martes, 27 de marzo de 2018

El nuevo escenario político: ¿cómo gobernará Piñera?


Se dio inicio al mandato presidencial 2018-2022 con un cambio de mando marcado por un clima de normalidad institucional, con pocos anuncios políticos presidenciales, salvo el reciente y miope endurecimiento de penas contra lo que Piñera denomina terrorismo en la Araucanía, que es en realidad violencia contra la propiedad, con menos mal pocas excepciones que han resultado en atentados a personas.

La derecha, con el triunfo histórico de su líder -10 puntos de diferencia en la segunda vuelta presidencial de 2017 – sobre la dividida coalición de centro e izquierda, se ha planteado el objetivo de prolongar su gobierno durante dos mandatos. Con ese fin Sebastián Piñera ha adoptado un tono en ciertos aspectos dialogante y propuso como horizonte de su administración, asumiendo que no dispone de mayoría parlamentaria y rebajando expectativas, cinco acuerdos todavía imprecisos en materia de “infancia, seguridad ciudadana, salud oportuna y de calidad para todos, paz en La Araucanía, alcanzar el desarrollo y derrotar la pobreza durante los próximos ocho años”. Dejó fuera de esa agenda los tres temas más controversiales en el debate público en los últimos años: la constitución, la educación y las pensiones.

La derecha que reingresa a La Moneda dispone de una adhesión ciudadana de amplio espectro y del beneplácito del poder económico, pero no cuenta con una capacidad ejecutiva suficiente para avanzar en sus propósitos. Está acotada por la falta de mayoría parlamentaria en el Senado (19 de 43 miembros) y en la Cámara de Diputados (72 de 155 miembros). Los partidos de derecha solo sumaron poco más del 40% de los votos y, a pesar del premio mayoritario del sistema D’Hont y de las circunscripciones de poca población que permanecieron como binominales, no lograron predominar en ninguno de los dos órganos colegisladores.

La oposición parte muy fragmentada y políticamente disminuida por el mal fin del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Para Sebastián Piñera, el hecho de no disponer de mayoría parlamentaria y de haber sido elegido con legitimidad pero con el apoyo de solo el 26,5% de los ciudadanos habilitados para votar (recordemos que la abstención fue de 52%) augura algunos problemas de gobernabilidad. Esto le ocurrió a su manera a Michelle Bachelet, en su caso por los graves problemas de cohesión de su coalición que le hicieron imposible ejercer una mayoría parlamentaria que resultó ser solo teórica en los temas fundamentales.

Una ventaja para el nuevo presidente, sin embargo, es que la coalición conservadora ha mostrado en la campaña y en la conformación del gobierno bastante coherencia, aunque la convivencia entre el polo más conservador representado por la UDI y el más liberal representado por Evolución Política implicará algunas tensiones. Ya se observa algo así con el anuncio de desobediencia de la UDI en el tema de la identidad de género de niños y adolescentes, incluyendo la amenaza del envío de la eventual ley hasta ahora bloqueada por la señora Van Rysselberghe al Tribunal Constitucional. Este ostenta hoy más que nunca una mayoría militantemente instalada -contra toda prudencia- en la defensa de la ideas de la derecha dura y distorsiona de la manera más desembozada la representación democrática. Cambios en la composición y funciones del Tribunal Constitucional y de los quorum antidemocráticos de aprobación de leyes debieran ser parte de las exigencias de la oposición y de sendas reformas constitucionales en los más breves plazos.

En este contexto, es probable que Sebastián Piñera busque un acuerdo estable con la Democracia Cristiana, lo que no le será fácil de obtener si persiste en actos tan regresivos como nombrar en su gobierno a Alberto Cardemil, el famoso subsecretario del Interior que atrasó la entrega de resultados del plebiscito de 1988 y el año pasado se declaró culpable de actos ilícitos de financiamiento ilegal de campañas por el grupo Penta. Además, los parlamentarios DC más afines a la derecha liberal fueron derrotados en la reciente elección, mientras se fortaleció su ala más proclive a la continuidad de los acuerdos con la izquierda. No olvidemos que las expresiones políticas más a la izquierda del espectro político sumaron el 45% del electorado participante y reúnen hoy el 41% de los escaños de la Cámara de Diputados y el 40% de los escaños del Senado. Esto incluye en primer lugar a la izquierda tradicional, constituida por los partidos PS, PPD, PR y PC, con un 24% del voto y 43 diputados y 15 senadores, junto al Pro-País y su cerca de 4% del voto y una diputada y un senador en ejercicio. Y también a la izquierda emergente, agrupada en el Frente Amplio, con 17% del voto y 20 diputados y un senador. Además, hay que considerar a la también emergente Federación Regionalista-Verde-Social, con 2% del voto y cuatro diputados.

La Democracia Cristiana alcanzó poco más de 10% de los votos y suma solo 14 diputados (9% de los escaños) y 6 senadores (14% de los escaños). Es una fuerza hoy debilitada para obtener una negociación con la derecha significativa y con contrapartidas democráticas consistentes (como en algún sentido fue el acuerdo RN-DC de 2012). Además, acuerdos estables de la DC con la derecha probablemente aumentarían los quiebres en sus filas. Aunque se ha manifestado como no disponible para integrar alianzas, en definitiva la DC (con pocas excepciones) concurrió al acuerdo “administrativo” pero con significación política que permitió instalar mesas de oposición en la Cámara de Diputados y en el Senado el 11 de marzo, a la par que asumía el nuevo presidente. Recordemos que el gobierno de Piñera 1 logró el control de la Cámara en sus cuatro años de ejercicio gracias al apoyo de disidentes DC, lo que ahora no ocurrió.

En los asuntos sustanciales, la nueva oposición se pondrá a prueba en al menos dos temas de agenda para este año 2018. El primero es el relativo al endurecimiento represivo en la Araucanía, en el que no es posible imaginar a personalidades como Francisco Huenchumilla sino en una actitud de oposición a la criminalización de la protesta de los grupos indígenas radicalizados. El segundo es el de la rebaja del impuesto a las utilidades de las empresas a través del fin a la separación parcial de la tributación de empresas y personas, anunciada por el ministro de Hacienda Felipe Larraín. Esta medida busca retrotraer lo avanzado en materia de equidad tributaria en la reforma de 2015, y ya ha sido rechazada por economistas DC como Ricardo Ffrench-Davis, que por el contrario postula separar completamente la tributación a las empresas y a las personas para que el sistema tributario contribuya a disminuir la fractura social chilena. De este empeño la Democracia Cristiana ha sido parte desde su origen y es lo que dio fundamento, junto a la tarea común de recuperación de la democracia, a su alianza con la izquierda desde 1990.


viernes, 9 de marzo de 2018

Balances: ¿fin del ciclo socialdemócrata o del ciclo social-liberal?


En Voces La Tercera

Al terminar el segundo gobierno de Michelle Bachelet concluye también un ciclo más largo: el de las administraciones dirigidas por la izquierda de gobierno desde 2000 (con el interregno de Piñera I). ¿Se trata del fin de una suerte de ciclo “socialdemócrata” en Chile? Nuestra tesis, con el grado de subjetividad que supone haber sido parte de los procesos y siendo corresponsable parcial de ellos, es que más que “socialdemócrata” fue un ciclo “social-liberal”. Aunque no necesariamente por diseño, pues se trató más bien de ir haciendo de necesidad virtud, proceso que fue el resultado de las dificultades para impulsar el proyecto original de recuperación de la democracia y su profundización (que se expresó en el programa de gobierno de Patricio Aylwin). Se sumaron las rígidas relaciones de fuerzas existentes en el escenario político de la transición y una suerte de “entropía política”, es decir la pérdida progresiva de la voluntad política transformadora de las fuerzas de inspiración socialcristiana, socialista y socialdemócrata. Se produjo un acomodo de estos mundos a las instituciones del Estado y al poder económico. Y poco a poco se consagró el alejamiento de la ciudadanía movilizada desde 1983 para poner fin a la dictadura y que confió, luego de las penurias vividas, en ser representada por la Concertación en sus aspiraciones de democracia y mejoramiento de su bienestar. Más tarde, se llegó a perfeccionar una cooptación progresiva –consagrada en las reglas de financiamiento de 2003- del sistema político por el poder económico emergido de la dictadura y la aparición de corruptelas que lo desprestigiaron enormemente. La ampliación de la coalición de gobierno al PC no cambió mucho las cosas. El resultado final fue un abstencionismo creciente y divisiones que la mala gestión política no supieron evitar y que abrieron las puertas a sendos triunfos de la derecha en los dos gobiernos de Bachelet.


Pero reconstruyamos un poco los hechos. Los gobiernos del “decenio DC” estuvieron orientados hacia el centro por la naturaleza de sus liderazgos y del período político. El de Aylwin actuó lealmente con una coalición cohesionada en la tarea de replegar a los militares a sus cuarteles (no sin dificultades, como los estallidos del “ejercicio de enlace” de diciembre de 1990 y el “boinazo” de mayo de 1993), restituir el gasto social y democratizar el poder local sin disponer de mayoría parlamentaria, y reinsertar a Chile internacionalmente. Se logró además un alto crecimiento junto a reformas tributarias y laborales, desmintiendo a los neoliberales que auguraban catástrofes. El gobierno de Frei consolidó, en cambio, un proyecto de continuidades y profundizaciones liberales (privatización de las sanitarias, concesiones no siempre justificadas para infraestructura, subsidio de capital a las escuelas privadas para ampliar la jornada escolar, expansión de la educación superior privada, mayor subsidio a la demanda que inauguró una suerte de “capitalismo de los subsidios”, rebaja del impuesto a la renta de los más ricos), incluyendo un intento de validar la auto-amnistía militar en materia de violaciones a los derechos humanos, fracasado por la resistencia de las organizaciones de familiares y, desde el gobierno, del Partido Socialista. 



Esta resistencia no se extendió suficientemente a la impronta liberal de la política económico-social y a la política de ajuste procíclico frente la crisis asiática en 1999. Probablemente desplegar en su totalidad ambas resistencias hubiera puesto en peligro la coalición de gobierno, que estuvo a punto de quebrarse por el tema de derechos humanos, en el que prevaleció la tesis socialista. Terminó por ampliarse la resignación y adaptación al modelo de mercado máximo y Estado mínimo preferido por Frei, Aninat y Massad, con avances en la reforma de la justicia penal y en aumentos del salario mínimo, pero pocas medidas redistributivas y desconcentradoras. Fue el inicio de la derrota del sector de la coalición llamado por la prensa “autoflagelante”. El resultado es que se detuvo por entonces el proyecto de profundización social y democrática, cuyos partidarios nos volcamos a preparar el cambio de liderazgo de la coalición y a abrir una “etapa socialdemócrata”. 


La opción de Ricardo Lagos (“crecer con igualdad”) ganó por 70% en la primaria de la coalición de gobierno, pero por muy poco en la segunda vuelta presidencial de 2000, frente a una derecha recompuesta y con un centro debilitado y desgastado por la crisis económica. Tuvo un impulso inicial por la validación de las capacidades gubernamentales de aquella parte de la izquierda que participó en el decenio DC y sobre todo por la promesa futura explícita de a) hacer avanzar la justicia (“que las instituciones funcionen”); b) establecer nuevos equilibrios de poder con reformas constitucionales profundas; c) avanzar en libertades civiles y derechos de la mujer; d) construir políticas sociales activas con más tributos y gasto público redistributivo; e) una política macroeconómica contracíclica que evitara crisis como la de 1999, enfrentada con métodos ortodoxos, y garantizara más inversión y gasto social y territorial; y e) una diversificación económica en el largo plazo. Los “años socialdemócratas” de Lagos y Bachelet tuvieron en esencia esos ejes programáticos y en virtud de ellos es que deben evaluarse.

En materia de justicia, si bien su logro no ha sido completo, se avanzó considerablemente, al punto que hoy no se discute sobre si deben o no estar en prisión los violadores de los derechos humanos sino sobre el tipo de cárcel que debe confinarlos. En materia democrática, estamos lejos de los ejercicios de enlace. Lagos se propuso y logró asentar el poder civil sobre las FF.AA, sin facultades y sin mayoría parlamentaria, lo que además quedó básicamente resuelto en las reformas constitucionales de 2005. Este fue un gran mérito suyo. Pero cometió el error de insinuar que no debía seguir el ciclo de cambio hasta su culminación en un ejercicio constituyente legítimo y concordado. El resultado de no abordar de frente el tema de la nueva constitución ha sido la persistencia de dos candados cruciales de los diseñados por los autores de la “democracia protegida” y que limitan gravemente la soberanía popular en Chile: los quorum supra-mayoritarios de aprobación de leyes y el rol de tercera cámara legislativa del Tribunal Constitucional. Esto se ha acentuado con la actual mayoría de derecha en el hoy más políticamente desenfadado de los tribunales que conozca la historia de Chile. Lo que la derecha no gana en las urnas lo sigue obteniendo con las trampas constitucionales. 

Resulta muy difícil de entender que Lagos haya declarado en su momento que había una constitución de 2005 (lo que hay es una de 1980 remendada, decadente e indefendible, al punto que a nadie se le ocurre distribuirla en los colegios o proponerla de ejemplo a otros países). Y que Bachelet haya enviado al parlamento un proyecto de nueva constitución en los cinco últimos días de su segundo gobierno y no en los primeros cinco días de su primer gobierno. El liderazgo presidencial de izquierda cedió en este tema ante la derecha y los conservadores de su propia coalición de gobierno, dejando un gran pasivo simbólico y político. En el límite de lo inexcusable. En cambio, fue un importante paso haber logrado el fin del sistema binominal -aunque su principal efecto político haya sido institucionalizar la división de la izquierda y de ésta con el centro- y la elección de gobernadores regionales para darle más vida a la representación y a la descentralización política en el futuro próximo. Las normas de prohibición del financiamiento empresarial de campañas de 2016 fueron también un gran avance.

El aborto en tres causales logrado gracias al liderazgo de Bachelet, que superó milagrosamente el escollo del Tribunal Constitucional, ha sido un gran éxito, junto al Acuerdo de Unión Civil. En materia de derechos civiles, se sumaron a la abolición de la pena de muerte y al divorcio obtenidos en el gobierno de Lagos. Chile se modernizó en este ámbito gracias al liderazgo resuelto de ambos presidentes de izquierda. 

En materia de protección social, el seguro de desempleo, la prohibición del trabajo infantil, los 12 años de educación obligatoria, el plan Auge en salud, el programa Chile Solidario y la institucionalidad cultural de Lagos, así como las pensiones básicas solidarias, el programa infantil Chile Crece Contigo, el fin gradual de los copagos escolares en la educación subvencionada, la gratuidad para el 60% en educación superior de Bachelet y muchas otras iniciativas son avances incuestionables y meritorios, incluyendo el escaso royalty minero y la barroca reforma a la tributación de las empresas. Podrían constituir un “proto Estado de bienestar” que en algo equilibre la gigantesca distancia de ingresos y patrimonio existente en Chile (el 1% más rico controla 1/3 de los ingresos devengados). Pero todo esto se quedó muy corto. En efecto, la OCDE hace notar que el gasto en protección social en Chile es sustancialmente más bajo que el promedio de sus países miembros y no ha cambiado (11,0% del PIB en 1990 y 11,2% en 2015, frente a un 21,0 % de media de la OCDE). En proporción al tamaño de la economía, el gasto en protección social debiera en Chile casi duplicarse para alcanzar ese promedio y contribuir más activamente a la disminución de la pobreza y de la desigualdad. No haber avanzado en procesos redistributivos de cierta significación no es algo de lo que congratularse para gobernantes socialdemócratas. Emblemático es que la reforma al sistema de pensiones no haya sido abordada sino a última hora por la presión social y con fórmulas alambicadas que en esencia mantienen el sistema de AFP, que debiera salir del esquema de seguridad social. 

Este minimalismo de las políticas tributarias y sociales se explica por la tenaz oposición del gran empresariado y sus representantes de derecha, la ausencia de mayoría parlamentaria primero, el condicionamiento y boicot interno después y sobre todo por la pérdida de convicciones (“la tarea número uno de Chile es crecer, todo lo demás es música”, Lagos dixit, agosto de 2017), como si no se pudiera crecer redistribuyendo y cautelando el ambiente. Esto se acompañó por el nombramiento por Lagos y Bachelet de liberales duros en la jefatura económica como Eyzaguirre, Velasco y Valdés para dar absurdas garantías a los poderes fácticos, que nunca van a aprobar reforma alguna. Estos ministros se opusieron a cualquier esquema socialdemócrata de negociación salarial real con sindicatos fuertes, y no solo con empresarios fuertes, a la tributación progresiva y a la redistribución que caracterizan a la socialdemocracia (al que dude de esto se le ruega ver los términos del reciente acuerdo Merkel-SPD en Alemania). 

El hecho es que la gestión económica de los presidentes de izquierda fue bien poco socialdemócrata o siquiera socialcristiana (si nos remitimos meramente a los estándares OCDE, para no hablar de los países nórdicos). Las excepciones principales fueron la política fiscal contra-cíclica inaugurada por Lagos, aunque morigerada erróneamente en el actual gobierno con el resultado de un crecimiento por debajo del potencial, y los límites ambientales a las inversiones mineras defendidos con valentía por Bachelet acompañada de un ministro competetente, deteniendo lo que hay que detener para defender los derechos de las nuevas generaciones sobre los ecosistemas. Sacar a los ministros económicos para terminar con su boicot pro-empresarial se produjo sin consecuencias, demostrando que el chantaje seudotecnocrático de los neoliberales de todo orden no debe aceptarse. Pero la ausencia de política industrial se expresó en el misérrimo gasto de 0,4% del PIB en investigación y desarrollo, que hipotecó toda diversificación moderna de la economía. El acuerdo Bitrán-SQM, que si bien aumenta el royalty de explotación del litio, vino a consagrar la falta de voluntad de castigar de manera ejemplar a una empresa privatizada que quiso comprar el sistema político. No se le quitó por mero ideologismo privatista la incumplida concesión otorgada en los años 90, respecto de la cual se había iniciado un procedimiento legal, y se frustró la oportunidad de iniciar una actividad estatal de extracción y de asociación con privados para desarrollar una industria vinculada a las cadenas globales de electromovilidad y agregar valor a nuestros recursos naturales.

En definitiva, el mérito del ciclo Lagos-Bachelet fue poner temas de cambio estructural en la agenda y correr el límite - al menos simbólico- de lo posible. Su defecto fue frustrar en importante medida su realización por no haber podido, sabido o querido llevarlo a cabo “en la medida de lo necesario”, y en especial dejar crecer la concentración económica hasta niveles intolerables en una democracia. Después del nuevo interregno derechista que ha querido la sociedad, probablemente cansada de la incoherencia de señalizar para un lado y doblar para el otro, un nuevo proyecto habrá de emerger para superar este ciclo. Entender a la sociedad actual desde la izquierda –dejando atrás a aquella que transitó desde el maximalismo voluntarista de los años sesenta al minimalismo resignado de los años recientes- necesitará más que nunca discutir, pensar, recrear sentidos y agrupar y movilizar de manera amplia y sistemática a las fuerzas sociales de cambio. Pero esa ya es tarea de otra generación, que ya ha hecho un buen recorrido y ojalá se dé el tiempo para evaluar las luces y sombras de la experiencia de sus antecesores y dar lugar, ahora en propiedad, a un ciclo socialista democrático consistente y con un proyecto igualitario de transformación social-ecológica de nuestra sociedad frente a sus nuevos retos. 



jueves, 25 de enero de 2018

La nueva etapa

Voces La Tercera

El gabinete anunciado por el presidente electo Sebastián Piñera reúne en los ministerios centrales a personas de su confianza política y personal, con los que ha trabajado por períodos prolongados y en gabinetes de su anterior gobierno. En los ministerios sectoriales ha nombrado a personas de los partidos de su coalición con representación parlamentaria y en diversos casos a especialistas, como en salud, energía, transportes o agricultura (aunque en este último caso se hace un gesto al clan DC de la familia Walker). No es un gabinete de técnicos, sin embargo, pues incorpora a muchas figuras directamente partidistas como los primos Monckeberg y Baldo Prokurica de RN o Hernán Larraín y Felipe Ward de la UDI.

Queda, no obstante, una cierta sensación de debilidad. Dos de los ministros nominados para La Moneda son partícipes directos, en los mismos puestos, de la mayor derrota política de la derecha en los tiempos actuales, la del 15 de diciembre de 2013. El nuevo ministro de la Secretaría General de la Presidencia tiene un perfil más volcado a la coordinación interna de gobierno que al vínculo con el parlamento. Desde su victoria el 17 de diciembre, Piñera y su coalición no han logrado aproximarse a lo que parecía una necesidad imperiosa: arrimar al gobierno y a los acuerdos políticos de administración del Congreso -lo que siempre está vinculado- a algún grupo adicional a los de la derecha tradicional, lo que por el momento parece no ocurrirá. La gestión legislativa del nuevo gobierno se acerca, a falta de otra alternativa, a un enfoque caso a caso pero sin un conductor claro para esa difícil tarea, dada la diversidad del nuevo parlamento y la ausencia de mayoría para el nuevo gobierno.

La nominación del futuro ministro de Relaciones Exteriores, que nadie en verdad ha defendido mucho por la curiosidad que representa, tiene una lógica: asegurarse que el conductor cotidiano del área sea el propio presidente. Esto no es necesariamente una buena idea, en tiempos en que se necesita una diplomacia avezada para recomponer las relaciones con los países vecinos del norte y fortalecer aquellas con el continente en general (que enfrenta turbulencias a la vista en Brasil y México, nada menos), junto a una observación muy atenta de las consecuencias para Chile del impredecible actual gobierno de Estados Unidos, para no hablar del vacío frente a la necesidad de fortalecer un vínculo específico más intenso con China, Japón e India. Es de esperar que las relaciones exteriores de Chile no se sigan resintiendo y manteniendo por el canal unívoco y miope dela irritación antiboliviana y en su momento antiperuana.

Los que se resentirán sin lugar a dudas son los terrenos de la educación, el trabajo y los derechos de la mujer, en los que han ocurrido en el actual gobierno reformas rechazadas ideológicamente y con virulencia por la derecha, aunque no hayan tenido una gran radicalidad. El récord en materia de extremos verbales lo ostenta el nuevo ministro de Educación y su defensa acérrima del libre mercado en el área. Se ha nombrado en este caso y en los otros a ministros de discurso previo duro, llamados a conducir contra-reformas. Pero no son de los más fuertes de la actual coalición y más bien lucen como candidatos predeterminados a ser fusibles en caso de complicaciones con el mundo social. La nominación en el ministerio de Cultura de una ejecutiva de la televisión, en este caso del siempre presente en asuntos de poder grupo Luksic, habla por sí sola de la profundidad cultural de la nueva coalición de gobierno. ¿Será esto compensado por la nominación de un escritor local a cargo de las relaciones exteriores? Veremos los próximos capítulos.

Queda la incógnita de la política macroeconómica. Felipe Larraín mostró en el primer gobierno de Piñera un sesgo relativamente keynesiano, que él mismo seguramente no está dispuesto a admitir (dada la virulencia de los economistas ortodoxos en Chile). Supo acompañar los tardíos impulsos fiscales que heredó de la administración anterior y logró una buena tasa de creación de empleo y de crecimiento utilizando las holguras previamente construidas. Logró una razonable salida de crisis. Las holguras hoy día son menores, pero aún existen. No aprovechar las circunstancias externas más favorables para provocar un impulso de crecimiento, coordinando políticas fiscales y monetarias suficientemente expansivas, sería un gran error. Persistir en las equivocadas políticas restrictivas llevadas por la dupla Valdés-Vergara en el actual gobierno mantendría a nuestra economía en una senda inferior a su crecimiento potencial y de reducción de ese crecimiento potencial. El aumento de este último, en lo que cabe a la política de gobierno, pasa por reactivar la deprimida inversión púbica y por aumentar sustancialmente el esfuerzo en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. No es, por el momento, un buen índice de orientación de la política económica hacia el interés general la propuesta programática de Piñera de volver a la integración completa del impuesto a las utilidades de las empresas con el impuesto personal, es decir una fuerte baja de los impuestos a los más ricos, que aumentaría una vez más la desigualdad y restaría recursos para fortalecer el crecimiento a largo plazo. Tampoco es un buen antecedente la cantidad de ministros con vínculos con el grupo Penta y otros de la misma índole, así como la ideologizada postura del nuevo ministro de Economía, contraria a toda estrategia de diversificación productiva fruto de su orientación de caricatura del tipo Chicago Boy. Una política orientada, por ejemplo, a alianzas para pasar a la electromovilidad industrializando el litio y el cobre con actores nacionales no está en su horizonte. El tipo de cambio en valores bajos hará, además, bastante duros los tiempos mejores para la agricultura y la industria. De la nueva ministra del Medio Ambiente no se conoce que piensa en la materia. Es de esperar que su tarea no se remita a permitir ahora sin más las inversiones que dañan el medioambiente y que las mineras Domingas y sus destrucciones de los ecosistemas no sigan campeando en los territorios en los que se explota nuestros recursos naturales.

Finalmente, la proyección del gobierno, en la idea de actuar en un horizonte para la derecha de ocho años, parece haberse depositado por Piñera en la figura de Alfredo Moreno. Se entiende poco que esto pueda ocurrir trasladando a quien preside hoy al gran empresariado corporativo a hacerse cargo del desarrollo social de Chile, en el mismo momento en que se planea rebajar los impuestos a los muy ricos. Será interesante observar qué diseños en la materia se irán evidenciando, si es que existe alguno. Así, en la conformación del gabinete se reconocen rasgos del estilo del presidente electo, que es más bien impulsivo que reposado, más de corto que de largo plazo. Y sobre todo sigue en el aire una pregunta de rigor: ¿volverá a emerger una conducción errática del gobierno frente a las expresiones de la sociedad, que no dejarán de manifestarse de una u otra manera?

miércoles, 27 de diciembre de 2017

2017: el año estelar de la derecha



En el plano político, 2017 será recordado como el año en que el candidado presidencial de la derecha logró ganar una segunda elección presidencial desde la vuelta a la democracia electiva en 1990. Piñera reunió eficazmente al electorado tradicional de su sector, aquel que vota por un candidato de sus ideas cualquiera éste sea, motivado por sus intereses, convicción ideológica y visión de mundo, electorado que no es menor a alrededor de un 40% de los votantes en el Chile de hoy, es decir los sectores de altos ingresos y buena parte de los sectores medios y populares conservadores. Y también logró la adhesión de cerca de un 15% adicional del electorado, constituido por aquel voto fluctuante que no encontró en la candidatura de Guillier una alternativa creíble y/o quiso expresar un voto de protesta frente al desempeño del gobierno en materia de empleo, educación, salud, seguridad y probidad, sin adscribir necesariamente a la derecha y habiendo votado en muchos casos por parlamentarios de otros sectores.

El curriculum de un presidente con amplios conflictos de interés, ex ministros encausados por cohecho y manejo de su fortuna desde paraísos fiscales, que suele no impresionar mucho al electorado de derecha, tampoco impactó al votante fluctuante. Este electorado sin grandes definiciones ideológicas al parecer privilegió la idea de que un gran empresario, aunque tenga eventuales conductas límites desde el punto de vista del interés público, está en mejores condiciones de empujar a la economía y sus intereses cotidianos que un senador independiente que proviene del periodismo con una coalición dividida. En efecto, el hecho que la Nueva Mayoría en el gobierno se presentara al electorado con dos candidaturas y sin primarias, proyectó una imagen de desorden que se agregó a la imagen de debilidad en la gestión de gobierno, más allá de los avances en diversas áreas. El contraste fue grande con una derecha que expresó su diversidad y divisiones, por momento rudas, pero también mostró capacidad de confluir alrededor del candidato común Piñera y del interés de volver al gobierno.

En materia económica, la política seguida por la actual administración no fue capaz de empujar el crecimiento, que fue sistemáticamente inferior al potencial de la economía, mostrando una notoria impericia en la conducción macroeconómica y en la capacidad de diseñar y explicar reformas en las que muchas de las autoridades simplemente no creían y que eran sin embargo indispensables para el propio crecimiento del país a largo plazo y para su cohesión básica. El Banco Central no colaboró mucho, pues como suele hacer reacciona tarde y poco frente al deterioro de la actividad, terminando el 2017 con apenas 1,5% de crecimiento del PIB y una inflación de 1,9% anual, muy por debajo de rango meta de 3%, lo que no tiene mucho sentido desde el punto de vista de su mandato legal, que no es enfriar sistemáticamente la economía en detrimento del empleo y de las condiciones de vida de las mayorías. La consecuencia de esta política deflacionista ha sido un estancamiento del empleo asalariado y crecimientos fluctuantes de las remuneraciones que enfriaron el primer motor de la economía, el consumo. El segundo motor, la inversión, experimentó una fuerte caída desde 2013, empujada por la inversión minera por razones externas y por la construcción por razones internas, la que inexplicablemente no fue compensada con aumentos contracíclicos de la inversión pública, que disminuyó en los dos últimos años. Un déficit fiscal algo más amplio, financiable a bajo costo, habría sostenido una mayor actividad y, con cierta probabilidad, evitado la rebaja de la nota crediticia chilena provocada por el bajo crecimiento. El tercer motor de la economía, las exportaciones netas, sufrió de un contexto externo que no mejoró hasta 2017. Se consagró así una morosidad económica que fue contrastando con una percepción de buen desempeño del empleo y de las remuneraciones en 2010-2013, lo que favoreció mucho a Piñera. Aunque ese desempeño fue empujado por altos precios del cobre y por las políticas fiscales expansivas post crisis de 2009, el ciudadano de a pie no tiene por qué hacer estas disquisiciones: la situación fue mejor en estos aspectos en 2010-2013 que en 2014-2017, sin discusión.

Estaban así reunidos todos los ingredientes para una nueva derrota de la presidenta Bachelet en la proyección de su campo político. Evitarlo requería una atención mayor de su parte hacia los partidos y la representación parlamentaria que en teoría debía apoyarla. Y nombrar ministros en los puestos claves que creyeran en una política fiscal contracíclica y en reformas estructurales de diversificación productiva, de sustentabilidad ambiental y de disminución de la desigualdad. No lo hizo ni en el plano político ni en el económico-social tanto en su primera (recordemos que el neoliberal Andrés Velasco hoy en la derecha fue su ministro de Hacienda) como su segunda administración. Increiblemente, tuvo que sacar del gobierno el año pasado a un ministro del Interior que la desafiaba abiertamente desde posiciones conservadoras y en agosto de este año a todo su equipo económico por una ortodoxia antiambiental inconducente que no daba para más. Por otro lado, pequeños cambios regulatorios demostraron que Chile puede enfrentar una rápida transición energética a bajos costos, en la que sus ministros no creían demasiado, obsesionados con políticas “procrecimiento” que siempre han confundido con políticas que favorezcan las utilidades rentistas de corto plazo de las grandes corporaciones. En política y en economía, en nombre de las astucias, no se puede señalizar para un lado y doblar para el otro sin consecuencias, porque eso termina en el rechazo de los ciudadanos al desorden y la incoherencia que inevitablemente provocan. El hecho que la presidenta no haya avanzado nada en materia constitucional, más allá de unos interesantes debates, y aún no se conozca su proyecto de nueva Constitución a pocas semanas de dejar el cargo, expresa bien esta situación de falta de coherencia entre los dichos y los hechos en temas cruciales de la agenda pública comprometidos por ella misma.

A pesar de la victoria contundente de Sebastián Piñera en la elección presidencial, fue electo por solo el 26,5% de los habilitados para votar, mientras la derecha no triunfó en la elección parlamentaria. Los chilenos que votaron (un 48% de los habilitados) le dieron a Piñera un voto de mayor confianza relativa, pero sin otorgarle los instrumentos legislativos para un gobierno que vuelva atrás, por ejemplo, en el aborto por tres causales, la reforma tributaria y la laboral, por limitadas que sean. O bien el nuevo gobierno de Piñera busca ampliar su arco parlamentario, lo que parece bastante difícil, o bien abandona esas promesas de campaña, como ya lo hizo en parte en materia de gratuidad educacional. Dicho sea de paso, esto no le resultó tan difícil pues la política del gobierno actual terminó en un gigantesco subsidio injustificado a universidades privadas e institutos de calidad cuestionable, con un alto costo fiscal, en vez de haber fortalecido la educación escolar y universitaria pública, que recibirán mucho menos dinero adicional que varias universidades de negocio.

El hecho es que hoy existe una nueva situación político-partidaria. La Fuerza de Mayoría (PS, PPD, PC, PR) obtuvo en la elección de diputados, dato que mide el estado de las adhesiones públicas a los partidos, un 24% de los votos. El Frente Amplio, un 16,5%. Los partidos Progresista y País, un 3,9%. El MAS e Izquierda Ciudadana un 0,4%. Estas expresiones políticas de izquierda sumaron el 45% del electorado participante. Cabe considerar, además, a la emergente Federación Regionalista Verde, con un 1,9% de los votos, y a la Democracia Cristiana, que reunió el 10,3% de los votos. La derecha tradicional (Chile Vamos) obtuvo el 38,7% de los mismos y la neoderecha (Amplitud y Ciudadanos) el 1,6%, sumando un poco más del 40% del voto expresado, con un premio en la representación parlamentaria por haber ido más unida que sus contendores y dada la mecánica levemente mayoritaria de la cifra repartidora con pocos escaños a repartir que es propia del nuevo sistema electoral. En resumen, entre los que participaron en el voto parlamentario, la izquierda es más que la derecha y bordea la mayoría absoluta. El centro tradicional es hoy muy minoritario. Y la abstención sigue siendo la mayoría absoluta…

La principal fuerza parlamentaria son los tres partidos conservadores agrupados en la coalición Chile Vamos, que obtuvieron 72 de los 155 escaños en disputa en la Cámara de Diputados, a 6 de la mayoría absoluta, y 12 senadores de los 23 en disputa. Pero como el Senado se renueva cada 4 años en la mitad de las 15 regiones, sumó 19 senadores de 43, no logrando tampoco la mayoría absoluta. Le sigue la Fuerza de la Mayoría, que eligió 43 diputados (19 de los cuales del Partido Socialista y 8 de cada uno de los tres partidos restantes, el PC, el PPD y el PR) y 7 senadores, sumando 15 miembros de la cámara alta.

No está claro como evolucionará la oposición. Tal vez se contituya de modo permanente el bloque PS-PC-PPD-PR que apoyó a Guillier en primera vuelta, por razones prácticas de elegibilidad futura o bien adicionalmente buscando dotarse de una identidad de izquierda histórica y reformadora, especialmente si la Democracia Cristiana, con sus 14 diputados y 6 senadores, persiste en una proyección propia a la que es difícil que renuncie. Eventualmente este bloque podría llegar a acuerdos de oposición parlamentaria y social con el Frente Amplio, manteniendo una relación de colaboración parlamentaria y política con la DC, con la Federación Regionalista-Verde y el PRO-País. ¿Se unificará la oposición y avanzará a una renovada fuerza de cambio (un “bloque por los cambios”) con un programa creíble de no retroceso en las reformas, de cambio constitucional y de cambios antineoliberales en educación, salud y pensiones y en cobre, litio y pesca?. No lo sabemos, aunque en esta ocasión, gracias a las reformas del financiamiento de campañas aprobadas en el actual gobierno, el peso del poder económico tendrá, en teoría, menos capacidad de influir en la oposición como lo hizo en el primer gobierno de Piñera, y de manera bastante vergonzosa en el caso del royalty minero y la ley de pesca.

Si no se producen transformaciones de las prácticas políticas (con apego a una estricta probidad e independencia del poder económico, rechazo al clientelismo, vuelta a la sociedad para representar sus intereses mayoritarios, vuelta a la centralidad del proyecto de transformación igualitaria, progresista y sustentable), no habrá una renovada fuerza de cambio que prepare una alternancia en cuatro años, ahora sin figuras providenciales. Habrá tal vez acuerdos por arriba, pero sin proyección ni credibilidad. Seguir igual que siempre prolongaría, con alta probabilidad, el predominio de la derecha en los próximos gobiernos. Poner por delante nuevas prácticas políticas tomará un tiempo, pero, como dice un buen amigo, los buenos días se dan en la mañana. No habrá tiempo que perder para el campo progresista.

jueves, 21 de diciembre de 2017

Ganó Piñera, ¿y ahora qué?


Muchos nos estamos preguntando cómo seguir construyendo desde la izquierda luego de la derrota del domingo 17 de diciembre. Quedan en pie en el Parlamento –y más en general en la sociedad– dos grandes bloques, uno que no se reconoce como tal (PS, PPD, PR, PC) porque teme romper los puentes con la DC, aunque la autonomización de esta es ya un hecho de la causa, y que está más o menos dispuesto a colaborar con el Frente Amplio, y este último conglomerado, que no está dispuesto a colaborar mayormente, por el momento, con nadie. Y luego un esbozo interesante de proyecto regionalista-verde y proyectos personalistas alrededor de Marco y de Navarro. Y una DC que tiene que decidir si mantiene su vocación de reforma antioligárquica, que le dio origen en el siglo XX, o prevalece el anticomunismo, que también forma parte de su origen. O sea, un panorama bastante desolador, que es el que explica, junto al mal desempeño del Gobierno, buena parte de la derrota.

¿Como seguir? Las respuestas vendrán de múltiples debates y planteo a continuación una opinión personal –no pertenezco ya a ninguna organización, siguiendo la orientación de Marx (Groucho) según la cual "no quiero pertenecer a ningún club que me acepte como miembro"–. Lo hago aunque los hay a quienes no les gustan las opiniones de personas como el suscrito, porque vienen de "la élite", en este caso de aquel segmento de personas que leen libros y enseñan, o porque tienen una trayectoria política previa: lo siento, nadie es perfecto. Pero lo bueno con las opiniones personales es que no le hacen daño a nadie, salvo un eventual disgusto momentáneo y alguna réplica en las redes sociales. Vamos a lo nuestro.

Primero, es prioritaria la clarificación de las prácticas políticas. Nadie que se diga de izquierda puede tener un átomo de tolerancia con el todo vale en materia de financiamiento ilegal de la política, el lobbismo organizado y menos con el narcotráfico o bien cualquier delincuencia de cuello blanco. Diversos proyectos progresistas han sido acusados interesadamente por la derecha de corruptos, sin ninguna autoridad moral. El problema es que ha habido actos de corrupción, de tráfico de influencias y de financiamiento ilegal de la política, en nuestro caso cuando ya existían dispositivos públicos de financiamiento, y algunos a alto nivel, aunque los haya 50 veces más en la derecha. Ese no es el punto: la credibilidad del proyecto emancipador de la izquierda se derrumba ante el pueblo llano si resulta que somos lo mismo que los partidarios del "todo vale para mantener u obtener dinero y poder".

Esto no puede admitir discusión: en la izquierda no puede haber sino prácticas transparentes en materia de financiamiento de su actividad, y ninguna sujeción al poder del dinero. Si no, para qué ser de izquierda, digo yo, que por definición busca representar al mundo del trabajo y la cultura y a los carentes de poder y capital y no a los dueños de ese poder y capital: es más claro estar en el otro campo de una vez.

Segundo, una extensión de este principio es tener cero tolerancia con el clientelismo político, aquel que consiste no en buscar la adhesión a un proyecto emancipador y de cambio basado en la defensa de valores e intereses colectivos sino en obtener apoyo electoral a cambio de subsidios o favores del Estado o cargos públicos. "Es que la política es así", dirán algunos, tal vez muchos. Pues bien, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Esas adhesiones siempre terminarán migrando hacia los más eficaces en ese terreno y desde luego la derecha y su cultura paternalista de la hacienda. Y nuestro proyecto es el de establecer derechos sociales universales, no perennizar sistemas de reparto de granjerías estatales a poblaciones carenciadas para mantenerlas bajo control.

Tercero, la vuelta a la sociedad. La izquierda tradicional se estatizó en las últimas décadas. Muchos de sus militantes se transformaron en funcionarios públicos –digna profesión, por lo demás, a la que pertenezco como profesor titular de una universidad pública– o en aspirantes a serlo a través de los canales del clientelismo político, tal vez porque entendían que esa era la regla del juego ofrecida. Todo lo cual redundó en la idea del acceso al privilegio como fundamento de la pertenencia a un partido de Gobierno: "¿Qué me ha dado el partido?" se transformó en el leitmotiv, en vez de "¿qué puedo darle al partido?", entendido como espacio organizador de un proyecto colectivo.

Ningún partido debiera, por lo demás, estar en condiciones de repartir cargos públicos en una sociedad democrática basada en el mérito y la inclusión, y no hemos tenido el coraje de reformar el Estado para no hacer de este un botín, como ahora lo será de la derecha. El resultado fue la pérdida de vínculo con la sociedad organizada, como el mundo sindical, con los nuevos movimientos sociales y, más general y peligrosamente, con las nuevas generaciones. Uno de los tantos desafíos del Frente Amplio es no repetir este camino.

Cuarto, la vuelta a la centralidad del proyecto. Se trata de volver a constituir fuerzas con fundamento ideológico y que lo defienden, y no solo programáticas, cuando no pragmáticas. Ya se argumentó: el proyecto de la izquierda es cambiar la sociedad hasta terminar, a través de sucesivas transformaciones, por cambiar de sociedad. Y construir paso a paso una sociedad políticamente democrática, culturalmente abierta y diversa, socialmente justa, económicamente eficaz sobre la base del trabajo y de la reciprocidad, y abierta a la cooperación e integración entre pueblos y naciones.

La discusión en la izquierda sobre el proyecto emancipador suele ser enconada, porque tiende a alinearse con realidades nacionales de poder, como la URSS en el pasado, Cuba y Venezuela más tarde, o con intereses particulares. La izquierda nunca puede ser alineada con o desde los poderes, porque de nuevo pierde su razón de ser, aunque solidarice, coopere o, por último, comprenda otros procesos, en el límite, claro, de no desmentir sus propios valores y su propio proyecto emancipador del dominio de los autoritarismos, del patriarcado y del capital sobre los seres humanos.

Por nuestra parte, pero evidentemente existen muchos otros enfoques a discutir, proponemos recoger las experiencias del siglo XX y sostener que el horizonte del proyecto de la izquierda del siglo XXI sea igualitario, social y ecológico, para hacer posible que nadie deje de ejercer derechos fundamentales en el presente y que las nuevas generaciones puedan disponer de una biosfera que sustente establemente la vida humana en el futuro. Este principio conlleva el cuidado por los bienes públicos y los bienes comunes, junto al objetivo de disminuir sustancialmente las brechas de bienestar entre posiciones sociales e individuos y el acceso universal a umbrales suficientes de bienestar.

El principio de la maximización del interés individual y de la acumulación ilimitada debe y puede ser sustituido por el principio de solidaridad y de ejercicio de derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con la perspectiva de que todos los miembros de la sociedad lleguen a estar dotados de las mismas oportunidades efectivas de prosperar, corrigiendo no solo las desigualdades de participación en la vida colectiva sino también las desigualdades que determinan la inserción social de inicio desde la familia, el género, la orientación sexual, el territorio y los sistemas educativos. Lograr estas nuevas capacidades de inclusión tiene una contrapartida: que todos contribuyan según su capacidad a que los demás prosperen en un contexto de reciprocidad y de cooperación.

La creación de nuevas capacidades productivas, social y ecológicamente sustentables, requiere sostener los servicios ecosistémicos y contener las irreversibilidades ambientales mediante el uso intensivo y democratizado del conocimiento y la planificación de la diversificación productiva en una economía con mercados, pero no de mercado, en una inserción internacional no subordinada, con puentes de cooperación latinoamericana. Solo una economía basada en empresas descentralizadas, dinámicas e innovadoras, y no en las rentas del capital concentrado o de los recursos naturales –que en todo caso deben ser puestas a disposición de la colectividad para la expansión de los bienes públicos–, permitirá la progresiva reducción de las brechas entre posiciones sociales en materia de ingresos, género, pertenencia étnica o estatus.

El principio de solidaridad podrá tener un mayor sustento si progresivamente se acompaña de la expansión del principio de comunidad, entendiendo por tal el que promueve que a las personas les importen los demás y que, siempre que sea necesario y posible, cuiden de ellos y que, además, se preocupen de que a los unos les importen los otros, incluyendo las condiciones en que las nuevas generaciones podrán vivir en el planeta.

jueves, 14 de diciembre de 2017

Cifras que no cuadran

En Voces La Tercera

En la etapa final de la campaña presidencial, los candidatos se han encontrado en el debate televisivo frente a la necesidad de corregir a miembros de sus equipos técnicos. Los equipos técnicos, ya sea en las campañas o en el gobierno, no son los que mandan y los que priorizan. Mandan y priorizan los presidentes, colegislando con el parlamento, que son los que reciben el mandato popular para ejercer la autoridad pública en el marco del Estado de derecho. Esto lo vivieron en carne propia los ministros de Hacienda y Economía en agosto recién pasado, cuando intentaron interponerse en una decisión de la Presidenta de la República y de su Comité de Ministros en materia de asuntos ambientales a propósito de la inversión en la Minera Dominga. Esta inversión presentaba problemas en la preservación de un ecosistema marino y no fue autorizada. Los ministros que quisieron mandar por sobre la Presidenta fueron reemplazados y no pasó nada.

Con los años, se ha agravado una distorsión en Chile. Los economistas ortodoxos tienen una tendencia crecientemente inapropiada y carente de fundamento a creerse dueños de la verdad y a considerar que la dirigencia política no es competente. Y a tildar de populista todo lo que se mueve. Solo ellos no lo serían y se auto-atribuyen una especie de mandato mesiánico de preservación del orden por sobre los demás mortales.

Las realidades económico-sociales son complejas y requieren de miradas multidisciplinarias desde el punto de vista de los saberes y diversas desde el punto de vista de los intereses a considerar, articulando el corto con el largo plazo. El tecnócrata clásico suele ser de mirada limitada y corta. Es cada vez menos capaz de entender la complejidad y de recomendar buenas decisiones de política, es decir que tengan una dirección precisa, pocos efectos colaterales indeseados y consenso suficiente. Aquí, lo supuestamente mejor suele ser enemigo de lo bueno. El gobierno de los expertos o “de los que saben”, alguna vez recomendado por los pensadores griegos clásicos, simplemente no forma parte de los cánones democráticos. Gobiernan en la modernidad democrática aquellos que son elegidos por el pueblo, por períodos delimitados de tiempo, en una dinámica en que la mayoría orienta las decisiones, con contrapesos institucionales que eviten arbitrariedades que conculquen los derechos fundamentales, y con el derecho de las minorías a procurar transformarse en mayoría en la siguiente elección periódica. Los expertos en esto tienen poco que ver. Es un asunto de los ciudadanos y de la sociedad y de las ideas y valores que profesan y de los intereses que sostienen. En democracia todas las materias de la esfera pública son en esencia debatibles y ojalá sean objeto de buenas deliberaciones contradictorias, aunque esto moleste a los espíritus simples y dogmáticos.

Dicho lo anterior, el intento de Sebastián Piñera de aparecer corrigiendo en el debate televisivo a Alejandro Guillier en materia de cifras económicas fue poco ecuánime y arrogante al insistir en la caída del promedio de actividad del año 2009. Alejandro Guillier afirmó que Sebastián Piñera tomó una economía en crecimiento y la dejó en desaceleración. Esto es totalmente cierto: en el tercer y cuarto trimestres de 2009 la economía creció en términos desestacionalizados en un 1,4% en cada período, una muy buena cifra, y se detuvo temporalmente en el primer trimestre de 2010 por el  devastador terremoto, luego de que en los tres trimestres anteriores al segundo semestre de 2009 el PIB desestacionalizado había caído como fruto de la crisis internacional y una reacción tardía de la política monetaria y fiscal. Los primeros tres años del gobierno de Piñera se beneficiaron del plan reactivador de Bachelet en 2009 y del impulso fiscal provocado por el terremoto, junto a un muy buen precio del cobre. En el cuarto trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2014, al terminar el gobierno de Piñera, la economía creció solo en 0,5% y 0,1% en términos desestacionalizados, impactada por el inicio de la caída de la inversión minera a raíz del nuevo ciclo internacional negativo de precios del cobre. A mayor abundamiento, el déficit fiscal efectivo fue -0,5% del PIB, con el correspondiente incremento de los pasivos estatales. Nada de esto fue, a sabiendas, mencionado por Piñera.

Sebastián Piñera hizo en el debate presidencial televisivo, además, un descubrimiento tardío: luego de afirmar que Guillier no tenía programa, ahora no solo el programa existía sino que además lo había estudiado. Y descubierto que valía cuatro veces más que lo calculado por sus autores, poniendo a sus economistas de turno a abundar sobre este intento de construir una post-verdad a última hora, al estilo Trump. El hecho es que el programa de Guillier está dimensionado en 10 mil millones de dólares adicionales en los cuatro años de su eventual gobierno. La condonación de la deuda del CAE y del Fondo Solidario del Crédito Universitario tendría un costo del orden de 250 millones de dólares adicionales por año. Nada que ver con los cuarenta mil millones de dólares literalmente inventados por Piñera y su equipo.

En cambio, lo que todavía nadie explica es desde dónde ni cómo se van a reasignar siete mil millones de dólares del presupuesto para financiar la mitad del programa de Piñera, suponiendo que la otra mitad se la financia el crecimiento. Esto es, adicionalmente, bastante discutible, más aún si se considera el tema de la derogación de la desintegración parcial del impuesto a las utilidades de las empresas respecto del impuesto a la renta de las personas planteado por Piñera en caso de ganar la elección. No nos olvidemos que la reforma tributaria en curso va a aumentar la contribución tributaria del 1% más rico a partir de 2018, como, dicho sea de paso, ha postulado pertinentemente el Frente Amplio. Se trata del corazón de la reforma tributaria de 2015 que Piñera quiere, si llegara a ganar, derogar en beneficio de los más ricos, es decir de él mismo (aunque en realidad eso es bastante relativo porque maneja su fortuna desde paraísos fiscales) y del gran empresariado al que pertenece. Las cifras que no cuadran son las que Piñera ha mencionado para financiar sus promesas. Las que cuadran demasiado bien, de nuevo a lo Trump, son las que permitirían a los más ricos en la sociedad chilena –que lo son bastante y alimentan una de las desigualdades de patrimonio y de ingresos más grandes del mundo, según el Banco Mundial- beneficiarse de rebajas tributarias y de reversiones de la legislación laboral perfectamente injustificadas.