Las derrotas económicas de la democracia

La democracia reestablecida en sus rasgos básicos en 1990 ha cosechado éxitos importantes: la convivencia entre los chilenos ha mejorado sustancialmente, las libertades y los derechos esenciales se respetan y, cuando ello no ocurre, la libertad de expresión permite denunciarlo con razonable eficacia. Los tribunales de justicia poco a poco se han transformado en garantes de los derechos de las personas e incluso han avanzado en verdad y justicia en las violaciones a estos derechos cometidos por la dictadura. Más aún, la democracia, aunque con lentitud a veces exasperante, se ha ido reformando a sí misma y hoy alcanza estándares institucionales relativamente decentes. La excepción principal la constituyen el sistema electoral y el poco dinamismo de la descentralización del Estado, y por tanto de la participación ciudadana, así como la lucha contra las discriminaciones. Tareas pendientes para el presente gobierno, que las ha inscrito en su programa. En materia de aspectos institucionales de la democracia, por tanto, sabemos relativamente bien de qué estamos hablando, de donde venimos y hacia donde debemos ir.

En el área económica la situación es más opaca. ¿En qué hemos avanzando, en qué no, porqué? Sugerimos fijarse en tres indicadores macroeconómicos de entre las decenas que la prensa especializada comenta todos los días: crecimiento, inflación y desempleo. Estos indicadores debieran situarse en alrededor de 5% (tasa de incremento para los dos primeros, de prevalencia para el empleo). Este criterio de desempeño, como cualquier otro, es discutible: lo tomamos de Jacques de Larosiere, que lo planteó en una visita a Chile en la década de los '90 como director del FMI, y nos parece pertinente.

También debiéramos considerar periódicamente un indicador microeconómico: las rentabilidades comparadas entre sectores económicos, que nos deben llevar a fijarnos cuando alguna actividad supera un 10% de rentabilidad y si eso depende de tarifas públicas excesivas o de la ausencia de impuestos adecuados o de la habilidad empresarial.

El crecimiento ha sido cíclico pero ha superado desde 1990 el 5% promedio anual, es decir la cifra más alta para un período de tres lustros desde el siglo 19. Esto no ha resuelto el agudo problema distributivo del país, pero esa es harina de otro costal que debe tratarse en su mérito: ninguna política redistributiva sería fluida, en todo caso, en medio del estancamiento económico. Bien, entonces, por el crecimiento. La inflación, por su parte, se ha mantenido por debajo del 5% anual por un período prolongado, rompiendo con la tradición inflacionista de la economía chilena: recordemos que los que más sufren de la inflación son los más modestos, que no pueden defenderse de ella e indexar sus ingresos a la evolución del nivel de precios. Bien por la inflación controlada.

¿Y el desempleo? No sólo no ha estado en ningún año desde 1990 (hablamos del promedio anual, porque bien sabemos que el desempleo es especialmente cíclico en Chile) en o por debajo del 5%, sino que nadie parece inquietarse demasiado con el tema. Esto tiene una explicación clásica: la ausencia de crecimiento es de general percepción, como lo es la inflación, que se constata día a día cuando es elevada. El desempleo lo perciben y lo sufren, en cambio, más bien los directamente involucrados y no el 85-90% de la población activa restante, que se informan de él, le temen, pero no lo experimentan directamente. Y los agentes económicos poderosos, digámoslo claramente, no se incomodan con un “mercado de trabajo distendido”, con una oferta de trabajo superior a la demanda, que les permite contener el nivel general de salarios, despedir personal y mantener altas rotaciones de sus empleados sin perjuicio aparente para su actividad: habrá un reemplazante al que acudir.
El objetivo del pleno empleo ha desaparecido de manera notable en los énfasis programáticos y en el debate público. Y la derecha tiene la solución de Don Otto: si el crecimiento es escaso en generación de empleos, si el ciclo económico es rápido en despedir y lento en recontratar, entonces hay que precarizar (lo llaman flexibilizar) el empleo, para bajar salarios y supuestamente incentivar así a los empleadores para que incrementen su tasa de empleo por unidad producida. Se traslada la lógica del mercado de las papas a este supuesto “mercado del trabajo” cuya demanda sabemos al menos desde Keynes se comporta primordialmente de acuerdo a variables macroeconómicas, además de su estructura específica de oferta.
El objetivo de aumentar la seguridad del empleo desapareció también de nuestro debate público y apenas se discute sobre las políticas de empleo activas (impulso macroeconómico, subsidio a la contratación, programas directos) y pasivas (seguro de cesantía, disminución de la oferta de trabajo). Este debate debe reanimarse, en especial si se tiene en cuenta que las proyecciones de desempleo no están cerca de llegar al 5% en plazos breves. El objetivo del pleno empleo es aquel de la izquierda por esencia en materia macroeconómica y estamos lejos de alcanzarlo en circunstancias que no es para nada una utopía en las condiciones actuales de la economía chilena.

¿Y qué hay de las rentabilidades comparadas? La rentabilidad “normal” de una actividad económica en una economía de mercado es la que resulta de situaciones competitivas, siempre que no esté basada en rentas de escasez (recursos naturales) o de situación (leyes de privilegio). La gran mayoría de las actividades en las economías industriales y de servicios maduras son consideradas rentables y los proyectos dignos de ser emprendidos con tasas de retorno inferiores a 10%.
Si examinamos la rentabilidad operacional de las Sociedades Anónimas en 2005 en Chile, nos encontramos con que para las empresas de ventas al por menor (supermercados y grandes tiendas o “retail” como se dice ahora), por mucho que en esta área se haya concentrado la actividad en pocas cadenas, esta es de 9%, una cifra razonable. Pero ocurre que diversas empresas no operan en mercados competitivos, especialmente en los casos de monopolio natural, de gran importancia cuando proveen servicios básicos a la población. ¿Sus rentabilidades operacionales? Un 37.7% para el agua potable, un 20% para la electricidad. Un rotundo fracaso, pues quiere decir que las tarifas están beneficiando indebidamente a los dueños de las empresas (aunque algunas tengan participación accionaria pública: los impuestos se cobran en otra parte) y no a los consumidores. En cualquier país civilizado esto hubiera sido objeto de correcciones inmediatas. La telefonía, en cambio, muestra una rentabilidad oepracional de 8,7%, lo que se explica pos sus segmentos competitivos.

¿Y en el área de seguridad social gestionada por privados, cuya fuente de negocio son las cotizaciones obligatorias? Simplemente un escándalo mayúsculo. Las Isapres presentaron una rentabilidad sobre capital de 91,9% en 2005. ¡La inversión se recupera en un año! Claro, en detrimento de los bolsillos de los usuarios por causa de una pésima regulación en un mercado especialmente opaco. En el caso de las AFP, la rentabilidad sobre capital fue de 19%, un exceso manifiesto para una actividad de seguridad social. Estamos en presencia de organizaciones lucrativas simplemente parasitarias.

La actividad bancaria, fundamental para canalizar el proceso de ahorro-inversión, se ha transformado crecientemente en un área de sobreutilidades injustificadas, obtenidas especialmente de las tasas y comisiones cobradas en el crédito al consumo a los más pobres. ¿Su rentabilidad sobre capital en 2005? Entre 18 y 40%, incluyendo cerca de ...30% para el Banco del Estado (aviso: los impuestos se cobran en otra ventanilla, no en un banco público que debiera ser rentable pero no maximizador de utilidades a este extremo). Nuevamente una mala regulación en un mercado profundamente asimétrico y de impacto sistémico. No se pida después que la pyme prospere en estas condiciones.
La actividad minera privada tuvo en 2005 un resultado operacional de 49,9%. Los chilenos estamos regalando a transnacionales del área inmensos dividendos que provienen de un recurso natural cuyo precio pasa por un ciclo alto. El royalty que a duras penas se logró el año pasado sólo revertirá sobre los chilenos una mínima parte de esta bonanza, que irá a parar a los bolsillos de los accionistas de las transnacionales mineras. Difícil darles una explicación a los muchachos secundarios que luchan con justa razón por la gratuidad del examen de ingreso a las universidades...
Entonces en materia de derechos económicos de los ciudadanos los chilenos nos estamos pisando la cola de manera flagrante. La derecha política ha actuado en el parlamento e impedido los cambios legales regulatorios y tributarios que permitirían a Chile financiar un mayor bienestar para los desposeídos y un mayor crecimiento futuro a través de más gasto en investigación y desarrollo tecnológico y en educación. Pero desde marzo la Concertación tiene mayoría simple por primera vez para cambiar leyes regulatorias, tributarias y laborales. La palabra la tenemos nosotros, los concertacionistas.
Pero claro, las empresas reguladas actúan sobre todo el espectro político con subsidios electorales abundantes, condicionando cada vez más la capacidad del parlamento de legislar como se debe y del gobierno de regular apropiadamente mediante la potestad reglamentaria. Y crecientemente nombran en sus directorios con entusiasmo a concertacionistas que dejan sus cargos públicos. ¿La conclusión? Una derrota manifiesta de la democracia chilena, que no está cautelando los intereses de los ciudadanos que no tienen poder económico y que son la inmensa mayoría.