jueves, 1 de diciembre de 1994

La transición inconclusa y las tareas del socialismo


Diciembre 1993

A pocos meses de finalizar el período constitucional del actual gobierno, puede afirmarse que, a pesar de los éxitos en la normalización del clima democrático, en la vigencia de un estado de  derecho, en el crecimiento económico, en la expansión del gasto social, en algunas reformas laborales, en la democratización y descentralización de la administración territorial, en la reinserción internacional, no ha terminado la transición: no vivimos aún en un régimen plenamente democrático.
Los episodios de resistencia del ejército a subordinarse a la autoridad civil, el bloqueo parlamentario en el senado para terminar con los enclaves autoritarios, las dificultades para ejercer justicia en materia de violaciones a los derechos humanos, la persistencia de episodios de censura cultural, así lo demuestran.
Estos factores hacen indispensable una reflexión sobre los desafíos para el próximo período de la concertación y su futuro como coalición del centro y la izquierda democrática, y para el socialismo,  en particular, como fuerza del cambio y la justicia social.

1. EL PROBLEMA DE LA AMNISTIA
No es posible aceptar la idea de una amnistía general. No ha existido expresión alguna de reconocimiento -siquiera política o moral- de los personeros del régimen de Pinochet de su responsabilidad en el rompimiento de la legalidad democrática, en la mantención de una dictadura de 17 años y en la violación múltiple y grave de derechos de las personas. Por ese sólo hecho resulta impensable apoyar una expresión legal de extinción de responsabilidad.
Aunque muchas de las víctimas sobrevivientes experimenten eventualmente sentimientos individuales de perdón, legítimos, lo que la sociedad no puede perder de vista es que las víctimas lo fueron en su condición de militantes de la izquierda o de la oposición y en manos de una represión organizada, calculada, institucional y estatal. Es esta la gravedad histórica del problema.
La tesis de la guerra es insostenible, pues los agentes del Estado actuaron frente a personas con frecuencia simplemente inermes o con medios de resistencia irrisorios, sin respetar por lo demás las leyes de la guerra en materia de tratamiento de los prisioneros. Lo que existió fue un operativo de exterminio de seres humanos por razones ideológicas, con una amplia gama de métodos crueles, lo que el derecho internacional de la postguerra caracteriza como "crímenes contra la humanidad". Que una sociedad admita para sí misma que esos hechos no deben tener una sanción social, en nombre de una reconciliación que muchos conciben como la política del avestruz, puede tener a la larga los peores efectos para la convivencia y la paz civil, incluyendo la prolongación de una acción terrorista de ultra izquierda que quisiera ver en una renuncia moral s+emejante una fuente de legitimidad. Paz o justicia es en este sentido un falso dilema.
Otra cosa es enfrentar situaciones de hecho del mejor modo posible. No existen las mayorías institucionales que permitan derogar la amnistía de 1978 y por tanto el objetivo a lograr es avanzar todo lo que se pueda en las investigaciones y obtener la responsabilización de quien corresponda en el caso de los desaparecidos. Mientras tanto, debemos seguir sosteniendo la existencia de un delito que permanece. A su vez, el caso Letelier, excluido de la mencionada amnistía, puede ser aquel que haga efectiva la responsabilidad criminal del aparato de la DINA y tener un valor más allá de su mérito específico, al poner en evidencia todo un sistema de represión. En relación a lo posterior a 1978, los juicios deben culminar en las sanciones  correspondientes previstas por las leyes.
El desnudo lenguaje de la fuerza –ilegítimo ciertamente- puede obtener tales o cuales resultados. Lo que no debe poder obtener jamás es la anuencia de los socialistas para toda operación de reivindicación de un golpe de estado y una obsesión represiva de 17 años que sólo pueden ser calificados de régimen inútil y como el más violento de la historia nacional por las .actuales y las futuras generaciones. Del mismo modo los socialistas, a 20 años de septiembre de 1973, con serenidad reiteraremos el reconocimiento de nuestra propia responsabilidad en la situación que permitió la crisis de la democracia. La historia recogerá los errores de quienes no defendimos suficientemente la convivencia democrática, no creímos a priori en que ésta iba a sobrevivir a la tentación golpista de la derecha frente a nuestro proyecto de cambio e incluso enunciamos la tesis de la inevitabilidad de la lucha armada en ese contexto, errores que pagamos duramente y que somos los primeros en reconocer, pues la defensa de la democracia debe hacerse siempre con los medios de la democracia. Pero la historia recogerá sobre todo los horrores de quienes sepultaron nuestras tradiciones constitucionales y que sólo dejaron el poder una vez que pudieron ser derrotados.

2. LAS REFORMAS POLITICAS
La próxima etapa política de la concertación deberá mantener su voluntad de terminar con los senadores designados, con la actual composición del consejo de seguridad nacional, con la actual forma de generación de la corte suprema, con el rol de la justicia militar, con la inamovilidad de los comandantes en jefe y con la legislación que expresa la no sujeción de las FFAA al poder civil. Se deberá mantener la tesis de disminuir los quorum de reforma de la constitución y de aprobación de las leyes orgánicas constitucionales.
También deberá mantenerse como compromiso programático y político concreto con nuestros socios de coalición avanzar en la creación de condiciones de reforma del sistema electoral para establecer uno de carácter proporcional y en el establecimiento de un régimen semipresidencial.  En efecto, a medida que ha ido pasando el tiempo se hace más obvio el interés para todo partido mayoritario de mantener el sistema actual, al sobrerepresentarlo en el parlamento y al permitirle ponerse en situación inmejorable para obtener el apoyo de la coalición a su propio candidato presidencial, el que, a su vez, más allá de la buena voluntad de las partes, refuerza mecánicamente a los candidatos del partido mayoritario. La mantención del compromiso de cambio del sistema electoral debe ser una condición sine qua non de la proyección de la coalición o en su defecto debe concordarse preparar un sistema de varios candidatos presidenciales y una lista parlamentaria en los eventos electorales posteriores a 1993.
Con fuerza semejante debe plantearse el establecimiento de la responsabilidad de un jefe de gobierno distinto del presidente frente al parlamento, encargado de llevar a cabo un programa que cuente con mayoría en la cámara. Debe el presidente en un esquema semipresidencial ejercer el mando en el carácter de jefe del estado, que tenga potestades compartidas con el jefe de gobierno en materia de reformas institucionales, de defensa nacional y de relaciones exteriores y que tenga la facultad de disolver el parlamento. De este modo será posible lograr un sistema más flexible y con más equilibrios institucionales que faciliten la tarea gubernamental y la proyección de la actual coalición.

3. LOS CONTENIDOS DE LA POLITICA ECONOMICA y SOCIAL
Junto a la tarea de culminar la redemocratización, no es posible soslayar que los socialistas aspiramos a establecer una sociedad en la que prevalezcan niveles de justicia social ampliamente superiores a los ya logrados. Chile debe consolidar una economía solidaria, que combine un rol para el mercado y un rol para el Estado. El mercado, con las debidas regulaciones antimonopólicas y protectoras del medioambiente y de los derechos del consumidor, debe tener un rol activo en la producción de bienes y servicios y ayudar a obtener una asignación eficiente y descentralizada de los recursos con adecuadas señales a los productores y los consumidores.
Es universalmente aceptado que el mercado, sin embargo. no puede producir bienes públicos ni corregir las desigualdades sociales, ni proteger el ambiente y que el Estado debe proveer infraestructuras y servicios y asegurarle ingresos mínimos a la población más pobre, interviniendo en los mercados de trabajo y de capital para redistribuir los ingresos y orientar el crecimiento.
Chile debe seguir avanzando hacia una economía solidaria, en la que el mercado opere donde sea posible asignar descentralizada y eficientemente los recursos y el Estado donde sea necesario actuar solidariamente en beneficio del interés general.
Hechas estas definiciones, es necesario clarificar con nuestros socios de coalición dos afirmaciones cuestionables: "el gasto público no debe crecer como proporción del PIB" y "se debe privatizar todo lo privatizable". Respecto al tema de las privatizaciones, las 26 empresas públicas existentes son de las menos numerosas del mundo,. con lo cual insistir en su privatización es rayano en la majadería, máxime cuando se ha seguido en diversos casos políticas de asociación con los privados que les dan flexiblidad y capacidades de adaptación. El gran tema en el fondo es Codelco, empresa que debe modernizarse aceleradamente so pena de transformarse en un lastre pero que debe seguir siendo pública por ubicarse en una actividad en la que no sólo existen utilidades empresariales sino también rentas de un recurso natural que pertenecen a la colectividad y se expresan en un sustancial aporte al presupuesto fiscal, sin considerar que por su tamaño es una empresa que produce efectos externos de tal magnitud en la economía que su control público es recomendable.
Por su parte, el gasto público en Chile representa un 24% del PIB, cifra inferior a la de 1984 y muy inferior a la de los países con políticas de protección social. Cabe considerar que el gasto promedio de la CEE sólo en protección social es de 23% del PIB (15% en EEUU y 12% en Japón), por lo demás con un ingreso por habitante 5 a 8 veces superior al chileno. Parece más sensato proponerse metas realistas de crecimiento de la asistencia social y de la ayuda a la inserción (solventadas por el presupuesto) y del gasto en seguridad social (solventado por cotizaciones obligatorias) según cada coyuntura, antes que normas abstractas que en cualquier caso condenarían al país a no alcanzar jamás criterios mínimos de equidad. Volveríamos así al "crecimiento con chorreo" de triste recuerdo y nos apartaríamos de la política de crecimiento con equidad.
Se ha logrado un crecimiento del gasto social de 30% en 4 años, en un contexto de crecimiento de la inversión pública de 38% y del PIB de 27%: ¿la vocación social de la concertación debe quedar en esos límites? La distribución del ingreso ha permanecido con pocas alteraciones. Una cosa es que seamos definidos partidarios de la disciplina fiscal y que la renegociación de la reforma tributaria haya tenido que hacerse mediante concesiones que establecen un límite a los ingresos tributarios del próximo período, y otra muy distinta es no proponerse aprovechar ninguna holgura futura y plantearse una norma de política fiscal perfectamente cuestionable en sí y particularmente desde la perspectiva de la justicia social de largo aliento.
Ello es tanto más relevante si se piensa que es necesario mantener grados importantes de flexibilidad laboral para hacer posible la mantención y aumento de la competitividad de nuestras empresas. Proteger artificialmente a las empresas puede permitir algunos alivios de corto plazo en algún sector productivo pero no garantizar la prosperidad de nuestra economía como requisito esencial para alcanzar mayor justicia social. Lo que no puede existir es un esquema en el cual no haya mayor grado de protección a los trabajadores ni en el mercado laboral ni en los mecanismos de seguridad social. Debemos afirmar que no renunciamos a construir una estrategia económica orientada a establecer la superioridad social del modelo de crecimiento con equidad respecto del modelo neoliberal en tres aspectos claves:
- el grado de seguridad que se ofrece a los ciudadanos contra los riesgos mayores como la enfermedad y la cesantía;
-la reducción de las desigualdades de ingreso y patrimonio y el modo como se corrigen las exclusiones estructurales de los postergados;
- la existencia de mayor movilidad social, es decir de más igualdad de oportunidades de mejoría de las condiciones de vida personal y familiar y de acceso a los bienes materiales y culturales que ofrece la modernidad.

4. LAS ORIENTACIONES DE LA POLITICA INTERNACIONAL
La normalización global de las relaciones exteriores. los logros históricos en los acuerdos con Argentina y Perú han dejado pendiente una definición más clara del tipo de inserción política y económica internacional a la cual debe encaminarse el país.
Cuando se exporta el 35% del PIB y se tiene por herencia histórica una situación estratégica relativamente incómoda, estos temas no son secundarios.
En el mundo de hoy se requiere estabilizar el acceso a los mercados más relevantes y buscar acuerdos con EEUU puede ser beneficioso. Otra cosa es subordinar a ese objetivo -a todas luces difícil de obtener a corto plazo-toda otra iniciativa comercial y de integración. En este sentido, acentuar la búsqueda de acuerdos bilaterales y multilaterales con los países más importantes de la cuenca del Pacífico, con la CE y sobre todo con América Latina debe seguir siendo un propósito de la política exterior chilena. Lograr crecientes esquemas de integración comercial y política con Argentina y Brasil corresponde además plenamente a los intereses nacionales: una nueva fase exportadora de mayor contenido industrial inevitablemente va a sustentarse en la penetración de esos mercados con nuevos productos de mayor valor agregado (como ya viene ocurriendo), a la vez que la relación con los grandes bloques comerciales va a ser políticamente viable sólo si se refuerza una coordinación latinoamericana, global y/o parcial, de mucho mayor envergadura que la actualmente existente. Chile puede y debe jugar allí un rol de gran relevancia.

5. EL CONSERVADURISMO CULTURAL
Un país logra desarrollarse en la medida que dispone de representaciones colectivas que posibilitan dinámicas internas y externas integradoras. De ello se deriva la necesidad de una cultura asentada en la diversidad y complementariedad de los modos de vida en los cuales se sustenta su sociedad, su economía y sus instituciones. Evitar la fragmentación y el conflicto corporativo permanente supone afirmar una cultura de la libertad, de la pluralidad, de la tolerancia. Esta sólo puede a su vez obtenerse a través de la laicidad del Estado, esto es su neutralidad ideológica y religiosa.
La neutralidad ideológica debe entenderse en el sentido de que su acción esté sometida a las reglas del juego democrático, en el que las mayorías gobiernan con respeto de las minorías y de los derechos humanos universalmente consagrados, de modo tal que todas las representaciones que buscan legitimarse ante la sociedad dispongan de igualdad de oportunidades, incluyendo en los medios de comunicación. La neutralidad religiosa implica que ninguna visión del hombre prevalezca por sobre otra en la acción del Estado democrático. La censura a acciones de política de salud pública o de expresiones artísticas en función de convicciones particulares o la negación de la diversidad que subyace en la existencia de diversas formas de racismo hacia los pueblos indígenas e incluso hacia diversos pueblos latinoamericanos, requieren ser rechazados con una fuerza mayor a la que hoy prevalece. Actuar en contra del conservadurismo cultural es una tarea que no puede dejarse para consideraciones de menor alcance o como prioridad adjetiva.

6. LAS OPCIONES POLITICAS DEL FUTURO
El reivindicar la especificidad de las respuestas socialistas frente a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad es tal vez la principal tarea que enfrentamos.

No es dramatizar sostener que transformar al PS en un partido más del poder, crecientemente vergonzante de su historia y sus tradiciones, es precipitar su marginalización política y dejar sin expresión política al mundo de los trabajadores y los sectores sociales postergados que aspiran a una sociedad en la que sus intereses estén mejor representados y mejor defendidos. Ello no implica en absoluto no perseverar en nuestra política de inserción en una coalición democrática y progresista amplia: sólo supone hacerlo desde lo que somos, reivindicando lo que somos y defendiendo lo que somos. Nuestro compromiso con un nuevo gobierno de la concertación debe ser sin ambigüedades, pero sobre la base de la suscripción de un contrato de gobierno con contenidos claros y convenidos, en el que nuestras principales reivindicaciones programáticas estén consideradas. Eso es lo que debemos asegurar en las semanas que vienen y no la negociación de meras cuotas de poder.