¿Puede ser Chile más equitativo?
Publicado en La Nación el 16 de mayo
El informe de la comisión presidencial sobre Trabajo y Equidad tiene varios méritos. No buscó un consenso artificial, sino que expuso abiertamente divergencias para su resolución por la esfera política, que es donde estos temas deben dirimirse en democracia. Realizó un trabajo de recopilación de opciones y expuso algunos consensos importantes. Estos dejan, sin embargo, una sensación poco sustanciosa para acometer la tarea principal: reducir las desigualdades en Chile. Es de lamentar que una parte de los consejeros, expresando las voces de derecha, no haya aceptado la opinión de otros en el sentido de recomendar metas de reducción de las disparidades sociales, así como umbrales garantizados tipo AUGE.
En Chile, instituciones distorsionadas aceptan metas de inflación, pero no de equidad. Exigen garantías a la propiedad del capital, pero no aceptan garantías de medios mínimos de subsistencia para los que nada tienen. Así va el país del bajo riesgo financiero y de la alta desigualdad. Así va la mayoría de sus elites, que por interés pecuniario y/o convicción neoliberal, a veces de reciente data, han abandonado la búsqueda de grados decentes de justicia social.
Esto se refleja en varias consideraciones del informe. Afirma la comisión que los niveles de desigualdad varían muy poco a través del tiempo (“esto es algo que se repite en todos los países”) y que al mismo tiempo dependen de la intensidad de las políticas sociales: ¿no bastaría entonces con hacerlas más intensas? Más allá de la contradicción, cabe subrayar que las desigualdades pueden variar, incluso dramáticamente, en períodos breves. En las últimas dos décadas, como lo reseña el FMI en su más reciente World Economic Outlook, la desigualdad en las grandes zonas del mundo ha aumentado en el Asia en desarrollo, en la Europa emergente, en América Latina y en las economías avanzadas, pero ha disminuido en el Africa Subsahariana y en Rusia y los ex países del Este. Digno de mencionarse es que la desigualdad se ha morigerado en Brasil y México, aunque desde rangos muy altos, y que en el Sudeste Asiático se ha mantenido en bajos niveles, mientras entre los países industrializados ha disminuido en casos como Francia. La clave sigue estando en las opciones de sociedad que las democracias modernas procesan y no en una imposibilidad que la evidencia disponible no muestra y en la que pertinazmente se nos quiere hacer creer.
Asumir esa clave supone partir por no seguir empleando el lenguaje neoliberal de crítica al “asistencialismo y la dependencia”, como si no fuera legítimo que los niños, los discapacitados, los mayores y aquellos que atraviesan por dificultades sean asistidos como lo merecen. La única dependencia que es intolerable es la de los que deben aceptar cualquier cosa porque no tienen medios para subsistir y dependen de lo que encuentren disponible para no sufrir graves privaciones. El vuelco conceptual a producir es que debe constatarse que el gasto más rentable es el preventivo, desde la maternidad y la infancia temprana, antes que el paliativo de reinserción desde la marginalidad, cuando no desde la infracción de la ley. Es allí donde deben priorizarse nuevas metas.
Insiste el informe, por otro lado, en validar cálculos de desigualdad que no consideran los ingresos disponibles por habitante, lo que toda la metodología internacional recomienda hacer, y de esa manera la subestima. Pero lo más importante es que bien calculada ha disminuido recientemente (para 2006 el ingreso disponible del 20% más rico es 16,5 veces mayor que el ingreso del 20% más pobre, contra 18,4 veces en 1990), mientras mantiene unos cálculos incompletos de Mideplan sobre la incidencia del gasto e ingresos públicos que no se avienen con estudios más rigurosos sobre el tema (como el de Engel, Galetovic y otros) y que cabría corregir con urgencia.
Lo que cabe ahora es sobre todo apurar el tranco. Usando los datos de la última encuesta CASEN, si por la vía de hacer más amplio y progresivo el sistema de tributación-gasto público (que simplificando mucho es el método más eficiente en el corto plazo para disminuir las desigualdades de ingreso), se redistribuyera un 5% adicional del ingreso disponible del 20% más rico, la relación pasaría a la mitad, es decir a 8,6 veces. Este ya es un nivel parecido a la media de las democracias industriales o de los países del sudeste asiático, aunque todavía muy superior al de 4 veces de las socialdemocracias nórdicas o de Japón. Las propuestas de la comisión en esta materia son tímidas (destaca un subsidio a los salarios bajos) y de aplicarse no incidirían sino marginalmente en la desigualdad de ingresos, pero van en la buena dirección. Tímidas son también las propuestas laborales y las ambiciones desarrollistas, esenciales para reequilibrar la relación capital-trabajo y aumentar la prosperidad colectiva, y que se limitan a buenas proposiciones sobre corrección de las fallas de mercado en el financiamiento de las empresas pequeñas. ¿Porqué no aprovechar el impulso de este informe, plantearse metas de crecimiento y equidad para los próximos 10 años por parte del gobierno, y discutirlas a fondo en vistas a la próxima elección presidencial?
En Chile, instituciones distorsionadas aceptan metas de inflación, pero no de equidad. Exigen garantías a la propiedad del capital, pero no aceptan garantías de medios mínimos de subsistencia para los que nada tienen. Así va el país del bajo riesgo financiero y de la alta desigualdad. Así va la mayoría de sus elites, que por interés pecuniario y/o convicción neoliberal, a veces de reciente data, han abandonado la búsqueda de grados decentes de justicia social.
Esto se refleja en varias consideraciones del informe. Afirma la comisión que los niveles de desigualdad varían muy poco a través del tiempo (“esto es algo que se repite en todos los países”) y que al mismo tiempo dependen de la intensidad de las políticas sociales: ¿no bastaría entonces con hacerlas más intensas? Más allá de la contradicción, cabe subrayar que las desigualdades pueden variar, incluso dramáticamente, en períodos breves. En las últimas dos décadas, como lo reseña el FMI en su más reciente World Economic Outlook, la desigualdad en las grandes zonas del mundo ha aumentado en el Asia en desarrollo, en la Europa emergente, en América Latina y en las economías avanzadas, pero ha disminuido en el Africa Subsahariana y en Rusia y los ex países del Este. Digno de mencionarse es que la desigualdad se ha morigerado en Brasil y México, aunque desde rangos muy altos, y que en el Sudeste Asiático se ha mantenido en bajos niveles, mientras entre los países industrializados ha disminuido en casos como Francia. La clave sigue estando en las opciones de sociedad que las democracias modernas procesan y no en una imposibilidad que la evidencia disponible no muestra y en la que pertinazmente se nos quiere hacer creer.
Asumir esa clave supone partir por no seguir empleando el lenguaje neoliberal de crítica al “asistencialismo y la dependencia”, como si no fuera legítimo que los niños, los discapacitados, los mayores y aquellos que atraviesan por dificultades sean asistidos como lo merecen. La única dependencia que es intolerable es la de los que deben aceptar cualquier cosa porque no tienen medios para subsistir y dependen de lo que encuentren disponible para no sufrir graves privaciones. El vuelco conceptual a producir es que debe constatarse que el gasto más rentable es el preventivo, desde la maternidad y la infancia temprana, antes que el paliativo de reinserción desde la marginalidad, cuando no desde la infracción de la ley. Es allí donde deben priorizarse nuevas metas.
Insiste el informe, por otro lado, en validar cálculos de desigualdad que no consideran los ingresos disponibles por habitante, lo que toda la metodología internacional recomienda hacer, y de esa manera la subestima. Pero lo más importante es que bien calculada ha disminuido recientemente (para 2006 el ingreso disponible del 20% más rico es 16,5 veces mayor que el ingreso del 20% más pobre, contra 18,4 veces en 1990), mientras mantiene unos cálculos incompletos de Mideplan sobre la incidencia del gasto e ingresos públicos que no se avienen con estudios más rigurosos sobre el tema (como el de Engel, Galetovic y otros) y que cabría corregir con urgencia.
Lo que cabe ahora es sobre todo apurar el tranco. Usando los datos de la última encuesta CASEN, si por la vía de hacer más amplio y progresivo el sistema de tributación-gasto público (que simplificando mucho es el método más eficiente en el corto plazo para disminuir las desigualdades de ingreso), se redistribuyera un 5% adicional del ingreso disponible del 20% más rico, la relación pasaría a la mitad, es decir a 8,6 veces. Este ya es un nivel parecido a la media de las democracias industriales o de los países del sudeste asiático, aunque todavía muy superior al de 4 veces de las socialdemocracias nórdicas o de Japón. Las propuestas de la comisión en esta materia son tímidas (destaca un subsidio a los salarios bajos) y de aplicarse no incidirían sino marginalmente en la desigualdad de ingresos, pero van en la buena dirección. Tímidas son también las propuestas laborales y las ambiciones desarrollistas, esenciales para reequilibrar la relación capital-trabajo y aumentar la prosperidad colectiva, y que se limitan a buenas proposiciones sobre corrección de las fallas de mercado en el financiamiento de las empresas pequeñas. ¿Porqué no aprovechar el impulso de este informe, plantearse metas de crecimiento y equidad para los próximos 10 años por parte del gobierno, y discutirlas a fondo en vistas a la próxima elección presidencial?