lunes, 25 de diciembre de 2006

Crónica de una manipulación

El domingo 17 de diciembre de 2006 apareció en el diario “El Mercurio” una entrevista mía, a solicitud del periodista Mauricio Carvallo, quien había tenido a lo largo del tiempo una actitud correcta en sus diálogos conmigo, basada en una larga conversación. Esta fue presentada mediante una gran titular en primera página, que en realidad era lo único que interesaba a ese medio, señalando:

“Martner: “Los partidos de la Concertación recibían recursos de gastos reservados”.

El Lunes 18 de diciembre “El Mercurio” titula, de nuevo en primera página:

“Martner remece a partidos de la Concertación al revelar que recibían gastos reservados”.

Y agrega: “El ex presidente del Partido Socialista (PS) Gonzalo Martner reafirmó ayer sus dichos expresados en una entrevista publicada el domingo en "El Mercurio", donde reconoció abiertamente el desvío de recursos fiscales, en particular gastos reservados, hacia los partidos de la Concertación”.

¿Cuáles fueron mis dichos, de acuerdo a la transcripción que amablemente me facilitó el periodista Carvallo?:
“P: Boeninger y Schaulsohn condenaron el desvío de fondos fiscales hacia el aprovechamiento político ¿Cómo lo ve usted, como PS?
—R: Aspiro a que el tema esté por sobre la contingencia, que las autoridades desarrollen conductas de plena probidad, que se respeten las normas y las leyes y que todos condenemos unánimemente la corrupción, es decir el desvío para fines particulares de los recursos del país.
—P: ¿En qué les da razón o discrepa?
—R: Comparto con Boeninger que de alguna manera se creó (porque nadie lo dijo explícitamente y reivindicó como tal) el estado de ánimo que, habida cuenta de que el poder del dinero estaba en la derecha, era muy difícil competir en las vías democráticas con un mínimo de igualdad. Y que entonces se justificó usar recursos públicos para financiar la actividad política de nuestras fuerzas. Esto sigue siendo en muchos sentidos efectivamente cierto, y no puede autorizarse ¡nunca! porque deslegitima la democracia.
“Pero no puedo estar de acuerdo cuando, al apoyar este argumento, Schaulsohn (a quien veo en un proyecto distinto a la Concertación) agrega que se creó una “ideología de la corrupción”. Ahí cruza una frontera. Una cosa es que condenemos no ser estrictos en el uso de los recursos fiscales, pero otra asegurar esto.
Ahora, cuando Jorge indica que los partidos de la Concertación recibían recursos de los gastos reservados está aludiendo a hechos ciertos. Éstos tuvieron una corrección en el tiempo: entre el 2003-04 gobierno y oposición reconocieron que restaba legitimidad al proceso democrático que, por una parte, sólo hubiera recursos financieros de los grandes empresarios y, por el otro — el nuestro— que se usaran, aunque fuera legalmente, los recursos reservados para los partidos de gobierno”.

Esto se transformó en la entrevista publicada por El Mercurio en una pregunta que no fue hecha y en un acomodo de la frase anterior:
“-P: Y usted corrobora que los partidos de la Concertación recibían recursos de los gastos reservados de los ministerios?”:
R: Sí, él aludió a hechos ciertos, etc”.

Por tanto, aparezco corroborando algo que ¡no me fue preguntado! De motu propio en la respuesta anterior, efectivamente condené el uso partidista de gastos reservados, lo que mantengo, no en base a la revelación de nada, sino en base a hechos de público conocimiento. Tenía en mente al hacer esta afirmación la denuncia, que en su momento me pareció verosímil, aunque no me consta ni podría constarme, y la investigación posterior por un juez en 2003, del uso de gastos reservados en una campaña interna del PPD en 1994, que generó gran debate público. Este hecho dio lugar en aquel momento político a una reforma de la ley en materia de gastos reservados, prohibiendo su uso en actividades partidistas, lo que no habrá escapado, supongo, a tanto parlamentario que en estos días me ha atacado en forma artera rasgando vestiduras con una hipocresía muy nacional, en circunstancias que ellos legislaron sobre un tema que estaba en debate para corregir, en buena hora, una regulación insuficiente.
En la entrevista hago una serie de consideraciones adicionales en cuanto a mi opinión sobre la legalidad del uso de gastos reservados para fines “entre otras cosas, de estabilidad social” y que “no deben financiar actividades político-partidistas, como se hizo”, “en montos francamente modestos, lo digo con conocimiento de causa”, aludiendo a mi observación directa por muchos años de las penurias del funcionamiento de los partidos democráticos, que con frecuencia han tenido dificultades “para pagar la luz”.
Reproduzco lo siguiente, también aparecido en la entrevista:
“P: ¿Eran los presidentes de los partidos de la Concertación quienes recibían este dinero?
R: No puedo responder por otros, sí por mí. Los presidentes del PS han sido o parlamentarios o, como en mi caso, personas que nunca recibieron un peso ni del partido ni del Estado (…).
Yo no he hablado en ningún momento de dineros públicos que hayan llegado al Partido Socialista.

Y mi opinión política sobre el tema, que mantengo plenamente, la señalé del siguiente modo: “Pero no nos confundamos: hubo prácticas que tuvieron cierta legitimidad en un momento, las que debían ser cambiadas y fueron cambiadas. Todavía tenemos en Chile personas corruptas, algunas de las cuales están en la actividad política, y la idea es que estemos vigilantes y con los mecanismos para echarlos de inmediato apenas los pillemos. Con el paso del tiempo y en ausencia de una política clara, sistemática, dura en la lucha contra el tráfico de influencias, el clientelismo y la corrupción, todo esto fue ganando terreno”. Estoy aludiendo, por supuesto, a los diferentes juicios en tribunales en la materia, que nadie en su sano juicio puede negar ni debería minimizar. Mis alusiones fueron siempre políticas y a hechos de público conocimiento, y no supuestas “revelaciones”. A los que han hablado de declaraciones “confusas” les pido que las lean y constrasten exactamente mis dichos con los titulares de diario, que parecen ser lo único que en realidad leen.
Mantengo también mi crítica a la derecha y a los empresarios (de los que mis contradictores no han hablado una palabra), al exceso de cargos no profesionales en la administración y la falta de regulación del lobby y de los conflictos de intereses. Todo esto lo hago desde mi condición de simple ciudadano que no habla a nombre de nadie y no ocupa cargo partidario ni público alguno y que se desempeña en el ámbito académico. A los que les molesten mis opiniones, no tengo nada que señalarles salvo que lo siento mucho, pero que vivimos en una democracia que nos costó enormes sacrificios reconquistar y que garantiza la libertad de opinión. Y las descalificaciones (desde el “tonto útil” de un senador al “gusano” de otro senador, entre tantas otras afirmaciones odiosas) las tomo como de quien vienen, simplemente. Por mi parte creo que lo válido es trabajar por una democracia que funcione mejor en Chile, para que le podamos legar a las nuevas generaciones un sistema político éticamente sólido, de convivencia civilizada y progresista, en el que crean y que valoren.
Pero es evidente que a “El Mercurio” le interesaba, como siempre, la manipulación de la información –créanme que me reprocho haber creído en la buena fe de un periodista de ese medio, olvidando en un momento de inadvertencia que El Mercurio en definitiva es lo que es- y en este caso abonar el triste y penoso intento de tapar su impotencia política actual con un desfile de figuras de la Concertación ante los tribunales. Debo confesar mi equivocada creencia de que ya es posible ir visualizando en Chile un debate público abierto y honesto, pues en realidad seguimos en el mundo de la manipulación, de la descalificación y del intento de castigar judicialmente a los que opinan. La buena fe no tiene lugar en el Chile de hoy. La política primitiva y arcaica tiene para mucho rato.
Y El Mercurio sigue con su rol nefasto de creación de un clima de intrigas y descalificaciones.
Y para muestra un botón, de El Mercurio del día de hoy 25 de diciembre: “El reconocimiento del ex Presidente de la República Patricio Aylwin en entrevista con "El Mercurio" de que durante su gestión autorizó el pago de sobresueldos a ministros con cargo a gastos reservados causó ayer impacto en el mundo político. Dirigentes de oposición sostuvieron que sus declaraciones confirman la existencia de irregularidades en el uso de dineros fiscales hacia fines electorales. Pero eso fue categóricamente negado por Aylwin. En la Alianza también señalaron que las palabras del ex Mandatario confirman los recientes juicios emitidos por otros personeros oficialistas, como Gonzalo Martner, Jorge Schaulsohn y Edgardo Boeninger”. De nuevo las verdades a medias y la eterna trama de la manipulación para tratar de generar en la opinión pública una idea falsa sobre supuestos “reconocimientos y revelaciones” de temas conocidos, abordados y corregidos legislativamente hace ya tiempo.
Como se ve, para la derecha y sus medios, no hay clima navideño que valga. Y habrá que hacer de tripas corazón y seguir cabalgando para poco a poco construir un país mejor, cada uno desde lo suyo y su propia manera de apearse.

viernes, 8 de diciembre de 2006

Entrevista en El Mostrador

Disidencia PS molesta con eventual pacto Escalona-DC por presidenciable por Susana Jaramillo, El Mostrador.
Hace algunos días, el timonel socialista habría tenido conversaciones con altos personeros de la falange para comprometer respaldo a una candidatura presidencial de ese partido para el 2009 y así mantener la unidad de la Concertación y permitir que la Presidenta Bachelet gobierne tranquila. Detractores internos del parlamentario cuestionan estos supuestos contactos. Después de que la actual senadora y líder de la Democracia Cristiana (DC), Soledad Alvear, bajara su candidatura presidencial hace más de un año debido a que su competidora, la socialista Michelle Bachelet, la aventajara en el porcentaje de apoyo popular, quedó establecido en diversos sectores de la falange que el próximo postulante único de la Concertación para el 2009 tenía que ser alguien de esas filas o de lo contrario sería complicado seguir en el mismo pacto. Más aún, tras dos gobiernos encabezados por figuras del bloque progresista de la coalición.
A nueve meses del gobierno de Bachelet esta postura no ha variado ni un ápice por parte de los democratacristianos e incluso cada vez que se tensiona la coalición, especialmente como ha ocurrido en el último tiempo por los escándalos de corrupción en diversas reparticiones públicas, aparece algún dirigente o parlamentario del partido de la flecha roja señalando la necesidad de que el próximo presidenciable del bloque debe ser de esa tienda por el bien y la permanencia de la Concertación. En el mundo PS, PPD y PRSD están muy conscientes de esta firme postura falangista.
Sin embargo, hay varios dirigentes que no comparten que se llegue a un acuerdo antes de tiempo cuando de aquí la 2009 puede cambiar el escenario político y quizás la ciudadanía se incline por tercera vez por un presidenciable de sus filas. Pese a esto, hay otros personeros del subpacto concertacionista que coinciden con sus socios falangistas y creen que para mantener vigente el conglomerado y preservar los equilibrios políticos es necesario que el próximo gobierno esté encabezado por un DC. Uno de ellos es el timonel socialista, Camilo Escalona, quien en las últimas entrevistas ha insinuado dicha postura política, al señalar, por ejemplo, que sería importante ir despejando desde ahora el tema de los presidenciables para eliminar posibles nubes negras en el horizonte de la coalición. En ese sentido, de acuerdo a fuentes bien confiables, hace un par de días, el senador por la Décima Sur habría tenido conversaciones con altos personeros de la falange, entre ellos con la propia ex canciller Alvear, una de las eventuales aspirantes presidenciales de dicha tienda, para manifestar que comparte la posición de esa colectividad. Incluso las mismas fuentes concertacionistas dijeron que Escalona ya habría comprometido el apoyo del PS para un candidato decé, pues la idea también es que se bajen las tensiones al interior del bloque de modo de asegurar que la Presidenta Bachelet pueda gobernar tranquila, ya que hasta el momento no solamente ha tenido problemas en la instalación de su administración sino que tampoco ha recibido un real respaldo del mundo parlamentario del oficialismo en temas claves (el caso de la nominación del contralor es el mejor ejemplo), y en especial de los decé. El Mostrador.cl trató de obtener una reacción frente a esta información de parte de Escalona, sin embargo el parlamentario socialista optó por no pronunciarse.
Mientras tanto, en el PS hay inquietud por el tema, pues sectores de la disidencia del partido, al ser consultados al respecto, expresaron temores y reservas. Uno de sus representantes, Gonzalo Martner, (quien encabeza la tendencia Nuevo Socialismo) dijo que hasta el momento el timonel no ha entregado información sobre estos supuestos contactos con los socios de pacto y, en caso de que esto fuera efectivamente así, esto sería muy negativo para la unidad de la Concertación.
Martner: “No se puede sustituir el pronunciamiento de la ciudadanía”
-¿Su sector tenía información de estas conversaciones y si es así, qué le parece?
-En primer lugar, no me consta si han existido o no esos contactos; sin embargo, si ello es así no ha sido tratado en ninguna instancia colectiva del PS y por ello no involucra en absoluto la opinión institucional. Además, es importante señalar que este tema ronda por varios años en orden a que para que la Concertación supere sus problemas haga una especie de reparto anticipado de periodos presidenciales, lo cual ha encontrado de parte de varios personeros del PS y del PPD un fuerte rechazo porque no se puede sustituir a los ciudadanos de una decisión tan importante respecto a quién quiere que gobierne desde el 2010.
-¿Pero si este compromiso significa mejorar las relaciones al interior del bloque y asegurar una mayor gobernabilidad, ello no tendría su cuota de validez?
-Yo creo que lo que no es válido es estar planteando prácticamente desde el primer momento de la gestión de la Presidenta la sucesión de ésta, eso es un grave error. Seguir insistiendo en ese tema me parece que no corresponde simplemente porque ésas no son las prioridades de los chilenos, sino que el país lo que quiere es que la mandataria pueda gobernar tranquila y que cumpla su programa. Por lo tanto, cualquier alteración respecto a candidaturas presidenciales lo que hace es generar tensiones innecesarias.
-¿El Presidente del PS debería dar a conocer estas supuestas conversaciones?
-En una entrevista reciente Escalona insinúa este punto de vista y habría que tratarlo en las instancias correspondientes y tomar una posición.
-¿Usted cree que el partido no estará de acuerdo con ello?
-Establecer este tipo de mecanismo al estilo colombiano, como se dio en el año '58, respecto a repartirse periodos presidenciales entre fuerzas políticas, significa que a lo menos se debería convocar al Congreso del PS para discutirlo, porque significa en el fondo sustituir el pronunciamiento de la ciudadanía y en definitiva ahí si que la Concertación perdería, porque la gente no tendría por qué acompañarnos en lógicas de acuerdos concertados entre cuatro paredes.
-¿El PS tendrá un candidato presidencial para el 2009?
-No lo sé. Eso se verá en su momento, pero lo que no puede impedir el PS es que la ciudadanía elija de manera democrática a quienes van a ser los candidatos a la Presidencia de la República. Eso se ve de acuerdo a las dinámicas políticas y esto se puede discutir después de las elecciones municipales de octubre del 2008, y para eso falta mucho. Mi postura es que nada de esto debe discutirse ahora, ya que no tiene sentido alguno. _____________________________________________

jueves, 30 de noviembre de 2006

Entrevista a Gonzalo Martner, El Mostrador

Durante reunión privada Disidencia PS pide a Escalona comprometerse a luchar contra la corrupción,
por El Mostrador.cl
Gonzalo Martner, ex presidente y representante de la tendencia Nuevo Socialismo, dijo que la idea es lograr que la directiva del partido se comprometa a combatir las prácticas irregulares en el servicio público. Además, negó que el sector opositor a la conducción haya pedido ingresar a la mesa. Una reunión para analizar el conflicto que hay en la Concertación por el escándalo de Chiledeportes y el caso del Programa de Generación de Empleos (PGE) de la Quinta Región, donde la Fiscalía de Valparaíso acusó a tres personeros de esa colectividad respecto al desvío de fondos públicos a campañas políticas, tuvieron el viernes pasado parte de la mesa directiva del Partido Socialista (PS) y dirigentes de la disidencia, encabezados por la diputada Isabel Allende. En la ocasión, según contó uno de los asistentes, Gonzalo Martner, del "lote" de Allende, quienes en las últimas elecciones internas sacaron casi un 40 por ciento de los votos, planteó la necesidad de que haya un compromiso real de la mesa directiva del PS contra la corrupción, considerando que las investigaciones en ambos casos siguen su curso y hay temor a que más personeros socialistas puedan ser involucrados en eventuales irregularidades próximamente.
“Nosotros planteamos con mucha fuerza y franqueza que aquí se requiere hacer una ruptura y establecer un antes y un después en cuanto al compromiso de una lucha común contra la corrupción y el clientelismo...", dijo Martner, recordando que en la ocasión se le entregó a la directiva de Camilo Escalona un código de conducta para los funcionarios socialistas. Consultado si durante el encuentro se planteó la necesidad de que la disidencia pueda ingresar a la mesa, Martner lo negó tajantemente, indicando que la voluntad de la tendencia “Las Grandes Alamedas” no es tener cargos en la conducción sino que lograr un compromiso real del presidente del partido para combatir la corrupción.
-¿Cuáles fueron las visiones que su sector planteó durante este encuentro, que fue un día después que el PS realizara su pleno del Comité Central el sábado recién pasado?
-Bajo la idea de que siempre es bueno dialogar, en especial, cuando hay una situación que es tan difícil, porque las bases políticas mismas de la coalición están en entredicho por una cuestión muy esencial que es la pérdida de legitimidad que tiene que ver con que se han incubado en estos años prácticas de clientelismo, tuvimos este encuentro. Ahora bien, consideramos que existe un cuadro muy crítico al interior de la Concertación, como es el caso del PPD, que es un partido cercano al PS, y también las tensiones que hay en la Democracia Cristiana. Ante eso nos pareció muy útil tener una conversación de evaluación de la situación y al mismo plantear con mucha franqueza y fuerza que aquí se requiere hacer una ruptura y establecer un antes y un después en cuanto a concretar un compromiso común de la lucha contra la corrupción y el clientelismo.
Código de conducta
-¿En ese sentido, entregaron una propuesta a la mesa?
-Entregamos una propuesta sobre un código de conducta que deben tener funcionarios socialistas, considerando también lo que pasó en la comisión política pasada, donde hubo un duro debate sobre el tema y se gestó un fuerte compromiso de todos en cuanto a las posibles sanciones que puedan recibir los eventuales involucrados.
-¿En esa conversación se vio la posibilidad de que el sector liderado por la diputada Allende pueda ingresar a la mesa del PS, considerando que también surgió el tema en el comité central pasado?
-Nosotros no estamos pidiendo nada, al contrario. Lo que estamos pidiendo es una conducta política porque ellos son la mesa y deben actuar. Lo que hicimos fue manifestar nuestra disposición a, si hay concordancia para ello, hacer del PS una fuerza que se comprometa de manera muy real en la lucha contra la corrupción y el clientelismo, clientelismo que le reprochamos a la actual mesa. Esta se comportó completamente clientelista, pues buscó copar espacios del Estado, y se lo dijimos francamente, no para el bien colectivo sino que para ocupar posiciones y ese es el cuestionamiento que hemos dicho: Mire, no nos queremos quedar en críticas, sino que queremos generar una dinámica de cambio y lograr lazos comunes para tener un compromiso sólido en esta materia y por lo mismo trabajemos juntos. Pero le hemos dicho también a la mesa que le corresponde a ella tomar la iniciativa que crea pertinente, si es que están dispuestos a asumir estos compromisos.
-¿En definitiva, la mesa está evaluando o no la posibilidad de incluirlos a ustedes en la mesa?
-No porque nosotros no lo hemos planteado. Nuestro tema es que el partido se comprometa a una lucha fuerte contra la corrupción y si ese compromiso existe, estamos dispuestos a todos los gestos unitarios que se nos pidan.
-¿Pero en el comité central del PS se vio el tema?
-Lo principal es hacer primero los compromisos y después vemos cómo los cumplimos entre todos juntos. Nosotros estamos dispuestos a dar señales de unidad si es que el compromiso contra la corrupción es fuerte del PS. Y si eso no es así nosotros vamos a luchar sin restricción porque aquí está en juego el honor del PS y su historia.

jueves, 23 de noviembre de 2006

Una proposición

Proposición de Código de ética para los titulares de cargos públicos pertenecientes al Partido Socialista de Chile


1. Los titulares socialistas de cargos públicos serán ante todo leales a los intereses públicos definidos por las instituciones democráticas.
2. Los titulares socialistas de cargos públicos velarán por que los recursos públicos de que sean responsables se administren de la manera más eficaz y eficiente y desempeñarán sus obligaciones y funciones con integridad, conforme a las leyes y las normas administrativas.
3. Los titulares socialistas de cargos públicos serán diligentes, justos e imparciales en el desempeño de sus funciones y, en particular, en sus relaciones con el público. En ningún momento darán preferencia indebida ni discriminarán impropiamente a ningún grupo o individuo, ni abusarán de modo alguno del poder y la autoridad que les han sido conferidos.
4. Los titulares socialistas de cargos públicos no utilizarán su autoridad oficial para favorecer indebidamente intereses personales o económicos propios o de sus familias.
5. Los titulares socialistas de cargos públicos no utilizarán indebidamente en ningún momento dinero, bienes o servicios públicos o información adquirida en el cumplimiento o como resultado de sus funciones públicas para realizar actividades no relacionadas con sus tareas oficiales.
6. Los titulares socialistas de cargos públicos acatarán las disposiciones establecidas con arreglo a la ley o a las normas establecidas con miras a evitar que una vez que hayan dejado de desempeñar sus funciones públicas aprovechen indebidamente las ventajas de su antiguo cargo.
7. Ningún socialista podrá ejercer influencias ante las autoridades públicas en favor de intereses económicos privados y los titulares socialistas de cargos públicos deberán rechazarlas en todo momento y circunstancia.
8. Los titulares socialistas de cargos públicos deberán, en consonancia con su cargo, y conforme a lo permitido o exigido por la ley, cumplir los requisitos de declarar o revelar sus activos y pasivos personales, así como, de ser posible, los de sus cónyuges u otros familiares.
9. Los titulares socialistas de cargos públicos no solicitarán ni recibirán directa ni indirectamente ningún regalo u otros favores que puedan influir en el desempeño de sus funciones, en el cumplimiento de sus deberes o en su buen criterio.
10. Los asuntos de carácter confidencial con incidencia económica de que tengan conocimiento los titulares socialistas de cargos públicos se mantendrán en secreto a menos que la legislación o las necesidades de la justicia exijan lo contrario. Tales restricciones seguirán siendo válidas tras el abandono de la función pública.

El incumplimiento, calificado por el Tribunal Supremo, de cualquiera de estas normas estará sometido a lo establecido en el Artículo 7 letra d) del Estatuto.

martes, 7 de noviembre de 2006

Distinciones necesarias


La constatación por la Contraloría del uso incorrecto e ilegal de recursos en un organismo público y de irregularidades en las rendiciones de cuentas de algunos candidatos en las elecciones del año pasado vienen creando, al sumarse a episodios anteriores, un fuerte y en muchos sentido deprimente impacto mediático. Por momentos, pareciera que el país se derrumba bajo el peso de una corrupción generalizada. Al mismo tiempo, Chile aparece en el listado de Transparencia Internacional en la mejor posición de América Latina en materia de probidad y la número veinte en el mundo. ¿Con cual de las dos imágenes quedarse?
Existe un lamentable pero explicable interés de utilización partidista de los temas de corrupción, pero ya no solo de la oposición sino, lo que es menos entendible, al interior de la propia coalición de gobierno y también al interior de la derecha. Esto genera una profusión de acusaciones que no ayudan a separar la paja del trigo. A ello se suma la hipersensibilidad ciudadana sobre el tema, lo que habla de la persistencia de un rechazo genérico a la política, pero sobre todo habla muy bien de los valores cívicos imperantes en el país, que no tolera que sus autoridades públicas desvíen los recursos colectivos para fines particulares (personales o partidistas), ni el tráfico de influencias, ni el clientelismo. Es muy probable que la arbitrariedad reinante en el mundo de las actividades privadas, las abusos de poder que se originan en los privilegios que provienen del dinero, acrecienten, con justa razón, la demanda del ciudadano común por honestidad intachable en el uso de los recursos públicos. Pero siendo la lucha contra la corrupción como andar en bicicleta (si no se pedalea, la caída es inevitable), hay que pasar del justo alegato a la acción permanente y persistente.
Lo primero es lo primero: nadie puede garantizar que entre centenares de miles de funcionarios públicos, miles de directivos y centenares de responsables del uso de recursos fiscales o de la aplicación de regulaciones, no se produzcan actos de corrupción bajo el imperio de la codicia, como tampoco se puede garantizar que no ocurra lo mismo en el sector privado. Lo que si el gobierno puede y debe hacer es garantizar una actitud: perseguir sin demora y con todo el peso de la ley todo acto de desvío para fines particulares de los recursos de todos o bien de trato de privilegio a intereses privados a cambio de dinero o de favores presentes o futuros, grandes o pequeños, y cualquiera sea su motivación. Nunca debe haber excusa para conductas reñidas con el interés público.
Lo segundo es eliminar de raíz la excusa de la motivación política: aunque a los ciudadanos no siempre les guste reconocerlo, porque consideran ilegítimo el uso de recursos de todos para la actividad política, esta tiene un costo. De manera austera, ese costo debe ser cubierto por recursos públicos, y así evitar el pretexto para el desvío de recursos fiscales o el trato de favor a privados para financiar campañas. En esto se ha avanzado pero debe prohibirse el inexplicable aporte legal de empresas a la actividad política. El incumplimiento de estas normas debe llevar a la pérdida inmediata del cargo que se ejerce.
Lo tercero es seguir disminuyendo drásticamente las “oportunidades de corrupción”, en especial, como me tocó personalmente hacerlo con los fondos regionales y municipales, terminar con la asignación discrecional de recursos (sin reglas de asignación, sin concursos, sin decisiones colegiadas, sin rendición de cuentas y expresión de causa) y vigilar con extremo celo las licitaciones, las compras públicas, las autorizaciones de actividad privada, las fijaciones tarifarias. Se trata de terminar con el clientelismo, de pasar de la discrecionalidad a las reglas ¿Porqué no acudir cada vez más a la sociedad, estableciendo comités de usuarios habilitados, además de los organismos oficiales de control, para revisar procedimientos y decisiones? Junto a revalorizar la virtud cívica, reemplazada por el desembozado predominio nuevo riquista del afán de lucro, el mejor remedio es: muchos ojos mirando la actividad pública, aunque haya quienes consideren que se rigidiza la gestión de gobierno, o que se abren espacios para la antigua costumbre nacional de acusar sin fundamento. A la larga, se gana más de lo que se pierde.
Lo cuarto es asegurar la igualdad de acceso a los cargos profesionales de la administración, mediante concursos anónimos basados exclusivamente en el mérito, restringir drásticamente los cargos de confianza política (que en democracia deben existir, pero en la cima de la jerarquía junto a colaboradores directos, es decir no más de 300 posiciones directivas) y asegurar normas objetivas de promoción interna, con una cultura de la evaluación permanente de los recursos humanos, pero sin la arbitrariedad constituida por los miles de cargos a contrata y honorarios, que son la fuente del clientelismo de nuestra actual administración.
La oposición debiera entender que estos son temas a situar por encima del debate contingente, entregar ideas y prestar su apoyo para preservar lo que sigue siendo cierto: en Chile hay corrupción, pero esta es perseguida, socialmente castigada y constituye la excepción, no la regla.

viernes, 13 de octubre de 2006

Entrevista a Gonzalo Martner, La Segunda

Por Miriam Leiva
El economista Gonzalo Martner, de la Fundación Chile 21, desmenuzó la información que entrega la autoridad sobre el proceso y el proyecto como tal de elaboración del Presupuesto para el próximo año. Y, al igual que LyD, cree que falta transparencia e información en ciertas áreas relevantes para conocer si están gestionando bien los recursos públicos.
  • "Acá hay una continuidad muy clara en la idea de construir un Estado de bienestar. Siento que no se ha recalcado lo suficiente el incremento de 16% en salud, lo que además se traduce en más infraestructura; el derecho extendido a todas las personas que cumplen los requisitos para obtener una pensión asistencial. En protección social estuvo bien, en las cinco áreas en que se enfocó quedan bien parados, hay un hilo conductor".
  • "Echo de menos más imaginación en el tema del desempleo porque ni siquiera hablan de incrementar el seguro. Es cierto que mantener el Fondo para dar 100 mil empleos con apoyo público es una cifra muy grande, pero se mantiene la duda de si estos subsidios sirven para generar más trabajo o simplemente para formalizar situaciones contractuales". "Me habría gustado que se potenciara, por ejemplo, la ubicación de un sector que preste servicios, como monitores en los colegios, que permitiría integrar a las personas que llevan mucho tiempo cesantes. Me habría gustado algo más importante. Chile no puede conformarse con tasas de cesantía superiores a 5%".
  • "La idea de entregar una beca para educación superior por mérito al 5% de los mejores alumnos de todos los colegios es un elemento equitativo e incitativo muy fuerte, es muy positivo".
  • "Es relevante el crecimiento de los recursos para innovación en Conicyt de un 34%, porque se necesita más plata para investigación y desarrollo. Si bien sería bueno evaluar el funcionamiento de estos programas, porque siempre hay situaciones que mejorar, nadie duda que es necesario potenciar esta área".
  • "Hay mucha dispersión en programas de fomento a las pymes. En lo relacionado con el turismo se ve la focalización porque se potenciarán programas para atraer extranjeros y las vacaciones de la tercera edad (26%), lo que es adecuado porque la mayoría de los que prestan servicios de turismo son Pymes. Pero hay otras políticas donde entra realmente la duda de si son tan eficaces en llegar a la pyme de verdad. Por ejemplo, se incrementa en 210% el presupuesto para Sercotec, pero me gustan las cosas más tangibles, porque uno no sabe bien cuánto de dinero llega".
  • "La mayor inversión en Obras Públicas es bienvenida, un tremendo salto para la infraestructura, claro que uno espera que no se caigan los puentes y que las cosas queden bien hechas".
  • "Había poca transparencia en algunas cosas. Por ejemplo, en los gastos reservados. Todos los años se entregaban los montos para los ministerios que mantenían estas glosas, y ahora la información no está disponible de manera fácil".
  • "Tampoco se precisan en la partida del Tesoro Público algunas cosas que son fundamentales, como la provisión para lo que resulte de la negociación del reajuste de los empleados públicos, los costos de nuevos proyectos, como la Pensión Básica Universal o la subvención diferenciada, que está como proyecto en el Congreso. Me hubiera gustado más precisión".
  • "El déficit de transparencia es muy antiguo, no es ni culpa de este gobierno ni de la democracia, ¡si hasta el formato del Presupuesto parece en sanscrito antiguo!, es una maraña de clasificaciones obtusas con un sinnúmero de glosas, sin ninguna capacidad explicativa, que termina haciendo de este proyecto un instrumento muy oscuro. Hay varias zonas poco transparentes".
  • "Me habría gustado un detalle mayor de cómo se llegó a un 8,9% de gasto porque se menciona que el alza de costos en la producción de Codelco impidió que éste fuera más alto, pero ¿cuánta es el alza?, nunca lo dijeron".
  • "La forma en que se maneja el panel de expertos también deja mucho que desear porque en el fondo se transforma en una votación donde se sacan los extremos. No veo que los fundamentos de la economía hayan cambiado tanto como para que el PIB tendencial crezca 1,2 punto en unos años; veo más bien una subestimación por razones ideológicas. Es decir, se convoca a personas de pensamiento liberal fofo promedio -porque los que tienen una mirada distinta quedan fuera-, y su trabajo intelectual se va a traducir en que su inclinación es que el Estado no juegue un rol relevante para proveer bienes públicos en la economía. Eso no se puede soslayar; por lo tanto, terminan subyugando el número a su ideología, por lo que es difícil que la política fiscal juegue un rol más relevante".
  • "La evaluación nunca es suficiente, hay mucho que hacer todavía, hay que justificar cada peso que se gasta".
  • "Respecto de los honorarios no puedo entender por qué no se entregan cifras detalladas por organismo, sino que todos esos antecedentes se entregan en forma oral en las comisiones. Se podría saber cuánto suben las contrataciones y por qué. Este es un tema muy delicado porque tiene un componente de arbitrariedad muy amplio. Se pueden provocar muchos abusos, acá falta fiscalización".
  • "No se sabe cuánto se gasta en áreas como viáticos, funcionamiento de edificios públicos, cuando hay posibilidades de contar con indicadores sencillos como el porcentaje de gasto versus el volumen del programa. La oposición hace esos cálculos y los presenta como denuncia, cuando esas cifras deberían estar en todos los programas, o al menos en los más importantes y cada cifra debe ser justificada. Calcular los costos de administración es muy fácil, y me preocupa que no exista porque es un indicador base de gestión. No es que tenga la percepción de que están malgastando, pero quiero tener más información y no una evaluación de programa cada tantos años".

viernes, 29 de septiembre de 2006

Los Estados de bienestar y la protección social


(documento de trabajo completo en http://gmartner.googlepages.com)

La Presidenta Bachelet manifestó en Chile 21 su voluntad de reencauzar el país “en lo que fue su matriz histórica de construcción estatal, de un Estado preocupado de ampliar las libertades y el bienestar de sus ciudadanos". Esta es una buena noticia.
Las diversas democracias se han hecho cargo desde la posguerra mundial de 1939-45 no sólo de la tarea tradicional del Estado gendarme (seguridad interna y externa, sistemas jurídicos y de justicia), y de la tarea de promoción económica subsidiaria (desarrollo de infraestructuras, masificación de la educación y la capacitación), sino también de los seguros sociales (de vejez-invalidez, enfermedad, desempleo transitorio) y de los subsidios a las familias y a las personas necesitadas, nuevas tareas públicas en economías de mercado que configuraron los llamados Estados de Bienestar. La visión bismarckiana, nacida en la Alemania de la década de 1880 y basada en el aseguramiento de riesgos sociales mediante la redistribución intertemporal obligatoria de los salarios en interés de los cotizantes, requirió para funcionar de una economía asalariada relativamente homogénea y del criterio de no provocar transferencias ex ante (los impedimentos para acceder al trabajo no forman parte medular de los dispositivos de protección), al margen de la voluntad de trabajar. La visión británica de Beveridge, expuesta en el período de término de la Segunda Guerra Mundial, admite las transferencias ex ante hacia los menos favorecidos en sus capacidades, fundando una noción de “solidaridad social” y no solo de “seguridad social”, dando lugar a mecanismos más extendidos de asistencia que los que derivan solo de la redistribución en el tiempo de los ingresos del trabajo. La visión asociada a Thomas Paine y sus propuestas tempranas de distribuir entre todos los habitantes las rentas de la tierra, dieron lugar a la corriente “universalista e incondicional” del Estado de bienestar[1].

La evolución reciente
Más allá de sus inspiraciones en el plano de las ideas, se realiza aquí, siguiendo trabajos previos, una clasificación de los modelos de Estado de Bienestar de los países industriales entre aquellos de tipo Nórdico (cuyo ejemplo clásico es Suecia), los de tipo Europeo intermedios (Francia, Alemania) y los de tipo liberal de menor envergadura (EE.UU, Suiza)
[2].
Los de tipo nórdico y europeo presentaron desde los años 1960 un elevado gasto público, un desempeño económico similar al de los demás países industriales, con una tasa de desempleo comparable, pero con mayor gasto estatal en educación, más altas transferencias de seguridad social y diferencias distributivas de ingresos sustancialmente menores que las de aquellos países de capitalismo liberal, como se observa en los cuadros.
Los Estados de bienestar nórdicos –de sello socialdemócrata clásico- se distinguen de los otros Estados de bienestar europeos y de los de tipo liberal por el mayor peso de la tributación directa, con una alta incidencia de los impuestos a la renta de las personas y a las utilidades de las empresas en su estructura tributaria, y por las menores desigualdades de ingreso que exhiben, sin que se encuentre evidencia de un desempeño económico menos dinámico.

El PIB crece de modo relativamente similar en los países desarrollados con alto gasto público y en los con menor gasto, o en todo caso las diferencias de tasas de crecimiento al interior de estos grupos de países son mayores que entre estos grupos. Y el bienestar es mayor, especialmente por la disposición de un mayor volumen de bienes públicos y de transferencias de seguridad social a los más necesitados.
La comparación internacional muestra entonces que no existe un modelo único ganador en la obtención de un alto crecimiento y un elevado bienestar. Diversos países con un gasto público superior al 50% del PIB y muy amplias transferencias de seguridad social, financiados con altas tasas medias y marginales de impuesto a la renta, se cuentan entre las economías más ricas del mundo en términos de PIB por habitante, con crecimientos mayores al promedio de los países industrializados y al de muchos países de gobiernos más pequeños que cobran menos impuestos.
Aunque este es un tema de recurrente controversia, existe suficiente evidencia para afirmar que en materia de tributos y gastos en las economías industrializadas las con mayor crecimiento en las últimas décadas son las que tienen tributos menos desincentivadores y más gastos públicos que contribuyen al crecimiento, especialmente en infraestructura y capital humano, y no los de Estados de menor peso en la economía. Es este un tema de estructura más que de nivel. Incluso la aplicación de tributos “desincentivadores” (alto impuesto a la renta y al patrimonio) no se traduce en un impacto sustancial de menor crecimiento
[3].
Otras mediciones revelan en el mismo sentido que las variables institucionales y las regulaciones públicas (protecciones laborales, salario mínimo, centralización de negociaciones) no tienen el rol esencial que algunos les atribuyen respecto al nivel de desempleo en las economías mixtas desarrolladas
[4]. La regulación estatal que protege el empleo tiene poco impacto en el nivel de desempleo, aunque si incide en una menor velocidad de rotación de la mano de obra y una mayor duración promedio del desempleo. La disminución de las prestaciones de los seguros de desempleo tiene un impacto débil sobre el nivel de desempleo. Sistemas generosos han podido cohabitar con niveles de desempleo débiles, particularmente en Europa del Norte. Los resultados empíricos tampoco establecen una relación directa entre sindicalización y desempleo. Los sindicatos juegan en cambio un rol nivelador en materia de dispersión de salarios. En cuanto al salario mínimo, como señalamos, la evidencia tampoco arroja conclusiones definitivas y en diversos casos altos salarios mínimos conviven con bajas tasas de desempleo. Si bien las reglamentaciones estatales pueden jugar un rol en la explicación del nivel y evolución del desempleo, éste parece tan débil que no llega verdaderamente a explicar las diferencias entre países ni las razones de éxito de algunos. En materia de desempleo son en definitiva las dinámicas macroeconómicas y el “reparto social del trabajo” lo que explica su evolución.
Por su parte, los países del sudeste asiáticos lograron alcanzar un alto nivel de desarrollo económico en los 40 años que siguieron a su despegue a inicios de los años 60, con variadas intervenciones del Estado que acompañaron ese proceso y una distribución del ingreso relativamente igualitaria. Esta experiencia reciente de desarrollo exitoso refuerza la observación según la cual una distribución regresiva del ingreso y la ausencia de inversión pública en capital humano no ayudan al crecimiento, sino que lo desfavorecen.
En este contexto, el crecimiento económico de América Latina en los últimos 40 años ha sido especialmente magro. La brecha con los países industrializados se ha ampliado y también con los del este de Asia: el ingreso medio por habitante era en estos países orientales hace 40 años más bajo que el de América Latina y hoy lo supera ampliamente. Además de lento, el de América Latina ha sido un crecimiento accidentado y volátil, con bajas tasas de disminución de la pobreza y un nivel de desigualdad muy superior al del Asia. La identificación de las causas de este desempeño es materia de sistemática controversia, pero reúne un consenso de amplio espectro “el papel de tres factores que han adquirido o recuperado prominencia en la literatura técnica sobre crecimiento económico en las últimas décadas: la calidad de las instituciones, la generación del conocimiento técnico y su incorporación a los procesos económicos y el manejo del riesgo, tanto macroeconómico como social”
[5].


Globalización y Estado de bienestar
Por su parte, las comparaciones de crecimiento en los últimos treinta años para diversas regiones del planeta que han experimentado evoluciones contrastadas permite concluir que una presencia significativa del Estado hace más que preservar a las poblaciones nacionales de los choques externos. Puede también ser un factor de protección de la competitividad en la economía globalizada

[6].
La globalización no implica necesariamente una declinación general del peso del Estado-Nación, aunque sí su reformulación en profundidad. Los intercambios crecientes aumentan la vulnerabilidad económica, por lo que un sector público más vasto, especialmente en el ámbito de las políticas de protección social, constituye un contrapeso compensador apropiado. Dani Rodrik constató que el grado de apertura de principios de los años sesenta ofrece una muy buena predicción de la expansión del sector estatal en el curso de los tres decenios siguientes. En el caso de los países de altos ingresos, la correlación más robusta es entre apertura comercial y gastos en seguridad social y en el caso de los países más pobres entre apertura comercial y consumo público, países en los que la dificultad de administración de programas de transferencia induce más gasto social público directo, manteniéndose que la asociación es entre mayor riesgo externo y mayor protección social.
Estas conclusiones son relevantes, al constatarse que las relaciones entre gobierno y mercado pueden ser complementarias más allá de las funciones tradicionales de provisión de bienes públicos, de orden, ley y derechos de propiedad, pues "el ámbito de acción del gobierno ha sido más amplio, no más pequeño, en las economías que toman mayores ventajas de los mercados mundiales", mientras "la evidencia considerada sugiere que las razones tienen que ver con la provisión de seguridad social". Las economías más abiertas tienen una mayor exposición a los riesgos que emanan de las turbulencias de los mercados mundiales, por lo que un mayor gasto público en estas naciones cumple una función de aislamiento frente a dichos riesgos, en la medida en que el sector gubernamental es un sector "seguro" en términos de empleo y de compras al resto de la economía relativamente al sector sujeto al comercio internacional. Por tanto, en los países significativamente afectados por choques externos, el gobierno está llamado a mitigar el riesgo coordinando una mayor proporción de los recursos económicos
[7].
No onstante, en palabras de Pierre Ronsanvallon, “es el derecho más que el contrato social de la empresa el que puede y debe hoy día ser el vector del progreso social para reducir las desigualdades de situaciones materiales o de estatus. Es necesario pensar en términos del derecho del hombre a trabajar. Es desde el exterior de la empresa y no al interior de ella que se juega la homogeneización del mundo trabajador (…). Esta identificación del Estado-providencia con una especie de sociedad aseguradora, está llegando de esta manera a su fin. Asistimos hoy día a una separación progresiva de dos universos: el de la seguridad social y el de la solidaridad. Las evoluciones demográficas, la disociación creciente entre la esfera de los cotizantes y de los que tienen derechos, el conocimiento acrecentado de las diferencias entre los individuos y los grupos, se conjugan para sacudir violentamente la visión aseguradora de la solidaridad. Dichas evoluciones conducen en cambio a hacer necesario un enfoque más directamente político de la solidaridad”
[8].


La readecuación de los Estados de bienestar ha supuesto su adaptación a las nuevas realidades económicas, y no su reducción como lo ha postulado la corriente neoliberal, y la deliberación democrática sobre su futuro, incluyendo una reanimación del debate sobre los criterios de justicia distributiva que deben orientar las políticas públicas en este enfoque más directamente político de la solidaridad, enfoque que a su vez se aviene más con el carácter heterogéneo y desigual de las economías latinoamericanas. No es en la reproducción de los modelos neoliberales donde se encuentra la mayor prosperidad, ni ciertamente la mayor equidad social en la historia económica reciente, sino en aquel de Estado democrático y social de derecho, especialmente el de Europa del Norte. Ni tampoco los mejores valores civilizatorios...
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NOTAS
[1] Ver Philippe Van Parijs, , Refonder la solidarité, Les Editions du Cerf, Paris, 1996.
[2] Sobre el rol de los Estados de Bienestar en el siglo 20 y su desempeño económico y social, ver Evelyne Huber y John D. Stephens, Development and crisis of the welfare state. Parties and policies in global markets, The University of Chicago Press, Chicago, 2001.
[3] Ver las estimaciones de Richard Kneller, Michael Bleaney y Norman Gemmel, Journal of Public Economics 74, 1999.
[4]Jean Paul Fitoussi, Olivier Passet y René Fressynet, Réduction du chomage : les réussites en Europe, Conseil D´Analyse Economique, n°23, La Documentation Francaise, Paris, 2000.
[5] Guillermo Perry, Crecimiento en América Latina. En busca del tiempo perdido, Banco Mundial, Washington, 2005.
[6] Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, “la evidencia cruzada de la relación entre apertura y tamaño del gobierno central, medido por gasto e impuestos, demuestra que en el largo plazo no hay conflicto entre apertura y gasto gubernamental. Las economías abiertas no son economías de laissez faire. Más aún, en promedio, los gobiernos de economías abiertas gastan una proporción del PGB significativamente más amplia y recolectan los impuestos adicionales necesarios. ¿Pero qué pasa en el corto plazo? (…) Después de controlar por cambios en el ingreso per cápita, que tiene un efecto positivo e independiente sobre el tamaño de los presupuestos de gobierno, un incremento de la apertura tiene un efecto positivo y significativo sobre el gasto de gobierno, los ingresos tributarios totales y el ingreso por impuestos directos (…). En la última década, la globalización y los presupuestos de los gobiernos centrales se incrementaron mano a mano. Mientras más rápido el patrón de globalización, más amplio fue el incremento en el gasto y tributación del gobierno central. No hay evidencia de que la globalización esté causando una retirada del Estado-Nación. Por el contrario, la globalización está planteando demandas acrecentadas sobre los presupuestos de los gobiernos centrales, y los gobiernos están respondiendo a esas demandas”, en Department of Economic and Social Affairs, ONU, World Public Sector Report. Globlization and the state. Nueva York, 2001.
[7] Dani Rodrik, “Why do more open economies have bigger governments?, Journal of Political Economy, vol. 106, nº5, 1998.
[8] Pierre Ronsanvallon, La globalización exige un nuevo contrato social , PNUD, Santiago, 2000.

jueves, 28 de septiembre de 2006

Una nueva educación republicana


Las pruebas realizadas con la OCDE revelan que los jóvenes chilenos de 16 años comprenden muy insuficientemente lo que leen y que sus habilidades de cálculo son precarias. En el caso de los colegios privados su formación deja también bastante que desear. La calidad de la educación es generalizadamente deficiente. Pero además es acentuadamente desigual.
Aún tenemos una sociedad en donde el itinerario de un niño en la vida está determinado casi irremediablemente por su punto de partida. Si se está en un contexto social y familiar donde la única opción es ir a una escuela municipal gratuita, sin haber accedido a la educación preescolar, y esa escuela municipal gratuita a su vez está inserta geográficamente en un tipo de espacio en donde sólo va a ser posible convivir con personas de condición marginal o precaria en su inserción económica y en su capital cultural, entonces la respuesta va a ser que probablemente el único destino posible es, en el mejor de los casos, terminar la educación media y muy difícilmente acceder a la educación superior, con una parte de cada generación que simplemente deserta de la escuela. Extremando el esfuerzo, un joven de familia de bajos ingresos y dotada de un bajo capital cultural tendrá la posibilidad de acceder a la educación técnica, hoy privatizada, devaluada, precaria y cara, aunque se ha establecido un importante sistema de becas financiadas públicamente.
Quien nace en un barrio acomodado, en una familia de ingresos altos, con capital cultural ya construido, irá a una buena escuela particular pagada y su destino más probable será llegar sin mayores dificultades a completar la educación media, acceder a una buena universidad y tener un camino asegurado de obtención de ingresos económicos sustancialmente más altos a los del promedio de la población.
Hoy no existen alumnos de ingresos altos en los establecimientos municipales. En los de tipo particular pagado solo existen alumnos de esta condición. El SIMCE 2005 revela que el rendimiento de los alumnos del grupo socioeconómico bajo es en promedio mayor en los establecimientos municipales que los de tipo particular subvencionado. No es el tipo de establecimiento el que explica las diferencias de rendimientos, sino el nivel socioeconómico de los alumnos.
La ausencia de oportunidades para los jóvenes de condición social modesta constituye a la larga una inmensa pérdida de desarrollo de talentos que se sustraen del aporte al bienestar colectivo. Pero la educación no disminuirá las brechas sociales mientras las desigualdades familiares sean tan importantes. La educación no es el gran factor de igualación que debía sustituir las políticas redistributivas, como se insistió por los neoliberales, sino uno de los mecanismos potenciales de igualación de oportunidades, junto a muchos otros, sobre la base de promover escuelas efectivas e integradoras que acojan a los niños de familias desfavorecidas en su capital cultural inicial y que se doten de capacidades de reforzamiento de la formación de estos niños.
Ampliar el derecho a acceder a escuelas pedagógicamente efectivas para los niños con mayor desventaja socioeconómica requiere mejorar la convivencia escolar y mantener el reforzamiento de insumos educativos escolares allí donde los logros son inferiores, pero aplicando más ampliamente la lógica de la discriminación positiva. Se debe continuar el esfuerzo de disminuir las brechas de rendimiento en educación básica y media con los Proyectos de Mejoramiento Educativo y los programas de reforzamiento de lecto-escritura y matemáticas y avanzando en el reforzamiento de la convivencia escolar, con mayor involucramiento de los padres y un mayor espacio para la creación artística y el deporte.
Se requiere también reestructurar los sistemas de subvención, de modo que la condición para recibir recursos públicos en todas las escuelas sea no sólo respetar los programas oficiales sino también no discriminar y hacerse cargo de niños de condición socioeconómica desmedrada y/o con dificultades de aprendizaje, reforzando el carácter público, republicano e integrador de la educación mediante un nuevo sistema de educación públicamente financiada bajo condiciones contractuales precisas. Donde haya recursos públicos no puede haber selección en la matrícula sino en función de los cupos disponibles de acuerdo a procedimientos de sorteo, con excepción de unos pocos liceos de alto rendimiento distribuidos en todo el país.
En el futuro, no deberá distraerse ningún recurso público (incluyendo las ventajas tributarias existentes que no se justifican para escuelas concebidas como negocios) al ámbito de la educación comercial y concentrar los recursos adicionales de los que el país disponga en la tarea de hacer de la educación pública una educación de excelencia e igualadora de las oportunidades.
La dispersión educativa que resultó de la municipalización escolar debe reemplazarse por una gestión escolar a cargo de las regiones orientada y supervisada pedagógicamente más fuertemente por el Ministerio de Educación.
Otorgar una subvención más alta a los niños de familias que reciben subsidios monetarios por otras carencias es una modalidad para estimular el cumplimiento de la obligatoriedad de los 12 años de educación establecida por el gobierno del Presidente Lagos. Cabrá evaluar si este mecanismo incitará a los establecimientos que rechazan a los niños en situación más precaria (que suelen tener menor rendimiento y más problemas conductuales) a incorporar a una parte de ellos. Si esto no es suficiente, habrá que fortalecer el sistema de cuotas de integración a cada establecimiento que reciba subsidios públicos, cuyo principio ha sido aprobado por ley en 2005. El sistema escolar público debe definirse por la Nación chilena como uno de los lugares de integración de niños y jóvenes de distintos orígenes sociales en el que se cultivan valores compartidos. Quienes deseen legítimamente otras opciones educativas, sujetas sin embargo a un currículo básico común, no deben reclamar el uso de recursos públicos, que deben reservarse a los fines públicos.

viernes, 8 de septiembre de 2006

En homenaje a Jaime Crispi Lago

Partió de esta vida Jaime Crispi Lago. A raiz de un accidente absurdo. La fatalidad. Con apenas 39 años y en la plenitud de la vida y de la capacidad de creación en el campo profesional que había escogido: el presupuesto y las políticas públicas al servicio de los que más lo necesitan. Lo lloran con el dolor terrible de la pérdida del hijo, del compañero, del familiar, sus ejemplares padres, Jaime y Marisol, su mujer y su familia, pero también tantos amigos y conocidos que fueron a despedirlo. Dejó una huella de trabajo profesional bien hecho y creativo. Para mí era primero el hijo de buenos amigos, pero luego la vida lo transformó en interlocutor desde sus funciones de economista de la dirección de presupuestos, especialmente en la creación del sistema Chile Solidario, en que me consta puso un empeño, compromiso y creatividad ejemplares. Sé que dio todo de sí, lo que ocupó sus últimos meses, para hacer emerger la nueva política para la infancia, colaborando con la Presidenta Bachelet. Era un joven comprometido con los valores de la justicia en los que fue educado. Pero sobre todo deja una huella de humanidad, de sencillez, de buen humor, de interés genuino por el otro, que tanta falta hace. Dejó este mundo un hombre bueno.

jueves, 31 de agosto de 2006

El verdadero debate


El debate parece haber decantado, dejando atrás proclamaciones y nerviosismos. Para un Gobierno que comienza, que se especule sobre su sucesión es bastante curioso y ha tenido razón en manifestarlo. Pero esto es tal vez expresión de una gran fortaleza: nadie discute que la derecha no parece ser una alternativa y qué es de la Concertación, si hace las cosas bien, de donde saldrá el sucesor o sucesora de la primera Presidenta de Chile. La Concertación tiene en Ricardo Lagos y Soledad Alvear a dos candidatos naturales para 2009. Para más adelante cuenta con un buen contingente de voluntarios. Y el tema no da para mucho más, al menos hasta la elección municipal, cuando la coalición deberá dirimir el tema mediante acuerdo, primarias o con dos candidatos en primera vuelta, sobre la base de un apoyo mutuo en la segunda vuelta. El tiempo dirá, sin dramas.
Mientras, Chile está enfrentado a grandes decisiones. El uso de los excedentes del cobre nos lleva a optar entre la óptica liberal de mantención de un Estado mínimo o la de avanzar a un Estado de bienestar moderno, lo que viene eludiéndose desde 1990 por el empate político prolongado que en este aspecto ha devenido la transición.
El actual período de bonanza hará posible acumular una reserva nunca vista, aunque debiera ser aún mayor si tuviéramos un royalty acorde con el hecho que los minerales pertenecen a toda la Nación y no a las mineras privadas, que este año van a recuperar toda la inversión realizada y luego llenarse de utilidades que debieran beneficiar a los chilenos. ¿Qué hacer entonces? Dejar que la regla presupuestaria opere e incrementar el gasto público de acuerdo a los mayores ingresos permanentes provenientes de un mayor crecimiento potencial y de un mayor precio de largo plazo del cobre. Eso sí: sin inventarse nuevas reglas para contener artificialmente el gasto público, como quieren los ideólogos liberales.
Para los que consideramos que el gasto público es muy insuficiente en Chile (basta ver el nivel miserable de las pensiones), que este crezca mucho más que el PIB en 2007 es bienvenido para avanzar del actual 20% sobre PIB a una cifra mayor. A los liberales les recordamos que en EEUU y Japón este gasto es del 37% del PIB en 2005, para no provocar irritaciones con el 56% de Suecia y el 54% de Francia, economías que se comportan bastante bien, por lo demás. Chile requiere y puede construir un Estado de bienestar decente.
Además, debemos constituir un fondo con los recursos que no son ingresos permanentes, y financiar con los intereses (evitando presiones sobre el tipo de cambio) nuevas tareas de desarrollo. Con proyecciones razonables de precio del cobre, tendremos unos 20 mil millones de dólares adicionales en 2006 y 2007. Si identificamos proyectos de infraestructura o de capital humano de alta rentabilidad social, es pertinente también usar por una vez una parte de lo acumulado, dando lugar a un incremento adicional temporal del gasto público, en vez de esterilizar ingresos en transferencias cuantiosas e innecesarias para recapitalizar el Banco Central, por ejemplo. Si principios como estos generan un consenso en la coalición de Gobierno, entonces podrían evitar las descalificaciones acerca de qué ministro lo ha hecho mejor en Hacienda o qué partido es más audaz en materia social. Se podría así dejar trabajar al Gobierno para que ejecute los programas de 2006 con marcha acelerada, como viene haciéndolo, y haga su propuesta de presupuesto para 2007. ¿Por qué no reemplazar la polémica estéril por un buen y libre debate en el Parlamento y en la sociedad sobre el tipo de país que queremos y sacar las conclusiones que corresponda, de acuerdo a la visión de cada cual, en materia de asignación de los recursos públicos? El Parlamento tendrá la última palabra, como corresponde en democracia.

miércoles, 26 de julio de 2006

La responsabilidad de gobernar

Gobernar democráticamente es avanzar hacia objetivos legitimados por la soberanía popular respetando el Estado de derecho y al ritmo que este permite. Cuando la sociedad es especialmente fragmentada y socialmente polarizada como la chilena, se requiere autoridad y mucho sentido de la articulación de intereses diversos. Gobernar es también el arbitraje entre presente y futuro, que supone en ocasiones convocar a los ciudadanos a sacrificios hoy para un mayor bienestar mañana. Difícilmente quien construye su opción política sobre la base del halago inmediato de la opinión podrá luego poner a quienes ha buscado representar en la perspectiva larga de la construcción de mayores grados de bienestar colectivo. Y fracasa, pues el bienestar de las naciones requiere construcciones en base a esfuerzos sistemáticos.
Se puede discurrir mucho sobre modelos pero finalmente los países que logran éxito en materia de prosperidad y trato justo e igualitario a sus ciudadanos son los que son capaces de tener continuidad de sus políticas en el tiempo, e instituciones capaces de realizarlas, incluso en los momentos difíciles en los cuales se producen circunstancias de desconexión temporal con el sentimiento mayoritario. Desde la responsabilidad de gobernar no se concuerda siempre con el interés inmediato de unos y otros. Justamente esa es la virtud de la democracia representativa: es en determinados momentos -a la hora de la renovación periódica de las autoridades y no todo el tiempo o bien por tal o cual tema específico- que los ciudadanos hacen su balance. Los gobiernos volubles ante la opinión nunca avanzan mucho, porque esta es con frecuencia también voluble.
Las sociedades necesitan ser representadas para tener una mínima coherencia y las instituciones públicas que emanan de ella puedan actuar, disminuyendo así tanto la dispersión como la ineficacia que terminan deslegitimando a la democracia. Para algunos, la democracia exige minimizar la representación e instaurar algo así como un régimen de la opinión pública. Pero este no es un buen sustituto de los procedimientos deliberativos, pues la democracia no es un régimen de consulta sino un sistema que combina diversos criterios: la participación de los ciudadanos, la transparencia y calidad de las decisiones y el ejercicio de las responsabilidades. Puede haber más participación efectiva a través de un debate público abierto y sustancial que con un simple voto, o peor aún una medición de la opinión a través de una encuesta, lo que no quiere decir que sean prescindibles, sino que son parte de los procedimientos democráticos, tan insustituibles como insuficientes para una democracia de calidad.
El gobierno demoscópico, en la expresión de Daniel Inneraty (ver
www.lecturas-gm.blogspot.com), cuyo razonamiento se sigue aquí de cerca, consiste no en la representación de la voluntad mayoritaria, consustancial a la democracia, sino en sacralizar a la opinión pública, a veces dejando que los acontecimientos discurran al ritmo de las emociones mediáticamente construidas[1]. La principal fuente de malestar político no es tanto lo que hacen los responsables políticos, sino lo que dejan de hacer, su falta de creatividad, su carácter reactivo.
La representación es una relación que suele decepcionar, pero que no es prescindible, salvo al precio de despojar a la esfera política de toda capacidad de acción coherente. Y siempre cabe mejorar la comunicación entre los representantes y los representados, considerar qué grupos pueden estar subrepresentados o corregir la desigual capacidad de organización de los intereses sociales. Pero si existe necesidad de representación y mediación de la esfera política es porque el pueblo real es siempre lo suficientemente complejo como para que ninguna de sus manifestaciones pueda resumirlo de manera satisfactoria. El pueblo es siempre difícil de descifrar y es tanto sujeto central como gran ausente de la política, que nadie puede encarnar plenamente, que únicamente puede ser definido a través de una representación múltiple. El corporativismo, ciertas formas de entender la identidad o el género, suponen una concepción del sistema político en la que se ha disuelto toda visibilidad de conjunto. Se asientan en el prejuicio de que los atributos del elegido garantizan su representatividad.
La representación no es una mera transposición de las características de la sociedad civil a la sociedad política, no es una mera expresión de lo social, sino un espacio de creación, lo que no se consigue sin esfuerzo. La política se convierte en una tarea imposible cuando se rige por la exigencia de traspasar al sistema político el esquematismo de los intereses de los grupos de la sociedad civil. La sociedad quedaría entonces inmovilizada en una suma de reivindicaciones incapaces de dar lugar a esquemas estables, creativos y productivos de acción colectiva. Contra lo que suele decirse, nuestros problemas políticos no se originan tanto en la distancia entre los representantes y los representados, sino en la dificultad de legitimar democráticamente esa distancia de manera que sirva a la coherencia y operatividad de la sociedad.
La consecuencia democrática del reconocimiento de la complejidad del pueblo exige que se multipliquen sus modos de expresión, que ninguno de ellos se totalice. Precisamente por ello es tan conveniente la pluralización de las temporalidades de la democracia, de modo que el espacio público sea el lugar en el que se articulan los diversos tiempos sociales: el tiempo largo de la memoria y de los valores compartidos, el tiempo variable de las diversas instituciones y especialmente de las representativas, el tiempo corto de la opinión. La vida política está hecha de la interacción entre esas temporalidades. La democracia se degradaría si sacrificáramos esta diversidad en el altar único del ritmo frenético de la opinión pública con sus pulsaciones instantáneas.
Hay quien, para hacer frente al hecho de que las sociedades complejas no se dejan representar ni movilizar con facilidad, tiene en mente la antidemocrática respuesta autoritaria, o quien, a la inversa, desearía que la presencia de los ciudadanos en la política fuera tan permanente y omnipresente como la de los consumidores en la economía. Pero en ambos casos se anula el momento deliberativo de la democracia, que permite articular y proyectar. La expresión del pueblo queda reducida a la inmediatez de los intereses, proceso en el que al final del día prevalecen los de los poderosos en medio de demandas clientelares de los sectores subordinados a la postre reducidas, de acuerdo con la nueva ortodoxia económica, a programas sociales focalizados. Las políticas sociales para los pobres terminan siendo políticas sociales pobres.La desigualdad crea de antemano una distancia entre gobernantes y gobernados, que sólo se resuelve parcialmente en la medida en la que aquéllos garantizan el acceso a los recursos públicos. Según este razonamiento, la clave para resolver el problema de la desafección hacia la democracia está en desarrollar políticas sociales universales que ofrezcan una alternativa a las estrategias clientelares tradicionales o modernas.
La desigualdad conduce a que la desconfianza se convierta en la regla del juego en la vida social. Como subraya Ludolfo Paramio, la confianza interpersonal de las sociedades latinoamericanas es muy baja, y se establece en el marco de la familia extensa. No es extraño entonces que los vínculos de amistad y de familia hayan sido históricamente la forma de relacionarse con el poder y con los recursos públicos. Para salir de ese círculo vicioso se necesitan políticas públicas duraderas y estables que ofrezcan una alternativa universalista a los intercambios particularizados propios del clientelismo
[2].
No tiene entonces ningún sentido atribuir a la sociedad o una ciudadanía abstracta e indeterminada la responsabilidad de acometer las grandes transformaciones sociales que pueden esperarse de la política. Si acaso el deseo más profundo de nuestras sociedades apunta hacia una política con capacidad creativa, lo que sería más respetuoso con la democracia que la política reducida a demoscopia, entonces está la opción del ejercicio responsable de la representación, especialmente para atacar el mal mayor de nuestras sociedades, la desigualdad, y la incapacidad de los gobiernos para ofrecer alternativas modernas al clientelismo.
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[1] Daniel Inneraty, El nuevo espacio público, Espasa Calpe, Pozuelo de Alarcón, 2006.
[2] Ludolfo Paramio, “América Latina y su mudable amor por la democracia”, Fundación OSDE, Todavía n°12, diciembre de 2005.

jueves, 13 de julio de 2006

Entrevista en El Mostrador

Gonzalo Martner crítica gestión de mesa directiva del PS, por Susana Jaramillo
El ex presidente de los socialistas expresó que si bien hay que darle tiempo a la conducción de Camilo Escalona, porque está recién empezando, a su parecer no hay en ella un gran dinamismo. Además, aludió a que la incondicionalidad del senador por la Décima Región Sur al gobierno provoca que la colectividad no tenga una posición propia en materias de la contingencia nacional. Sectores que apoyaron la candidatura a la presidencia de la mesa directiva del Partido Socialista (PS) de la diputada, Isabel Allende, en los últimos días han hecho un análisis crítico respecto a la conducción de la actual directiva, encabezada por el senador Camilo Escalona. Fuentes confiables, señalaron que existe preocupación porque ven a "un partido débil, paralizado, sin conducción política y con una incondicionalidad al gobierno de Michelle Bachelet que en definitiva le está jugando una mala pasada, porque ante la ciudadanía el PS aparece como una colectividad sin posición propia en materias relevantes para el país". En ese sentido, también dichas sensibilidades resaltan que un ejemplo claro de eso es que hasta el momento no se forman en su totalidad las comisiones de trabajo ni tampoco las diversas subscretarías. Sin embargo, los mismos sectores hacen una crítica a quien en su momento fue su líder, es decir la diputada Allende, y éstas apuntan a que no ha dado conducción a la disidencia y que incluso no va a las comisiones políticas del partido. Uno que defiende a la diputada Allende y, a su vez, crítica a la gestión de Escalona es el ex timonel de la colectividad, Gonzalo Martner. "El esquema actual está lejos del que yo apliqué cuando estaba a la cabeza del PS", señaló.
-Sectores del PS aseguran que la mesa directiva es débil y está paralizada. ¿Usted comparte esta crítica?
-No hay que ser tan exigentes e injustos y hay que darle un tiempo a esta conducción, pero creo que no se ha destacado en este tiempo por un gran dinamismo.
-Pero aseguran que las comisiones de trabajo y las subsecretarías aún no se forman, pese a que ya lleva dos meses de haberse constituido la mesa directiva
-Lo que pasa es que eso forma parte de un diseño, pero ¿para qué necesita el PS comisiones? Si lo único que entiende es que su misión es estar diciendo que sí a todo lo que ocurre en materia gubernamental, no tiene sentido.
-¿Eso quiere decir que el PS no ha mostrado una voz propia en diversas materias de importancia nacional?
-Yo creo que han existido pronunciamientos. No obstante, está lejos del esquema que yo apliqué cuando fui presidente del partido y el deber de un timonel es apoyar, proponer y hacer críticas leales por los canales que correspondan cuando hay equivocaciones, porque no hay nadie perfecto.
-¿A usted le gustaría un PS con más dinamismo y en mayor contato con las bases?
-Yo entiendo que un partido político de gobierno debe ser un nexo entre la sociedad y la administración del Estado y no un acápite del mismo.
-Al mismo tiempo, ¿cuál es su impresión respecto a que hay sectores que apoyaron la candidatura de la diputada Allende, en las elecciones pasada, los cuales consideran que ella tampoco ha tenido una conducción política, como líder del sector opositor a la directiva?
-No creo que eso sea efectivo.
-¿Cree que el silencio de ella es porque pretende ayudar a la gestión de Escalona o por dar una señal de protesta?
-Yo creo que porque quiere contribuir a la actual directiva y al gobierno de Bachelet.

jueves, 6 de julio de 2006

Ha llegado informe


Ha emitido su informe la Comisión Marcel sobre reforma previsional. Llama la atención que esta comisión haya actuado por consenso: en diversas otras comisiones de expertos llamadas a asesorar a los gobiernos suele consignarse las opiniones de unos u otros, pues estas instancias no están llamadas a definir una política, que necesariamente requiere síntesis y consensos, sino a diagnosticar problemas y proponer opciones a quienes deben decidir. La síntesis y los consensos son propios de la tarea política, no de los expertos, que más bien deben poner en evidencia las alternativas en presencia para que decidan los representantes del pueblo (y en algunos casos, idealmente, el pueblo mismo mediante pronunciamiento referendario). Seguramente esta inadecuación lleva a que el informe sostenga que no hay crisis del sistema creado en 1981, pero que solo la mitad de los adultos mayores podrá contar con una pensión mayor a la mínima, menos de un 5% accederá a la misma y el resto podrá aspirar a la pensión asistencial o a nada. Como sería la situación si el sistema estuviera en crisis....Esto no se sostiene: que algunos expertos piensen lo contrario es legítimo, siempre que argumenten en consecuencia. Los consensos no siempre son buenos, sobre todo a la hora de pensar y debatir.
Pasemos a las proposiciones: el informe las clasifica en la lógica “de los 3 pilares” (solidario, contributivo obligatorio y contributivo voluntario), lo que será útil para el debate.
Respecto al primer pilar, la Comisión propone terminar con el sistema de pensión asistencial y mínima, lo que es un buen avance. En reemplazo, menciona un sistema de Pensión Básica Universal cuya principal característica es que... no sería universal. En efecto, se entregarían subsidios públicos para asegurar que los que no tienen ningún recurso acumulado en el sistema contributivo accedan a una pensión de unos 75 mil pesos, beneficio que se mantendría de modo decreciente hasta extinguirse a partir de una pensión autofinanciada de 200 mil pesos. El resumen ejecutivo disponible no entrega detalles de que como esto funcionaría, pero esperemos que no signifique disminuciones de beneficios (recordemos que la pensión mínima para mayores de 75 años es actualmente de 102 494 pesos y la pensión asistencial es de 44 186 pesos para personas entre 65 y 70 años). En todo caso, el gobierno y los legisladores habrán de perfeccionar lo que es un buen principio. Por nuestra parte, reiteramos nuestra proposición de establecer una pensión básica garantizada a los mayores de 65 años equivalente al monto actual de la pensión mínima para más de 75 años, es decir del orden de un 30% del PIB por habitante, lo que tendría un costo adicional de 0,8% del PIB respecto al gasto actual en pensiones mínimas y asistenciales, pensión a la cual se agreguen el pilar contributivo obligatorio y el pilar no obligatorio.
Respecto a este segundo pilar, abundan las proposiciones. Estas incluyen novedades como subsidiar las cuentas individuales de los trabajadores jóvenes y de las madres. Este subsidio fiscal al pilar contributivo no parece pertinente. El sistema contributivo debe reflejar las cotizaciones efectivas, sin lo cual se pierde transparencia y eficiencia, cuando no puede terminar siendo un simple subsidio a los dueños de AFP, que cobrarán -y por la experiencia conocida, se las arreglarán para cobrar mucho- por administrar fondos fiscales.
El esfuerzo por bajar las comisiones de administración incluye proposiciones interesantes de licitación colectiva de nuevos cotizantes, estableciendo una competencia “por el mercado” de cotizantes que pudiera beneficiarlos en ausencia de colusión entre las AFP. También se propone crear un Comité de Usuarios, facilitar el ingreso de nuevos actores al sistema y separar las funciones de recaudación, administración e inversión de los fondos, lo que va en el buen sentido si de proteger al trabajador se trata. Pero cuando se sugiere que se podría subcontratar la recaudación a un organismo público como el INP, esto de nuevo terminaría en que el Estado subsidia a las AFP con un sistema barato de recaudación y con más utilidades para sus dueños. Recordemos que, como ha demostrado Salvador Valdés, las utilidades de las AFP son simplemente un escándalo basado en malas regulaciones públicas.
Respecto a la incertidumbre sobre las pensiones futuras asociada por definición al sistema de capitalización individual, se menciona el problema pero no se propone sino hacer cálculos actuariales cada 5 años y apostar a una densificación de las cotizaciones (de 51 a 61%) y a un aumento del rendimiento (de 1% anual), junto a mecanismos ingeniosos como introducir módulos anticipados de renta vitalicia, con lo que los chilenos podríamos dedicarnos a un permanente juego de casino. No se menciona además una palabra sobre la necesaria restricción del sistema de retiros programados, que permite apostar a los pensionados respecto a cuando van a morir y en qué momento van a quedar en la calle...
El problema no es seguir apostando (de hecho no se cumplió en 25 años para nada los supuestos con los que se construyó el sistema en 1981) sino aportar más certezas al sistema. Proponemos, por nuestra parte, que el sistema de capitalización se transforme en un sistema voluntario y que la contribución obligatoria se realice en base a un sistema de reparto para dar certeza a las pensiones, sin perjuicio de establecer un fondo de reserva capitalizado que otorgue respaldo a pensiones financiadas, por sobre el nivel básico, por los salarios actuales en base a derechos constituidos por las contribuciones pasadas.
Por último, no se entiende la insistencia en subir la edad de jubilación de la mujer de 60 a 65 años, lo mismo que la cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia. Desde luego porque una de las pocas ventajas del sistema actual es que se puede, con ciertos requisitos, adelantar o retrasar la edad de jubilación, temática que habría que profundizar en un nuevo sistema eliminando toda prohibición de emplear a personas jubiladas y modulando así una salida progresiva de la actividad remunerada de una población que, en buena hora, vivirá cada vez más.
Lo que ocurre es que existe un cierto costo fiscal al asegurar pensiones mínimas de las mujeres a partir de los 60 años y no de los 65 como los hombres, de monto perfectamente abordable por nuestra sociedad. Si se propone subsidiar las cotizaciones de las madres, con un costo fiscal adicional, no parece haber una cuestión de principio para la comisión (salvo que se considere dignas de ser subsidiadas preferentemente solo a las madres, lo que sería francamente lamentable). En cambio hay una cuestión de principio en reconocer a toda mujer (madre o no) el trabajo doméstico no remunerado que realiza desde temprana edad, como muy bien ha dicho la Presidenta Bachelet, al menos respecto a beneficiar de un subsidio pensional a una edad más temprana que los hombres, circunscrito además a un mínimo.
Es notable, cuando tenemos por primera vez una presidenta mujer, que una comisión nombrada por ella proponga, sin argumentar mayormente, disminuir derechos bien merecidos que las mujeres tienen en Chile desde hace décadas. Si otros paises han homogeneizado sus edades de jubilación, otros más han mantenido la diferenciación por género. Ya decían los griegos: no se puede tratar igual a los desiguales. Y si el sistema actual por construcción les otorga menos pensiones, hagamos el sistema más solidario con las mujeres y no al revés. En el límite, siguiendo el razonamiento miope de los contables, si las mujeres tienen una esperanza de vida 4 años superior hoy y más en el futuro, pues que trabajen más tiempo que los hombres. Eso es lo coherente con ese razonamiento. Esta manera de trasladar el cálculo actuarial estrecho propio de los seguros privados a un sistema que por definición busca la solidaridad refleja bien cuan utilitaria se ha vuelto nuestra sociedad y cuan urgente es practicar con transparencia, evidenciando con claridad sus costos, la solidaridad de los que tienen más con los que tienen menos y de los que se hacen poco cargo del trabajo doméstico y de la crianza con las que si se hacen cargo de estas tareas poco visibilizadas y poco reconocidas socialmente. Es tiempo de solidaridad y de solidaridad con las mujeres.

jueves, 22 de junio de 2006

Pensión básica garantizada


1. Introducción
La teoría económica convencional asume que los individuos son quienes mejor juzgan su propio bienestar. Sin embargo, se producirá una ineficiencia asignativa si estos subevalúan los beneficios personales que derivan del consumo de determinados bienes, vale decir si le atribuyen un mérito insuficiente, y en especial si no ahorran o no se aseguran y mantienen una preferencia sistemática por el consumo presente
[1].
El síndrome del “a mi no me va a ocurrir” se traduce en la insuficiente provisión de seguros personales para propio bien de los consumidores frente a la posibilidad de accidentes inhabilitantes, de enfermedades graves o de insuficiencia de ingresos en la vejez, impidiendo en este caso que se promedie los ingresos a lo largo del ciclo de vida total. Se trata de eventos que pueden ser juzgados como de improbable ocurrencia y/o cuyas consecuencias son demasiado lejanas en el tiempo -como la necesidad de ahorrar hoy para tener ingresos cuando ya no se esté en condiciones de trabajar- y que, sin embargo, de presentarse, pueden tener consecuencias catastróficas para los individuos imprevisores. Existen dos modos, no mutuamente excluyentes, de remover esta ineficiencia asignativa: a través de mecanismos compulsivos o mediante subsidios.
La compulsión implica usar la fuerza de la ley para obligar a las personas a proveerse de seguros contra la inhabilidad que provocan la enfermedad, los accidentes o la vejez. Muchos países establecen seguros obligatorios, a través de cotizaciones asociadas a todo contrato de trabajo como porcentaje de la remuneración, para garantizar ingresos en caso de eventual enfermedad, accidentes, invalidez o desempleo. Frente a eventos de este tipo, la sociedad suele no permanecer indiferente y declara de manera más o menos universal estos bienes como preferentes y de consumo obligatorio, suspendiendo la soberanía del consumidor para su propio bien, no siendo en este sentido una carga pública. Estas decisiones han dado lugar en la historia contemporánea a los llamados Estados de Bienestar o Estados-Providencia, cuyo origen se remonta a la Alemania de Bismarck hacia 1870
[2].
El subsidio se practica para los seguros de salud o las pensiones privadas a través de descuentos tributarios en países como EE.UU y Gran Bretaña.
Adicionalmente, el problema de ineficiencia asignativa se presenta en el caso de una oferta de seguros realizada en condiciones de selección de riesgo que los agentes privados practican en estos mercados: a ellos les interesa obtener el pago de primas de los individuos que tienen menos riesgo y desechar a los de más alto riesgo, o cobrarles primas sustancialmente más altas para maximizar sus utilidades, generando mercados incompletos. Pero se trata justamente de aquellos individuos a los que apunta primordialmente el consumo obligatorio del bien preferente, en este caso el seguro contra el riesgo. Asimismo, el comportamiento llamado de riesgo moral, es aquel que multiplica las conductas de riesgo en la medida en que se está cubierto por un seguro y la selección adversa es el proceso en el que los que tienen riesgos bajos y poca aversión al riesgo se sustraen de contratar pólizas de seguros, incrementando las primas que se cobra a los demás (Stiglitz, 2000). Ello induce a muchos gobiernos a garantizar el acceso universal a la protección frente a los grandes riesgos sociales y a establecer su producción o regulación pública para contener los costos que resultan de este tipo de comportamiento.
Quienes disponen en la vejez de suficientes activos propios con sus respectivos rendimientos no requieren de sistemas públicos de pensiones. Un sistema obligatorio de pensiones tiene el objetivo genérico de asegurar a los demás ciudadanos algún tipo de ingresos en la vejez y de modo específico unos ingresos de reemplazo (salario diferido) a quienes han vivido de su trabajo una vez que dejan de obtener ingresos salariales por retiro de la vida activa. Se obtiene así una redistribución intertemporal de los ingresos en el ciclo de vida y se otorga seguridad frente a la imposibilidad de prever el momento de la muerte. Se programa el uso de ahorros mediante la técnica de la renta vitalicia o se establece un vínculo colectivo entre generaciones, en la que la generación activa paga pensiones a la pasiva (Barr, 2004).
Los sistemas actuales de pensiones suelen incluir, simplificando, tres “pilares”
[3]. El primer pilar, normalmente financiado con recursos tributarios, no necesariamente basado en contribuciones previas, tiene el propósito de asegurar una pensión básica a quienes no tienen otros ingresos en la vejez. El segundo pilar, el sistema contributivo obligatorio, tiene dos objetivos propios: lograr la máxima tasa de cobertura posible del universo de asalariados y trabajadores independientes y lograr una tasa de reemplazo adecuada de los ingresos al momento de terminar la vida activa, suavizando la curva de la capacidad de consumo a lo largo de la vida, redistribuyéndola desde la edad productiva a la vejez. Un tercer pilar, el que incentiva tributariamente el ahorro voluntario, viene a complementar, con el esfuerzo individual adicional, los ingresos en la vejez.

2. Ingresos básicos garantizados
Un reparto más equitativo de los ingresos que aquel que resulta de la posesión y uso de factores de producción (y en especial del capital en ocasiones simplemente adquirido por herencia, o mediante ventajas no económicas) y su rendimiento de mercado, da lugar a diferentes políticas redistributivas. Sus modalidades son especialmente variadas según las sociedades y usualmente se construyen sobre una base agregativa en el tiempo, que le confiere a estas políticas complejidad administrativa y suscita debates periódicos sobre su legitimidad y como eventual factor de distorsiones asignativas y de ineficiencia económica
[4].
Dos fuentes de ingresos públicos tienen, sin embargo, una especial legitimidad económica y ética respecto a la alternativa de su apropiación privada: las “rentas ricardianas”, distintas de la utilidad empresarial propiamente tal, provenientes de la explotación de los recursos naturales (y que tributariamente toman la forma de regalía
[5]), y los recursos generados por ese bien público que es el avance tecnológico y del conocimiento, cuya plena apropiación privada tampoco tiene fundamento racional[6], y que tributariamente se pueden expresar en el impuesto a las utilidades. Es legítimo que estos recursos colectivos sean distribuidos, al menos en parte, a la sociedad. Nótese que no se emplea el concepto de redistribución para estos efectos (el procedimiento de transferir recursos ganados por unos individuos hacia otros individuos) sino el de distribución de recursos que pertenecen en propiedad a la sociedad en su conjunto.
A su vez, las democracias sociales modernas suelen establecer que ciertos bienes sean accesibles para todos, más allá de la provisión de bienes públicos que por definición son de consumo colectivo. Dentro de ellas se encuentra el disponer de algunos ingresos más allá de la inserción en el mercado de trabajo. Esta es, por ejemplo, la inspiración en Chile del sistema de asignación familiar y de subsidio único familiar, o la pensión asistencial, y así sucesivamente. Más recientemente, se estableció en Chile el programa Chile Solidario, concebido para que las familias con menores niveles de ingresos puedan “construir un puente hacia sus derechos” de un modo directo en su relación con el Estado, con un sistema de monitoreo de las situaciones familiares y de sus progresos, con flexibilidad en los instrumentos y prioridad en el acceso a los sistemas de apoyo social
[7]. Sin embargo, el bono de protección familiar que las beneficia está limitado a 24 meses y es decreciente y de escaso monto.
Si la provisión de bienes públicos y la redistribución de ingresos son tareas públicas poco controvertidas (lo es más bien su magnitud), en una sociedad democrática tampoco debiera serlo que los recursos que en origen pertenecen a la colectividad sean distribuidos a la colectividad. El enfoque del ingreso mínimo garantizado originado en un dividendo universal plantea que estos sean distribuidos como recursos de subsistencia no condicionales: “dése a todos los ciudadanos un ingreso modesto, aunque incondicional, y déjenlo completarlo a voluntad con ingresos provenientes de otras fuentes”
[8].
Se propone una simplificación de la actual gama de mecanismos de ayuda social en Chile y definir un piso de política de ingreso básico garantizado con dos mecanismos iniciales: el primero concentrado en los niños (sobre la base de una prioridad valórica, con además alta rentabilidad social) y el segundo orientado a las personas de más de 65 años (sobre la base también de una consideración valórica). Un enfoque de este tipo es especialmente relevante para quienes sufren de exclusión social y bajos ingresos.
Del orden de 230 mil hogares, con más de un millón de personas, pueden considerarse de acuerdo a la encuesta CASEN 2003 como en situación de exclusión severa (con ingresos per cápita menores al 30% del ingreso mediano, un 7% de la población)
[9].
El primer mecanismo consiste en otorgar a cada hijo de las familias de menos ingresos un subsidio a la infancia hasta que se complete la educación media, a ser percibido por la madre y con la condición de asistir a la escuela, y ser de un monto sustancialmente mayor al actual Subsidio Único Familiar, que se propone sea sustituido por este mecanismo. Un subsidio a la infancia de 25 mil pesos mensuales para 600 mil niños de familias en situación de muy bajos ingresos tendría un costo anual del orden de 0,3% del producto de 2005.
El segundo criterio es el de otorgar a las personas de 65 y más años una pensión básica garantizada. Desde el abandono del sistema de pensiones por reparto y su reemplazo por uno de capitalización en 1980, ha permanecido una fuerte interrogante sobre la magnitud de las pensiones futuras en Chile. Estas dependen crucialmente de la densidad o estabilidad en el tiempo de las cotizaciones (siempre amenazadas por la pérdida temporal del empleo o insuficiente constancia de los autoempleados) y de la rentabilidad de los fondos. Según la Encuesta de Protección Social 2002 la relación años cotizados/años de historia laboral es de solo 51% para los trabajadores dependientes. A su vez, hasta ahora los fondos de capitalización han contribuido a reanimar el mercado de capitales y han mantenido una rentabilidad promedio relativamente satisfactoria (del orden de 10%), rentabilidad que disminuye si se considera los fuertes costos administrativos existentes. No parece inverosímil, como lo han calculado los responsables de la Dirección de Presupuestos y de la Superintendencia de AFP, que en el largo plazo del orden de un 50% de los actuales cotizantes no alcance a obtener la pensión mínima, mientras la cobertura no alcanza a un 60% de la fuerza de trabajo, a comparar con el 70% existente en la etapa previa a 1973 (OCDE, 2005).
En la práctica, junto a la nueva capitalización individual se construyó un sistema que mantiene en un largo período de transición (hasta 2030 para las cotizaciones y hasta 2050 para los beneficios) el pago de las pensiones a quienes jubilaron en el sistema antiguo o jubilarán de acuerdos a sus normas y el pago al momento de jubilar de un bono de reconocimiento de las cotizaciones realizadas en dicho sistema para los que se trasladaron al nuevo. Esto ha representado desde 1981 a 2003 un déficit promedio del orden de 5,7% del PIB (un 4,4% para las pensiones civiles)
[10]. A esto se agrega un esquema de “reparto”, no ya de asalariados activos a pasivos sino de contribuyentes a amplias categorías de pasivos que no obtienen la pensión mínima (51 mil personas del sistema de AFP de capitalización en 2005) o que no han contribuido al sistema y obtienen una pensión asistencial (411 mil personas), con un costo fiscal de 0,4% del PIB en 2006.
Existe controversia sobre el peso presupuestario de largo plazo de la combinación de incertidumbres vinculadas al desempeño financiero de los fondos de pensiones, la evolución del mercado de trabajo y la densidad de las cotizaciones individuales a lo largo del ciclo de vida del trabajador, que gatillan las pensiones mínimas (con 20 años de cotizaciones al menos) y asistenciales (para personas sin derechos previsionales y con bajos ingresos). La actual combinación plantea además problemas de incentivos para la formalización del mercado de trabajo, como lo subraya la OCDE (2005).
Si nadie cuestiona en Chile que la vulnerabilidad de las personas de edad que no pueden ya obtener ingresos requiere de algún sistema de pensiones básicas al margen de la contribución en la vida activa, tanto razones de equidad como la incertidumbre fiscal y el incentivo a la subdeclaración de ingresos en el contrato de trabajo o directamente a la informalidad de la relación laboral, justifican un cambio en el sistema actual.

Se propone como primer pilar solidario del sistema de pensiones una pensión básica garantizada no contributiva, uniforme, aplicable a todos los residentes en el país durante el ciclo de vida activa
[11], exceptuando eventualmente a los de muy altos ingresos, y financiada con un impuesto parejo a la renta específico para estos fines, combinado con un sistema contributivo reformado de reparto provisionado en tanto segundo pilar y con un sistema de capitalización individual como complemento de ahorro voluntario con descuento tributario a la renta (cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos con empleadores, depósitos de Ahorro Previsional Voluntario) en tanto tercer pilar.
Una pensión básica garantizada uniforme tendría el mérito de:
- ser de muy simple administración y legibilidad colectiva (por el sólo hecho de tener más de 65 años la sociedad me otorga como un derecho un piso modesto de ingresos para la vejez, financiados mediante una contribución proporcional a los ingresos de cada cual);
- asegurar un 100% de cobertura, o la proporción que se desee si no se quiere incorporar en el dispositivo a las personas más ricas
[12];
- incluir automáticamente a las mujeres y a los trabajadores informales, es decir a los más frecuentemente excluidos de los sistemas de pensiones;
- no estigmatizar a los beneficiarios, en virtud del principio del aporte y beneficio universales;
- fortalecer los incentivos para ahorrar para la vejez.
- eliminar la incertidumbre para el fisco respecto a la magnitud del gasto que implica mantener un primer piso solidario con parámetros fijos en vez de, como es hoy, estar sujeto a la evolución de la pobreza y de la cobertura, densidad y rentabilidad de las cotizaciones obligatorias;
- eliminar la incertidumbre para el trabajador sobre el piso de ingresos que dispondrá en la vejez.

Este mecanismo debiera reemplazar a las actuales pensiones asistenciales y mínimas.
Se podrá argumentar que de este modo se desincentivaría el ahorro para la vejez, puesto que existiría un ingreso asegurado. En realidad, este esquema aminoraría los problemas de incentivo: en el margen, para complementar la pensión básica, todos estarían interesados en constituir ahorros adicionales asociados a la formalización contractual de las relaciones laborales o realizar ahorros voluntarios. Hoy, en cambio, para muchos no tiene sentido exigir un contrato al empleador, y de paso disminuir su remuneración líquida, al percibir que su pensión será la mínima legal, si tiene más de 20 años de cotizaciones, o directamente la asistencial, si no los tiene y su condición es de pobreza. Si además el potencial cotizante tiene algo de cultura financiera, constatará que el costo de administración (un sexto de los fondos descontados obligatoriamente del salario bruto) es en extremo elevado, lo que lo alejará también de la formalización contractual de su relación laboral.
Para ilustrar los órdenes de magnitud involucrados, la homogeneización inmediata de las pensiones asistencial y mínima en base a la pensión mínima vigente para los mayores de 75 años (102 494 pesos) tendría un costo fiscal adicional de 0,6% del producto, llevándolo a 2,2% desde el 1,6% que representa actualmente financiar las pensiones asistenciales y el total de las pensiones mínimas.
Se propone establecer un esquema que mantenga en el tiempo la pensión garantizada en un nivel de 30% del PIB por habitante, equivalente a la pensión mínima actual para mayores de 75 años y aplicable al 1,29 millones de personas de más de 65 años que hay hoy en Chile, según el INE. Su costo está dentro de márgenes de gasto público que, sin perjuicio que en el tiempo tendería a incrementarse por el mayor peso de la población de más de 65 años en la población total, son fiscalmente abordables (ver el cuadro 2). Nótese que el esquema actual de AFP llevaría con el envejecimiento de la población inevitablemente a una caída de las pensiones, a un incremento obligado de las cotizaciones o a una edad de jubilación más tardía, como lo demuestra Arenas de Mesa (2004).

Los montos involucrados son en la etapa inicial inferiores, y en régimen de largo plazo equivalentes, al esfuerzo fiscal realizado hasta aquí para financiar la transición del sistema de reparto al de capitalización, reforma de fundamentos puramente ideológicos basados en una radicalidad neoliberal sin precedentes.
No existe otro país en el mundo que haya hecho soportar a una misma generación el financiamiento tributario de las pensiones de sus padres y al mismo tiempo el financiamiento por capitalización de aportes de la propia: todos las naciones que han introducido mecanismos de capitalización individual lo han hecho adicionalmente a los esquemas de reparto o sustituyéndolos sólo en parte. Si Chile se adaptó en sus cuentas fiscales a esta situación (hasta 1990 a costa de romper en una ocasión la indexación por inflación de las pensiones y además con la consecuencia de una grave disminución del gasto en salud y educación), la legitimidad de hacerlo innovando en un esquema de transferencias redistributivo y eficiente es bastante mayor.
Frente al tema del envejecimiento (en el cuadro 2 se reseña la perspectiva hacia el 2050), en este nuevo esquema los ingresos de los no pensionados sólo caerían si cae el ingreso por habitante de modo significativo
[13].
En el caso que nos ocupa, si la pensión básica uniforme es p, el ingreso promedio que queda para el resto de las personas después de contribuir a financiar la pensión básica es w, entonces el ingreso por habitante y es un promedio ponderado de estos dos ingresos promedio, siendo los factores de ponderación la proporción de pensionados r y la proporción resultante de no pensionados (1 - r) en la población total. Así:

y = r p y + (1 – r) w (1)

Despejando, el ingreso promedio de los no pensionados es:

w = y (1 – r p) / (1- r) (2)

Supongamos que el ingreso por habitante y permanece constante, así como la pensión básica, pero que por envejecimiento demográfico crece r, es decir la proporción de la población elegible para la pensión básica, que es lo que nos preocupa.
¿Qué ocurre con w, el ingreso promedio de los no pensionados? La respuesta sorprendente es que de acuerdo a (2) aumenta, con cualquier aplicación numérica que incluya una pensión básica inferior al ingreso por habitante. La variable crucial en este ejercicio no es la tasa de dependencia de inactivos respecto a activos, sino el ingreso por habitante. Mientras la pensión no sea extremadamente generosa (superior al PIB por habitante), el envejecimiento de la población no creará serios problemas, a menos que el PIB caiga de modo importante.
A su vez, si el nivel de gasto sobre PIB se considera excesivo en el futuro, el ajuste puede hacerse disminuyendo la razón pensión básica/PIB por habitante o aumentando la edad a partir de la cual se entrega el beneficio.
Despejado este aspecto de viabilidad, se propone que el esquema de pensión básica garantizada sea financiado mediante un aporte porcentual parejo aplicado sobre los ingresos totales de los contribuyentes (y no solo sobre el ingreso salarial, como es la cotización, que es el más regresivo de los métodos de financiamiento, pues no considera los ingresos del capital), fijado año a año en la declaración de renta de acuerdo al número de beneficiarios y el monto previsto del subsidio
[14]. Ingresos adicionales para la vejez se obtendrían de la cotización obligatoria sobre salarios e ingresos de trabajadores independientes, así como del ahorro voluntario individual o colectivo[15].

3. Disminuir las incertidumbres más allá del ingreso básico
En teoría, para un sistema contributivo obligatorio aplicar un modelo de capitalización individual o uno de reparto intergeneracional se justifica o no si el crecimiento proyectado de la masa salarial es inferior o superior al rendimiento proyectado de las cotizaciones capitalizadas (Blanchet, 1998). En efecto, si la población que trabaja crece a la tasa n y los salarios crecen a la tasa s, entonces por cada peso de contribución obligatoria en edad de trabajar los trabajadores reciben en la vejez:

m = (1+n) (1+s) (3)

El retorno sobre la inversión del sistema de reparto corresponde al crecimiento de la masa de cotizaciones salariales. Si i es la tasa de interés de los activos invertidos en capitalización, representando el retorno sobre la inversión de cada peso depositado en el sistema, entonces para el trabajador es mejor, aunque más riesgosa, la capitalización en caso que i > m, o es más conveniente el sistema de reparto si i <>.
El objetivo para los sistemas de reparto es evitar el riesgo de ajustar el gasto en pensiones derivado del envejecimiento de la población a través del incremento de las cotizaciones obligatorias y para los sistemas de capitalización la incertidumbre sobre la tasa de reemplazo. Fondos de este tipo existen en Suecia desde 1960 y en Canadá y Francia desde la década de 1990 para financiar estructuralmente (se utiliza solo el producto financiero del fondo) parte de las pensiones por reparto. Esto le permite al fondo canadiense proyectar una estabilización de las cotizaciones en 2,5 puntos menos que los necesarios en ausencia de reservas. El fondo noruego alimentado con los ingresos del petróleo, por su parte, busca suavizar las fluctuaciones de ingresos y al mismo tiempo acumular recursos para financiar los gastos futuros vinculados al envejecimiento, con la proyección de alcanzar 120% del PIB en 2020 Fondos de reserva existen también en Japón, EE.UU y otros países, con roles menos delimitados.
Un sistema de reparto provisionado de reserva se constituye, en ausencia de otros ingresos (normalmente provenientes de la venta de activos públicos o de otros ingresos excepcionales) mediante sobrecotización por un período de tiempo o bien programando una disminución de prestaciones con la contrapartida de pensiones complementarias financiadas por capitalización en tanto su rendimiento sea mayor al crecimiento de la masa salarial.
En Chile, la situación es la inversa. Se propone que, sin perjuicio de lo ya acumulado en las cuentas individuales y lo que pudiera seguir acumulándose sobre una base voluntaria, en un contexto de “tercer pilar” no obligatorio, la cotización obligatoria alimente un nuevo “segundo pilar”, un sistema de reparto provisionado que asegure una mejor combinación seguridad-rendimiento. El concepto aplicable sería que los trabajadores intercambien una parte de lo producido por sus activos financieros de alto rendimiento, pero riesgosos, contra derechos previsionales ciertos, o al menos situados en un rango de certeza.
El manejo de la provisión debe incluir reglas estables que permitan un alto grado de mutualización de los riesgos financieros entre diferentes categorías (género y niveles de ingreso) y entre generaciones. Un régimen de pensiones que otorga derechos ciertos y dispone de reservas importantes para garantizarlos concentra las ventajas del reparto (buena mutualización de los riesgos financieros) y los de la capitalización (si el rendimiento es más elevado que el crecimiento de la masa salarial en el largo plazo, con oferta de ahorro elevada). Analíticamente, esta modalidad es la más deseable desde el punto de vista del dilema riesgo-rendimiento.
Un sistema de pensiones contributivas menos incierto que el actual debiera, en plenitud de derechos previsionales adquiridos a lo largo de la vida activa mediante descuentos salariales obligatorios, apuntar a garantizar un porcentaje cierto del ingreso salarial percibido durante la vida activa. Una meta a alcanzar en un nuevo sistema debiera ser alcanzar del orden de 70% de los salarios ganados a lo largo de la vida, haciendo más justos para las mujeres y las personas de menos ingresos el modo de cálculo de las pensiones (recordemos que por construcción el sistema actual lesiona a las mujeres al establecer menos años de cotización obligatoria y permitir una menor pensión dada su mayor esperanza de vida) con formas de perecuación del cálculo actuarial entre géneros y niveles de ingresos, que también permita aproximarse a una tasa de reemplazo de 100% para las pensiones de viudez.
Se ganaría de este modo en un segundo pilar contributivo obligatorio certeza sobre el valor futuro de las pensiones mediante el mecanismo de seguro intergeneracional descrito, a lo que contribuiría hacer obligatoria la cotización de los trabajadores independientes con más recursos, como en EE.UU y Canadá a través del cobro al momento del pago del impuesto a la renta (en 2003, solo un 24% de estos cotizaban esporádicamente en una AFP, mientras un 65% de los independientes declaran ingresos al servicio de impuestos)
[17];
Lo propio ocurriría en el sistema de capitalización individual de tercer pilar:
- disminuyendo los costos de administración (con regulación de los gastos de búsqueda de afiliados, disminución de las barreras a la entrada a la administración de fondos del sistema, separando recolección de inversión y permitiendo la intervención en recolección del INP y BancoEstado, eliminando el giro exclusivo para las AFP y estableciendo un sistema de juntas de vigilancia de los administradores e inversores de los fondos con participación de los cotizantes, sin perjuicio de fortalecer el rol de la Superintendencia de AFP);
- eliminando la incertidumbre de las pensiones por retiro programado, que pueden dejar en precaria situación a los que agoten sus recursos acumulados.

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Notas

[1] Para una descripción de la teoría de los bienes meritorios ver Stephen Bayley (1995).
[2] Ver al respecto Béatrice Majnoni d’Intignano (1993).
[3] Desde la perspectiva de la provisión se ha distinguido entre pensiones públicas, pensiones ocupacionales y pensiones personales. El informe del Banco Mundial Averting the old age crisis (1994) ha distinguido, desde la perspectiva de los beneficiarios, la pensión básica, la pensión basada en contribuciones obligatorias y el ahorro voluntario.
[4] Ver Anthony Atkinson (1981) y Amartya Sen (2001).
[5] David Nellor (1995).
[6] Ver René Passet (2000), sin perjuicio del patentamiento que haga factible el incentivo a la realización de innovaciones y remunere el gasto privado en Investigación y Desarrollo.
[7] Ver Américo Ibarra y Gonzalo D. Martner (2006).
[8] Ver Philippe Van Parijs (2002), texto en el que además se describe el funcionamiento del sistema de ingreso ciudadano en Alaska, financiado por las regalías de acceso a los recursos naturales que dicho estado cobra. En palabras de René Passet: “Hemos comprobado la relación que existe entre la reducción del tiempo de trabajo, para la cual fue concebida la máquina, y la instauración de un ingreso equivalente al mínimo de subsistencia. Pese a su denominación (de ingreso ‘tecnológico’), no está vinculado al capital técnico, sino a la propia organización del proceso de producción, es decir a la inversión intelectual y a la información. Depende pues de este patrimonio universal cuyos frutos, que no son imputables a uno u otro factor productivo, deben distribuirse en realidad entre el conjunto de la colectividad (...). Queda el factor tiempo, con el que el sistema se aliaría para quedar progresivamente instaurado. Porque si el dividendo universal representa el ideal que hay que alcanzar, puede no ser un acierto empezar la casa por el tejado (...). Esta progresividad a lo largo del tiempo, que tanto contribuye a la viabilidad del sistema, relativiza el interés concreto, inmediato del debate –fundamental, por el contrario, en el plano de los principios- que versa sobre el carácter universal o no universal de la renta mínima garantizada. Estamos hablando, insisto, de distribuir y no de redistribuir. Despunta el momento en que, en una sociedad donde la robótica llevará a cabo el trabajo, la renta universal se habrá convertido en la fuente principal de ingresos que cada cual podrá completar con otros ingresos procedentes de una actividad de libre acceso. El contrato de trabajo con plazo fijo, justamente denostado en el contexto de precariedad actual, se convertiría entonces en la modalidad normal que permita a cada parte –empleador o empleado- establecer temporalmente unos lazos profesionales”, op.cit..
[9] Estos cálculos se encuentran en Gonzalo D. Martner (2006).
[10] Según Alberto Arenas de Mesa (2004).
[11] Siguiendo a Larry Willmore (2006), en base al sistema existente en Nueva Zelandia desde 1940, con un costo de 4,1% del PIB), pero también en Bolivia y Ciudad de México más recientemente, y en general los sistemas de pensiones básicas existentes en diversos países.
[12] Aunque dado que su aporte sería mayor que el beneficio no existe necesariamente una justificación para dicha exclusión. Para los mayores de 65 años más ricos la pensión universal podría en todo caso ser deducida ex-post al momento de la declaración de impuestos, evitando las complicaciones y costo administrativo de la elegibilidad de la asignación ex-ante según ingresos demostrados por debajo de un determinado límite.
[13] Ver Larry Willmore, op.cit.
[14] Sobre los fundamentos analíticos de las políticas de impuesto parejo-ingreso básico, ver Anthony B. Atkinson (1997).
[15] Estos planteamientos toman en cuenta la regla que Malinvaud (1998) define en los siguientes términos: “Ciertas prestaciones sociales cubren los riesgos a los cuales están expuestos los asalariados a raiz de su empleo; otros cubren riesgos a los cuales están expuestos todos los residentes y los cubren entonces a casi todos en el mismo grado. En rasgos gruesos, las prestaciones vinculadas al empleo deben abarcar los accidentes del trabajo, las pensiones más arriba del nivel mínimo y las pérdidas de salario por enfermedad o cesantía. La legibilidad del sistema de financiamiento recomendaría que las prestaciones vinculadas al empleo sean financiadas por cotizaciones asentadas en el empleo, es decir sobre la masa salarial, mientras las otras prestaciones serían financiadas por la tributación-paratributación sobre los hogares”.
[16] Olivier Davanne (1998).
[17] Ver Fabio Bertramou y Javiera Vasquez (2006).

REFERENCIAS


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