachelet para hacer proposiciones en esta materia. Venimos arrastrando una persistente desigualdad de ingresos desde que en la década de 1970 se produjeron gigantescas transferencias de activos (contrarreforma agraria, privatizaciones) en beneficio de una minoría poderosa vinculada con la dictadura militar. La globalización de los mercados y varias crisis hicieron lo suyo, más tarde, para acentuar la concentración del capital productivo y financiero.
La más reciente encuesta Casen, cuya presentación oficial resulta algo confusa en sus criterios, revela una mejoría en la desmedrada situación chilena que es digna de destacarse. La distribución del ingreso autónomo por habitante entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, medida sin las transferencias públicas distintas de las pensiones- era de 19,7 veces en 1990 y de 21,3 veces en 2003. Se reflejó a esa fecha un deterioro en la distribución del ingreso primario (el que emana de la actividad económica) fruto del mal manejo de la crisis asiática y de sus efectos prolongados en el desempleo en nuestro país. Pero la buena noticia es que esta relación disminuyó a 19,3 veces en 2006.
La distribución del ingreso monetario o disponible entre el 20% más rico y el 20% más pobre -es decir, el ingreso que en definitiva está en manos de los chilenos- era de 18,4 veces en 1990 y de 18,9 veces en 2003. Estas cifras muy similares contrastaron con las del ingreso autónomo y reflejaron el buen impacto de una cierta focalización y expansión de los programas de transferencias monetarias. Aquí, de nuevo, la buena noticia es que esta relación disminuyó de manera importante a 16,5 veces en 2006, reflejando, probablemente, la mejoría en el empleo y en las transferencias a los más desfavorecidos.
No obstante, esta cifra sigue dejando al desnudo la enorme brecha de ingresos que todavía persiste (para no hablar de aquella en la posesión de activos productivos, que es aún mucho mayor). Cuando las cifras oficiales morigeran este dato sin considerar los ingresos por habitante (que es la variable pertinente, pues las familias más pobres son más numerosas y el mismo ingreso tiene que alimentar más bocas) o bien introduciendo de modo sólo parcial algunos gastos y recaudaciones públicas, equivocan el camino. La realidad hay que enfrentarla desnuda para poder actuar sobre ella y modificarla.
Hagamos un ejercicio simple con los datos de la Casen 2006: si por la vía tributaria y mediante subsidio directo se redistribuyera adicionalmente 5% del ingreso monetario disponible por habitante de los que pertenecen al 20% más rico hacia los que pertenecen al 20% más pobre, la relación entre sus ingresos promedio pasaría de las 16,5 veces mencionadas a 8,6 veces, es decir una cifra como la de EEUU (aunque este país no es de los más igualitarios si consideramos las 3,8 veces de Finlandia y Japón y las cuatro veces de Noruega y de Suecia).
En dinámica, este tipo de redistribución (que debiera organizarse desde los muy ricos a los que no tienen capacidad de ganarse la vida -niños, ancianos, discapacitados- o posibilidades de hacerlo debido a que están desempleados o enfermos) según los liberales plantearía un problema de incentivos que disminuiría el crecimiento. Esto no está probado en absoluto más que en sus dogmas, y debe dejar de ser un obstáculo mental, que es el que básicamente nos impide avanzar a una sociedad más igualitaria. La resignación es el mal nacional por excelencia de esta época de pragmatismos y dogmatismos mediocres.
Lo que nadie objetaría, pues no admite ningún problema de incentivos, es crear un fondo de redistribución de una parte de los excedentes del cobre que gastara sus intereses sólo para este fin, simplemente porque se declara prioridad nacional atacar directamente la desigualdad. A los fondos de estabilización y de reservas de pensiones ya creados por la Ley de Responsabilidad Fiscal, se podría agregar este fondo de redistribución en una ley de responsabilidad social, voluntad política mediante. El precio del cobre todavía más alto a lo previsto podría alimentarlo de modo significativo, en especial si se modifica el royalty que resultó ínfimo ante las increíbles ganancias que acumulan las mineras privadas con un recurso que es de todos los chilenos.
Si nada se quiere hacer en esta materia, es porque nada se quiere hacer para disminuir la desigualdad. Y, en ese caso, terminemos con los dobles discursos, declarémoslo con claridad y entonces que cada cual asuma su responsabilidad frente a la oportunidad histórica que se nos presenta con la prolongación de la bonanza del cobre.

domingo, 26 de agosto de 2007

Entrevista con La Nación Domingo



“No creo que Lavín esté comprometido con la equidad”


En La Nación Domingo aparece una entrevista sobre tópicos variados. Haga click aquí.

domingo, 15 de julio de 2007

Paradojas

En el diario La Nación del 15 de julio se publica la columna Paradojas que comenta que siendo este el peor momento de opinión pública para el gobierno, es también aquel en el que se constata el fracaso de la estrategia opositora. Y también se toma nota de la paradoja que significa que en un momento económico espectante, la opinión sobre la conducción económica es especialmente negativa.

martes, 3 de julio de 2007

La Segunda

"Me pareció necesario solidarizar con él". Con esas palabras, el ex timonel PS Gonzalo Martner explicó su decisión de reunirse el viernes pasado -junto a un grupo de socialistas entre los que también estaba Alejandro Navarro- con Zaldívar para manifestarle su apoyo.
A juicio de Martner, en el oficialismo "no se puede perseguir a nadie... Y aquí hay gente que está dedicada a perseguir". Añadió que "los asuntos políticos se tratan políticamente y no con medidas disciplinarias", pues en la Concertación "nos debemos respetos mutuos".
En ese sentido, si bien afirmó no compartir las críticas del senador colorín hacia Ricardo Lagos, el ex timonel PS aseguró que "Adolfo es parte del apisaje concertacionista desde sus inicios y no se le puede ahora pasar al Tribunal Supremo por ejercer su derecho a opinar".
Advirtió que "es un mal síntoma para la Concertación" el que se pase a alguien al Tribunal Supremo por tener opiniones distintas. "Si gente muy distinta fuimos capaces de juntarnos en la Concertación, en sus inicios, no veo porqué hoy no podemos respetar esa diversidad", aseguró.
Consultado si no se expone a críticas en su propio partido por defender a Zaldívar, Martner fue enfático en que "soy una persona libre, que piensa y dice lo que quiere".

domingo, 1 de julio de 2007

La Nación Domingo

Gonzalo Martner, ex timonel PS

"Lagos no debiera dejarse afectar por las expresiones bastante agresivas de la derecha contra su figura y su gobierno, y debe seguir sirviendo a Chile como lo ha hecho toda su vida, manteniendo una cierta prescindencia para no interrumpir el gobierno de Michelle Bachelet. Debe prepararse para las siguientes etapas políticas y lo que viene en el post Bicentenario, donde él tiene mucho que decir".

- ¿Qué le parece que se le haya criticado por hacer pataletas al defender su gobierno?
Mire, a la gente que tiene carácter la acusan de tener pataletas, pero son episodios sin importancia. A mí me gusta la gente con carácter.

domingo, 13 de mayo de 2007

El debate sobre la reforma a las pensiones



En los próximos días el debate sobre la reforma provisional entrará en tierra derecha. Las autoridades del ministerio de hacienda informan que la reforma al sistema de pensiones, que constituye conceptualmente un gran avance y que incluye la nueva pensión básica garantizada y subsidios especiales a las mujeres y a los jóvenes, tendría un costo del orden de 1% del PIB en régimen de pleno funcionamiento.
Debe hacerse notar en primer lugar que esta reforma va a implicar que movilizará menos recursos que el gasto en pensiones militares, que es de 1,3% del PIB.
En segundo lugar, cabe también hacer notar que esta reforma va a movilizar mucho menos recursos que los que en promedio se vienen gastando en pensiones desde 1981. Según los propios datos de la Dirección de Presupuestos, el déficit previsional del sector civil financiado por el Estado entre 1981 y 2004 representó en promedio un 4,3% del PIB. El gasto en 2006 en pensiones (déficit operacional del sistema civil y bonos de reconocimiento) es de 3,7% del PIB y en 2010 sería de 3,2% del PIB, evidenciando una caída. En el período reciente empieza a notarse el efecto que provoca el que vaya disminuyendo el número de pensionados en el sistema antiguo. Se viene generando desde mediados de esta década una cada vez mayor holgura fiscal en materia de pensiones.
¿Se usarán estos recursos para el nuevo sistema de pilar solidario? No está previsto que sea así. En efecto, según el Informe Financiero del proyecto de ley de reforma su costo sería en 2010 de US $ 500 millones, menos del 0,3% del PIB, prolongando además la entrada en vigencia del beneficio hasta el 2017. Se trata de una novedad en las prácticas financieras del Estado: se fija un beneficio para siete años después de terminado el actual gobierno, en circunstancias que en Chile el gasto público se establece año a año y no corresponde anticipar decisiones de otros gobiernos.
Resultado: al final del gobierno de la Presidenta Bachelet se gastaría menos (3,5% del PIB) en pensiones que a su inicio (3,7% del PIB), lo que resultaría curioso para una prioridad presidencial. Recordemos que las reformas de educación y de salud involucraron en su momento un aumento de 1% del IVA en cada caso.
De imponerse el particular criterio enunciado por las autoridades del ministerio de hacienda, la sociedad chilena, en medio de una fuerte transición demográfica, va a disminuir sustancialmente el esfuerzo en gasto en pensiones civiles, lo que resulta francamente inexplicable.
Existen indudables dificultades de implementación que hacen comprensible una transición para llegar al 60% de la población con la pensión básica garantizada. Pero un calendario anual de incremento de la cobertura hasta 2010 (y no el 2017, como está previsto) por tramos es factible y con montos mayores al anunciado, pues los recursos están disponibles. En cambio, la reforma prevé una sustancial reducción del esfuerzo público en pensiones en largo plazo, lo que parece al menos incongruente con la promesa presidencial y con la necesidad de mejorar la distribución del ingreso.
Una reorientación de la reforma al sistema de pensiones debiera al menos incluir un acortamiento del calendario de entrada en vigencia al 2010, una pensión solidaria más alta (un criterio posible es que sea equivalente a un 80% del ingreso mínimo), el inicio del beneficio a los 60 años y no a los 65 para las mujeres, una participación de los empleadores en el sistema haciéndose cargo del pago de la prima de invalidez y sobrevivencia y una disminución de la incertidumbre en las pensiones contributivas, eliminando el sistema de retiro programado y estableciendo tasas de reemplazo con rangos mínimos y máximos, además de asegurar a través de licitaciones de cartera y una regulación de las cotizaciones la caída drástica de los cobros de administración de las AFP, que las tienen entre los negocios más rentables de Chile y el mundo a costa de los trabajadores chilenos.


Más antecedentes en usach
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Ilustración de Cecilia Martner

lunes, 30 de abril de 2007

El desafío del largo plazo



El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático (GICC), creado en 1988 por Naciones Unidas, hará público esta semana en Bangkok un informe que precisará los medios que pueden emplearse para mitigar el efecto invernadero.
Esta reunión es la tercera del año. De las dos primeras emergieron las siguientes conclusiones : en primer lugar, está prácticamente establecido (con una probabilidad de 90% contra 66% en el informe de 2001) que el ser humano está directamente en el origen del recalentamiento del planeta; en segundo lugar, esta evolución podría generar hambrunas, sequías, olas de calor y aumento del nivel del mar (entre 18 y 59 centímetros de aquí a fin de siglo).
La previsión es alarmante, según los científicos, que advierten que un aumento por encima de los 2 grados llevará a la desaparición de aproximadamente el 30% de las especies. De aquí a 2080, hasta 3,2 mil millones de personas estarán expuestas a la escasez de agua severa y 600 millones al hambre en razón de las sequías y de la degradación y salinización de los suelos. Cada año, de dos a siete millones de personas adicionales podrían verse expuestas a inundaciones en las costas y en los grandes deltas de Africa del Oeste, de Asia o del Mississipi. En nuestro país, disminuiría el régimen de lluvias y cambiarían fuertemente nuestra agricultura y nuestros bosques del sur.
Si no se toman medidas de control, las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta habrán aumentado entre un 25% y un 90% en 2030 respecto al nivel de 2000. El sector energético, el agrícola y los bosques destacan como idóneos para tomar medidas, mientras que el transporte presenta más dificultades.
Según algunos escenarios, el crecimiento del PIB mundial podría beneficiarse con el manejo de las emisiones, pues se trata de una actividad que podría tener un fuerte potencial económico en las próximas décadas. El economista británico Nicholas Stern, afirmaba en un estudio de 2006 que actuar desde ya tendría un costo de 1% del PIB mundial. El informe Stern compara los costos de no actuar contra el cambio climático a los asociados con las dos grandes guerras y la crisis económica del 29 y los cuantifica en una reducción del bienestar equivalente a una rebaja del consumo medio por persona de entre el 5% y el 20%.
Una gran lección del informe Stern es que, por un lado, la lucha contra el cambio climático puede derivar en grandes oportunidades económicas y que, por otro lado, es factible descarbonizar la economía mundial para hacerla compatible con la estabilización del clima, manteniendo el crecimiento. En el caso del cambio climático, Stern recomienda: (1) el establecimiento de un precio al carbono para que los agentes se enfrenten a los costos sociales totales de sus acciones; (2) la puesta en marcha de políticas de apoyo al desarrollo urgente de tecnologías bajas en carbono; (3) la eliminación de barreras a los cambios, motivando a todos para que aprovechen las oportunidades en el marco de la eficiencia energética y, (4) la puesta en marcha de políticas de adaptación para aquellos impactos que no podrán ser evitados. Finalmente, ofrece una valoración económica de la actuación pública, elemento crucial para saber si es mejor el remedio que la enfermedad. Y aquí está otro de los grandes mensajes de Stern: los beneficios de la toma de fuertes y urgentes medidas contra el cambio climático superan ampliamente los costos de no hacerlo.
Nuestro país debe mirar más al largo plazo. Los debates del día a día, las restricciones del aquí y ahora y la ausencia de instituciones que se ocupen del futuro, no han permitido elaborar una agenda del 2020 y del 2050 que aborde los desafíos, entre tantos otros, energéticos y ambientales. La excepción ha sido el tema previsional, que aborda por definición el largo plazo y considera el dramático cambio demográfico que estamos viviendo en Chile y nos obligará a un esfuerzo mucho mayor que el previsto si queremos permitirle una vida decente a los adultos mayores en este siglo 21. Llegó tal vez el momento de volver a preocuparse también de la prospectiva, de la planificación y del legado que dejaremos a nuestros hijos, incluyendo nuestra contribución como chilenos a la contención del cambio climático.
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Ilustración: Vitral de Cecilia Martner

jueves, 5 de abril de 2007

Un regalo innecesario



El tercer paquete de medidas del actual Ministro de Hacienda incluye la depreciación instantánea de activos por dos años. Esta modificación resultará en una menor recaudación tributaria durante los años 2008-2010 de 540 millones de dólares. En comparación, el costo del reajuste de las pensiones más bajas realizado en 2006 fue de 181 millones de dólares al año y el gasto previsto en el proyecto de ley de reforma previsional es de 81 millones en 2008, 302 millones en 2009 y 492 millones de dólares en 2010, mientras el de la ley de subvención preferencial es de 305 millones al año. Este empujón tributario a las empresas que invierten es entonces de alto costo en el corto plazo en comparación a las principales iniciativas sociales del gobierno. Las presiones para la mantención del mecanismo más allá de lo previsto serán probablemente muy altas.
El efecto de la depreciación instantánea dependerá de cuánto incida el menor pago de tributos en la rentabilidad global de los proyectos de inversión de las empresas. Si incide poco, como es lo más probable, las empresas seguirán con el cronograma inicial y con un incremento de rentabilidad en el corto plazo. Una observación somera a las utilidades de las sociedades anónimas en 2005 y 2006 revela que este no es precisamente un problema para la economía chilena.
El problema que enfrenta la autoridad económica es una brusca desaceleración de la inversión en 2006, la que venía sosteniendo tasas de crecimiento especialmente elevadas y contribuyendo al crecimiento agregado de modo decisivo en 2004 y 2005. A la inversa, el freno brusco de la inversión –pasando de tasas de dos dígitos a tasas de un dígito- incidió en el débil crecimiento de 2006. Lo más probable es que ese proceso se haya debido a una renovación generalizada de maquinarias y capital fijo por el grueso de las actividades productivas, luego de un largo período de recuperación de sus ventas y producción. La inversión tiene un ciclo que le es propio y que no se verá alterado de modo importante por la mecánica de la depreciación inmediata.
El argumento de un eventual efecto multiplicador de la aceleración de las inversiones en la economía (que se argumenta en este caso compensaría entre 70% y 80% de su efecto neto), se parece mucho al de los adeptos de la llamada “curva de Laffer” (las rebajas de impuestos reactivan la economía permitiendo recaudar más impuestos) que ha inspirado a diversas administraciones conservadoras en EE.UU. Su resultado ha sido un estruendoso fracaso y el más alto déficit fiscal de la historia.
Será la inversión minera y energética la principal beneficiada por este mecanismo fiscal. Esto se ve refrendado por la información sobre los principales proyectos de inversión en curso: los proyectos mineros El Morro (US$ 1.380 MM); Pascua (US$ 1.301 MM); Desarrollo Los Bronces (US$ 761); Proyecto Gaby (US$ 706 MM) y Mina Esperanza (US$ 695 MM); las centrales hidroeléctricas Energía Austral (US$ 700MM) y Río Puelo (US$ 650 MM); las líneas de transmisión de XI región a la Zona Central (US$ 614 MM), entre los más importantes.
En el caso de la actividad minera, lo más probable es que no se modifiquen mucho los calendarios de inversión, pues están sujetos a restricciones técnicas, y que la depreciación instantánea constituya un regalo en el corto plazo a unas pocas grandes empresas y en el largo un crédito subsidiado sin justificación económica. Este beneficio fiscal va directamente en la orientación contraria a la aplicación del royalty desde el punto de vista recaudatorio. En el caso energético, es también muy poco probable que haya modificaciones en el calendario de inversiones.
Se trata de un regalo tributario que apunta a apurar los proyectos en carpeta para 2007 y 2008, con poca probabilidad de lograrlo, y no a mejorar el desempeño de la inversión en el largo plazo, dada la duración de la medida, ni pretende transformar en rentables proyectos que no lo eran. Se trata de una medida muy cara e inútil, que contrasta con la ausencia de financiamiento de tantas otras prioridades.
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Ilustración: Trabajo en vidrio de Cecilia Martner

martes, 27 de marzo de 2007

¿Porqué ardió París?


En los tiempos recientes ha ido ampliándose el debate sobre el tipo de sociedad que los chilenos queremos construir hacia el futuro. La Presidenta Bachelet ha planteado caminar hacia un Estado de bienestar moderno, lo que ha sido rebatido por nuestros neoliberales con los argumentos libremercadistas ya demasiado conocidos. En estos días ha aportado lo suyo el diputado de derecha sueco de origen chileno Mauricio Rojas. Dice que ha venido a explicarle a la Presidenta Bachelet porqué ardieron los suburbios de Paris hace poco tiempo atrás: el Estado de Bienestar constituiría una pesada carga para el crecimiento y el empleo.
En primer lugar, el estallido en los suburbios franceses se explica básicamente porque un gobierno de derecha disminuyó los sistemas de apoyo y los subsidios al trabajo de acción social de organismos gubernamentales y no gubernamentales en los lugares en que se concentra la inmigración. Países con impuestos tan o más altos que los de Francia, no han visto emerger ningún estallido social recientemente, entre otras cosas porque han contado con gobiernos que llevan adelante una exitosa política económico-social de integración.
En segundo lugar, no basta con mostrar un par de gráficos para demostrar que impuestos altos generarían poco crecimiento y empleo. Es importante precisar algunas relaciones de causalidad: si un país crece aumentando menos el empleo que otros, no quiere decir que está en decadencia sino todo lo contrario: está aumentando su productividad. Así, Francia es el país de mayor productividad por hora trabajada en el mundo, superior a EE.UU., país que sin embargo genera más riqueza agregada porque se trabaja más días en el año por trabajador. ¿Qué es preferible, trabajar más por menos dinero con menos derechos o tener ingresos algo inferiores porque se trabaja menos, con amplios derechos sustentados en una alta productividad? Las democracias de los respectivos países han ido dando su respuesta en el tiempo, con un “modelo norteamericano” y un “modelo francés” igualmente, grosso modo, eficientes pero uno mucho más desigual que el otro. Los chilenos mientras tanto estamos entre los que más trabajamos en el mundo, pero con baja productividad y bajos ingresos para los que tienen menos y muy altos para unos pocos, injustificadamente.
Joel B. Slemrod y Jon Bakija, con datos de 1950 a 2002, demostraron que los períodos de fuerte incremento de la productividad ocurrieron cuando las tasas marginales del impuesto a la renta superiores eran más altas y que, en promedio, los países de más altos impuestos son los más ricos, contrariamente a lo que sostienen los neoliberales como el diputado Rojas
[1]. Y escuchemos a Vito Tanzi y Howell Zee, del FMI: “la evidencia empírica sobre la relación entre tributación y crecimiento es mucho más débil que lo que la teoría hubiera llevado a uno a esperar”[2]. La noción de que los impuestos hieren el desempeño económico es sólo eso: una noción sin evidencia que la sustente. Y el costo de ignorar la experiencia a favor de postulados de fe puede ser alto: déficit fiscal, decaimiento de la infraestructura, inadecuada inversión en investigación, educación y salud. Y por tanto a la larga menor crecimiento. Y mucho menor equidad. Tiene razón entonces la Presidenta Bachelet al invitarnos a tener más y no menos protección social.
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[1] Joel B. Slemrod y Jon Bakija, Taxing Ourselves: A Citizen's Guide to the Great Debate over Tax Reform, The MIT Press, 2004.
[2] Vito Tanzi y Howell H. Zee, “Política fiscal y crecimiento a largo plazo”, Revista Internacional de Presupuesto Público, nº 38, 1998.


* Acuarela de Carlos Martner

martes, 20 de marzo de 2007

¿Qué pasó con el modelo económico neoliberal?

En buena hora se va ampliando entre nosotros el debate sobre la política económica seguida desde 1990 y su capacidad de revertir el modelo neoliberal de Estado mínimo, mercado máximo, desregulaciones y privatizaciones heredado de la dictadura. Para que se entienda mejor el texto anterior publicado en este blog, entrego este texto que es parte también de mi libro Remodelar el modelo de próxima publicación.
En el campo económico y social la situación es más opaca. ¿En qué hemos avanzando, en qué no, porqué? ¿En qué medida ha habido cambios en el “modelo neoliberal chileno” heredado de la gestión autoritaria de 1973-1989[1]?
El tránsito a la democracia debía dar lugar, en el diseño original de sus promotores, a una nueva estrategia de crecimiento con equidad alternativa al modelo neoliberal sustentada al menos por la amplia mayoría de la coalición de centroizquierda constituida por la Concertación de Partidos por la Democracia, expresada en su oferta programática. Esto ha sido controvertido por los neoliberales chilenos y por diversos autores que se sitúan a la izquierda de esta coalición, que sostienen la tesis de la continuidad con el modelo neoliberal de la dictadura.
Modelo neoliberal chileno hubo desde luego entre 1973-1989, que para solaz de los Chicago boys nacionales fue precursor de la aplicación de las ideas de sus inspiradores Milton Friedman y Friedrich Von Hayeck, y que provocó graves perjuicios para Chile, su Estado y su sociedad civil, así como para la situación socioeconómica de los desposeídos, de gran parte de los sectores medios y de no pocos empresarios. Sostendremos por nuestra parte que temas como la apertura al exterior (que se puede hacer de muchas maneras pero se realizó hasta 1989 con daño innecesario al tejido productivo) o los equilibrios macroeconómicos (que durante el período de dictadura se buscaron con políticas de choque recesivas o con enfoques equivocados como la fijación del tipo de cambio) no necesariamente tienen que ver con el modelo neoliberal y si con estrategias económicas basadas en el interés general. Y sostendremos que las políticas redistributivas seguidas no han tenido la fuerza suficiente para superar la situación de exclusión en que vive una cuarta parte de la población chilena, razón por la cual la estrategia económica puesta en práctica ha logrado crecimiento pero no la equidad necesaria, manteniendo un modelo de desarrollo híbrido.

¿Validación del modelo neoliberal?
Es de destacar, no obstante la mayor lentitud desde 1998, el éxito en materia de crecimiento. El crecimiento del período 1990-2006 ha sido el mayor de la historia económica reciente, al punto que Chile es, según las estimaciones del FMI para 2006, el país de América Latina de más alto ingreso por habitante (con 8 570 dólares, a comparar con los 2 409 dólares de 1990, año en el que Chile se situaba en sexta posición, detrás de Argentina, Uruguay, Brasil, México y Venezuela) y el único del continente que ha acortado distancias con los países industriales en el período reciente.
La postura de varios de los creadores del modelo neoliberal chileno ha sido la de intentar apropiarse, sin mucha elegancia, de los éxitos económicos posteriores a 1990. En palabras del ex ministro de economía de Pinochet Pablo Baraona, no ha habido cambios ni podría haberlos: “los socialistas de todos los colores han aprendido que en el mundo no se puede hacer otra cosa, sino seguir estas líneas centrales de apertura comercial, equilibrio fiscal, libertad de precios y ojalá pocas empresas públicas(...) Con todo lo que a Aylwin no le gustaba este sistema, se lo tuvo que tragar completo”[2].
Pablo Baraona desarrolla la tesis de la victoria en toda la línea del enfoque neoliberal: “es cierto que subieron los impuestos en 4% del PIB en estos 15 años, pero esos son gajes del oficio, mañana puede llegar otro que los baje. Yo opino que las regulaciones son excesivas y la más importante de todas es la inflexibilidad en el mercado laboral, pero estamos discutiendo en otro peldaño, no en la base del modelo”[3].
De modo similar, pero más defensivamente, se han expresado los grandes empresarios, por ejemplo a través de Hernán Somerville: “aprendiendo lecciones del pasado, logramos en los ’90 hacer un compromiso constructivo para mirarnos al futuro con moderación, incluso de mucha gente renunciando a sus legítimas posiciones. Logramos aceptar (sic) las reformas del gobierno militar y perfeccionarlas con un hilo de continuidad a través de un diálogo público y privado ejemplar. Hay que ir ajustando el modelo, pero si se me habla de cambiar los fundamentos, el no es tajante”[4].
Sergio de Castro, ex ministro de hacienda y responsable de una de las recesiones más profundas de la historia económica chilena (la de 1982-83, catástrofe solo comparable a la que provocaron sus colegas Chicago-boys en 1975 y a la de Argentina 20 años después), mantiene la línea de la apropiación pero revelando más claramente su convicción real: “siempre he dicho y seguiré diciendo que el gran mérito del gobierno de Aylwin fue precisamente validar el modelo, porque al leer todo lo que publicaba CIEPLAN, eran incendios contra la política económica”, para luego añadir que “se ha perdido el culto a la eficiencia, lo que para un economista es crucial (…), se han aprobado una serie de leyes por motivos políticos más que técnicos, específicamente en el campo laboral, donde me parece una cosa casi perversa. Todos saben que esas cosas le hacen mal a los trabajadores y sobre todo a los más pobres y, sin embargo, se aprueban, como la ley que reajustó excesivamente el salario mínimo en 1998. Con todo esto se va perdiendo la competitividad chilena”[5]. Y agrega a mayor abundamiento: “debieran haberlo (el salario mínimo) eliminado hace mucho tiempo (...) y con flexibilidad laboral absoluta”[6]. Todo esto dicho por quien tiene seguramente ingresos no una sino varias decenas de veces superior al ingreso mínimo, y que propone que este sea aún inferior a su nivel actual, no precisamente demasiado elevado, para “aumentar la competitividad”...
Los defensores de las ideas neoliberales parecen intentar en realidad “validar” su propia reivindicación ante la sociedad, después de no haber sido aceptadas por la mayoría de los ciudadanos (véase las candidaturas presidenciales de Hernán Buchi en 1989, de José Piñera en 1993 y Joaquín Lavín en 1999-2000 y 2005, todos ellos economistas neoliberales colaboradores de la dictadura militar), sobre la base de oponer a su enfoque el fantasma de la planificación centralizada y la estatización de los medios de producción. Todo lo que no sea reinvidicar, en términos actuales, algo así como el “modelo norcoreano”, los neoliberales chilenos lo consideran una victoria de sus ideas, como si no hubiera en el mundo, y en Chile, una vasta gama de idea económicas distintas de las de los coreanos del norte y las de ellos, y de modelos de desarrollo económico que combinan Estado, mercado y sociedad de variadas formas, con resultados considerablemente más exitosos que los que se empeñaron en imponer mediante los procedimientos criminales de una dictadura. Y al mismo tiempo que se atribuyen los éxitos desde 1990 en materia de materia de crecimiento, rechazan las regulaciones laborales y tributarias establecidas, como si estas no fueran parte de la política que condujo a los resultados que reivindican para sí.
Desde el otro lado del espectro ideológico, se ha enunciado la tesis del transformismo. De acuerdo a Tomás Moulián, las políticas seguidas desde 1990 serían una especie de engaño premeditado de los que han gobernado el país en democracia para mantener la continuidad de lo que llama la “fase constitucional” de la dictadura después de 1980: “la actual coalición no ha creado un proyecto, más bien administra con expertise el diseño de modernización del Gobierno militar, marcado por el sello neoliberal”[7]. En la misma vena, Gabriel Salazar y Julio Pinto señalan de manera perentoria: “es un hecho que en materia de estrategias de desarrollo, los gobiernos de la Concertación han optado por mantener el curso adoptado por la dictadura”, excepción hecha de “una mayor sensibilidad frente a las inequidades sociales[8]”.
Guillermo Larraín, en un análisis más complejo y desde la coalición de gobierno, tiende a darle razón a esta interpretación. En efecto, caracteriza a lo que denomina genéricamente el modelo chileno como una síntesis que entiende en definitiva armónica y satisfactoria de tres componentes: 1) la herencia del régimen militar, que considera mucho más reducida que la que se autoadjudican sus autores [“en el plano conceptual su aporte fue la reforma de la seguridad social, las privatizaciones y la desregulación (...) y en el plano práctico (...) llevó a cabo no sólo aquellas reformas que conceptualmente creó, sino otras cuya necesidad era clara desde hace un par de décadas”, agregando que “el paradigma de esto es la apertura de la economía, la cual se pretendió hacer sucesivamente en los gobiernos de Ibáñez, Alessandri y Frei, pero todos fracasaron”]; 2) las políticas de los gobiernos democráticos desde 1990 y 3) las ideas de Aníbal Pinto y Jorge Ahumada, que entiende inspiraron tempranamente “la apertura comercial, la tecnificación de la política económica, el control presupuestario y la estabilización inflacionaria y financiera” [9]. Se trata de una suerte de ecumenismo de amplio espectro que, puede conjeturarse, no necesariamente identificaría a unos y otros de los convocados a semejante síntesis, lo que nunca sabremos pues Ahumada y Pinto fallecieron hace ya mucho tiempo. Pero sobre todo ¿quien con un poco de criterio profesional se va a oponer a la intención de tecnificar la política económica o de controlar el presupuesto o la inflación? Son pocos los economistas chilenos, o de cualquier parte del mundo, que se opondrían a algo así, con lo que pierde especificidad toda discusión sobre modelos económicos. En suma, la inespecificidad inconducente de las tesis de la gran complicidad o de la gran síntesis ecuménica no nos hace avanzar mucho en la respuesta a la pregunta sobre la continuidad y cambio en materia económico-social en Chile desde 1990.
Una tesis en este sentido es la que desarrolla Manuel Castells al establecer la distinción entre lo que denomina el paso de un modelo liberal autoritario excluyente a un modelo liberal democrático incluyente[10]. Sin embargo, como veremos, la dimensión de inclusión ha encontrado límites importantes, por lo que esta descripción no refleja, o al menos no aún, las realidades prevalecientes en Chile. Por lo demás, es propio de los modelos económicos liberales no ser incluyentes, pues se oponen al Estado Social, aunque el entorno político en el que se desenvuelvan haya mutado del autoritarismo a la democracia. Recordemos a Bobbio: aunque el liberalismo conciba al Estado tanto como Estado de derecho como al mismo tiempo Estado mínimo, existen Estados de derecho que no son mínimos (por ejemplo el Estado Social contemporáneo) y también existen los Estados mínimos que no son Estados de derecho.
Ernesto Ottone y Carlos Vergara, por su parte, prefieren referirse no ya a modelos antitéticos de desarrollo presentes en la historia económica chilena reciente, sino a la “experiencia chilena” desde 1990, con sus componentes de política pública orientadas al crecimiento y a la equidad[11], lo que de alguna manera elude el debate.
En la economía académica actual se emplea la noción de “modelo” como algo distinto de un ideal a alcanzar o un conjunto sistemático de políticas económicas orientadas en una dirección, que son las acepciones del lenguaje cotidiano en la materia. La “corriente central” de la economía convencional recurre con frecuencia a modelos en tanto estilizaciones altamente abstractas, en que a partir de supuestos conductuales básicos de los agentes económicos (maximizadores de utilidad, en particular) se realiza una o varias construcciones de encadenamientos lógicos. Estas construcciones están basadas necesariamente en simplificaciones, las que con frecuencia son sin embargo poco realistas, pues suponen que las prácticas efectivas de los agentes económicos resultan de un cálculo racional orientado a optimizar resultados. Y esto es harina de otro costal, aunque subrayemos que las conductas socioeconómicas suelen ser más complejas que estas simplificaciones, que denotan juicios de valor no fundados, mientras las estimaciones econométricas que a veces las acompañan no validan con demasiada frecuencia sus predicciones. Este es el caso de muchos modelos de estimación del crecimiento, de modelos de impacto del gasto público y la tributación, de modelos de impacto de las regulaciones salariales y así sucesivamente, como se hará notar en diversas partes de este texto.
Siguiendo un método histórico-analítico, el más recomendable en economía, Robert Boyer y Michel Freyssenet, nos guían por el derrotero de la especificidad en materia de desarrollo económico. Distinguen en el siglo XX no menos que unos ocho modos de crecimiento de la economía. Lo hacen considerando que el ingreso nacional puede ser principalmente dinamizado: 1) por la inversión, 2) por el consumo interno 3) por las exportaciones, y además consideran 4) la forma de distribución de ese ingreso, 5) las maneras de manejar las incertidumbres en el mercado de bienes y de capitales y 6) el uso de la fuerza de trabajo. Distinguen también modelos productivos a nivel de la empresa según 1) la política de producto, 2) la organización productiva y 3) la relación salarial[12].
A pesar de la amplitud de las distinciones ofrecidas por estos autores, que nos llevaría un largo trecho describir aquí en su totalidad, ninguna permite encasillar cabalmente nuestro actual “modo de crecimiento”, aunque el modo de crecimiento desigual y rentista que identifican describe bastante bien aquel prevaleciente en Chile durante 1974-1989, pero no así la evolución posterior[13].
Pero si seguimos la filosofía de estas distinciones, definiremos para nuestros propósitos un modelo de desarrollo como una modalidad de interacción estable entre las estructuras políticas y un modo de crecimiento económico, asociado éste a un modo de asignación de recursos y a un modelo productivo de organización predominante de las empresas y las relaciones salariales. Nuestra noción de modelo de desarrollo incluye entonces el entorno institucional (democrático o autoritario y sus variantes), el modo de crecimiento (con sus diversas combinaciones posibles en las fuentes dinamizadoras del ingreso y en su distribución), el modo de asignación de recursos (en el mercado de bienes y en el mercado de factores) y el modelo de empresa prevaleciente.
Esto nos lleva a diferenciar “estrategia” de “modelo”, en tanto la primera (conjunto de políticas orientadas en una dirección determinada) puede ser congruente para mantener un modelo desarrollo, o proponerse modificarlo, lo que solo es posible si tiene la extensión en el tiempo requerida y la intensidad suficiente, o bien, alternativamente, puede no lograr alterar el modelo vigente si su extensión es limitada y su intensidad es baja.
La estrategia neoliberal consagró en Chile con los medios de una dictadura un modelo de desarrollo autoritario y desigual en el período 1973-89, que incluyó un modo de crecimiento basado en las exportaciones, que deprimió el consumo promedio y el gasto público, que deterioró la distribución del ingreso y el consumo, que desreguló el mercado de bienes y estableció una relación salarial desregulada y un modelo de empresa hiperconcentrado.
Este dejó de existir no porque terminó el autoritarismo, mudando simplemente a un modelo de desarrollo democrático-neoliberal, sino porque una estrategia de crecimiento con equidad de baja intensidad cambió el modo de crecimiento a nivel de las fuentes de dinamización del ingreso (inversión y consumo), aunque no su distribución, reguló algo más el mercado de bienes y modificó solo en parte el modelo productivo a nivel de la empresa. Por ello no es posible considerar, a su vez, que esté en vigencia un modelo de desarrollo democrático igualitario (con mejor distribución del ingreso, mayor regulación del mercado de bienes, de capitales y del trabajo conducente a más cohesión social) como el que desearía la mayoría de los componentes de la coalición que ha gobernado desde 1990, sino un modelo de desarrollo democrático híbrido.
En efecto, Chile ha podido obtener un crecimiento de su economía del orden de 5% anual en promedio desde 1990, sin graves recesiones (con excepción de la de 1999), lo que le ha permitido más que duplicar el ingreso por habitante, contrastando con toda la historia económica de Chile en el siglo XX. Esto no puede atribuirse al modelo autoritario-neoliberal, pues aunque evidentemente no se ha adoptado un sistema de planificación central de precios y cantidades, ironías aparte, la política macroeconómica se ha alejado de los ajustes automáticos y las políticas que inciden en los mercados de factores han alterado sus parámetros previos, como lo subrayan los economistas ortodoxos de la Universidad de Chicago antes citados. Subrayemos que el crecimiento en el período en que estuvieron a cargo de la economía no fue ningún milagro, contrariamente a lo que sostienen sus propagandistas y que los impulsa a intentar apropiarse de lo que vino después: alcanzó en promedio solo cerca de 3% anual, es decir una cifra inferior a la del período democrático previo a 1973 (3,8% entre 1940 y 1970), y sustancialmente inferior a la etapa democrática actual (cercano al 6%). Si milagro hay, aunque en economía no hay milagros, es el del crecimiento desde 1990, que es casi el doble del obtenido por el régimen militar en un período similar de tiempo.
Respecto a como se descomponen las fuentes de ese crecimiento por el lado de la demanda, la evidencia se resume en el cuadro 1, la que muestra que el modo de crecimiento ha sufrido alteraciones significativas. Entre 1973 y 1990 el crecimiento fue dinamizado por las exportaciones y la inversión, mientras en promedio el consumo de los hogares y del gobierno permaneció estancado, especialmente desde 1982, con consecuencias negativas para el bienestar de una mayoría de la población que vio caer su nivel de vida de manera dramática en las crisis de 1975 y de 1982-83.

Cuadro 1
Variación anual del Gasto del PIB (%), 1974-2005
Componentes del gasto del PIB
1974-1981
1982-1989
1990-1999
2000-2005
Gasto en Consumo Final de Hogares
3,3
-0,1
5,6
4,6
Gasto en Consumo Final de Gobierno
1,7
0,1
3,2
3,7
Formación Bruta de Capital Fijo
9,6
6,2
5,6
9,5
Exportaciones de Bienes y Servicios
12,7
8
9,3
6,4
Fuente: Banco Central de Chile, valores a precios constantes en base 1977 hasta 1985, base 1986 en 1985-2000 y base 1996 en 2000-2005.

En cambio, a partir de 1990, el crecimiento empezó a ser dinamizado también por el consumo de los hogares, que ha experimentado una mejoría considerable al crecer a una tasa incluso levemente superior a la del PIB, en contraste con su estancamiento previo (promedio que escondía una regresión en el consumo de los hogares más pobres durante la severa crisis de 1982-83), generando un patrón de comportamiento más equilibrado entre los grandes componentes de la demanda agregada. El consumo de gobierno también se recuperó en democracia, pero con tasas de expansión promedio modestas e inferiores al crecimiento del gasto global.
Mientras la inversión crecía menos, a precios constantes, que las exportaciones entre 1973 y 1990, y también en la década de 1990, desde el año 2000 la formación de capital se incrementa a un alto ritmo anual promedio, superior al de las exportaciones, manteniendo el consumo de los hogares un buen ritmo de crecimiento. La salida de la crisis de 1999, lenta y dificultosa, se ha encaminado a reforzar el peso de la demanda interna en la dinámica económica, aunque se mantenga un buen ritmo de expansión exportadora.
En sus trazos gruesos la estrategia de crecimiento con equidad ha tenido como resultado un importante crecimiento promedio acompañado de un mejoramiento de la magnitud y del impacto de las políticas sociales, imposibilitadas sin embargo hasta ahora de alterar los parámetros distributivos lo que, como veremos, mantiene a una proporción significativa de la población en una condición de exclusión social severa[14]. No obstante, esta estrategia logró contener en Chile la regresión distributiva que se ha observado en América Latina de manera generalizada en la década de 1990. Este es un logro que contrasta además con el sistemático deterioro distributivo ocurrido en 1973-1989.
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[1] Amén de una abundante literatura al respecto, el tema de los cambios impuestos después de 1973 está tratado en Gonzalo D. Martner, Gobernar el mercado. Las nuevas fronteras del Estado en el siglo 21, LOM Ediciones, Santiago, 1999.
[2] Pablo Baraona, entrevista en La Tercera, 23 de octubre de 2005.
[3] Pablo Baraona, ibid. El cambio a la base 1996 de las Cuentas Nacionales y el cambio de metolodolgía de las cuentas presupuestarias implicó un recálculo del peso de los ingresos y gastos públicos, por lo que los datos de un incremento de 4% de la carga tributaria se redujeron a 2%, como se menciona más adelante.
[4] Entrevista a Hernán Somerville, presidente de la asociación empresarial Confederación de la Producción y el Comercio, El Mercurio, 23 de octubre de 2005.
[5] Sergio de Castro, entrevista en La Tercera, 23 de octubre de 2005.
[6] Sergio de Castro, entrevista en La Segunda, 21 de octubre de 2005.
[7] Tomás Moulián, op.cit., p.75.
[8] Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia Contemporánea de Chile¡ Volumen III, op.cit., p.61.
[9] Guillermo Larraín Ríos,Chile Fértil Provincia. Hacia un Estado liberador y un mercado revolucionario, Random House Mondadori, pp 38-43.
[10] Manuel Castells, Globalización, desarrollo y democracia, Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2005.
[11] Ernesto Ottone y Carlos Vergara, Ampliando Horizontes. Siete Claves Estrátegicas del Gobierno de Lagos, Editorial Debate, Santiago, 2006.
[12] Robert Boyer y Michel Freyssenet, Les modèles productifs, Editions La Découverte, Paris, 2000.
[13] Describamos dos de estos ocho modos de crecimiento para tenerlos como referencia negativa y positiva. En primer lugar, el modo de crecimiento desigual y rentista sería, de acuerdo a nuestros autores, el que corresponde a muchas economías periféricas y se caracteriza por un crecimiento dinamizado por las exportaciones de materias primas o de productos agrícolas y por una distribución de los incrementos de renta fuertemente desigual y con tendencia al clientelismo, con una evolución del mercado interno fuertemente cíclico y con condiciones legales de producción sometidas a cambios frecuentes. En segundo lugar, el modo de crecimiento coordinado y exportador organizado, que corresponde al de Alemania y Suecia desde los años cincuenta, sería aquel que se apoya en la exportación de bienes y servicios suficientemente especializados como para no poder ser objeto de competencia vía precios. La distribución del ingreso nacional se realiza en este caso en función de las ganancias de este tipo de competitividad, de manera nacionalmente coordinada y poco jerarquizada, con predominio de los segmentos medios y superiores a raiz de sus altos salarios. El trabajo, por su parte, estaría caracterizado por una gran estabilidad en el empleo, una importante proporción de asalariados calificados, sindicatos poderosos y cooperativos y una protección social desarrollada.

[14] Respecto de la sustentabilidad ambiental de este esfuerzo, cabe señalar que, sin perjuicio de los fundamentos de política ambiental creados desde 1990 frente al absoluto vacío existente previamente en la materia, ha prevalecido en buena medida el aserto equivocado según el cual un mayor crecimiento permitiría más tarde abordar políticas efectivas de conservación, lo que constituye esta área en una tarea pendiente, especialmente en la creación de normas de uso de recursos naturales y de emisión y sobre todo la vigilancia de su cumplimiento, muchas veces inexistente o precario.