lunes, 14 de julio de 2003

Inicio de una presidencia

Discurso de investidura a la presidencia del Partido Socialista
Edificio Diego Portales, 14 de julio de 2003


Mis primeras palabras, en este acto de investidura de la nueva dirección partidaria, quiero dirigirlas a los más de 28 mil militantes, a las mujeres y hombres socialistas que han concurrido a honrar la vocación democrática de nuestro Partido en la elección del pasado 18 de mayo. Son palabras de agradecimiento a su lealtad y de admiración por la manera como han expresado a través del voto sus legítimas convicciones. De esta forma han dotado a este Comité Central de una sólida condición de organismo soberano para dirigir al Partido Socialista por la senda de la reafirmación histórica de su lucha por la democracia y la igualdad social en Chile.
En esta reunión nos encontramos quienes somos los depositarios de esta soberanía partidaria. Y es en esa condición que deseo pedirles el apoyo firme y razonado a la nueva dirección que elegiremos en esta jornada.
Asumo con plena conciencia la responsabilidad que implica el mandato que me ha sido conferido. Encabezar al partido en esta etapa no será necesariamente una tarea fácil, pero aquí estamos los que nunca hemos rehuido los desafíos. Agradezco la confianza manifestada por este Comité Central, por este grupo de compañeras y compañeros que quieren brindar lo mejor de sus convicciones y sentimientos socialistas a nuestra causa común. Quiero agradecer a los que han votado por mí para conducir el partido en los próximos dos años y también a quienes no lo han hecho en el legítimo derecho que les asiste de pronunciarse según sus preferencias.

Compañeras y compañeros:

Tenemos una ya larga y noble historia, tenemos valores y principios por los que tantos han dado su vida y tenemos un proyecto de futuro para el que queremos convocar a la mayoría de los chilenos. Sólo depende de nosotros lograrlo.
Somos herederos de los primeros republicanos, de O’Higgins, Carrera y Rodríguez, somos herederos de los libertarios Arcos y Bilbao, somos herederos de Valentín Letelier y de Recabarren. Hemos aportado al desarrollo de la Nación chilena con nuestros mejores esfuerzos, desde la creación de la CORFO encabezada por Oscar Schnake en el Frente Popular, la creación del sistema nacional de salud bajo la inspiración de Salvador Allende, la consolidación de nuestro sistema de seguridad social, la conquista sucesiva de derechos para la clase trabajadora, la expansión de la participación democrática, incluyendo el voto femenino y el voto de los analfabetos, la culminación de la reforma agraria y la nacionalización del cobre y la huella imborrable de la dignificación de la clase trabajadora y de los desposeídos y discriminados de Chile en el gobierno del Presidente Allende. Estamos orgullosos de nuestro rol en la resistencia a la dictadura, que tan alto costo humano significó, en la recuperación de la democracia, que reafirmamos como el espacio y límite de nuestra acción política, en la lucha por obtener verdad, justicia y reparación en materia de violaciones a los derechos humanos y de nuestro rol en la reconquista de derechos sociales y avances en la prosperidad colectiva en la última década.
Nuestra fortaleza es lo que siempre hemos sido. Proyectamos el futuro a partir de esa fortaleza. No le damos lecciones a nadie ni tampoco aceptamos lecciones de nadie. Nuestros errores y nuestros aciertos los hemos asumido a cabalidad y estamos siempre abiertos a la crítica constructiva. Pero que quede claro que nuestra trayectoria no incluye los horrores que cometieron los que nos cuestionan.
Tenemos historia y también tenemos memoria. Memoria para rendir una vez más el homenaje que merecen nuestros mártires Llanos, Bastías y Barreto, Elmo Catalán, Claudio Pavez, Eduardo Paredes, Exequiel Ponce, Carlos Lorca, Carolina Wiff, Michelle Peña, Ariel Mancilla, Ricardo Lagos Salinas, Víctor Zerega, Eduardo Charme, Orlando Letelier y tantos otros socialistas que ofrendaron su consecuencia y su vida por la noble causa de una sociedad justa. Como casa común de la izquierda que somos, rendimos también nuestro homenaje a Victor Díaz y Mario Zamorano, a Miguel Enríquez y Bautista Van Schouwen, a Juan Maino y Eugenio Ruiz Tagle y a todos y cada uno de los mártires de la lucha social centenaria y de la resistencia a la dictadura, que sentimos como propios en nuestros corazones.
Aquí estamos los herederos de Salvador Allende a casi 30 años de su sacrificio por la dignidad republicana de nuestra patria. Su gesto enaltecedor de optar por terminar con su vida en la casa de los presidentes de la Chile antes que someterse a los que por la fuerza de las armas terminaban a sangre y fuego con el gobierno constitucional elegido por el pueblo, ha quedado inscrito en nuestra historia como una condena moral indeleble para quienes mancillaron en 1973 nuestras tradiciones y conquistas democráticas.
Nuestro principal desafío no es otro que estar a la altura de nuestros antecesores y de quienes entregaron su vida por el socialismo. No existe para mi un más alto honor que dirigir el Partido que encabezaron Oscar Schnake, Salvador Allende, Eugenio Gonzalez, Raúl Ampuero, Salomón Corbalán, Aniceto Rodríguez, Carlos Altamirano, Clodomiro Almeyda, Jorge Arrate, Germán Correa, Ricardo Núnez, y Camilo Escalona.
Permitáseme una breve referencia más personal. Provengo de una familia allendista. No puede acompañarme ya mi padre. Pero sí me acompaña íntimamente lo que de él aprendí desde niño: la consecuencia y lealtad con las convicciones y valores igualitarios y libertarios de la izquierda; el respeto por los demás, incluyendo el que siempre tuvo con la radical rebeldía juvenil mía y de parte de mi generación; y también, y no menos importante, el rigor y el apego a las cosas bien hechas. Tampoco están con nosotros mis primeros y cercanos compañeros de lucha Sergio Riffo, Luis Valenzuela y Mauricio Jorquera, porque desaparecieron en manos de la DINA. Mi esfuerzo de militante se debe en medida decisiva al imperativo moral de darle sentido a su sacrificio, que llegó cuando no tenían mucho más de veinte años, y seguir bregando sin descanso por nuestros sueños compartidos de un país libre y justo.
Tenemos historia, tenemos memoria y tenemos un proyecto de transformación social que inspira nuestros pasos día a día.
Queremos para Chile una sociedad democrática, igualitaria y justa y queremos ser eficaces en avanzar hacia ese objetivo. Para ello requerimos representar con decisión los intereses populares y las aspiraciones del mundo del trabajo y de la cultura, trabajar por el éxito del gobierno del Presidente Lagos y convocar a la lucha política contra la derecha.
Rechazar la sociedad de mercado y construir paso a paso una sociedad igualitaria y solidaria es nuestra razón de ser. Esta debe expresarse con más fuerza en la acción política cotidiana del socialismo contra una derecha cuyo verdadero programa pretende que el autoritarismo político, el conservadurismo cultural y el libre mercado ‑ la dominación de los económicamente poderosos‑ se impongan implacablemente por sobre los derechos ciudadanos y sociales. Nuestro partido es un partido democrático y de izquierda con convicciones claras y fuertes. Luchamos sin ambigüedades por una sociedad justa, de igualdad en dignidad, oportunidades y derechos, que pone los valores humanistas por sobre las reglas del mercado.
El gobierno de Patricio Aylwin tuvo por misión la recuperación de las libertades, democratizar el poder local, reinsertar a Chile en el mundo y darle impulso a las políticas sociales con la reforma tributaria, probando que se podía mantener la estabilidad y el crecimiento económico en democracia. El gobierno de Eduardo Frei Ruiz‑Tagle concentró sus esfuerzos en el crecimiento, la infraestructura, la reforma de la educación y de la justicia. La misión del gobierno de Ricardo Lagos ha sido la plena normalización democrática, permitiendo avances en los juicios a los crímenes de la dictadura y la subordinación de las FF.AA. al poder civil; avanzar en la protección social de los trabajadores y los desposeídos y realizar grandes acuerdos internacionales para impulsar el crecimiento y el empleo.
Estas acciones de los gobiernos en los que hemos participado han cambiado en profundidad a Chile en la última década, como lo demuestran las cifras del censo. Hoy un 70% de los chilenos tiene vivienda propia y la gran mayoría accede a los servicios básicos en buenas condiciones y ese es un avance histórico irrefutable. Se vive en un clima de libertad, en donde las diversas instituciones cumplen sus roles, incluyendo los casos de irregularidades y episodios de corrupción que nos han conmovido en los últimos meses, mientras avanza el proceso de hacer verdad y justicia en las violaciones de derechos humanos. Hemos avanzado, y hay que congratularnos de ello, pues es fruto en gran medida del esfuerzo tenaz de los socialistas.
Al mismo tiempo, estamos lejos de haber alcanzado nuestros objetivos. Ello no debe desanimarnos sino hacernos redoblar los esfuerzos. El tipo de funcionamiento económico sigue sin capacidad de redistribuir los ingresos. Por mucho tiempo viene permaneciendo alto el desempleo. La inestabilidad mundial que nos afecta no ha podido aún ser enfrentada con un sistema de compensación social sólido, aunque está en vías de fortalecimiento. La seguridad económica de los más de poseídos y de muy amplios sectores de la población es aún insuficiente y es posible obtener mucho más, con más amplias y mejores políticas públicas. Queda pendiente que las instituciones se democraticen plenamente, que la pluralidad cultural se despliegue en todas sus formas, que el medio ambiente sea suficientemente protegido, que la vida en los barrios disponga de más bienes y servicios colectivos, que las discriminaciones de género y étnicas disminuyan en profundidad. En suma, falta mucho para lograr la sociedad democrática, participativa, igualitaria y libertaria con la que soñamos. Debemos seguir luchando por ella sin descanso, y seguir construyendo paso a paso un Estado Democrático y Social de Derecho como instrumento para hace la posible. Para ello debemos lograr el éxito del gobierno y luchar para que la derecha retroceda en el poder municipal en el 2004 e impedir que tome el poder político gubernamental el 2005. De lograrlo, agregaría el control del gobierno al del poder económico y mediático, generando un gigantesco retroceso para nuestro proyecto político.
Avanzar en la tarea de democratización y descentralización participativa, hacer retroceder el desempleo, mejorar la seguridad urbana, dar un gran salto en el acceso garantizado a la salud, seguir mejorando la educación preescolar, básica y media, terminar con la discriminación económica en el acceso a la educación superior, establecer un sólido sistema de apoyo monetario y de reinserción para las familias más pobres, incrementar su acceso a la vivienda, reformar solidariamente el sistema de pensiones, fortalecer el seguro de desempleo y los derechos sindicales y laborales, aumentar la infraestructura cultural, recreativa y deportiva en los barrios, consolidar la reforma a la justicia, regular las prácticas monopólicas y los servicios básicos para ponerlo a disposición de todos con tarifas equitativas, fortalecer la ética, eficacia y profesionalismo de los servicios públicos, defender los principios del multilateralismo y del derecho internacional, junto a la aplicación de una política fiscal que atenúa las fluctuaciones del crecimiento, son los elementos centrales que creemos consagrarán el éxito del gobierno del Presidente Lagos.
Reafirmamos que el Partido Socialista de Chile es un partido autónomo que es un serio y exigente soporte político de la tarea del Presidente Lagos. El Presidente no está sólo. Cuenta con nuestro compromiso. No se trata de un partido que todo lo aplauda, pero si que no se deja seducir por la fácil tentación de instalarse en la vereda del frente a descalificar sin más el esfuerzo gubernamental. Compartimos la suerte de la gestión del Presidente Lagos.
La Concertación de Partidos por la Democracia es la única coalición que puede sustentar al gobierno, hacer retroceder a la derecha y mantener la gobernabilidad democrática del país. Pero ella debe corregir su imagen de disputa permanente y definir una colaboración positiva, en la que los socialistas seguiremos empeñando nuestros mejores esfuerzos. Aspiramos a darle a la Concertación un más claro carácter progresista y transformador para convocar con credibilidad a los ciudadanos a derrotar a la derecha. Nuestra alianza política es la Concertación de Partidos por la Democracia y queremos su proyección. Tal propósito debe ser complementario con el ensanchamiento del entendimiento y la articulación de las fuerzas de inspiración socialista democrática que forman parte de la coalición y que confluye con nosotros en la Internacional Socialista como lo son el PPD y el PRSD. Orientarse en la perspectiva de una fuerza común con tales interlocutores ‑y con los sectores independientes que no se sienten debidamente interpretados por la actual configuración de la fuerzas progresistas y con las fuerzas sociales y culturales que se encaminan a la misma perspectiva‑ es un factor coadyuvante al logro de una gestión gubernamental que signifique cambios democratizadores y mayor justicia social. Este camino no presume fusiones orgánicas contraproducentes al propósito esencial de una acción común eficaz, potente y decisiva, sino una fuerte proyección de la izquierda democrática como opción de liderazgo y de gobierno. Debemos reivindicar el carácter participativo que deben tener los mecanismos de resolución de la futura candidatura presidencial de la Concertación, hacer valer con fuerza nuestros liderazgos en el país y actuar con energía frente a la tentación del camino propio hacia la que otros a veces pare en encaminarse, preservando el carácter de largo plazo del proyecto de la Concertación.
Somos un partido con historia, con memoria y con proyecto, al que le toca enfrentar en la coyuntura importantes debates en el plano político y económico-social.

El sentido de futuro del debate sobre reformas y derechos humanos
Cuando escogimos el camino de la salida política a la situación de dictadura a través de la movilización popular y ganar el plebiscito que Pinochet necesitaba para legitimarse, sabíamos que corríamos el riesgo de permanecer por mucho tiempo con enclaves autoritarios en la Constitución. Pero también sabíamos que al tomar la decisión histórica de establecer de una vez y para siempre que la democracia y los métodos de lucha democrática –incluyendo la desobediencia civil frente a la tiranía- son el espacio y límite de nuestra acción política, ahorraríamos mucha sangre y sufrimientos adicionales a nuestro pueblo. Y así ocurrió.
Pero aquí estamos aún, más de una década después, con instituciones inaceptables. La primera preocupación de un partido político democrático es plantearse qué reglas del juego aseguran mejor la convivencia colectiva. Para que las instituciones sean legítimas y sean respetadas, deben originarse en el pronunciamiento del pueblo y las autoridades deben ser electas periódicamente para que sean representativas de la voluntad del pueblo. Cuando estas reglas no se cumplen, entonces se incuban las crisis políticas y los quiebres institucionales. Un dirigente de la derecha preguntaba por estos días cual era nuestra posición sobre la composición del parlamento. Una y muy simple: enteramente electo y con representación proporcional, tal como lo señala el gobierno en su proyecto de reforma constitucional. Dice la UDI: senado sin designados, porque ya sirvieron lo suficiente sus intereses, y con sistema binominal, para que todo esté siempre empatado. Una vez más para que no puedan gobernar las mayorías, sino que mantengan el poder de veto las minorías privilegiadas de Chile. ¡Esa es la derecha que posa de democrática y que luego contesta a quienes los cuestionamos que esos no son problemas concretos de la gente! ¡Como si a la gente no le importara la democracia y sólo se interesaran por sus necesidades primarias! ¡Como si la gente no se diera cuenta que a la derecha le interesa mantener ese poder de veto para defender los privilegios de los más ricos y que la sociedad no pueda decidir democráticamente de qué manera quiere vivir y solucionar sus problemas cotidianos! Por eso el candidato de la UDI no va a gobernar a Chile.
Los socialistas vamos a apoyar todo cambio que emerja de las divisiones de la derecha y que incline el sistema hacia la proporcionalidad, dados los altos quórum de reforma que nos impusieron que no nos permiten cambiar el sistema por nuestra voluntad, aunque seamos mayoría. Ahí queremos ver a Lavín y a la UDI. Pero no los vamos a ver. Por lo demás, ¿qué indican estos cálculos de la UDI según los cuales un sistema de tres senadores a elegir por circunscripción nos da como Concertación siempre dos a nosotros y uno a ellos sino que saben que no tienen los votos para gobernar a Chile, por que no son ni serán mayoría?
En estos días ha emergido desde la derecha una gran inmoralidad: pretender privatizar el tema de los derechos humanos. Algo así como: a cambio de dinero adicional, termínense los juicios por violaciones a los derechos humanos según la decisión de cada familiar. Una cosa así sería someter a personas que ya han sufrido demasiado a una gran violencia moral: el legítimo derecho a reparación a cambio de la aspiración a la verdad y a la justicia. En su momento fue también una violencia moral intentar plantear el dilema entre verdad y justicia. Le decimos a la UDI: cesen de jugar con el sufrimiento de los familiares de nuestros caídos y de todos los caídos por la violencia bestial que aplicaron aquellos que ustedes incitaron a reprimir.
Pero ocurre que este no es un tema de los tribunales con los familiares de víctimas. Este es un tema de la sociedad consigo misma. ¿Pueden crímenes atroces ser aceptados o justificados éticamente? Nosotros decimos no, y agregamos que son crímenes contra todos los hombres, no solo contra las víctimas, sus familias, ni siquiera contra la sociedad chilena, sino contra la humanidad entera. Por eso consideramos legítimo que frente a la inoperancia de nuestros tribunales para hacer justicia lo hicieran tribunales españoles y británicos en el caso Pinochet. Y decimos que esos son crímenes inamnistiables e imprescriptibles, y que deben ser perseguidos internacionalmente, según lo establece el moderno derecho internacional desde los crímenes nazis y también específicamente los tratados internacionales que Chile ha suscrito, y que quisiéramos ver aplicados por nuestros tribunales en virtud del artículo 5 de la Constitución.
¿No será esta una vez más una expresión de dureza de los socialistas que no quieren reconciliarse y están anclados en los odios del pasado, como se nos caricaturiza? Las actitudes de nobleza de los nuestros son muchas y reiteradas como para detenernos en ello. No se habría pacificado este país de no mediar nuestra actitud responsable y generosa. Pero ocurre que debe haber una reparación frente al daño causado, el que no es por demás y desgraciadamente reversible. Llegó el momento de abordar con claridad la necesidad de otorgar indemnizaciones adicionales a las establecidas durante el gobierno del Presidente Aylwin, y también establecer una reparación moral y material a los que fueron encarcelados y torturados, que han sido los grandes olvidados de este proceso y que merecen el reconocimiento de la sociedad chilena por su entrega y su sufrimiento. La dignidad silenciosa de nuestros presos y torturados queremos reconocerla con voz fuerte, porque se lo merecen.
Pero el tema de la verdad y la justicia es muy simple y no tiene que ver sólo con el pasado o el presente sino con el futuro. Una sociedad que tolera, o justifica o es condescendiente con torturadores, violadores, asesinos y con quienes les ordenaron cometer esos crímenes no está más que preparando la repetición de torturas, violaciones y asesinatos en algún momento del tiempo. Y evitar eso se lo debemos los socialistas de esta generación a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Y se los debemos todos los chilenos a nuestros hijos. Por eso sancionar a los que violaron los derechos humanos, mediante el debido proceso y penas justas y proporcionales a la gravedad de los delitos, es un deber con el futuro. La impunidad prolonga el odio, a veces tal vez de la víctima, pero siempre el del victimario, incluso consigo mismo. Ejercer justicia es lo contrario del odio. Es amor a la condición humana, que queremos preservar en su dignidad hoy y en el futuro.
Esto quisiéramos en particular que pudieran entenderlo bien los miembros de las FF.AA, muchos de los cuales en estos días estarán eventualmente conmocionados por el avance en los juicios a la Caravana de la muerte, a la DINA y a los servicios represivos de la Armada. No somos enemigos de las FF.AA. Nos fundó un militar, Marmaduke Grove. Muchos socialistas tienen familiares militares. Somos parte con ustedes de la Nación chilena en lo que esta tiene de más esencial. Nos separó la historia y nos quebró la convivencia: fuimos declarados enemigos por unos mandos enceguecidos por la pasión ideológica, fuimos encarnizadamente perseguidos, pero nosotros nunca hemos sido sus enemigos. Somos enemigos de la injusticia social, de la ausencia de libertad, pero no de las instituciones de la defensa nacional. Se equivocaron. Les reprochamos también a esos mandos haberse prestado para la defensa de los intereses de las oligarquías poderosas del dinero, que se sintieron amenazadas y los instaron a exterminarnos. Y estamos tan disponibles como siempre a seguir construyendo juntos un mejor destino para Chile, en el marco del carácter obediente y no deliberante que cabe a las FF:AA. en toda sociedad civilizada.
¿Y en este tema en qué encontramos a la derecha? En la manipulación pequeña de muy grandes dolores. Si verdaderamente están interesados en las violaciones a los derechos humanos, lo que saludaríamos con alegría, porque ojalá ningún chileno justifique jamás los crímenes que cometió el régimen de Pinochet, desafiamos a los derechistas a aprobar en el Congreso el Tribunal Penal Internacional. Pero no lo van a hacer. Por eso la UDI y su candidato no van a gobernar a Chile.
He querido reflexionar hoy sobre aspectos fundamentales que inciden en nuestra convivencia como comunidad nacional. Pero también es necesario referirse a los desafíos económico-sociales de nuestro país.

El significado de los acuerdos internacionales
Somos un país pequeño y alejado de los centros de poder internacional, que representa menos del 0,5% de la población, de la producción y del comercio en el mundo. No estamos en condiciones de sustraernos de la economía global. Nuestra prosperidad colectiva depende de la capacidad de lograr una inserción externa beneficiosa para el interés nacional. Esto es menos que nunca fácil en el mundo de hoy, en que la globalización capitalista hace de la economía internacional un espacio cada vez más inestable y asimétrico, donde se ejerce de manera implacable el poder de unos Estados Unidos cuyo intervencionismo brutal bien conocimos los chilenos en los años 70, hoy además sin contrapesos. Pero la opción del aislamiento es mucho peor, pues nos condenaría a la pobreza. No le tememos a la globalización, queremos sujetarla a la ley y a la política y es el nuevo territorio histórico en el cual nos toca actuar.
Nuestro destino natural es la integración latinoamericana y especialmente con el MERCOSUR. Pero mientras esta integración se construye, y la última década no ha sido propicia en la materia, tenemos el deber de poner a Chile en situación de potenciar su economía. Lograr acuerdos comerciales permite ampliar y estabilizar el acceso a mercados para nuestros productos, cuya elaboración es la fuente de empleo e ingresos para los trabajadores a los que representamos y para la actividad económica en muchas de las regiones de Chile. Avanzar hacia la exportación de productos con mayor valor agregado y por tanto más intensivos en empleos mejor remunerados y más productivos, requiere saltar las barreras que las poderosas economías del norte establecen para proteger sus producciones. Esto no se logra sin costos. También requiere abrir nuestra economía y dar garantías a la inversión extranjera. Pero ocurre que nuestra economía se encuentra en un grado alto de apertura que le permite absorber, a veces con dolor, una mayor competencia de bienes importados Nuestra política económica nos ha permitido no depender en absoluto de los condicionamientos que el FMI impone a los países con desequilibrios en sus cuentas internas y externas y nos permite un grado de autonomía en las decisiones que ya se quisiera cualquiera de nuestros vecinos o países de similar nivel de desarrollo, así como acceder a los flujos financieros necesarios para financiar el crecimiento.
En los últimos catorce meses Chile ha concluido negociaciones de libre comercio con Corea, la Unión Europea y ahora con Estados Unidos, el que debe ser ratificado por los congresos de ambas naciones.
Los acuerdos han permitido abrir mercados para exportaciones de mayor valor agregado, que son las que tradicionalmente han confrontado importantes barreras arancelarias o para-arancelarias. Cabe destacar el caso de las exportaciones de vestuario hacia EEUU, que ahora confrontan aranceles de hasta el 38% y que en el primer año de aplicación de ese Tratado la verán reducida a 0%, permitiendo la redinamización de la industria textil en la VIII Región.
Los acuerdos también han abierto las puertas para que Chile se constituya en una potente plataforma de inversiones para capitales provenientes de todos los rincones de la tierra, hacia nuevas industrias intensivas en alta tecnología, más allá de los sectores primario exportadores.
Como socialistas valoramos la realización de estos acuerdos, dado que abren oportunidades inéditas para nuestro desarrollo económico y social. Cuando la economía mundial entre en un ciclo ascendente, no cabe duda de que Chile estará mejor preparado para recuperar un elevado ritmo de crecimiento que se traducirá también en más y mejores empleos. Los tratados nos comprometen además a cumplir nuestra propia legislación laboral y ambiental, esa misma que tan poco se respeta en Chile, siguiendo el viejo adagio de la administración colonial: se acata pero no se cumple. Se ha creado un muy positivo mecanismo que sancionará a Chile en caso de incumplimiento de los derechos de los trabajadores mediante el incremento del gasto publico en fiscalización como multa frente a la falta constatada.
Pero no escondemos también los costos de estos acuerdos. A los socialistas nos gusta actuar con la verdad.
Los acuerdos comerciales han profundizado la apertura comercial y financiera de nuestra economía, lo que nos plantea un problema frente a los recurrentes ciclos de inestabilidad externa. Durante la década de los noventa Chile exhibió una importante capacidad para frenar la entrada de capitales especulativos. El acuerdo con EE:UU limita el uso de la restricción a la entrada y salida de los capitales golondrina a un año. ¿Nos permitirá esa norma, que Estados Unidos quería en todo caso eliminar totalmente, enfrentar las crisis financieras? Es de esperar que la gran rapidez de los movimientos de capitales en el mundo de hoy nos permitan actuar con la suficiente autonomía y que el plazo del año sea suficiente.
Al mismo tiempo, el acuerdo con la Unión Europea y en particular, el acuerdo con Estados Unidos, han significado que Chile deberá elevar la protección de la propiedad intelectual. Esto favorece a nuestros innovadores y creadores, pero ciertamente no pueden imponer una espiral de alzas en los precios de los medicamentos, ni tampoco pueden significar imponer precios excesivos de acceso al conocimiento y la información. Por ello es que los socialistas valoramos el equilibrio que se está logrando en el Congreso Nacional en cuanto a la ley de Propiedad Industrial que viabiliza la industria farmacéutica nacional productora de medicamentos genéricos más baratos. También consideramos indispensable que la nueva Ley de Propiedad Intelectual establezca un nuevo equilibrio entre incentivos a los creadores –poetas, escritores, cantautores-, derechos de acceso al conocimiento y al acervo cultural de la humanidad e impulso de nuestra industria cultural que representa nuestra identidad y que debe convertirse en una actividad económica cada vez más relevante para Chile.
Los acuerdos comerciales obligan en todo caso a replantearse el modelo de desarrollo actualmente vigente en Chile. En efecto, nuestro país está bien ubicado en los ranking internacionales de competitividad, estabilidad institucional, calidad de gobierno, infraestructura de telecomunicaciones y probidad. Sin embargo, está muy atrasado en cuanto a inversión en ciencia, tecnología e innovación, en calidad de la educación y capacitación, así como en desarrollo de la economía digital y la sociedad de la información.
Si Chile quiere ser un país desarrollado para la segunda década de este siglo, no cabe duda que deberá dar un salto gigantesco para avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación. La Derecha y su credo libremercadista es incapaz de ofrecer una acción pública decidida de promoción del desarrollo. Nadie más que un bloque progresista como la Concertación Democrática será capaz de ofrecer un camino de futuro para la nación chilena.
Los acuerdos comerciales no implican que el país haya renunciado a impulsar políticas de fomento productivo e innovación. Por el contrario, la materialización de estos acuerdos, implican que Chile debe profundizar el impulso de políticas de planificación sectorial del crecimiento, privilegiando una decena de líneas de producción altamente competitivas alrededor de las cuales se organicen distritos industriales y de servicios fuertemente intensivas en empleo, con pequeñas y medianas empresas innovadoras articuladas a estos sectores dinámicos. Ahí está nuestro futuro como Nación y también la posibilidad de ofrecer una base material sólida a nuestra lucha por ampliar sustancialmente los derechos sociales en Chile y la suerte de las familias del pueblo que sufren miseria y marginación.
Los socialistas consideramos que las experiencias de economías pequeñas y abiertas, pero con poderosas redes de protección social, constituyen experiencias históricas que demuestran que el sendero de crecer con igualdad en el mundo globalizado de hoy es posible.

El debate tributario
Y queremos ser claros. Más allá de que es posible introducir mucha eficiencia en el desempeño del sector público, no cabe duda que deberá aumentar el gasto público en la próxima década hasta no menos de un tercio de la economía si no queremos sufrir brutalmente las consecuencias de la inestabilidad del mundo y mantener la impresionante desigualdad que permanece entre nosotros. Este gasto debe necesariamente ser financiado.
La derecha ha eludido estas cuestiones básicas proponiendo fórmulas insostenibles. Por un lado, hace notar con escarnio la insuficiencia que tanto nos duele de los servicios públicos en su tarea de atender las necesidades del pueblo y la clase trabajadora, cuyo mejoramiento exige inevitablemente más gasto. Pero por otro lado exige reducir los impuestos y se opone a cualquier forma de financiamiento de ese gasto. Esta política produce réditos temporales de adhesión electoral pero a larga sólo puede conducir al descalabro de la Nación. Los chilenos no son tontos. Conocen bien nuestros errores. Pero saben también de nuestra responsabilidad con el destino de Chile. Responsable es la política del gobierno que busca alternativas tributarias para financiar los costos de la protección social y de la disminución de la pobreza. Y este es un debate eminentemente político y no técnico.
La nuestra jamás podrá ser considerada una nación desarrollada si mantiene los grados de desigualdad que hoy exhibe. No es posible aspirar a tasas elevadas de crecimiento sin que al mismo tiempo progrese la equidad, el bienestar y la seguridad de todas las familias chilenas. Por eso hemos dicho: se debe gastar más en políticas sociales, en salud, en educación, en vivienda, en pensiones. Para eso se necesita una base económica sólida a cuyo fortalecimiento ayudan los acuerdos suscritos con las grandes economías. Pero la contraparte es una menor recaudación tributaria por importaciones que se agrega a las necesidades de financiamiento de las tareas sociales que el progreso exige.
No nos gusta incrementar impuestos al consumo como el IVA, porque en proporción a su ingreso los pobres pagan más que los más ricos. Pero no vamos a entrar en el juego de la derecha y dejar de considerar que los más ricos pagan en total más IVA, pues consumen más bienes, y que esos ingresos se gastan más en los más pobres. Si se considera lo que se paga y también lo que se recibe en la fórmula recientemente planteada por el gobierno debemos afirmar con claridad: se favorece a los más pobres y debemos apoyarla, con la proposición adicional de no incrementar el IVA a bienes básicos como el pan, la leche y los libros. Pero eso sí con una consideración: esto no es así para el sistema hoy vigente en su conjunto.
Me explico: en Chile la desigualdad de ingresos antes de impuestos es muy grande. Luego de aplicar los impuestos, la desigualdad crece! Y los gastos totales del Estado, necesarios por lo demás, no se concentran en los más pobres sino en algunas áreas, por lo que hasta hoy no corrigen suficientemente las desigualdades. Por eso le decimos a la sociedad chilena: no es un capricho plantear con urgencia, subrayo, con urgencia, la aplicación de un impuesto al uso de nuestros recursos naturales y la eliminación de franquicias tributarias en el impuesto a la renta, que si es un impuesto progresivo, franquicias que no tienen justificación, o muy poca. A los socialistas nos duele en el alma que el histórico avance que significó la nacionalización del Cobre realizada por el Presidente Allende se haya revertido en parte por un sistema heredado de la dictadura que le ha permitido, hasta hace poco, a las nuevas inversiones privadas prácticamente no pagar impuestos en la minería. Y también nos duele en el alma que mientras las Universidades Públicas se debaten en carencias variadas, el fisco subsidia a través de ventajas tributarias inaceptables a Universidades Privadas que muchas veces ofrecen una mediocre educación y son en cambio grandes negocios para mercaderes de la educación. Sabemos de la disposición de nuestro gobierno a analizar ambos temas. Y nuestro gobierno sabe que nuestra insistencia y persistencia en la materia va a estar a la altura del desafío.
Para que la carga tributaria se reparta mejor y no paguen más impuestos en proporción a su ingresos los más pobres que los más ricos, desafiamos a la derecha que dice que no le gusta el IVA a que diga entonces si está o no dispuesta a terminar con el escándalo de la falta de tributación de las empresas mineras en Chile y de las exenciones y franquicias a los impuestos de los más ricos que benefician a las Universidades Privadas. Ahí queremos verlos. Y no los veremos. Por eso el candidato de la UDI no va gobernar Chile.

Los derechos de los trabajadores
También queremos ver a la derecha en el terreno de los derechos de los trabajadores. El trabajo es el nexo social por excelencia y no poder encontrar un empleo no sólo plantea el acuciante problema de la carencia de ingresos sino también el de falta de integración y de reconocimiento social. Impedir la exclusión para una parte de los trabajadores del acceso al trabajo, especialmente cuando se prolonga, es -junto a disponer de un Estado de derecho democrático- el principal desafío colectivo que un país puede enfrentar. En el nuestro estamos lejos del pleno empleo. Hacia 1997 el país había logrado tasas moderadas de cesantía, gracias a la creación en una década de un millón de puestos de trabajo. Desde entonces la situación se deterioró considerablemente. Tenemos hoy unas 500 mil personas desempleadas y otras desalentadas que ya no buscan trabajo y eso es algo que nuestra sociedad no puede aceptar.
Para la visión de derecha, se crearían más empleos disminuyendo los costos del trabajo, por lo que su receta es restringir la capacidad de los asalariados de organizarse y negociar colectivamente y eliminar el salario mínimo, para que pueda operar “flexiblemente” el ajuste de cantidades y precios en el mercado de trabajo. Sólo que en este caso las “cantidades” son los seres humanos que trabajan y los “precios” el salario que les permite subsistir. Con esta lógica el salario de equilibrio debiera en tal o cual momento situarse bajo los mínimos de subsistencia y considerarse esto “normal” y “eficiente”. Esta visión de las cosas no es aceptable por ese sólo hecho. Pero ocurre que, además, no son pocos los expertos que sostienen que en la creación y destrucción de empleos los fenómenos cruciales son más bien los que tienen que ver con la demanda agregada por bienes y servicios y sus fluctuaciones y en el más largo plazo la oferta productiva y el cambio tecnológico. Fue la coyuntura macroeconómica la que deterioró en Chile la situación del empleo y no el precio relativo del trabajo o el nivel del salario mínimo, como sugieren algunas interpretaciones. Disminuir el desempleo requiere persistir con una política de intereses bajos, tipo de cambio alto y gasto público expansivo y no restringir el salario mínimo o la negociación colectiva.
Sin embargo, la reactivación, aunque bien encaminada pues la economía está creando más de 150 mil empleos al año, no es una respuesta suficiente frente a la angustia de las familias desempleadas y se requiere de programas de empleo de emergencia. El gobierno del Presidente Lagos ha venido consistentemente trabajando en esta dirección, con amplios programas públicos generadores de empleo. Muchos de ellos deben dejar de ser de emergencia y transformarse en un dispositivo permanente. Nuestro país puede, si se lo propone, ofrecer a todo desempleado, junto al seguro de desempleo que exitosamente ya involucra a un millón de asalariados, ya sea el acceso a un programa de formación en empresas o bien el acceso a un “empleo ciudadano” de utilidad pública, de tiempo completo o parcial, de carácter temporal o incluso permanente para los casos de marginalidad social más grave. Uno de los desarrollos del Programa Chile Solidario será sin duda establecer este mecanismo permanente de inserción social de los desempleados a través de la formación y del empleo ciudadano.
Junto al grave problema del acceso al empleo, los derechos de los trabajadores en su lugar de actividad son el segundo aspecto crucial que enfrenta el mundo del trabajo en nuestra sociedad. En un país de 15 millones de personas, unos 5 millones trabajan y una alta proporción de ellos lo hace como asalariado. Sujetarse a la jerarquía del dueño o de los gerentes a cambio de un salario es una relación compleja que requiere de equilibrios. Muchos de ellos no existen en Chile y más bien suele prevalecer la “cultura de la hacienda”, en donde el abuso del empleador en materia de trato, de jornadas, de salarios, de pago de las cotizaciones sociales es pan de cada día. Lo que es más grave, en muchas partes se persigue a los sindicatos o se impide su creación. La negociación colectiva apenas abarca a un 10% de los trabajadores. La contraparte de este tipo de relaciones laborales asimétricas, suele ser, claro está, la ausencia de compromiso de los asalariados con su trabajo, lo que a su vez requiere de costosos sistemas de reclutamiento y supervisión. En este tipo de sistema de relaciones laborales todos pierden.
De ahí la importancia de la creación de una sólida judicatura laboral que haga realidad el Estado de derecho en la empresa. Por su parte, plantear la capacidad de adaptación de la jornada de trabajo a las situaciones de cada empresa es vista con razón por el sindicalismo como un peligro de incremento de la asimetría en la relación laboral que se prestaría para múltiples abusos. Otra cosa muy distinta es cuando los trabajadores representados en sindicatos respetados negocian modulaciones de los horarios de trabajo en el marco del respeto de las jornadas semanales máximas para mutua conveniencia, lo que en particular puede ser atractivo para las mujeres asalariadas.
No tiene explicación, sino la cultura autoritaria de la empresa, lo prolongado de las jornadas de trabajo en Chile, que no tienen justificación y representan una pérdida notoria de calidad de vida. De allí lo importante de la rebaja de la jornada semanal prevista para el año 2005, que debe iniciar un camino en el que los aumentos de productividad se reviertan hacia un aumento del bienestar de las familias chilenas.
La conducta empresarial premoderna y arbitraria debe cambiar en Chile y la sociedad en su conjunto, porque está en su propio interés, debe esforzarse por favorecer la cooperación en la empresa. De otro modo perderemos capacidad de aumentar la competitividad, que responde a múltiples factores, y que es indispensable para aumentar la prosperidad colectiva, especialmente frente al desafío de la inserción económica externa abierto por los tratados recientemente firmados. Chile no podrá pensarse a sí mismo como país que se encamina al desarrollo si en la empresa el ajuste mecánico y único frente a los cambios y fluctuaciones en el mercado es la disminución –con procedimientos las más de las veces autoritarios y deshumanizados- de los costos del trabajo y del empleo y si no se cultiva las competencias de los recursos humanos como centro de la actividad productiva. Ahí queremos ver a la derecha. Pero no la veremos sino en contra de los derechos de los trabajadores. Por eso el candidato de la UDI no va a gobernar a Chile.
Compañeras y compañeros

El principal esfuerzo de este partido que tiene historia y memoria, proyecto y sueños, estará orientado a actuar y CRECER. Tenemos que aprender a crecer para ser más influyentes y más capaces de transformar la realidad. Tenemos que cultivar nuestros valores de siempre y profundizar en los medios para saber interpretar los cambios que están en curso en la sociedad. Nos corresponde ocupar un lugar en la representación de los intereses de los trabajadores y del mundo popular, de los creadores culturales y de los jóvenes y las mujeres. Pero nuestra sociedad es cada vez menos homogénea y vive un intenso cambio cultural. La expansión educacional y el cambio demográfico, la urbanización, los cambios tecnológicos acelerados nos obligan a complejizar nuestra mirada. Como dice Carlos Fuentes, “la revolución del siglo 21 consiste en darle valor a la diferencia” y “la izquierda añorante de lo que ya no fue no puede ser una izquierda constructiva de lo que debe ser”.
Queremos escuchar y estar abiertos al cambio. No desdeñamos la relación con quienes aspiramos a representar a través de los mecanismos mediáticos, pero nuestro énfasis será el contacto directo con los actores de los diversos mundos sociales que luchan por una sociedad libre y justa. No creemos en la gesticulación mediática, creemos en la consistencia y la persistencia de los mensajes y de las construcciones colectivas
Los socialistas nos empeñaremos a fondo con el objetivo de triunfar contra LA DERECHA. La derecha es nuestro adversario. Una clave fundamental para el triunfo electoral del 2004 y del 2005, es afirmar el éxito del Gobierno del Presidente Lagos. Seguiremos comprometiendo todo nuestro esfuerzo para lograr ese éxito. Cuando eventualmente disintamos de alguna decisión del Gobierno, es precisamente porque queremos que le vaya bien, que tenga éxito. En tal sentido, exigiré que siempre nuestra opinión como Partido esté siempre sólidamente fundada. No hablaremos de forma improvisada y espontánea. De esa manera entiendo la responsabilidad de un dirigente del Partido Socialista. Así será mi conducta como Presidente del Partido.
Haré un conjunto de proposiciones para organizar el trabajo de dirección partidaria, coherentes con los contenidos que la militancia ha votado mayoritariamente y que también son similares a las aspiraciones de los otros compañeros que concursaron democráticamente en la elección del 18 de mayo.
Necesitamos un Partido Socialista de Chile que se defina como partido de militantes en acción, que ponga a la comuna como el centro de desarrollo partidario, que de autonomía a la orgánica del partido en regiones para producir las coordinaciones más eficaces, que gestione profesionalmente sus recursos, que posea una política de comunicaciones internas moderna y ágil, que comunique temáticamente a con la sociedad a través de portavoces autorizados y de medios de comunicación propias, que cree un Instituto Socialista para el debate de ideas y la formación de militantes y dirigentes sociales y territoriales, que establezca a la brevedad un Código de Conducta Militante que a todos nos obligue sin excepción a respetar rigurosamente los más altos estándares éticos, es decir un partido abierto, participativo, democrático y disciplinado tras direcciones cohesionadas, representativas y legítimas. Bien comunicados, incorporando métodos participativos de interacción entre las estructuras dirigentes, intermedias y de base, llevaremos adelante nuestras tareas y pondremos en evidencia que los derechos y el progreso de las mayorías los cautela el Partido Socialista y la Concertación y que la derecha, por el contrario, los amenaza por su innegable carácter socialmente regresivo y políticamente y culturalmente autoritario.
Sólo con organizaciones sociales activas, en las que debemos desplegarnos a la par que en las instituciones democráticas, nuestro proyecto de transformación radical de la sociedad podrá tener perdurabilidad en el tiempo. El PS se ha nutrido a lo largo de su existencia de sus fuertes vínculos con el sindicalismo y con las organizaciones territoriales en los barrios y comunas. Estos vínculos deben fortalecerse. El Partido debe ampliar su diálogo con las múltiples expresiones de la sociedad y transformarse en un vehículo privilegiado de educación y participación política, especialmente de las jóvenes generaciones. Debe hacer un uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información como potenciales instrumentos de multiplicación de la deliberación cívica y de valorización de la esfera pública y comunitaria, como condiciones indispensables para una vida social democrática.
Los llamo pues a recorrer con entusiasmo y dedicación el camino para crecer, triunfar y engrandecer al socialismo.

¡Viva el Partido Socialista de Chile!