sábado, 26 de mayo de 2001

La medicina económica liberal y los hechos


La medicina económica liberal y los hechos


Al cabo de un año de gobierno del Presidente Lagos la oposición cuestiona el fundamento de sus principales políticas. Desde luego, su postura de que las violaciones a los derechos humanos deben ser tratadas en los tribunales es permanentemente impugnada con la tesis de la "solución política", que procura generar las condiciones para la impunidad generalizada frente a crímenes contra la humanidad, que el moderno derecho internacional considera por lo demás, y con razón, inamnistiables e imprescriptibles. En el terreno económico y social, se insiste en que no existe reactivación económica, se hace abstracción de los hechos internacionales, y se postula que esta se encuentra frenada por un problema de expectativas vinculadas a las legislaciones que el Presidente envió al Parlamento en el año 2000: la lucha contra la evasión tributaria, el seguro de desempleo y la ampliación de la negociación colectiva. Se sostiene que cobrar los impuestos (que no es más que hacer cumplir la ley) y encarecer la contratación (de modo marginal en el caso del seguro de desempleo y como posibilidad virtual si se fortalecen los sindicatos) serían factores de detención de muchas decisiones de inversión, de disminución de la creación de empleos y de contención del consumo frente a la incertidumbre.
Este es un discurso repetitivo, que sólo se adapta a las coyunturas pero que no cambia con ellas. La receta es siempre la misma: liberalizar mercados, vender activos estatales y bajar el gasto público, ajena a toda circunstancia de tiempo y lugar, en expansión o en contracción.
Esta visión, contrastada con los hechos, hace emerger la distancia, por no decir el abismo, que separa la certeza de las afirmaciones y la fragilidad de la base empírica que las funda, tanto en el caso de Chile como de otras experiencias en el mundo.
En Chile, la década de los 90 fue la de mayor crecimiento en su historia contemporánea: entre 1990 y 1998, hasta la crisis asiática, el crecimiento fue superior a un 7% al año. Los impuestos no sólo no bajaron sino que subieron y crecieron más que la producción, pasando de un 14,4% a un 17,8% del PIB. El peso del impuesto a la renta, el más impugnado por la derecha, aumentó su proporción de un 2,6% en 1990 a un 4,3% del PIB en 1998. A la vez, se encareció el despido, aumentándose el tope de pago de indemnizaciones, y se aumentó sustancialmente el salario mínimo y los salarios medios, sin que ello impidiera la creación de 970 mil empleos. Por un lado la ideología liberal, por el otro los hechos.
La comparación internacional, a su vez, demuestra que no existe un modelo único ganador, pues la experiencia de cada país es singular. En materia de nivel de tributos y gasto público, los estudios más recientes revelan que los países con mayor crecimiento son los que tienen tributos menos desincentivadores y gastos públicos que contribuyen al crecimiento, especialmente en infraestructura y capital humano (Kneller, Bleaney y Gemmel, Journal of Public Economics, 1999), y no los de Estados más pequeños. Incluso la aplicación de tributos en teoría desincentivadores tiene un impacto no significativo. En Suecia, con un gasto público superior al 50% del PIB, el más alto del mundo, y muy amplias transferencias de seguridad social, financiadas con una tasa marginal de impuesto a la renta de 60%, es no sólo una de las economías más ricas del mundo en términos de PIB por habitante, sino que creció en los últimos tres años más que el promedio de los países industrializados y que muchos países de gobiernos más pequeños que cobran menos impuestos. Por un lado la ideología liberal, por el otro los hechos.
Diversas mediciones econométricas recientes revelan, a su vez, que las variables institucionales (protecciones laborales, salario mínimo, centralización de negociaciones) no tienen el rol esencial que les atribuye la derecha respecto al nivel de desempleo. Según un reciente informe del Consejo de Asesores del Primer Ministro de Francia (que ha conducido, dicho sea de paso, una de las gestiones económicas más exitosas de los países desarrollados y al mismo tiempo ha reducido a 35 horas la semana laboral):
"Los caminos hacia el pleno empleo aparecen como múltiples y algunos son mucho más solidarios que otros. En los países muy centralizados, los choques pueden no afectar el empleo si las negociaciones imponen una moderación salarial. Es lo que podría llamarse la 'flexibilidad solidaria' o negociada. En los países en que, al contrario, las negociaciones son muy descentralizadas, la adaptación es secuencial: empieza por una fuerte reactividad del empleo seguida de una flexibilidad 'externa' de los salarios de los que terminan cesantes. Es lo que podría llamarse la flexibilidad individualista. Ciertas adaptaciones necesarias, como por ejemplo la moderación salarial, tienen más posibilidades de ser comprendidas y aceptadas si son objeto de discusiones centralizadas entre los interlocutores sociales. Dejadas al mercado, su costo en términos de empleo es generalmente muy elevado".
La propia OCDE, organismo técnico de los países industrializados, afirma en un estudio de 1997 que "los países en donde los sistemas de negociación colectiva son más centralizados/mejor coordinados tienen una cierta tendencia, aunque no es siempre estadísticamente significativa, a registrar tasas de cesantía más débiles y tasas de empleo más elevados que los sistemas menos centralizados/menos coordinados". Esta es la razón por la cual economías con mercados de trabajo aparentemente rígidos han atravesado las turbulencias de los últimos treinta años sin conocer el desempleo masivo.
Ha surgido en los estudios recientes un cierto consenso en el sentido que la regulación que protege el empleo tiene poco impacto en el nivel de desempleo, aunque si incide en una menor velocidad de rotación de la mano de obra y una mayor duración promedio del desempleo. A su vez, la mayoría de los estudios revela que una disminución de las prestaciones de los seguros de desempleo es estadísticamente significativa pero tiene un impacto débil sobre el nivel de desempleo. La experiencia muestra que sistemas generosos incluso han podido cohabitar con niveles de desempleo débiles, particularmente en Europa del Norte. Los resultados empíricos tampoco establecen relación directa entre sindicalización y desempleo. Los sindicatos juegan en cambio un rol nivelador en materia de dispersión de salarios. En cuanto al salario mínimo, la evidencia tampoco arroja conclusiones definitivas, en particular en un sector como es el de los jóvenes (los informes que reseñan los estudios en estas materias de Fitoussi, Passet y Fressynet se pueden obtener en www.premier-ministre.gov.fr). En suma, si bien las instituciones pueden jugar un rol en la explicación del nivel y evolución del desempleo, éste parece tan débil que no llega verdaderamente a explicar las diferencias entre países ni las razones de éxito de algunos. Nuevamente, por una lado la ideología liberal, por el otro los hechos.
Una parte importante de las diferencias en materia de empleo surgen de lo que se podría calificar como "reparto social del trabajo". Numerosos países han puesto en marcha medidas de reparto, algunas vinculadas a una concepción solidaria (apoyo a las personas de baja empleabilidad) y otras más explícitamente vinculadas a los mecanismos de mercado (desregulación para autorizar formas de empleo menos protegidas). El reparto del trabajo puede cobrar distintas formas: generalizada y uniforme, a través de disminución en la duración de la jornada laboral (Francia); dual (Holanda, Dinamarca, Suiza, Inglaterra, Noruega, Irlanda) autorizando el fraccionamiento del empleo en ciertas categorías (tiempo parcial de mujeres o jóvenes); intergeneracional (Holanda, Austria), actuando sobre la edad legal para jubilar; focalizada (Noruega, Suiza, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Portugal), por ejemplo abriendo espacios a los discapacitados.
Finalmente, los estudios recientes demuestran que en materia de desempleo son en definitiva los shocks macroeconómicos los que explican en mayor grado su evolución. Las instituciones juegan más bien un papel en el tipo de reacción de las economías a los shocks, en vez de explicar un determinado nivel de desempleo, lo que es una buena noticia para las instituciones. Después de todo estas últimas mejoran el bienestar remediando las fallas de mercado, especialmente en la seguridad social y la formación de capital humano y social. Son además el reflejo de un contrato social de largo plazo que fortalece los procesos democráticos.
Tiene por tanto razón el Presidente Lagos cuando sostiene que el cumplimiento de las normas tributarias, una mayor protección a los cesantes y un mayor equilibrio en las relaciones laborales no atentan contra el crecimiento. Al revés, el cumplimiento de la ley y una mayor cohesión y cooperación social serán un factor de disminución de las incertidumbres y de incremento de la confianza, con consecuencias positivas para el crecimiento.

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