domingo, 22 de octubre de 2017

¿Es China socialista o capitalista?

Publicado en El Mostrador

En estos días, se realiza el 19 congreso del Partido Comunista Chino. El actual liderazgo, encabezado por Xi-Jinping, se propone reforzar la economía y mantener la estabilidad interna en el país continente de más de 1300 millones de habitantes. Xi iniciará su segundo período como gobernante, que incluirá la renovación de una parte importante del liderazgo (con la salida por edad de cinco de los siete miembros del Comité Permanente), lo que prefigurará el relevo de 2022.

China representó el 38% del comercio exterior chileno en 2016. Fue el principal destino de las exportaciones (con un 28%), más que Estados Unidos (con un 14%) y la Unión Europea (con un 13%) juntos. Chile mantiene con China un saldo comercial positivo, lo que pocos países ostentan, de más de 3,8 mil millones de dólares el año pasado.  China compró el 45% del cobre y otros minerales producidos en Chile, lo que refleja una importante progresión desde el 34% de 2012 y el 23% de 2007. Pero también el país asiático es un mercado que sostiene la poca diversificación de nuestra matriz exportadora: las exportaciones distintas del cobre hacia China (básicamente de frutas, vino, salmón y productos forestales) crecieron en 148% entre 2008 y 2016, en la etapa post gran recesión mundial, mientras cayeron en -9,1% hacia el resto del mundo en el mismo período. Chile se convirtió en el mayor proveedor de frutas de China el año pasado, superando a Estados Unidos y Tailandia, mientras ha duplicado sus exportaciones de vino en los últimos tres años.

Así, el destino de buena parte de la futura matriz productiva chilena depende de la dinámica económica y política de China, país del que en Chile sabemos muy poco y respecto del cual, como en tantas otras cosas, simplificamos mucho y nos llenamos de lugares comunes. Desde luego, poco sentido tiene seguir alineando nuestra política exterior a un Estados Unidos cada vez más volcado a una defensa belicosa de sus intereses, alejada de cualquier lógica de multilateralismo, a pesar de representar el 5% de la población, el 15% de la economía y el 50% del gasto militar en el mundo. El futuro de Chile va a requerir de menos seguidismo pro-norteamericano y más de una visión estratégica consolidada de la relación con el Asia y de una articulación más inteligente y activa con América Latina, especialmente con Brasil y Argentina.

En 2015, el PIB a paridad de poder de compra de China pasó a representar un 17,2% del PIB mundial y se constituyó en la mayor economía del mundo, a comparar con solo un 7,5% del total en el año 2000, según los datos del Fondo Monetario Internacional. Superó así a la Unión Europa y su 17,0 % del PIB mundial, que alcanzaba un 23,9% en 2000, siendo éste el espacio de origen de la revolución industrial y hoy un conjunto de 28 naciones y 19 que comparten una moneda única. El sustrato de este proceso es, en parte, de orden demográfico. Europa reunía el 22% de la población mundial en el siglo XIX, en el momento de mayor expansión colonial, cifra similar al peso demográfico actual de China, mientras actualmente Europa solo representa el 7% de la población mundial. Por su parte, el PIB de Estados Unidos representó en 2015 solo un 15,9% de la economía mundial, a comparar con un 20,9% en el año 2000. El más reciente y sustancial crecimiento asiático (primero de Japón en la posguerra, luego de Corea, Taiwán, Singapur y Hong-Kong en los sesenta y setenta y más tarde de China, India, Indonesia y diversos otros países asiáticos de ingresos bajos) ha tendido a disminuir las brechas económicas de esos países con Occidente, en contraste con el crecimiento más lento de América Latina y África.

La muy sui generis e influyente evolución de China lleva a preguntarse: ¿cuan socialista sigue siendo el país de Mao? La expansión de sus mercados y la transformación en potencia exportadora global, han hecho de la China urbana actual una sociedad de ingresos medios -que es la que está empujando las importaciones desde Chile en materia de alimentos y de cobre para la vivienda y la manufactura- y sacado a cientos de millones de chinos de las áreas rurales de la pobreza.
El cambio en el equilibrio del poder económico mundial es profundo. China ha ido consolidando un crecimiento de menos intensidad que el de 1991-2007, período en el que creció al 11% al año, es decir uno que se situó en 7-8% promedio entre 2012 y 2016 y un 6,9% el año pasado, gracias a fuertes medidas de estímulo monetario y fiscal, aunque ha aumentado la preocupación por la estabilidad financiera. Este crecimiento ha estado menos empujado por las exportaciones y por el gigantesco esfuerzo de inversión del orden de 40% del PIB cada año. Este le cambió la cara a China, que cuenta hoy con impresionantes infraestructuras, incluyendo la construcción de centenares de nuevas ciudades (el 50% de la población es aún rural), trenes de alta velocidad en grandes distancias y megapuertos y aeropuertos, fruto de un amplio esfuerzo de planificación territorial desde las 22 provincias y 5 regiones autónomas chinas. El consumo ha ido adquiriendo planificadamente un rol más significativo en la dinámica económica, lo que el actual liderazgo se propone reforzar.

La transición a una economía mixta se origina en la llegada al poder de Deng Xiaoping en 1978, que abrió la etapa de la reforma de la economía centralizada -que Mao había copiado de Stalin al tomar el poder en 1949- después de los enormes sacrificios provocados por el Gran Salto Adelante de 1958-61 y la Revolución Cultural de 1966. La planificación central maoísta incluyó extraer de manera autoritaria excedentes de la poco moderna producción campesina para sostener el poder del Estado, puesto en peligro desde el siglo XIX por Occidente y Japón, y más tarde por la URSS, incluyendo la fabricación de armas nucleares a partir de 1964, y crear una industria incipiente. Las reformas de Deng no desmantelaron los mecanismos de planificación global (se mantienen hasta la actualidad los planes quinquenales) pero introdujeron, en primer lugar, mercados rurales y autorizaron el uso familiar de la tierra, aunque conservando su propiedad pública. En segundo lugar, permitieron la inversión extranjera mixta orientada a la exportación industrial, incluyendo procesos de aprendizaje acelerado desde la manufactura de bienes simples de bajo costo hasta el incremento progresivo de la complejidad industrial autónoma en los sectores de la electrónica, automotor, aeronáutico, satelital, informático, de máquinas-herramientas y en general en toda la gama de la manufactura moderna, en el más gigantesco proceso de sustitución de importaciones y de crecimiento exportador simultáneo que conozca la economía moderna.

La transformación de China a través de la aceleración del crecimiento desde 1980, incluyendo la inversión extranjera selectiva y controlada y la autonomización y privatización de muchas empresas, pero conservando el control estatal de las áreas estratégicas, ha sido uno de los fenómenos más notables de la historia económica por su velocidad y extensión. La urbanización y la transformación de China está ocurriendo a una escala 100 veces superior a la del Reino Unido, el primer país en urbanizarse e industrializarse, y a alrededor de 10 veces su velocidad, por lo que la revolución industrial china tiene 1.000 veces el impulso que ostentó en su momento la revolución industrial británica.

La muy sui generis e influyente evolución de China lleva a preguntarse: ¿cuan socialista sigue siendo el país de Mao? La expansión de sus mercados y la transformación en potencia exportadora global, han hecho de la China urbana actual una sociedad de ingresos medios -que es la que está empujando las importaciones desde Chile en materia de alimentos y de cobre para la vivienda y la manufactura- y sacado a cientos de millones de chinos de las áreas rurales de la pobreza. El régimen de partido único, que ha logrado un sistema de renovación de sus liderazgos cada diez años de gran estabilidad luego de las agudas luchas internas de la época maoísta, sigue considerándose socialista. Desde 1992 el gobierno chino denomina la suya como una “economía de mercado socialista”.

Siguiendo los criterios de Barry Naughton ("Is China Socialist?" Journal of Economic Perspectives, 1, 2017), su respuesta es parcialmente afirmativa. Este autor parte de la constatación de que “no existe una definición generalmente aceptada de ‘socialismo’ y no parece tener mucho sentido argumentar si una realidad compleja coincide con una simple y arbitrariamente definida etiqueta”, por lo que avanza “cuatro características que están relacionadas de modo plausible a un amplio rango de concepciones del socialismo, es decir hablamos de características descriptivas del socialismo antes que de ´modelos’”. Estas son, primero, la capacidad de moldear los resultados económicos, es decir de controlar los flujos de activos e ingresos a través de la imposición y la autoridad regulatoria, antes que la clásica “propiedad estatal de los medios de producción”.

Segundo, las intenciones de hacerlo, pues un gobierno socialista se entiende debe proponerse moldear la economía para obtener resultados que sean diferentes de los que produciría un mercado no intervenido. Tercero, la orientación a la redistribución, dado que un gobierno socialista típicamente se justifica a sí mismo en tanto beneficia a los ciudadanos de menos ingresos, por lo que parece natural buscar evidencia sobre el éxito de las políticas en materia de crecimiento inclusivo, seguridad social y redistribución a favor de los pobres. Cuarto, un gobierno socialista debe disponer de algún mecanismo, a través del cual el grueso de la población pueda influenciar la política económica y social, y que la política muestre al menos alguna capacidad parcial de respuesta a las cambiantes preferencias de la mayoría de la sociedad.

Naughton evalúa que la economía de China es hoy muy distinta tanto de la de comando de hace 40 años como de la economía de “capitalismo salvaje” de hace 20 años. Diagnostica que el gobierno tiene en China mucha más influencia que en virtualmente cualquier economía avanzada o de ingresos medios, pues las empresas y bancos estatales son predominantes y los planes quinquenales orientan la economía interna y externamente. Calcula que en 2015 el gobierno controlaba un 38% de los recursos de la economía, directa o indirectamente, aunque solo el 12% del empleo estaba en empresas estatales. El gobierno controlaba el 39% de los activos industriales en 2014, el 85% de los activos bancarios, el conjunto del sector de telecomunicaciones y transportes y lo fundamental de los servicios de educación y científico-tecnológicos. Sectores como el petróleo y el gas están estructurados para generar rentas monopólicas y el gobierno ha mantenido el control de la totalidad de la tierra y de casi todas las instituciones financieras, así como el manejo del nivel del tipo de cambio.

En materia de condiciones de vida, el crecimiento más alto por más tiempo para más gente en la historia humana ha significado que el ingreso promedio de 2014 sea 20 veces mayor que el de 1978, mientras el Índice de Desarrollo Humano, que incluye logros en materia de ingresos, educación y salud, sitúa a China en 2015 en el rango de países de desarrollo humano “alto” (0.74) y no ya el rango “bajo” (0.42) de 1980. En cambio, la distribución del ingreso se deterioró, pasando China de ser una de las sociedades altamente pobladas más igualitarias del mundo a una desigual (con un coeficiente de Gini –mientras más cerca de 100 más desigual la distribución del ingreso- de 42.2 en 2010-2015, a comparar con el de 41.1 de Estados Unidos y el 51.5 de Brasil, por ejemplo, o bien con un coeficiente de Palma –la relación entre el 10% más rico y el 40% más pobre, que mientras más baja es refleja una menor desigualdad- de 2.5 para China, 2.0 para Estados Unidos y 3.1 para Brasil, según los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Por su parte, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, la reducción del número absoluto de pobres entre 1981 y 2010 representó el 95% de la reducción en el mundo, medida la pobreza con la tradicional línea monetaria de menos de $1.90 al día por persona a paridad de poder de compra de 2011. Desde 1986, China desarrolla una política activa de identificación de las comunas pobres, a un cuarto de las cuales realiza transferencias para el desarrollo económico, la infraestructura y la alimentación, y les otorga préstamos subsidiados. Las transferencias monetarias directas a las personas pobres abarcan unos 70 millones de personas, pero con prestaciones bajas. El impuesto a los ingresos personales representa solo un 1,3% del PIB, por lo que el sistema redistributivo de impuestos-transferencias es de baja intensidad, con una fuerte diferenciación entre los residentes urbanos y los rurales.

En los últimos años han aumentado los esfuerzos de ampliación de la seguridad social en salud y pensiones en el mundo rural y los migrantes, donde las reformas de Deng las habían prácticamente desmantelado. La provisión de bienes públicos y de infraestructuras ha beneficiado a amplios segmentos de la población, pero existen altos niveles de contaminación por el hecho de haberse transformado China en la gran factoría del mundo al terminar el siglo XX, lo que se explica por menores salarios que los de Occidente, alta disciplina y capacidad laboral y bajos controles ambientales.

Siguiendo los criterios de Naughton, se concluye que la disponibilidad para responder las preferencias de la población es bastante escasa, en el contexto de un sistema unipartidista políticamente centralizado, con presencia de grupos de interés de desigual poder en la estructura burocrática y con prácticas de corrupción denunciadas por el propio liderazgo político. Según Wang Qishan, el responsable del organismo oficial que investiga los casos de corrupción, el Partido Comunista chino tiene "unos conceptos tenues, una organización laxa, una disciplina blanda, una gobernanza débil y una cultura política malsana" (El País, 18 de julio de 2017).

En suma, concluye Naughton, “China satisface en la actualidad nuestros dos primeros criterios: el gobierno tiene la capacidad y la intención de moldear los resultados económicos. En el tercer y cuarto de nuestros criterios –redistribución y responsiveness- China los satisface menos altamente que los primeros dos”.

La evolución de China desde los años 1980 es un caso particular de transición desde una economía centralizada rural y pobre con pocos enclaves industriales a una economía mixta con sello propio, con un excepcional dinamismo industrial y, al menos hasta la primera década del siglo XXI, con un crecimiento posterior de menor magnitud pero que se cuenta entre los más altos del mundo en la actualidad. En el modelo chino de sociedad permanecen las capacidades estatales de determinar las orientaciones económicas, pero con una redistribución aún débil frente al aumento de las desigualdades, la que está llamada a ampliarse, especialmente si los nuevos sectores incorporados a la vida urbana reclaman más democracia, régimen político que China no ha conocido nunca en su historia, signada por la estabilidad de solo cuatro dinastías durante mil años hasta 1911.

En ámbitos como la regulación macroeconómica, la política industrial, la planificación urbana y territorial y la seguridad social, esas capacidades se han fortalecido en el período reciente, alejándose antes que acercándose del capitalismo desregulado que los neoliberales de unos y otros sectores políticos pretenden erróneamente perpetuar en Chile como si fuera el único modelo posible. El futuro pertenece a economías mixtas dinámicas e inclusivas basadas en más y mejores capacidades humanas, en la innovación y en regulaciones públicas fuertes y pertinentes, factores que constituyen las bases sociales de la igualdad efectiva de oportunidades y de derechos a la que aspiran la mayor parte de las sociedades modernas.

Por el momento, y no parece que esto se vaya a modificar por largo tiempo, no es en Estados Unidos o en Europa donde Chile ha anclado al iniciarse el siglo XXI su dinámica productiva exportadora, sino en la China post-maoísta, de la que tal vez debiéramos aprender en materia de política económica.

viernes, 20 de octubre de 2017

El programa económico de Sebastián Piñera

Publicado en Voces La Tercera

Hay preguntas que son fundamentales a la hora de evaluar la orientación de los programas presidenciales en materia económica: ¿se considera a la economía como un medio para alcanzar ciertos objetivos de bienestar o como un fin en sí misma?; ¿el crecimiento, a quién debe beneficiar? A esas preguntas el programa económico de Sebastián Piñera, dado a conocer el 18 de octubre, contesta por escrito en parte de manera “no tradicional” para su sector político. Este siempre ha considerado al crecimiento de la economía como un fin que se sobrepone a cualquier otro en la acción gubernamental, al punto que la mayoría de sus partidarios justifica hasta el día de hoy una dictadura de 17 años “porque hizo crecer la economía”, expresando su desdén por la democracia y los derechos fundamentales, que son valores que debieran ser muy preciados en sí mismos por todos. Dicho sea de paso, reiteremos que lo del mayor crecimiento no es cierto, pues la economía creció menos en 1974-89 (3,47% promedio anual) que en 1950-1973 (3,78%) y mucho menos que en 1990-2016 (4,82%).

En esta ocasión, el programa piñerista sostiene que su propósito es iniciar una “Segunda Transición hacia un país verdaderamente desarrollado y con alta calidad de vida para todos”, dejando de lado el discurso unívocamente centrado en el crecimiento del PIB por habitante, Y también la teoría del chorreo, según la cual lo que importa es que todos aumenten sus ingresos, aunque los poseedores del capital lo hagan mucho más que los otros miembros de la sociedad, por lo que la distribución del ingreso no sería demasiado importante. Incluso, el texto de la campaña menciona expresamente que se propone “que Chile alcance un alto nivel de desarrollo humano” y mejorar “sustantivamente la distribución del ingreso”.

Sólo que las costumbres son difíciles de dejar de lado. En su conferencia de prensa, Sebastián Piñera no pudo dejar de decir, más allá de la nueva retórica “progre” de su programa escrito (onusista, diría Eugenio Tironi), que de lo que se trata “es que al año 2025 Chile sea un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades y seguridades para todos”. En realidad, él y su equipo siguen pensando no en el bienestar efectivo de la mayoría social sino en el viejo PIB por habitante como madre de todas las batallas, cuya expansión proveería “las oportunidades para todos” y se obtendría mediante seguridad jurídica y reglas del juego estables. En castellano, reglas protectoras de los intereses del capital corporativo que ojalá sean inamovibles, sin consideración de sus consecuencias sociales y ambientales. Sigue existiendo una visión que no se compromete con mayor igualdad efectiva ni con mayores derechos que la mayor prosperidad prometida pudiera sustentar. Las palabras “derechos sociales” o bien “sustentabilidad ambiental” no están ni en la versión escrita ni en la oral de su programa. Y si bien se escribe que el crecimiento es condición necesaria pero no suficiente del desarrollo, acto seguido no se hace referencia alguna a ambos aspectos, salvo para proponer medidas de desregulación laboral o ambiental. 

La referencia esencial al PIB por habitante como medida canónica del desarrollo sigue presente. Ya el 4 de noviembre de 2010, como presidente, Piñera había presentado una agenda “para que Chile sea un país desarrollado en el 2018”. Y dado que las élites dominantes chilenas son lo que son, incluso se llegó a plantear la ridícula idea de que si alcanzábamos en algún momento el PIB por habitante de Portugal (el más bajo de la OCDE antes de la crisis), entonces ya seríamos un país desarrollado. Y nada de estar considerando indicadores de cohesión social a conseguir ni de umbrales universales de bienestar a alcanzar. El esfuerzo por ampliar la retórica (¿pensando en la segunda vuelta y buscando votos más allá de la derecha?) no es en realidad una nueva visión conceptual, sino lo mismo de siempre. Dicho sea de paso, el PIB por habitante de Chile es en 2016 de 24,1 mil dólares y el de Portugal de 28,9 mil dólares. La brecha pasó de 0, 7 a 0,8 desde 2010, lo que no quiere decir gran cosa en materia de bienestar comparado de ambas sociedades, en especial en el terreno de la educación, los derechos sociales y la desigualdad de ingresos.

Tampoco se cambian los estilos, empezando por la costumbre de la descalificación fácil. En el programa escrito de Piñera se presenta un negro panorama económico de supuesta decadencia de Chile en solo tres años, la que necesitaría de un mesiánico salvador (él mismo). Promete Piñera que mágicamente, en un hipotético nuevo gobierno suyo, se va a duplicar el crecimiento del PIB en comparación al de la actual administración. Nadie puede racionalmente sostener semejante previsión: los que tanto critican el populismo están cayendo en la promesa de carácter insustancial sin ruborizarse. Se podrá comprometer esfuerzos para acelerar el crecimiento, lo que tampoco es el caso, y estaría muy bien. Pero prometer duplicar la tasa de crecimiento de la economía no es más que una nueva pirueta de Piñera. La dinámica económica es reconocidamente multifactorial y crecientemente incierta en un mundo en el que los riesgos de crisis políticas, económicas y ambientales son mayores que en el pasado reciente, lo que debiera llevar a más prudencia en lo que se promete o pronostica.

Es cierto que la economía mundial está mejorando en el corto plazo y, cualquiera sea el nuevo gobierno, el crecimiento de Chile se va a robustecer, en lo que más o menos todo el mundo coincide. Y los que miran los datos no dejan de reconocer el enorme impacto en la inversión agregada del colapso de la inversión minera desde 2013, lo que ciertamente no hace el programa de Piñera. La inversión minera va ahora a repuntar, pero en proporciones que desconocemos.

Por nuestra parte, sugerimos que, más que otros indicadores, se considere para evaluar a un gobierno en materia de crecimiento si se van cerrando o no las brechas con los países más ricos. En el promedio de los cuatro años del gobierno de Piñera (2010-13), el PIB por habitante de Chile representó el 47,7% del PIB por habitante del Grupo de los siete países de más ingresos (G7), mientras en los tres años transcurridos del gobierno de Bachelet II (2014-16) la proporción ha sido en promedio de 49,3%, según los más recientes datos del Fondo Monetario Internacional. Si se compara el PIB por habitante de Chile con el de Estados Unidos, la mejoría es semejante, pasando de 41,2% a 42,0% del mismo entre ambos períodos. Visto desde el ángulo mencionado, no se puede sino afirmar que ha habido una leve mejoría en el cierre de brechas. Quien escribe estas líneas ha sostenido que la política económica de Rodrigo Valdés-Rodrigo Vergara (futuro ministro de Hacienda de Piñera, al parecer) no fue suficientemente contracíclica y que se podría haber crecido más sin desequilibrar la economía. Pero de ahí al apocalipsis descrito en el programa de Piñera hay varios saltos en el aire.

Más allá de la retórica, Piñera no propone nada concreto para acelerar el crecimiento, salvo no hacer un ajuste fiscal brusco, pues plantea un horizonte de nada menos que de seis a ocho años para alcanzar un equilibrio fiscal estructural (¡en dos gobiernos más!). Lo que, por otro lado, es más bien razonable, dados los márgenes fiscales de los que dispone la economía chilena y que deben usarse para un mayor crecimiento, en especial aumentando la inversión pública. Solo que se promete una política fiscal más laxa que la del actual gobierno, lo que no da para la afirmación rimbombante de que “se ha deteriorado fuertemente la responsabilidad fiscal”. El problema ha sido que Chile ha crecido menos que su potencial, y recaudado menos, entre otras cosas por los dos años seguidos de caída programada de la inversión pública por Rodrigo Valdés y por la ausencia de impulso monetario para impedir, entre otras cosas, la caída de la construcción, programada por Rodrigo Vergara.

En el programa económico de Piñera hay sobre todo más de lo de siempre desde la perspectiva de la derecha. En primer lugar, nuevos regalos fiscales a los más ricos, retrocediendo en la desintegración parcial del impuesto a las utilidades de las empresas y del impuesto a la renta (recordemos que en Estados Unidos y Europa la desintegración es total). En segundo lugar, “posibilitar los pactos individuales de adaptabilidad laboral” y “perfeccionar los vacíos y problemas de la reforma laboral (grupos negociadores y definición de servicios mínimos)”, es decir, en castellano, debilitar aún más la negociación colectiva y a los sindicatos. Y ni hablar de la mantención cabal del sistema de AFP y el de Isapres, junto a paralizar los avances en gratuidad educacional, que tanto alivio podría proporcionar a los sectores medios y estímulos a la prosperidad colectiva en el largo plazo. En lo sustancial, Sebastián Piñera no propone nada que disminuya las severas brechas de bienestar que existen en Chile ni disminuir la depredación ambiental ni la falta de innovación, aunque el lenguaje utilizado por escrito procure acercarse algo a la idea de prosperidad compartida y sustentable, que es a la cual Chile debiera avanzar.

jueves, 5 de octubre de 2017

La gesta del “NO”


El 5 de octubre de 1988 fue obra de millones. De todos los que se atrevieron. Obra de cada uno de los que fueron a votar que NO, tal vez con miedo o con escepticismo. O con entusiasmo. O con todos esos sentimientos mezclados. Miedo físico, por eventuales represalias, o temor político, por la incertidumbre frente a un eventual fraude y el recrudecimiento del escenario de confrontación en que vivía el país. Y con el entusiasmo de los que creen que las gestas colectivas son posibles, o al menos merece la pena intentar realizarlas y participar en ellas, aunque su resultado sea incierto. 

El 5 de octubre fue obra de las decenas de miles de apoderados o simples testigos que vigilaron tenazmente que los votos fueran contados correctamente. De los miles que anotaron el resultado de cada mesa en las boletas distribuidas de Arica a Punta Arenas por el Comando del NO, en un gigantesco esfuerzo militante en base a voluntad y tesón. De los que transcribían los resultados a las planillas de alguno de los mil recintos de votación. De los que las trasladaban físicamente, los “chasquis”, a los 24 centros de acopio instalados en toda nuestra loca geografía. De los que las transmitían por fax, no sin dificultades técnicas variadas, a los cuatro centros ocultos montados en Santiago. De los que recibían y de los que trasladaban las copias físicamente a la sede central de la Alameda. De los que las digitaban en los computadores y de los que sumaban las copias a mano en el procedimiento de respaldo. De los que informaban, hacia Chile y hacia afuera. De los que apoyaban desde el exterior. De los que organizaban todo esto, en diversidad y trabajo conjunto. De los que dirigían y actuaban para que el triunfo fuera reconocido, para lo cual se había organizado durante casi un año el recuento voto a voto, mesa a mesa. Fue una gesta colectiva (si, esas cosas existen). No es apropiable por nadie en particular. Y ciertamente no por publicistas que hacen su propia publicidad, y en ocasiones desde posiciones políticas distintas pero en lógica de cofradía, como es el caso de la película NO del hijo del senador UDI Larraín, que recogiendo imágenes emocionantes, circunscribe decepcionantemente para los que lo conocimos y vivimos por dentro el proceso del 5 de octubre de 1988 a una suerte de lucha entre publicistas. 

El proceso del NO fue auténticamente la gesta épica y colectiva de todos los que participaron en derrotar políticamente a una dictadura, que por definición fueron multitudes, en parte organizadas y en todo caso motivadas de larga data. Y con militantes y dirigentes políticos democráticos en el corazón del proceso, tan denostados por los de siempre, y también en la película NO, en que aparecen falsamente estereotipados en calidad de tontorrones, pero que en realidad pusieron toda su inteligencia, flexibilidad y capacidad de dirección y dejaron el alma en el esfuerzo. Cada uno con sus razones y emociones.

5 de octubre de 1988. Nueve de la mañana. Salgo a votar por primera vez. A cada cual le toca lo que le toca: en mi caso, votar por primera vez… en una situación de dictadura. Paradojas de la vida. En marzo de 1973, para la última elección en la democracia previa al golpe de 1973, tenía quince años. Pinochet no solo instauró un régimen de terror, sino uno que se propuso rediseñar el país, siguiendo el ejemplo de Franco en España. Pero la tradición legalista chilena, junto a la voluntad dictatorial de consagrar cambios irreversibles en la limitación tanto del pluralismo político como de la expresión de la soberanía popular, llevó al pinochetismo a escribir primero unas espúreas “Actas Constitucionales” y más tarde una nueva constitución autoritaria, que entendía debía someter a plebiscito para otorgarle alguna legitimidad, aunque sin los quemados registros electorales ni condiciones de debate contradictorio efectivo, lo que hizo en marzo de 1980, obteniendo un 70% de supuesta aprobación. Lo propio había ocurrido con la constitución de 1925, bastante más decente, pero que Arturo Alessandri hizo redactar por un grupo de afines y luego plebiscitar. En los artículos transitorios de la de 1980 se establecía originalmente que el presidente en ejercicio, Pinochet, seguiría ocupando el cargo por 16 años más, aunque limitado al cabo de 8 años por un parlamento parcialmente electo, con exclusiones ideológicas y con sede fuera de la capital. Parece ser que al interior del régimen se observó, además, que para que la prolongación de la dictadura no fuese tan burda, parecía necesario un nuevo plebiscito ratificatorio a mitad de camino, es decir en 1988… 

Así, el 5 de octubre de 1988 debo evitar ser retenido como vocal de mesa, como contempla tradicionalmente la ley chilena. Debo evitarlo, porque estoy a cargo del sistema de recuento de votos de la oposición democrática. He trabajado con dedicación por años, en el exilio y desde mi vuelta a Chile a fines de 1980, primero en la renovación de la izquierda, en la conquista progresiva de espacios públicos semilegales o legales y en las protestas populares arriesgando el pellejo y luego intensamente para llegar a este momento. No sé que va ocurrir. Le doy un beso inquieto a mi mujer y a mi hijo de dos años. Pienso: se trata de permitirle a él un futuro distinto. Aún con un eventual riesgo personal y pasara lo que tuviera que pasar. Corazón apretado, mañana asoleada. Camino desde mi casa en Nuñoa hasta un Liceo donde me tocaba votar, con mi tarjeta de inscripción en el bolsillo. Hago la cola y observo que hay gente más bien de cierta edad, perfil propio de la comuna, todos con aspecto reconcentrado, nadie comentaba nada, y las cosas ocurrían de manera ordenada: se expresaba ahí la memoria histórica de tantos eventos electorales, en este caso del típico chileno medio, y la tensión de un momento histórico en que se jugaba el futuro del país. Voté, no sin emoción, en la cámara secreta, y deposité mi voto en la urna. ¿Lograríamos llegar a puerto? 

Salí con el dedo entintado. Recordé las múltiples conversaciones con Juan Ignacio García, el director del Servicio Electoral. Era un funcionario de larga data de la institución, la que durante largos años no sirvió para nada. Si había permanecido en ella y era ahora su director, debía ser una persona de confianza de los militares. Era, además, el hermano de un reciente ex ministro del Interior de Pinochet. Un amigo DC me había advertido que fue cómplice de la quema de los registros electorales en la primera etapa de la dictadura, cuando ésta quiso dejar en claro, si no lo era ya lo suficiente, que ilegalizaba los partidos políticos y destruía físicamente el instrumento practico del pronunciamiento ciudadano porque su voluntad era permanecer en el poder indefinidamente. Sin embargo, cuando le pedimos audiencia los que éramos responsables de la legalización de un partido instrumental en 1986, que denominamos Partido Por la Democracia, fue muy amable al indicarnos los procedimientos. Yo tenía la duda, por ejemplo, sobre si al firmar las personas su ficha para inscribir a este partido instrumental que nos permitiría beneficiar de los mecanismos de control del plebiscito que la ley prevé debía cada quien hacerlo delante un notario o bastaba con que presentáramos la firma de éste al entregar las fichas al Servicio Electoral para su registro y validación. En el primer caso, el proceso de inscripción sería poco menos que imposible en los plazos y en las condiciones existentes. Nos dijo, a su manera, que procediéramos, dando a entender que el no objetaría las fichas que le presentásemos, al menos por esa razón. A partir de ese momento, Juan Ignacio García se transformó a nuestros ojos en un interlocutor serio que no pondría obstáculos al menos personales al intento de redemocratización del país.

El asunto del recuento paralelo de los votos nació de la idea que, dado el desgaste de la estrategia de desobediencia civil iniciada en 1983 mediante las protestas, valía la pena intentar ganarle el plebiscito de 1988 a Pinochet. El escenario no era el mejor (posibilidad de fraude, ausencia de garantías) pero muchos pensamos en ese momento que podíamos controlar o por lo menos dificultar fuertemente esa posibilidad de fraude. Después de todo, los filipinos y los uruguayos habían logrado algo parecido. El cuadro político estaba confuso, los socialistas "renovados" nos habíamos salido de la Alianza Democrática para buscar una alianza más amplia, y a nuestra izquierda parte del PS, el PC y el FPMR-A intentaban una estrategia insurreccional (que muchos considerábamos tal vez legítima pero inconducente y errada).

Se armaron hacia 1987 el Comité Operativo de Partidos por las Elecciones Libres y el Comité de Izquierda por Elecciones Libres, con gente de la DC y de la izquierda no comunista, y en ese contexto un "Comité Técnico" unitario, con Genaro Arriagada a la cabeza, que después fue formalizado con apoyo institucional al crearse la Concertación el 2 de febrero de 1988. Nos pusimos a trabajar un grupo más bien reducido sobre los aspectos prácticos del plebiscito y Genaro supo animar un ambiente creativo, unitario pero con representatividad partidaria (yo mismo era de la dirección del PS que dirigía Ricardo Núñez), reuniendo talentos variados para con discreción preparar una estrategia coherente de enfrentamiento de la dictadura en las urnas. Esto sonaba bastante audaz en el contexto de la época y (casi) todos nos miraban con completo escepticismo y algo, en ocasiones, de sorna por lo "iluso" del intento.

Un día de fines de 1987, en la Editorial Aconcagua donde Genaro Arriagada tenía sus oficinas, me dice al salir de una sala de reuniones y pasando yo por el pasilllo: “tienes que hacerte cargo del control de la votación”. Yo lo miré con cara de sorpresa y creo haberle respondido algo así como que no tenía ni la menor idea de cómo se podía hacer eso, pues yo no había siquiera votado nunca. Me contestó que se necesitaba a alguien del equipo que habíamos formado para que empujara el tema, que habían hablado entre varios y que no había muchas más personas que yo para hacerse cargo de ese asunto. Así es que le dije: “bueno ya, será”, un tanto desconcertado e....inquieto. Con mis 30 años y después de los variados y en ocasiones bastante azarosos avatares vividos desde el año 1972 en que me involucré en política (luchas estudiantiles secundarias, golpe, exilio, retorno, protestas en la calle, críticas políticas y económicas a la dictadura en los espacios que se iban conquistando, elaboración de ideas en el contexto de la articulación de alianzas en la izquierda y con la DC desde 1983) no me pareció que pudiera negarme y que había que intentarlo. Es cierto que tampoco éramos muchos en la izquierda los que estábamos en la estrategia de derrotar a la dictadura en el plebiscito. En mi partido me apoyaron en el tema. Después de mi militancia en el MIR entre 1972 y 1976 y mi posterior etapa de independiente socialista, me había incorporado en 1985 al PS dirigido por Briones, luego por Núñez y después por Arrate.

Me instalé en las oficinas de la Editorial Aconcagua y más tarde en las del Comando del NO en Alameda con Lastarria. Me acerqué a los jóvenes de la FECH de entonces, encabezados por Germán Quintana, que era de la JDC, y a gente de todos los colores para armar un equipo a la altura de las circunstancias y la complejidad de la tarea. Es cierto que la DC quiso armar un trabajo propio de partido, y en el PPD Jorge Schaulsohn y otros otro tanto, pero yo mismo propuse que no nos complicáramos e inventamos aquello de la línea N y la línea O, en la idea que se complementaran. La influencia en el PPD –que contribuí a formar- me permitió mantener bajo control, no sin incidentes, incluso el 5 de octubre, los sectarismos de algunos. En nuestra línea trabajó gente de todos los partidos, con el apoyo tácito de la propia directiva DC, y explícito de su Secretario Nacional Gutemberg Martínez, lo que yo valoré porque fue una expresión de confianza unitaria. Y también lo hizo con gran disciplina y capacidad organizativa la gente del PS Almeyda.

Me puse a averiguar cómo se podía hacer esta tarea. En el diseño nos ayudó Glenn Cowan y parte del equipo de la consultora Sawyer&Miller que nos apoyaban con el National Democratic Institute de Estados Unidos, quienes nos trasladaron su amplia experiencia en estas lides, lo que se agradeció muchísimo. Pero básicamente los diseños los hicieron jóvenes ingenieros chilenos encabezados por Germán Quintana, Didier de Saint Pierre, Hernán Saavedra, Maurice Saintard, Carlos Alvarez, Aldo Signorelli, Guillermo Díaz y decenas de profesionales, como Raimundo Beca, Alberto Urquiza, Enrique Dávila, Marcelo Leseigneur, con la ayuda en el análisis de datos de Jorge Navarrete, Joaquín Vial, Patricio Meller y tantos otros que hicieron un trabajo enorme en un muy breve período de tiempo para recolectar, procesar y analizar millones de votos distribuidos en 22 mil mesas, y a los que la democracia chilena debe mucho en un momento que fue crítico para reencaminar la historia del país por una senda más civilizada.

Partí entonces el 5 de octubre en la mañana con el dedo entintado al Comando del NO, en Alameda esquina de la calle Lastarria, en un lugar central y visible de la ciudad, a pasos del edificio Diego Portales en el que estaba el centro de prensa instalado por la dictadura. La primera emoción fuerte fue a mediodía cuando Raimundo Beca me hizo llegar los datos de la primera evaluación del sistema de encuestas a boca de urna que una consultora francesa nos había ayudado a montar, y que nos anunciaba una victoria de 60-40, y que no dimos a la publicidad porque no tendría credibilidad por la falta de experiencia previa con el instrumento en Chile. Se lo comuniqué de inmediato a Ricardo Lagos, que tuvo una expresión de alivio. Tuve, por mi parte, la sensación de que el sistema nuestro, luego de ese primer peldaño, y con todas sus variantes y respaldos nos iba a proveer la información que necesitábamos para defender el resultado del plebiscito que nuestras encuestas (y que conocía muy de cerca porque había trabajado en ellas con el grupo CIS, con Carlos Vergara, Javier Martínez, Eugenio Tironi, Juan Gabriel Valdés, Eugenia Weinstein, entre otros) nos daban por ganado. 

La noche anterior al 5 de octubre, en cambio, al producirse un apagón, no nos había funcionado el sistema de respaldo de energía eléctrica que habíamos previsto para esa eventualidad. Con Germán Quintana y Hernán Saavedra, ambos ingenieros eléctricos, y el resto del equipo nos sentamos en unos sillones a oscuras, con el ánimo por los suelos. Respiramos hondo unos segundos, y de nuevo a trabajar para ver como reparar el tema. En todo caso, Alberto Urquiza había coordinado con gente del Colegio de Contadores un numeroso grupo de profesionales que, con velas y papel, además de máquinas de calcular manuales, llevarían un recuento de respaldo, que el 5 de octubre funcionó muy bien.

La segunda emoción fuerte fue cuando a la 17 horas, al encenderse el computador (de marca Tower, programado eficientemente por el equipo encabezado por Didier de Saint Pierre), se inutilizó parcialmente por una chispa provocada por la electricidad estática. Era una catástrofe. Nuestra pieza clave no podría funcionar, instalada en un sala del fondo del tercer piso de la sede central de calle Lastarrria, con la idea de que si nuestro sistema era atacado por la dictadura esto fuera inmediatamente visible, lo que era más difícli de lograr si lo instalábamos en un lugar clandestino, aunque si lo hicimos con los cuatro centros de acopio que recogían en Santiago vía fax las planillas con los datos mesa a mesa desde todo el territorio.

El sistema consistía en que los apoderados de mesa que los partidos legales PDC y PPD, y tambien PH, habían acreditado, previa formación sobre sus derechos previstos por la ley electoral –con el apoyo del Comando y de ONG’s que hicieron muy bien su tarea- debían anotar el resultado de su mesa en un formulario con copias de respaldo que habíamos distribuido en los mil recintos de votación, en un operativo logístico de gran envergadura completado en los días previos. Una de las copias debía ser entregada inmediatamente después de conocido y anotado el resultado a nuestro encargado de recinto, que inmediatamente anotaba el resultado en una planilla que registraba unas 25 mesas. Una vez completada, la planilla partía –a través de los cientos de mensajeros que se movilizaban a pie, en bicicleta, en auto o en lo que fuera- a alguno de los 24 centros de acopio de Arica a Punta Arenas cuyos equipos habíamos formado en meses de trabajo y en los que se encontraba un fax. Esta tecnología recién disponible la habíamos importado directamente desde Estados Unidos y era robusta para transmitir datos incluso con líneas telefónicas de mala calidad. Las planillas eran enviadas desde los fax en el territorios a los fax receptores que se encontraban en alguno de los cuatro centros de acopio en Santiago y de ahí en auto al tercer piso de calle Lastarria. El computador central estaba conectado a una docena de entradas en las que un grupo de expertos digitadores –que trabajaban en bancos y que habían sido reunidos para esa noche por Enrique Dávila- ingresaban los datos mesa a mesa que el software procesaba, lo que hicieron con gran profesionalismo y celeridad cuando llegó el momento.

Mientras, el computador central estaba inutilizado. Jorge Navarrete, que observó la escena del chispazo, accedió de inmediato a mi petición de dirigirse con su vehículo al proveedor con el que habíamos importado el equipo y que Enrique Dávila pudo ubicar y que, milagro, tenía un segundo computador similar disponible. Al llegar de vuelta con el nuevo equipo, a eso de las 18 horas , las tarjetas quemadas ya habían podido ser reemplazadas por el grupo que operaba el computador averiado. ¡Uf! Ahora disponíamos de un segundo equipo de respaldo...Entre tanto, Genaro Arriagada se había acercado desde la otra ala del tercer piso en la que estaba la dirigencia política encabezada por Aylwin, Silva Cimma, Lagos, Maira y Hirsch a preguntar si todo estaba bien, y carraspeando le dije que no se preocupara...

La tercera emoción fuerte fue cuando fue subiendo la tensión y cerca de las 20 horas apenas habían llegado datos a la calle Lastarria. Germán Quintana y yo estábamos en un pequeño espacio en el que él operaba un sistema de radio con los centros de acopio, cuya ubicación y operadores yo no conocía por razones de seguridad, dado que era la cabeza visible del sistema. Germán fue constatando que la información llegaba todavía lentamente desde el territorio y que quienes debían traer los datos desde los cuatro centros de acopio no lograban pasar por el cerco policial y militar del centro de Santiago que se desplegaba a esa hora. Ya había caído la noche y la dictadura no daba más información, después de un primer boletín a las 19.30 horas del señor Cardemil que daba por ganador al Sí con 72 mesas escrutadas, y transmitía dibujos animados por TV. Enrique Krauss y otros llevaban el diálogo con el PC, a través de un miembro de su Comisión Política clandestino que entraba y salía de la sede, y yo, por mi iniciativa, mantenía un nexo telefónico con gente del MIR político. Todos tratábamos de no dar por hecho el desconocimiento del resultado, pues presumíamos que la historia partiría hacia otro lado, hacia una confrontación más prolongada y más sangrienta que la que ya habíamos tenido. Ahora sabemos que el desconocimiento del resultado fue objeto de debate en esas horas al interior del régimen, cuando Pinochet quiso obtener de la junta militar facultades extraordinarias para declarar el Estado de Sitio, las que finalmente no le fueron concedidas por Matthei y Merino. Me fui a hablar con Genaro Arriagada y a preguntarle si podíamos hacer algo para lograr que despejaran el área y entrara nuestra gente con los datos. Ahora fue de él el turno de decirme que había que esperar, con mucho humor, en momentos en que no tenía ninguna evidencia que no fuera el completo cierre de filas del régimen en un silencio sepulcral no muy bien aspectado...

En mi desesperación escuché que estaba en la Alameda con Lastarria el Coronel Sobarzo, de Fuerzas Especiales de Carabineros. En un acto bastante absurdo, decidí bajar a la calle a habla con él. Se produjo un intercambio ridículo de mi parte: “a nombre del Comando por el No le solicito que deje pasar a las personas que se identifiquen como nuestros mensajeros para poder completar la recolección de datos de la votación”. Me miró y me dijo: “Mire, mejor dejémos las cosas hasta ahí no más”. A buen entendedor...y me devolví mascullando mi impotencia al tercer piso de nuestra sede.

Conversamos con Germán Quintana y decidimos pedir a los nuestros que trataran de pasar como fuera con las planillas recolectadas por fax, instrucción que dio por radio. Al cabo de un rato, en una imagen difícil de olvidar, veo subir con la respiración cortada por la escalera de la sede a Guillermo Díaz, que sacó de su espalda, donde lo había escondido, el primer fajo de papel fax con los datos. Venía pálido y nos contó que no le había sido fácil pasar por las calles oscuras en medio de las patrullas...Pero la información empezó a fluir, los digitadores a ingresar raudamente la información y a obtener nuestras primeras estimaciones. 

Habíamos declarado que daríamos información a partir de cien mil votos escrutados. Ya teníamos más que eso. Estábamos ganando, los resultados eran de 59-41, más a favor nuestro que el 56-44 que fue el resultado final porque teníamos más datos urbanos y de hombres que de mujeres, donde el No ganaba con más fuerza. Después de una breve discusión con el Comité Ejecutivo encabezado por Patricio Aylwin, decidimos dar el primer cómputo nuestro –ya eran las 21 horas- lo que hizo Genaro Arriagada, cruzando a la sede de prensa al otro lado de la Alameda. A las 22 horas, Cardemil dio un nuevo cómputo en el que seguía ganando el Sí, revelando que la dictadura hasta esa hora seguía con la decisión de desconocer el resultado efectivo.

Luego, vino a nuestra ala del tercer piso Gutemberg Martínez –yo había pedido que los dirigentes políticos no ingresaran a nuestra área para que no interfirieran en el trabajo- pero en este caso se acercó porque acompañaría a Patricio Aylwin al Canal 13 a un debate con Jarpa, acompañado de Allamand, y necesitaba el último dato disponible, con un universo que a esa hora crecía sustancialmente. Le di la hoja de resumen y le imprimí un pesado fajo –en esa época el papel de impresora era continuo- que se llevó bajo el brazo para mostrar que nuestro dato estaba efectivamente basado en un recuento mesa a mesa y que no era una estimación o una encuesta, lo que había sido diseñado así suponiendo una movilización de cerca de 50 mil personas para recolectar la información. Íbamos a defender el resultado en cada mesa en cada recinto en que se votó con uñas y dientes, y así les fue transmitido a Jarpa y Allamand, que además disponían de una encuesta representativa de mesas seleccionadas patrocinada por el Comité de Elecciones Libres, constituido por personalidades y con aval de la Iglesia. 

A las 23 horas, Genaro Arriagada dio un nuevo cómputo con nuestros datos que confirmaba que nos aproximábamos a la victoria. A la medianoche Jarpa reconoció la derrota del Sí en Canal 13 y a la una de la mañana Matthei, al entrar a una reunión de la junta militar a La Moneda, hizo lo propio. A las dos de la mañana, Cardemil reconoció nuestra victoria. 

Nos fuimos abrazando con compañeros de tantas luchas. Se fue vaciando la sede de Lastarria. Nuestro equipo del sistema de cómputo paralelo se sacó una foto para la historia. Salí un rato a la calle, volví a subir. Me embargó una sensación de vacío. En los días previos, nuestro equipo había concurrido un rato a la gigantesca concentración de cierre de la campaña del No en la avenida Norte-Sur. Mientras caminábamos entre la multitud festiva, tuve un sentimiento de apabullante responsabilidad con la gente que nos rodeaba. No les podíamos fallar. Si nos pasaba algo por cualquier incidente antes del día 5, no era una buena cosa. Le pedí al equipo que nos devolviéramos a Lastarria a seguir afinando la infinidad de detalles que debíamos considerar. Ya concluida la jornada del 5 de octubre, habíamos contado el 80% de los votos, en una experiencia única en el mundo para una organización paralela al Estado. Ya podíamos respirar. Tuve la sensación de que la cuenta del 11 de septiembre de 1973, que para muchos irremediablemente nuca se podría reparar, para mi quedaba saldada. Habíamos derrotado a la dictadura en las urnas, podíamos iniciar el largo camino para desmontarla. Podíamos empezar a descomprimir después de años de tragedia. Y en la madrugada le di un beso a mi hijo dormido, pensando en que su destino podía ya ser mejor. Vencimos a los que nos habían masacrado y aplastado, pero con el alma limpia. Evitamos más violencia. Con la fuerza de la convicción racional y la unidad difícilmente obtenida. Nadie nos quitaría ya el orgullo de haber sido parte de la reorientación de la historia de Chile hacia la democracia. Lo que se hiciera con ella sería ya otra historia.

jueves, 28 de septiembre de 2017

Los ejes de fin de gobierno

Voces La Tercera
La presidenta Michelle Bachelet ha marcado un eje de fin de gobierno que retoma parte del hilo de sus planteamientos programáticos. La etapa gubernamental del “realismo sin renuncia” implicó aceptar una reforma tributaria mínima, que no le permitió realizar una política social más activa, junto a no hacer gran cosa en materia de escuela y universidades públicas, además de dejar en manos de un ministro de Hacienda neoliberal una reforma laboral deslavada -y disminuida además por el Tribunal Constitucional – y un proyecto de reforma previsional que deja a las AFP tal cual, pero sobre todo implicó dejar de lado la idea de una nueva Constitución a ser tramitada en su gobierno como prioridad política.

Ahora una renovada voluntad reformadora se ha evidenciado en las decisiones presidenciales en la crisis de gabinete por el proyecto minero Dominga, así como en su discurso en la ONU, en el que destacó la ley del aborto en tres causales, la gratuidad universitaria y el crecimiento sustentable como concepto alternativo al del crecimiento a toda costa. Esto se acompañó de un proyecto de ley que restringe el uso de las bolsas de plástico, junto a la voluntad de avanzar en una ley migratoria protectora y en temas de derechos humanos como permitir para fines judiciales con menos trabas, si así lo desea la víctima, el levantamiento del secreto de los testimonios de tortura. Veremos si la agenda legislativa que queda permite avanzar en algo de todo esto.

Tal vez, en todo caso, contribuya a recomponer el prestigio del espíritu reformador y animar mayores debates sobre el futuro de nuestra sociedad y sobre los fines colectivos deseables y los medios para alcanzarlos. Estos debates han escaseado, por el momento, en la campaña presidencial, aunque los dilemas de fondo permanecen. Los ejes de estructuración del campo político se han desdibujado por la confusa nueva identidad de “centroizquierda” en que devino la Concertación y luego la Nueva Mayoría, es decir un centrismo inocuo de baja coherencia política. Con la consecuencia de alejar a una mayoría de ciudadanos de la participación política y de contribuir a desacreditar –junto a la nostalgia autoritaria que sectores de la derecha no dejan de propagar- a la democracia como el espacio de la deliberación y decisión propio de las sociedades modernas. Y con la consecuencia, de paso, de facilitar el vuelco de muchos electores hacia el voto pragmático e individualista a favor de una derecha que promete mejorar la economía con el mensaje subyacente -y falso pues sus políticas básicamente no conducen a otra cosa que mantener la concentración aguda del ingreso y de las oportunidades- de que tiene la clave de una mayor prosperidad. O bien con la consecuencia de incitar nuevas identidades políticas generacionales contestarias sin capacidad de articular alternativas mayoritarias de cambio social.

El eje izquierda/derecha es básicamente el de la diferenciación de posturas sobre la igualdad/desigualdad social. Como Chile es campeón internacional de la desigualdad (el 1% más rico controla el 33% del ingreso, según el Banco Mundial), pasará mucho tiempo antes de que ese eje deje de estar vigente. Las diferencias de ingresos y de propiedad de activos no pueden entenderse como hecho natural (‘siempre ha habido pobres y ricos’) sino como fruto de una construcción política y económica históricamente dada, y por tanto modificable por la acción política, en nuestro caso con vocación reformadora y que apunte a disminuir brechas de ingresos, de oportunidades económicas y territoriales. Eso implica inevitablemente conflicto y requiere, también en nuestra opinión, asumirlo en los cauces del Estado de derecho pero con decisión y voluntad. Y supone no prolongar la ilusión de un centrismo blando puramente adaptativo a las contingencias como supuesta única vía de funcionamiento correcto de la democracia. Se podrá discutir si este enfoque centrista, al que se terminaron sumando las representaciones tradicionales de la izquierda que priorizaron su participación en el Estado y abandonaron a la sociedad de la que provenían, cumplió o no una función necesaria en la transición a la democracia. Pero indiscutiblemente ya no cumple función alguna en la evolución hacia una democracia madura, basada en la deliberación sobre las opciones que existen en la sociedad frente a los problemas diversos que la aquejan, acompañada de la reorganización eficiente del Estado para llevar adelante más y mejores políticas públicas alejadas de las promesas clientelistas.

“Representar a la ciudadanía” desde la izquierda o el centro reformador no puede hacerse ya sin asumir los intereses de la mayoría social. ¿Existen intereses contrapuestos entre los sectores de la sociedad que viven básicamente de su trabajo y los de las minorías oligárquicas que concentran el poder en la economía y la política? Evidentemente es así, por lo que la agenda de redistribución del poder en Chile permanece enteramente vigente. Una nueva constitución y una nueva estrategia de desarrollo diversificado basado en mayores capacidades humanas son los dos grandes medios para avanzar al objetivo de construir una democracia social que sostenga y amplíe el bienestar de las mayorías.

Más allá de los aciertos y errores de uno u otro gobierno, incluyendo el actual, o de uno u otro liderazgo, la hoy en retroceso izquierda democrática tiene el desafío de proyectarse. Y eso solo podrá lograrlo planteando con claridad una renovada agenda para hacerse cargo de disminuir las desigualdades de ingresos y oportunidades mediante nuevas reformas tributarias, laborales, territoriales y educacionales que fortalezcan servicios públicos universales y un Estado de bienestar moderno y eficiente. Esto requiere sin ambigüedades de un gobierno más fuerte para redistribuir recursos y de una economía dinámica para tener qué redistribuir. Esto supone, en el contexto de una economía mixta, no suprimir el mercado sino regularlo y reemplazarlo total o parcialmente cuando es necesario, y bien sabemos que lo es en educación, en salud, en pensiones, en inserción social y empleo decente, en medio ambiente, donde resuelve muy poco o nada. Especial relevancia tiene la defensa de los ecosistemas contra el productivismo destructor, defensa que se reconoce en el deber de responsabilidad con las nuevas generaciones preservando los equilibrios ecológicos (empezando por la lucha contra el cambio climático) y la biodiversidad. Chile debe crecer en ciertas cosas y decrecer en otras, y no seguir con la religión del crecimiento a toda costa que, además, concentra el ingreso de manera persistente.

Esa izquierda moderna también debe seguir asumiendo, más allá de la economía y en contra del autoritarismo conservador, la lucha por el derecho a una vida autodeterminada. Esto incluye los derechos de las mujeres a disponer de su vida y de su cuerpo, el respeto de la diversidad sexual, de la diversidad cultural y de la libertad de pensamiento y expresión mediante la laicidad del Estado. Es fundamental seguir bregando para conquistar una dimensión civilizatoria moderna central: la emancipación de la mujer del patriarcado. Así como honrar la deuda histórica con los pueblos indígenas, respetando su cultura y autodeterminación en un Estado plurinacional basado en valores comunes y derechos universales.

Asimismo, la reforma de la acción política, luego de su visible deterioro en la última década, debe mantener una alta prioridad, incluyendo la promoción de la transparencia, la veracidad en la deliberación pública, el respeto de las minorías, el reconocimiento del otro a partir de una común base de derechos fundamentales, la reciprocidad y la cooperación. Representar al pueblo es defender sus intereses de corto plazo, pero también reconocer la diversidad de esos intereses -no siempre compatibles entre sí – y reconocer que no se puede hacer todo al mismo tiempo, lo que supone una nueva elaboración estratégica para hacer congruentes los fines y los medios en los tiempos actuales. Por eso los partidos son necesarios, especialmente los que se proponen transformar la sociedad hacia más igualdad y sustentabilidad, no como un fin en sí mismos, sino para articular intereses legítimos diversos y articular el corto y el largo plazo. No se puede pedir esa tarea a los movimientos sociales. Pero si esos partidos se burocratizan y defienden solo los intereses de aquellos de sus miembros que procuran el acceso a empleos en el Estado o, peor aún, se subordinan a los poderes económicos en nombre del realismo mal entendido, entonces hay que darlos por obsoletos y recrearlos.

lunes, 11 de septiembre de 2017

Un testimonio personal del golpe


Hace 44 años se produjo el hecho más traumático de nuestras vidas, el golpe de Estado, la muerte heroica en La Moneda del presidente SalvadorAllende, el fin de una época, el inicio de una represión sangrienta que se cobró miles de vidas, y más tarde el exilio para mi y mi familia. 
Una semana antes del golpe pedí una reunión con los dirigentes regionales del MIR, organización en la que militaba junto a varios amigos, y de cuya dirección de estudiantes secundarios formaba parte por entonces. Nos parecía a todos inminente el golpe de Estado, y pregunté, cuando nos juntamos en mi casa, la de mis padres en realidad, a "Lucas", Humberto Menanteaux, del secretariado regional -atrozmente asesinado por la dictadura en 1975- qué haríamos cuando se desencadenara. El contestó con simpatía y convicción que nosotros pasaríamos a formar parte de la "masa armada" en nuestro territorio, la zona oriente de Santiago en la que se desplegaba el Grupo Político Militar 3 (el G3, como lo denominábamos), con trabajo en poblaciones, universidades y liceos, agrupando a un par de centenar de personas, y que del resto se encargaría la "fuerza central", que enfrentaría el golpe. No me convenció mucho el esquema, pero no tenía mayores elementos de juicio, salvo una gran fe en el arrojo y capacidades del grupo que alrededor de Miguel Enríquez dirigía el MIR, grupo al que me integré en 1972, pues me pareció más atractivo y consistente -las reformas de Allende llevarían a un golpe de Estado que había que resistir con organización popular y con armas- que la Juventud Socialista con la que hasta entonces participaba en trabajos voluntarios.
El 11 de septiembre de 1973 partí a mi liceo sin enterarme de nada. Mi padre era Ministro de Planificación del presidente Allende, pero no tuvo información del golpe antes de que saliéramos de la casa. Al entrar a mi liceo, la Alianza Francesa, que con tensiones lográbamos mantener en clases a pesar de la presión de la gente de derecha que quería sumarse al paro indefinido que promovían los golpistas, ya la noticia del golpe se había esparcido. Dejé a mi hermano menor con un amigo y yo salté la reja -no me dejaba salir el inspector general Sr Coti- y me fui a dedo hasta el Pedagógico en Macul, lugar previamente establecido de reunión, al que llegué a eso de las 9 de la mañana. 
Allí nos juntamos una treintena de miristas cerca de la entrada. Quienes nos dirigían, entre ellos el jefe del G3, "Aníbal", Agustín Reyes, detenido y desaparecido en mayo de 1974, y los miembros de la jefatura Carlos Ominami y Ricardo Pizarro, nos señalaron que no tenía sentido permanecer en el Pedagógico, que estaba empezando a ser rodeado por militares, por lo que nos dirigimos a la empresa Paños Continental, en el cordón industrial Macul. Permanecimos allí un rato en la calle, pero a los dirigentes sindicales no les pareció una buena idea que ingresáramos y una patrulla de Carabineros que pasaba se detuvo. Un oficial nos dijo, con semblante preocupado y mucha tensión, "muchachos, mejor que se vayan para sus casas" y siguió su camino la patrulla. Es cierto que el jefe de nuestro grupo tenía 23 años y yo, que era el menor, tenía 16. Varios andábamos con uniforme de colegio.
Seguimos caminando, pero el grupo ya era menos numeroso, una veintena. En un momento dado nos encontramos parados en la esquina de Macul con Los Olmos, en una situación un poco surrelista: no sabíamos qué hacer. En ese momento se acercó una mujer de edad media y con una gran simpatía nos dijo: "muchachos, yo soy radical, vengan a mi casa que está aquí cerca". No sé que pensó esa mujer al tomar un riesgo semejante, tal vez la imagen de esos jóvenes decididos le provocó esa reacción. El hecho es que entramos una quincena en esa casa, su dueña se trasladó con sus hijas a otro lugar cercano, y ahí nos instalamos. Ricardo Pizarro, mi jefe en el G3, me pidió al rato que lo acompañara a una casa cercana. Allí estuvimos un par de horas armando varias decenas de granadas caseras, hechas con tarros de café con plomo y metralla alrededor, que llenamos con algo así como amonio de plata y luego les atornillamos unas espoletas muy artesanales hechas con fósforos, y luego volvimos a la casa de Macul. 
Allí nos enteramos por la televisión de la muerte del presidente Allende, y escuché en la lista de buscados el nombre de mi padre, lo que me alivió porque pensé que al menos no estaba preso y vivo. Empezamos a planificar acciones, luego de que alguien de la dirección del grupo señaló que había podido hablar por teléfono con Bautista Van Schouwen, de la dirección del MIR, y que la instrucción era que hiciéramos "barricadas de dispersión". Sonaban balaceras intermitentes en la escuela de suboficiales de Carabineros que quedaba cerca, por lo que varios salieron desafiando el toque de queda para averiguar qué pasaba y ver si podíamos intervenir, lo que no lograron. Se planteó entonces la idea de asaltar una comisaría, pues el grupo tenía dos pequeñas ametralladoras argentinas y una pocas pistolas, aunque el encargado militar, apodado el "Turco Mario" se había volatizado y el subencargado, apodado el "Pato Malo", cuyo nombre nunca supe pero me fue dicho que fue más tarde detenido y desaparecido en el desmantelamiento del G3 en 1974, hacía lo que podía. Pasó la noche sin que pudiéramos hacer nada.
A la mañana siguiente, me dijeron que me cortara el pelo largo que usaba entonces, porque podría ser peligroso en situaciones de fuego. Entretanto se estacionó en la esquina de la casa un bus de Carabineros y pasaban patrullas militares. El bus permaneció largo rato, es muy posible que hubieran detectado nuestros movimientos, y permanecimos por largo rato con gran tensión esperando el asalto. Pero al cabo de un par de horas se retiraron, y salieron varios grupos de dos o tres de los nuestros y lanzaron nuestras granadas artesanales a patrullas militares, las que no funcionaron. Entre medio, en la televisión apareció la noticia del allanamiento de una casa en la que se encontraron materiales explosivos: era la casa en la que había estado el día anterior. 
En la tarde fuimos evacuando la casa de la señora radical y con tres o cuatro, en medio del toque de queda, caminamos hacia la población Santa Julia, yo con cuatro granadas en mi chaqueta y con bastante susto. Nos acogió una pareja de pobladores, que también se trasladó a otro lugar. En su casa permanecimos con mucha tensión con el Pampa y el Titi, Miguel Ángel Acuña Castillo y Héctor Garay Hermosilla, estudiantes del liceo 7 detenidos y desaparecidos en 1974, y con cada vez menos posibilidades de hacer algo. La dirección decidió a los tres días que nos dispersáramos. Me despedí de mis compañeros a los que no vería más, pues les esperaba la muerte unos meses después. Salí a llamar por teléfono para tratar de saber algo de mi familia. En una cabina telefónica hablé con un amigo, sin lograr averiguar mucho. Al terminar, miré hacia un lado y vi un soldado en una patrulla detenida a unos diez metros, con unos cuellos naranjos que usaban, apuntándome con un fusil. Un liceano con uniforme y el pelo cortado de manera un tanto extraña en ese contexto le debe haber llamado la atención. Seguí haciendo como que hablaba por teléfono, y finalmente la patrulla siguió su camino, para mi gran alivio. 
Me fui caminando largamente por las calles de Nuñoa hacia donde un tío, pensando en conectar con mi familia. Pasé por el Estado Nacional en mi recorrido. Los movimientos me parecieron extraños. Ignoraba que ya era un campo de concentración, en el que se encontraban ya varios de mis amigos y el que sería más tarde mi suegro, Vicente Sota. La tragedia ya estaba desatada. Y queda para mi el recuerdo imborrable de los que dieron con honor su vida tan jóvenes, no como víctimas, sino como combatientes de una causa, la de una sociedad más justa.

viernes, 1 de septiembre de 2017

Una salida necesaria




Rodrigo Valdés justificó del siguiente modo su salida del gobierno: “las cifras económicas comienzan a mostrar un mayor dinamismo. Avanzar sostenidamente hacia mayores niveles de crecimiento requiere disciplina y convicción del gobierno y abrir espacios para que el sector privado pueda desplegar su iniciativa con reglas claras y estables, pero que creo que no logré que todos compartieran esta convicción”.

En primer lugar, evidentemente la convicción acerca de las “reglas claras y estables para el sector privado” tenía pocas posibilidades de extenderse a una coalición de centroizquierda que llegó al gobierno en base a la promesa de cambiar reglas constitucionales, tributarias y educacionales y después asumió la demanda social de cambiar el sistema de pensiones. Hay en esa afirmación de Valdés algo extraño: pertenece evidentemente al ideario de la derecha en Chile, que no quisiera que nada cambie del modelo económico ultraliberal que impuso por la fuerza de las armas a partir de 1973. Pretender convencer de sus bondades al otro lado del espectro político justificaba de por sí su salida del gabinete por “error de casting”, si es que alguna vez se justificó su entrada. Cumplir funciones ministeriales requiere por lo menos compartir los principios básicos, en este caso de tipo reformador, del gobierno para el que se trabaja en ese nivel de responsabilidades.

En segundo lugar, lo de la mejoría de las cifras económicas no tiene fundamento. El crecimiento del PIB había alcanzado un ritmo de 5,3% promedio anual en 2010-2013, luego de la recesión de 2009 y de las políticas reactivadoras que siguieron, con un amplio déficit fiscal (4% del PIB) financiado con las reservas previamente acumuladas. Este crecimiento disminuyó a 1,9% promedio en 2014-16. En 2015, cuando Rodrigo Valdés se hizo cargo de la conducción económica, el PIB aumentó en 2,3%, mientras en 2016 lo hizo en solo 1,6%. En el primer semestre de 2017, el PIB creció apenas un 0,5% respecto al mismo período del año anterior. De mal en peor.

Es cierto que la caída desde fines de 2011 de los términos del intercambio (que básicamente expresa en el caso chileno la relación de precios del cobre y el petróleo) ha sido un factor muy desfavorable, pero estos experimentaron un repunte desde el segundo semestre de 2016. Este repunte no ha compensado hasta ahora el círculo vicioso de bajo crecimiento de la actividad, la consiguiente menor creación de empleo, un bajo crecimiento de las remuneraciones reales, un menor consumo de los hogares –que es el principal componente de la demanda interna- no compensado por una mayor demanda externa y, como consecuencia, una todavía menor actividad económica y menor creación de empleo. De este desempeño Rodrigo Valdés no es inocente, sino que es su directo contribuyente, en especial al decidir de manera incomprensible hacer caer la inversión pública en 2016 y 2017 y no estimular las remuneraciones, lo que hubiera permitido una recuperación más rápida de la inversión y del consumo una vez revertido el impacto negativo de los términos de intercambio.

El récord de Rodrigo Valdés en materia de crecimiento fue, entonces, bastante pobre, por no decir lamentable, aunque su discurso haya tratado permanentemente de proyectar otra cosa. Cabe recordar que a principios de 2008 Rodrigo Valdés pronosticó, cuando trabajaba para una entidad financiera privada en Estados Unidos, que la economía mundial terminaría el año en buenos términos, en circunstancias que se vivió la peor crisis en 70 años. Los pronósticos económicos no parecen ser su fuerte. Tampoco la conducción de la política económica.

En realidad, Rodrigo Valdés ha sido apoyado y saludado por los sectores empresariales más conservadores y sus soportes políticos, tanto de fuera como de dentro de la actual coalición de gobierno, los que procuraron construirle una imagen de idoneidad y seriedad. Esto se explica por haberse opuesto tenazmente en su momento a reformas laborales que hubieran podido establecer un mayor equilibrio entre empleadores y asalariados en la negociación colectiva y haberse opuesto luego a toda reforma al sistema de AFP, llegando a defenderlo públicamente en la City de Londres contra la opinión del grueso de la opinión pública chilena que lo sufre en carne propia y la de su propia coalición de gobierno.

Pero Valdés rebasó todos los límites de la prudencia política al, finalmente, pretender deslegitimar el funcionamiento de la institucionalidad ambiental, una vez que ésta no aprobó un proyecto minero que venía favoreciendo desde el ministerio de Hacienda. Que una mayoría del consejo de ministros encargado de este tema considerara el proyecto como ambientalmente peligroso para la supervivencia de un ecosistema digno de ser preservado para las nuevas generaciones, no resultó tolerable para Valdés y sus convicciones a favor del crecimiento a cualquier precio. Valdés llegó a organizar una verdadera facción ultraliberal al interior del gobierno y pretendió quebrarle la mano a la presidenta Bachelet. Seamos claros: si la votación de 3-2 en contra del proyecto originado en el grupo Penta hubiera sido un empate, en el caso de que el ministro de Economía Céspedes se hubiera tomado la molestia de votar en el consejo de ministros, entonces la facción ultraliberal hubiera saludado el buen funcionamiento de la institucionalidad ambiental.

Salvo que se quiera poner en cuestión el régimen presidencial, el desafío a la presidenta organizado por Rodrigo Valdés no podía sino concluir de un solo modo: con su salida. Y en caso de un eventual giro parlamentarista del sistema político, Valdés hubiera debido ir a buscar un apoyo en el Congreso a sus políticas ultraliberales, el que difícilmente hubiera logrado en la mayor parte de la coalición de gobierno, aunque probablemente habría cosechado entusiastas apoyos en la derecha.

En definitiva, lo que terminó por entrar en crisis es una dinámica política en la que los ciudadanos votan por programas de cambio, luego ante la primera dificultad se nombra a ministros económicos ultraliberales a los cuales se da gran poder para impedir su realización, mientras se ha llegado al extremo de que algunos ministros políticos terminaran organizando el boicot a esos cambios desde el interior del gobierno, como ocurrió con la dupla Burgos-Valdés. Esta dupla llegó a organizar conferencias de prensa en La Moneda contradiciendo a la presidenta Bachelet en el tema del “realismo sin renuncia”.

Señalizar para un lado y doblar para el otro empezó a considerarse en Chile como una incongruencia “normal”, en todo caso muy útil para gestionar los intereses del gran empresariado con buena capacidad de control social. Si en algún momento devinieron en eso las coaliciones de gobierno que en su origen fueron acuerdos entre sectores de centro e izquierda con vocación democrática y reformista, semejante tipo de contradicción no podía perdurar en los tiempos actuales, en los que es de esperar que de una vez se clarifiquen las opciones políticas en presencia en la sociedad chilena para que las diriman periódicamente los ciudadanos. Y de ese modo los gobiernos puedan llevar adelante razonablemente sus programas sin el condicionamiento sistemático de las oligarquías económicas (recordemos que en Chile el 1% más rico concentra el 33% del ingreso según el Banco Mundial, la cifra más alta del mundo), en tanto dispongan de apoyo parlamentario y en la sociedad suficiente. Por si a alguien se le hubiera olvidado, los sistemas políticos en los que pasan este tipo de cosas suelen llamarse democracias.

miércoles, 30 de agosto de 2017

¿El crecimiento a cualquier precio?

La economía chilena, que combina una esfera primario-exportadora que genera las divisas que permiten importar todo tipo de bienes y otra de producción de servicios que crea dos tercios del empleo, la mayor parte con bajas remuneraciones, entró, al terminar el ciclo de altos precios del cobre iniciado en 2004, en una fase de crecimiento lento. Este es del orden de 1-2% anual desde mediados de 2013. La inversión minera se desplomó y arrastró a la baja a la inversión en general, mientras las remuneraciones reales dejaron de crecer a tasas significativas. Además, la creación de empleo se hizo más lenta y el consumo de los hogares, la principal fuente de expansión de la demanda, se estancó. El gobierno decidió en 2016 y 2017 hacer caer la inversión pública, en uno de sus mayores errores de política económica, justo cuando más se necesitaba impulsarla para contrarrestrar el ciclo bajo de la inversión minera. Además decidió desatender la innovación y la diversificación futura estancando el presupuesto en investigación y desarrollo. Todo un clásico de los economistas ortodoxos, que tanto daño han provocado en tantas economías cuando el poder político los deja actuar, al punto que hasta el FMI ha ido cambiando sus enfoques procíclicos y reconocido la subestimación de los multiplicadores fiscales de las políticas ortodoxas (ver Olivier J. Blanchard y Daniel Leigh, Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers). 

No poner en práctica una más fuerte política fiscal contracíclica, y por tanto hacer aún más lento el crecimiento, es el precio que las actuales autoridades económicas decidieron pagar para intentar evitar deterioros en la condición crediticia del país. Desde luego no lo lograron, pues la caída adicional del crecimiento fue mayor de lo que estimaron, lo que desmejoró los coeficientes de la deuda respecto al PIB (aunque no cabe exagerar, porque la evaluación del riesgo país sigue siendo muy buena, en especial por la credibilidad acumulada de la política fiscal contracíclica llevada a cabo desde el año 2000). 

La evolución estructural de la economía chilena no es buena. Seguimos exportando un 60% de cobre, lo mismo que en 1970. La diversificación exportadora es mínima, no promovemos la producción de bienes con alguna sofisticación pues las utilidades obtenidas mediante rentas de los recursos naturales o mediante rentas monopólicas –incluyendo invertir en condicionar el sistema político- tienen una mucho mejor relación costo-beneficio para el gran empresariado que innovar buscando una mejor relación con sus trabajadores y con sus entornos ambientales  y menos intentar ser parte de las cadenas dinámicas de agregación de valor en el mundo, con pocas y valorables excepciones. La productividad en la minería ha caído, por la baja de las leyes del mineral (se necesita remover más tierra para obtener la misma cantidad de cobre fino), mientras en los servicios la productividad nunca podrá crecer mucho. Chile requiere repensar sus factores de crecimiento futuro.

La respuesta de los economistas ortodoxos -dentro y fuera del gobierno- es la de siempre: promover el crecimiento de la gran inversión privada a cualquier precio. Nada de límites ambientales, nada de capacidades efectivas de negociación salarial: cualquier cosa que no sea apoyar los beneficios futuros de grandes grupos económicos internos o externos es “no tener al crecimiento como prioridad”. Efectivamente, habemos quienes no tenemos el crecimiento a cualquier precio como prioridad, sino la búsqueda del mayor bienestar posible para las mayorías. La pregunta de ¿crecimiento para quién? no puede ya dejar de hacerse en Chile sin inmutarse –ni ruborizarse- cuando sabemos que las rentas económicas ilegítimas de la gran minería privada del cobre en Chile (GMP-10) fueron estimadas en USD 120 mil millones por Sturla, Accorsi, López y Figueroa (2016) para el periodo 2005-2014, un 45% del PIB de 2014. Si esas rentas hubieran quedado en manos de todos los chilenos, como hacen países como Noruega con los excedentes de su industria petrolera –en vez de ser repatriadas como utilidades de las empresas mineras internacionales- se hubiera podido llevar a cabo un sustancial plan de inversión pública, de diversificación productiva y de transición energética. 

Las autoridades ambientales que han impulsado el principio de preservación de un ecosistema marítimo único amenazado por la extracción minera, y que es un bien común que debe quedar a disposición de las nuevas generaciones, frente a un proyecto extractivo de oscura tramitación en el gobierno pasado, y que es un bien privado, son ahora objeto de una descalificación insólita por el sindicato de los economistas ortodoxos en el gobierno, encabezados por el ministro de Hacienda. La arrogancia de este club parece no tener límites ni pudor en el ejercicio de un poder que ya va terminando. Y no solo por el fin del actual gobierno, en el que han conseguido gran influencia al punto de esterilizar cualquier reforma significativa, sino porque el modelo de acumulación ilimitada ha terminado de fracasar en Chile pues no proveee ya su promesa principal: un crecimiento persistente del PIB.

¿Por qué no poner las prioridades donde deben estar? La primera prioridad es el bienestar y su maximización. El bienestar de los seres humanos no es la maximización del aumento del PIB por habitante, lo que se nos prometía ridículamente como “acceso al desarrollo” una vez que alcazaramos el nivel del de Portugal. El bienestar es otra cosa y depende de múltiples dimensiones, que incluyen la disposición de condiciones de libertad y seguridad y de no exposición a discriminaciones de género, étnicas, de pertenencia social o de orientación sexual, así como la inserción en la vida social en condiciones de igualdad justa de oportunidades y de capacidad de influir en las decisiones colectivas. El bienestar está también vinculado a dimensiones materiales como el ingreso personal y familiar  básico que permite el acceso al consumo de bienes y servicios para una existencia humana digna; la provisión continua de servicios ecosistémicos en interacción con la actividad humana y la provisión de bienes públicos y equipamientos para la vida integradora en los territorios y comunidades. 

En este contexto, Chile no puede ya seguir creciendo en base a la mera explotación de recursos naturales sin respetar a sus trabajadores, a sus comunidades y a sus ecosistemas, exponiéndose además sistemáticamente a ciclos económicos que desorganizan periodicamente la economía y la vida colectiva. Así de simple. Su nueva estrategia económica debe combinar crecimiento productivo, del empleo, de los ingresos laborales y un cambio de su matriz productiva y energética. El cambio de la matriz energética debe ser el gran dinamizador de la inversión, con el fin programado hacia 2050 de la generación eléctrica en base a combustibles fósiles y de su uso predominante en los sistemas de transporte, valorizando las energías renovables no convencionales en redes descentralizadas y distribuidas y en sistemas de transporte basados en la electro-movilidad y el transporte público, como ya lo hará Noruega en 2025, cuando entrará en vigencia la prohición de venta de automóviles a gasolina y diesel. Su uso no supone ya sobrecostos, o bien requiere subsidios “socialmente rentables”, que lo son desde luego mucho más que los subsidios a los combustibles fósiles de gran volumen persistentes en muchas situaciones y lugares en la producción y consumo de bienes y servicios.

Los programas de inversión verde deben ser el gran instrumento de una transformación social-ecológica como nueva estrategia de crecimiento, tanto en la reconfiguración urbano-territorial para permitir un crecimiento integrado de las ciudades como en la intensificación de los programas de redistribución de activos y de ingresos destinados a cerrar las brechas sociales. La apropiación social de las rentas monopólicas (incluyendo las de la banca) y de la renta que proviene de la extracción de recursos naturales (pero en condiciones social y ambientalmente pertinentes) debe contribuir a financiar las reconversiones y diversificaciones productivas que compensen la restricción de la inversión y actividad de los sectores tradicionales extractivistas, como el del proyecto Dominga. Una nueva estrategia de desarrollo equitativo debe utilizar con más intensidad mecanismos de impuestos y transferencias de carácter socialmente progresivo, orientarse a proveer mejores servicios públicos universales y coberturas sociales de riesgos en materia de enfermedad, vejez y desempleo, promover reglas de ordenamiento territorial y modificar los precios de mercado a través de impuestos verdes (a las emisiones de CO2 y al uso de combustibles fósiles y al uso del automóvil privado). Se trata tanto del decrecimiento relativo y absoluto del parasitismo financiero y comercial, del uso de las energías fósiles, de la economía de lo superfluo y la producción de bienes de obsolescencia programada, del urbanismo destructor de las comunidades, de las contaminaciones y depredaciones de los ecosistemas, como al mismo tiempo del crecimiento de la producción de bienes útiles y durables necesarios para satisfacer las necesidades humanas en condiciones de trabajo decente y no depredatorio de la biosfera, incluyendo el ahorro de energía y el uso de energías renovables no convencionales, los circuitos cortos de producción/consumo, la economía circular, la economía de los servicios a las personas (salud, cuidados a la infancia y a las personas de edad avanzada o con capacidades diferentes) y los servicios urbanos integradores de las comunidades de acuerdo a la variedad de capacidades/necesidades de cada territorio. Ese es un crecimiento que vale la pena, y no el de las mineras domingas.